CARTONES DE LA JORNADA

Respalda el obispo de Chillán las aseveraciones de Bertone

Concluye cardenal visita a Chile repudiado por el movimiento gay

Respalda el obispo de Chillán las aseveraciones de Bertone

Enrique Gutiérrez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 42

Santiago, 14 de abril. El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, concluyó hoy una visita de una semana a Chile en medio de una intensa polémica, luego que el lunes pasado aseguró que existe una vinculación entre homosexualidad y pedofilia.

Frente a las movilizaciones de repudio convocadas por el Movimiento de Liberación Homosexual y algunos grupos universitarios la Iglesia católica local defendió al número dos del Vaticano, quien el lunes dijo aquí: Han demostrado muchos sicólogos, muchos siquiatras, que no hay relación entre celibato y pedofilia, pero muchos otros han demostrado, y me lo han dicho recientemente, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia.

El obispo de Chillán, Carlos Pellegrín, respaldó los dichos del secretario de Estado del Vaticano, e insistió en que existe una vinculación entre homosexualidad y pedofilia, pero en el interior de la Iglesia católica.

Aseguró que si bien ésta “no es una institución científica que pueda dar datos, hay muchos católicos y científicos que podrían entregarlos.

Lo que dijo el señor cardenal es producto de una constancia de que la mayoría de los casos de pedofilia se trata de una orientación homosexual. Es decir, homosexuales que abusan de menores del mismo sexo. Son muchos menos los casos en que se trata de una relación de abuso con orientación heterosexual de un menor, indicó Pellegrín. Al mismo tiempo, manifestó que le parecía bastante exagerada la controversia que existe respecto de este tema, la cual, a su juicio, encubre el tema de la homosexualidad.

Por último aseveró que Bertone al mencionar este tema, levanta una nueva dimensión respecto a los desórdenes sexuales, y no ha habido ninguna intención de ofender a las personas con esta orientación, ya que la Iglesia las acoge pastoralment

Los abusos sexuales no serán tratados en la 89 asamblea de la CEM: Arizmendi

Iglesia y sociedad no deben eludir responsabilidad en la lucha contra el crimen: Robles

Los abusos sexuales no serán tratados en la 89 asamblea de la CEM: Arizmendi

Hay una reiteración morbosa de los medios en torno a la pederastia de sacerdotes, señala

Agendaron ocho comisiones episcopales hasta 2012; dirigirán carta de apoyo a Benedicto XVI

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 42

En la segunda jornada de la 89 asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Víctor René Rodríguez Gómez, obispo auxiliar de Texcoco y secretario general de la CEM, aseguró que se vive en un mundo difícil, no sólo para la Iglesia, por lo cual consideró que ésta debe fortalecer la formación de discípulos para que los católicos manifiesten a través de sus acciones el rostro y la gratuidad de la persona de Jesús.

“Nos encontramos en un mundo difícil no sólo para nuestro país o para la iglesia; es un mundo agresivo que daña, que ensucia a la persona, a la vida, a las instituciones (…) aquí la misión de la Iglesia es manifestar plenamente el rostro luminoso de Jesús”, reflexionó el jerarca al presidir la ceremonia eucarística.

Aparte, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, criticó la reiteración ya morbosa de los medios informativos en torno a la pederastia de sacerdotes y señaló que si el tema se abordó, en la lectura del comunicado que hizo el martes Rodríguez Gómez, fue por insistencia de la prensa, pese a que hay temas mucho más graves y urgentes, como la pobreza, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, las reformas que el país requiere, y que debemos tomar en cuenta en nuestra pastoral evangelizadora.

Arizmendi Esquivel indicó que sobre la violencia y el narcotráfico desde hace dos meses los obispos se reunieron y elaboraron un documento colegial titulado Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna, y lamentó que muchos presbíteros, diáconos, religiosas, catequistas y fieles no lo conozcan, y que la prensa no le haya dado la importancia que merece.

