La política contra la obesidad debe ir al Plan Nacional de Desarrollo
Ofrecen 80 recomendaciones en un libro, entre ellas la regulación efectiva de la publicidad, un etiquetado claro y veraz, así como modificar el Acuerdo Nacional para la Salud de 2010
Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 47
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 47
La política para combatir el sobrepeso y la obesidad debe incluir la aplicación de un impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas, subsidios a alimentos saludables, así como un sistema de etiquetado claro y veraz en los productos industrializados. También una regulación efectiva de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños y adolescentes. Son algunas de las 80 acciones que investigadores y académicos proponen para una política de Estado.
Los planteamientos están contenidos en el libro Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, elaborado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Debido al crecimiento que ha reportado el exceso de peso en las recientes tres décadas, el cual afecta a 73 por ciento de la población adulta y 30 por ciento de los menores, los especialistas proponen modificaciones al Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA) con la finalidad de que sus metas sean claras, medibles y exigibles.
En el ANSA, documento de buena voluntad presentado por el gobierno federal en 2010 y suscrito por la industria alimentaria,
se han identificado deficiencias en la implantación de las acciones acordadas y en su seguimiento y rendición de cuentas.
El libro dado a conocer el miércoles en sesión extraordinaria de la Academia Nacional de Medicina señala que una nueva estrategia debe formar parte del Plan Nacional de Desarrollo.
De manera puntual recomienda políticas fiscales para la prevención de obesidad, que ya han sido exitosas en otros países, tales como un impuesto a refrescos y bebidas azucaradas para reducir su consumo.
Sugiere realizar los estudios necesarios sobre el efecto que tendría en el consumo el aumento en los precios de estas bebidas en poblaciones con diferentes niveles de ingreso.
También plantea aplicar impuestos al uso de ingredientes o componentes como grasas saturadas o azúcar en alimentos y bebidas. Asimismo, que existan subsidios a frutas y verduras o alimentos
propios de la cultura alimentaria tradicional.
En lo que toca a servicios de salud, los expertos recomiendan mejorar su calidad y garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la obesidad y de las enfermedades asociadas.
En el ámbito privado deben existir políticas de rembolso de las aseguradoras para favorecer la detección y tratamiento oportuno de padecimientos, así como que los tratamientos médicos para bajar de peso se incluyan de manera obligatoria en la cobertura de las pólizas de seguros médicos.
Para la industria de alimentos, el documento propone desarrollar innovaciones en productos y empaques a fin de reducir el aporte de energía, aumentar nutrimentos y la cantidad de fibra. También incorporar mayores porciones de cereales de grano entero y que los tamaños de las mismas sean equivalentes entre productos de la misma categoría.
Otra propuesta habla de etiquetado, el cual debe colocarse en la parte frontal del producto y responder a criterios definidos por comités de expertos con base en la evidencia científica, además de ser claro y veraz.
La Alianza por la Salud Alimentaria respaldó las recomendaciones al tiempo que demandó un liderazgo gubernamental claro que no ceda a las presiones de la industria