Explicó que ante la escalada del crimen organizado, los obispos expresamos que hay varios factores que contribuyen a la inseguridad: la pobreza y la desigualdad, la insuficiencia de las reformas económicas, el desempleo y subempleo, la corrupción e impunidad, la delincuencia común, las deficiencias en la procuración de justicia, las inequidades en el sistema penitenciario, la violencia institucionalizada y los excesos de las fuerzas de seguridad.

Luego de subrayar que dentro de los temas que convocan en asamblea a 110 obispos no están los abusos sexuales de clérigos y que los medios con frecuencia prescinden del fondo de nuestra asamblea, expuso que en el documento sobre violencia hablamos de la importancia que tiene educar para la justicia, el respeto y la paz, desde la escuela, los medios de comunicación, la religión y la cultura.

El cardenal Francisco Robles Berlanga, arzobispo de Monterrey, también se refirió a la inseguridad y manifestó que aunque las autoridades despliegan estrategias para combatir al crimen organizado, la Iglesia y la sociedad no pueden eludir su responsabilidad en esta lucha.

La CEM, destacó, tiene la oportunidad durante esta asamblea de promover y apoyar el trabajo en las provincias y diócesis para hacer realidad propuestas concretas en torno a temas de urgencia. El mensaje es muy claro: las autoridades tratan de hacer su trabajo y nosotros como sociedad debemos exigirles que hagan su trabajo; pero no podemos eludir el nuestro, nuestra responsabilidad como iglesia frente a la sociedad, dijo.

Los obispos terminaron ayer de trabajar la agenda de las ocho comisiones episcopales hasta 2012, y tenían ya el borrador de la carta que dirigirán al papa Benedicto XVI expresándole su apoyo en torno a diversos temas durante su primer lustro como pontífice

En sólo un año, 881 menores de QR quedaron embarazadas por violación

La cifra oficial es de sólo 150; hospitales no reportaron el resto a la Procuraduría: diputada

En sólo un año, 881 menores de QR quedaron embarazadas por violación

Cinco mil 150 menores de edad, preñadas durante 2009; en lo que va de 2010 suman 458

La incidencia de abuso sexual contra niños en la entidad, tres veces mayor a la media nacional

El secretario de Salud de Quintana Roo, Juan Carlos Azueta Cárdenas (al micrófono), acompañado por los diputados Alexander Zetina Aguiluz (Nueva Alianza), Felipe Amaro Betancourt y Luis González Flores (PRI), señaló en comparecencia a puerta cerrada que el número de adolescentes embarazadas en el estado a causa de violaciones es casi seis veces mayor al registrado por la Procuraduría de Justicia estatalFoto La Jornada

Hugo Martoccia y Javier Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 30

Cancún, QR, 14 de abril. A causa de violaciones sexuales, 881 adolescentes de Quintana Roo quedaron embarazadas en 2009, informó Juan Carlos Azueta Cárdenas, titular de la Secretaría de Salud (Sesa).

Esa cantidad equivale a 16 por ciento de los 5 mil 510 embarazos de menores registrados en el estado el año pasado, dijo el funcionario al comparecer ante diputados locales.

En lo que va de 2010 han ocurrido 458 embarazos de menores de 18 años, según el secretario, aunque en este caso no mencionó cuántos han sido producto de violaciones.

María Hadad Castillo, la diputada priísta que preside la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, explicó que la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del estado ha contabilizado más de 150 delitos sexuales contra menores de edad hasta julio de 2009, lo cual contrasta con la cifra del secretario de Salud.

“(Azueta Cárdenas) destapó un baúl con muchas sorpresas y cuestionamientos –dijo María Hadad–. Debemos preguntarnos por qué los hospitales y la Secretaría de Salud, al tener conocimiento de casos de violación contra menores, no los han reportado a la Procuraduría.”

María Hadad dijo que esta situación es parte de un problema de fondo que incluye falta de coordinación de las autoridades para prevenir estos delitos. En Quintana Roo casi triplicamos la media nacional de abuso sexual de niños, informó.

Un problema serio en el estado, agregó, es que las autoridades no cumplen con la distribución de la llamada píldora del día siguiente, lo que genera consecuencias indeseadas.

Once legisladoras de todas las fracciones del Congreso local enviaron un exhorto a las secretarías de Salud y Educación, a la Procuraduría y al Poder Judicial, para que frenen el abuso de menores en Quintana Roo.

María Hadad detalló que a la Procuraduría y a la Secretaría de Salud se les pidió repartir la píldora de anticoncepción de emergencia e informar en qué casos se puede solicitar un aborto

Cuestionan mercantilización del agua; es un bien precioso que debe llegar a todos: Samuel Ruiz

La escasez del recurso, factor de graves conflictos en diversas regiones del mundo, señala

Cuestionan mercantilización del agua; es un bien precioso que debe llegar a todos: Samuel Ruiz

Defiende Ramón Aguirre aumento de tarifas del GDF; es parte de la solución al abasto, sostiene

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 41

El agua es un bien común, insustituible, que el modo de producción ha transformado en mercancía, como lo ha hecho con muchas cosas, incluso las más sagradas, sostuvo Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Ahora sólo tienen derechos quienes pueden pagar y son consumidores, apuntó en su participación en la mesa El derecho humano al agua potable.

Acompañado de Pedro Arrojo –premio Goldman 2003–; la senadora Rosario Ibarra; Martha Delgado, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (GDF), y Ramón Aguirre, director de Aguas del GDF, el obispo sostuvo que en el mundo hay 50 conflictos por falta de agua, y 40 por ciento de la población mundial vive en 250 cuencas pluviales.

Entre esos conflictos mencionó los de las cuencas del Tigris y el Éufrates, que están entre Turquía, Siria e Irak, así como la del río Jordán, entre Siria, Palestina, Israel, Jordania y Líbano.

Se debe, dijo, rescatar el sentido originario del agua, la cual, al igual que la vida, no debe ser mercancía. “Hay una carrera frenética entre trasnacionales por privatizar el agua (…) Se ha logrado reducir el derecho humano al agua, en una necesidad que puede satisfacer el mercado”, advirtió.

Ante decenas de asistentes, en el Centro Cultural Tlatelolco, Pedro Arrojo dijo que en la cuenta de los mil 100 millones de personas que carecen de agua, y en las 10 mil personas que cada día mueren a causa de su carencia, no se contabilizan los millones que utilizan agua contaminada, ni las malformaciones genéticas y abortos.

Sostuvo que actualmente la clave en la situación del agua en el mundo no reside en la escasez, sino en la calidad, ya que los acuíferos y los cauces están contaminados. Donde antes había agua limpia, hoy se envenenan y enferman. Aseveró que existen tres grandes crisis, que son la pérdida de sustentabilidad de las áreas acuáticas, la inequidad y la pobreza y la gobernanza de los sistemas de agua y saneamiento.

Luego de estos expositores, que destacaron el derecho humano al agua, Ramón Aguirre defendió el incremento en las tarifas del servicio de suministro del líquido y buscó establecer parámetros en los que el agua puede ser un derecho y cuándo una mercancía, ya que, dijo, hay instalaciones comerciales que utilizan el líquido como insumo y deben pagar por él.

Consideró que es claro que el precio del agua incide en la solución, y dijo que con el aumento en las tarifas del Distrito Federal se busca que el agua alcance para todos, además de que aquí el manejo del líquido es muy costoso. El agua es un derecho y una corresponsabilidad, y en la urbe se consume una tercera parte más de lo que debería ser en comparación con otras ciudades, señaló.

Martha Delgado se refirió a que si existen como derecho humano la alimentación y la educación, el agua, que es esencial para la vida, también tendría que serlo. A su vez, la senadora Rosario Ibarra hizo un recuento de las actuales luchas por defensa del agua que se libran en México, y mencionó los casos de La Parota, en Guerrero, y El Zapotillo, en Jalisco

Exigen disculpa por violación de menor

Exigen disculpa por violación de menor

Carlos García, corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 33

León, Gto. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) recomendó al alcalde panista de León, Ricardo Sheffield Padilla, que su administración ofrezca disculpas a una adolescente de 14 años que fue violada por dos policías en noviembre pasado y poner en marcha una campaña para prevenir la violencia sexual por parte de uniformados. La PDHG pidió al ayuntamiento garantizar que sus policías no atacarán sexualmente a otra persona, dar apoyo médico y sicológico a la víctima, sancionar a los agresores, revisar los perfiles sicológicos de los aspirantes a oficiales y capacitar al resto de la corporación

No dejarse influenciar por lágrimas de pobres ni por la prensa, pide Castro Lozano a ministros

Que la vara de la justicia se doble por la misericordia, dice sobre las otomíes acusadas de plagio

No dejarse influenciar por lágrimas de pobres ni por la prensa, pide Castro Lozano a ministros

El subprocurador acepta estar en contra de que los matrimonios gay adopten niños y el aborto

Mariana Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 16

Querétaro, Qro., 14 de abril. A la hora de emitir un veredicto sobre la responsabilidad de las otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan –acusadas de secuestrar a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación–, no se dejen influenciar por la prensa ni por la lágrima de los pobres que no tienen razón, recomendó Juan de Dios Castro Lozano a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizan el caso.

El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo tal recomendación durante la conferencia Garantías individuales. Los delincuentes y las víctimas del delito, que impartió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Que cuando juzguen ni se vean influidos por la prensa ni por dádivas, ni por mujer bonita ni por la lágrima de los pobres que no tienen razón. Aquí, si se dobla la vara de la justicia que sea por el peso de la misericordia, expresó.

Ante estudiantes y académicos indicó que los cinco ministros que analizan el caso de ambas mujeres serán los encargados de determinar si las acusadas son responsables de los delitos que se les imputan.

Sobre los matrimonios entre homosexuales y que puedan adoptar niños, indicó que está en contra, porque en una sociedad que discrimina, los hijos de las parejas de homosexuales corren ese riesgo.

Sobre el aborto, consideró que esa decisión no es exclusiva de la mujer, pues el varón también es corresponsable, y para ello cuenta con la garantía individual desde la Constitución.

Agregó que en el artículo cuarto de la Constitución se establece que toda persona tiene el derecho a decir de manera libre el número de hijos que desea tener, y mediante esa premisa es como el padre puede reclamar el derecho a decir sobre si la mujer debe abortar

El Estado mexicano debe responder hoy a la CIDH por violación de una indígena

Hace 8 años, Inés Fernández fue ultrajada por militares en Guerrero

El Estado mexicano debe responder hoy a la CIDH por violación de una indígena

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 16

Este jueves el Estado mexicano estará en el banquillo de los acusados para responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación sexual de una indígena perpetrada por militares hace ocho años en Guerrero.

El caso de Inés Fernández, indígena me’phaa, será revisado por el máximo tribunal del continente para definir si las autoridades de México vulneraron las garantías fundamentales de la víctima, abusada sexualmente en marzo de 2002 en su casa y frente a sus cuatro hijos menores. A la fecha, la mujer no ha obtenido justicia ni se le ha reparado el daño.

Esta será la primera ocasión que la CIDH enjuicie al Estado mexicano por una violación sexual cometida por militares, informó Nancy Marín, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Otro caso similar, que el tribunal revisará los próximos 27 y 28 de mayo, es el de la también indígena guerrerense Valentina Rosendo, quien en febrero de 2002 fue ultrajada sexualmente por soldados.

Durante la audiencia pública, que se efectuará hoy en Lima, Perú, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y de Cejil –representantes de la agraviada–, sostendrán ante la CIDH que tanto la mujer como su familia “sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos. A partir de los hechos, su vida cambió abruptamente y el sufrimiento se agravó por la impunidad en que se mantiene el caso.

En un comunicado, las ONG advirtieron que las agresiones contra Inés no representan un caso aislado, pues hay otros, como el de Valentina Rosendo o el de las hermanas González Pérez, este último actualmente es revisado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La indagación de este hecho se realizó en la jurisdicción castrense: fueron los mismos militares quienes investigaron a los soldados que violaron a Inés. Aun cuando la CIDH ha señalado que en la transgresión de derechos de civiles no puede operar la justicia militar.

Amnistía Internacional (AI) aseguró que las autoridades mexicanas han dado un trato discriminatorio a la agraviada, pues el ser mujer indígena ha sido factor fundamental para la impunidad castrense.

El organismo señaló que este caso demuestra que la jurisdicción militar obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados y garantiza la impunidad. Recordó que en diciembre de 2009, la CIDH falló contra México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla (durante la guerra sucia), y ordenó la reforma al Código de Justicia Militar para asegurar que todos los casos de abusos cometidos por elementos castrenses contra civiles sean competencia de la justicia civil.

Las organizaciones representantes de la víctima solicitarán a la CIDH que ordene a las autoridades mexicanas realizar una investigación seria y efectiva de los hechos, se sancione a los culpables y se tomen medidas para evitar la repetición de sucesos similares.

Mientras, AI subrayó que el país debe tomar medidas a escala doméstica para garantizar que este tipo de abusos no se repitan y se asegure la debida diligencia en las indagatorias de casos de violencia contra mujeres, para que los responsables rindan cuenta

Aceptamos la liquidación para "no agravar" la crisis del país

Disidentes del SME envían carta a diputados

Aceptamos la liquidación para no agravar la crisis del país

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 15

La Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por Alejando Muñoz, envió una carta al diputado federal Amador Monroy, presidente de la comisión plural que da seguimiento al caso de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en la que expone que si la mayor parte de los trabajadores despedidos optó por su liquidación fue para no agravar, con una posible desestabilización social, la situación del país.

En la misiva, firmada por Muñoz como secretario tesorero del SME, se plantea que los electricistas que perdieron su empleo tras la decisión del Ejecutivo federal de extinguir LFC solicitan a esta representación de la Cámara de Diputados que se tomen en cuenta todas las posturas y propuestas de las partes involucradas en el asunto, a fin de que los trabajos de la comisión sean equitativos y equilibrados.

Expone que el cierre de la fuente laboral sorprendió a todos por igual, sin embargo, un grupo mayoritario optó por emprender acciones propositivas para mantener su fuentes de ingresos y reinsertarse en la actividad laboral, con el propósito de evitar un conflicto de mayores consecuencias en el país y tomando en cuenta que México enfrentaba los estragos de una crisis económica y sanitaria, por lo que la mayoría de los trabajadores optó por no agravar esta situación.

Muñoz plantea que, por ello, esta coalición hace un llamado a que se reconozcan sus propuestas y no se atienda la problemática en forma parcial, ya que existe el riesgo de que se envíe una señal negativa de que sólo mediante la protesta se pueden conseguir objetivos.

Sostiene que luego de seis meses de la extinción de LFC, es indispensable que se valore que no todos los agremiados al SME pretendemos eludir la responsabilidad que nos toca en la desaparición de la paraestata

No debe legalizarse la violación a la dignidad de obreros: Raúl Vera

No debe legalizarse la violación a la dignidad de obreros: Raúl Vera

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 15

Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila, consideró que no debe legalizarse ninguna modificación a la normatividad que violente la dignidad del trabajador y privilegie la competitividad y la ganancia por encima de los derechos de los trabajadores.

Esa famosa competitividad, donde el ser humano no cuenta, lo primero que pide es que se haga legal la injusticia. Las reformas laborales que está imponiendo el sistema global en función de la ganancia, donde está borrada la dignidad de la persona, siempre son para dar facilidad a quien proporciona la inversión. Sí, se facilita la producción para que exista competitividad, pero ¿cuál es el precio?, preguntó. Refirió que dichas reformas dañan a los empleados porque trabajan más, se desregulan las conquistas laborales, se limita su tiempo para descansar y para estar con su familia, además de que se controla el salario en favor de la competitividad.

El el contexto de la 89 asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, criticó que en el país se experimente una dinámica destructiva que desmantela la planta productiva y que no se dé prioridad a la dignidad del trabajador.

El trabajo no es de ninguna manera sólo un medio de producir bienes con la respectiva ganancia sin importar la persona que lo hace. Es, sobre todo, la dignidad con la que el obrero produce esos bienes y con la que proporciona a su familia una vida digna, consideró.

Vera López exhortó a los empresarios y políticos creyentes a que se comprometan para que la ley laboral garantice la dignidad del trabajo humano

Pierde Calderón guerra anticrimen, opinan 39% de mexicanos: encuesta

Cuatro de cada 5 temen ser asaltados, señala sondeo de Mitofsky

Pierde Calderón guerra anticrimen, opinan 39% de mexicanos: encuesta

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 12

Treinta y nueve por ciento de los ciudadanos consideran que el crimen organizado va ganando la guerra declarada por el presidente Felipe Calderón a la delincuencia, mientras 64 por ciento estiman que al final del sexenio el problema seguirá igual o empeorará, de acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, la cual fue presentada por la organización México Unido Contra la Delincuencia.

En conferencia de prensa, dicha asociación civil, que dirige Ana Franco de Wattnem, dio a conocer que cuatro de cada cinco ciudadanos consideran que las condiciones en que vivimos son menos seguras que las que teníamos hace un año en México.

Franco de Wattnem aseveró que la percepción ciudadana es un indicador de que se necesita mayor cooperación y responsabilidad entre los tres niveles de gobierno.

Señaló que “el Ejército Mexicano fue desplegado por el gobierno federal ante la falta de cuerpos policiacos efectivos, pero se tiene que trabajar para que no se registren más bajas de ciudadanos ajenos a las bandas criminales durante los operativos”, aunque aclaró que no opinarán si las fuerzas armadas deben seguir en funciones de seguridad pública.

En tanto, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, explicó que el estudio fue elaborado a partir de las respuestas dadas por 3 mil personas mayores de 18 años en todo el país, y refiere que “27 por ciento de los encuestados dijeron haber vivido de cerca un delito en los últimos tres meses.

Setenta y ocho por ciento dijeron temer ser víctimas de robo a mano armada y 72 por ciento a ser víctimas de un secuestro; esos temores se incrementan en la zona norte del país. Cabe destacar que 54 por ciento de los mexicanos de clase baja temen a ser plagiados.

Setenta y dos por ciento de los encuestados consideraron peligroso ayudar a la policía en su ciudad, y 36 por ciento opinaron que los operativos contra la inseguridad han fracasado.

Sobre si es correcto el uso del Ejército en el combate al crimen organizado, la aceptación por la ciudadanía sigue siendo muy clara, aunque es de reconocerse que en el último año ha disminuido en 10 puntos porcentuales, pasando de 84 por ciento en enero de 2007 a 74 por ciento en marzo de este año

Padres de niños asesinados reiteran demanda de justicia

Padres de niños asesinados reiteran demanda de justicia

Carlos Figueroa, corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 12

Nuevo Laredo, Tamps., 14 de abril. Luego de recibir una llamada telefónica de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, los padres de dos menores asesinados a balazos por militares no han recibido el apoyo que ella les prometió.

Martín Almanza Rodríguez y su esposa, Cinthya Josefina Salazar Castillo, así como Carlos Alfredo Rangel Delgado y su cónyuge, Vanessa Viridiana Velazquez Carmona, quienes sobrevivieron al ataque perpetrado por los soldados, exigieron justicia y castigo a los homicidas.

El lunes me hablo por teléfono la señora Margarita Zavala de Calderón, quien me dio las condolencias por las muertes de mis hijos, Bryan, de cinco años, y Martín, de nueve, además de ofrecerme becas para mis hijas, ayuda económica y el pago de los gastos hospitalarios, afirmó Salazar Castillo.

Sin embargo, hasta la tarde del miércoles la familia Almanza Salazar no había recibido ninguna ayuda del gobierno federal, apuntó.

El incidente es investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que enviará el viernes a personal para entrevistar a todos los sobrevivientes.

Exigimos justicia, castigo para los militares que dispararon en nuestra contra y mataron a dos niños. No pueden decir que fue un fuego cruzado, ya que los balazos fueron directos contra nosotros, aseveró el padre de los menores, quien resultó herido.

Mientras, Raymundo Ramos Vázquez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señaló que se exige al gobierno federal ordenar que los soldados que asesinaron a los niños sean puestos a disposición de las autoridades civiles para ser sancionados conforme a derecho

Admite el gabinete de seguridad reforma al código militar basada en fallo de la CIDH

Gustavo Madero sostiene que las posturas de las bancadas en el Senado se aproximan

Admite el gabinete de seguridad reforma al código militar basada en fallo de la CIDH

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 10

Luego de la reunión con el gabinete de seguridad nacional, en el Senado se aceleraron los trabajos para dictaminar las normas pendientes en la materia, sobre todo con el fin de reglamentar la participación temporal del Ejército en tareas de combate al narcotráfico y legislar que, en caso de violaciones a los derechos humanos, los militares deberán ser juzgados por civiles.

El coordinador de la bancada panista, Gustavo Madero, dijo que las posiciones se acercan y es muy probable que los dictámenes estén listos la próxima semana, a fin de votarlos ante el pleno. En el caso del Código de Justicia Militar, los propios integrantes del gabinete de seguridad nacional aceptaron que debe modificarse, con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre del año pasado.

En un documento entregado a los legisladores el lunes pasado, los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de la Marina, Francisco Saynez; de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, reconocieron que ese fallo de la CIDH es inapelable.

Agregaron que el gobierno mexicano ordenó el pasado 22 de enero que cada quien realice las acciones conducentes, en el ámbito de su competencia, para su cumplimiento.

Esa sentencia de la CIDH ordena al Estado mexicano adoptar reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en el cual se especifican los delitos contra la disciplina castrense, con el fin de que el delito de desaparición forzada esté fuera de ese ámbito.

El senador perredista Tomás Torres comentó que modificarán el Código de Justicia Militar a fin de que los soldados que cometan abusos contra ciudadanos sean remitidos a la justicia civil.

Igualmente, el coordinador de la bancada perredista, Carlos Navarrete, expuso que tal como discutieron con los miembros del gabinete de seguridad nacional, la ley debe señalar que el Estado mexicano “no puede hacerse a un lado de su responsabilidad frente a las bajas crecientes de civiles durante los operativos contra el crimen organizado.

Hay que garantizar la reparación del daño y también fincar responsabilidades cuando se deriven de errores garrafales cometidos por quienes están en los retenes de todo el país. La pérdida de vidas de civiles no puede quedar como incidentes menores.

Por lo que toca al dictamen de la ley de seguridad nacional, el anteproyecto de dictamen elaborado por el priísta Jesús Murillo Karam sigue analizándose.

Ayer el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Felipe González, pretendió que se discutiera otro anteproyecto, pero el priiísta Francisco Labastida Ochoa se opuso y señaló que los trabajos deben ser en comisiones unidas.

La realidad es que la negociación se da en torno al proyecto de Murillo Karam, al que senadores perredistas han formulado varias observaciones, entre ellas que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no puede ser justificante para que el Ejército esté permanentemente en la calle