CARTONES

La automedicación fomentó bacterias más resistentes a los antibióticos: IMSS

Más de la mitad de los mexicanos sufren este problema, advierte

La automedicación fomentó bacterias más resistentes a los antibióticos: IMSS

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 37

La extendida práctica de la automedicación es la causa de que más de la mitad de la población haya desarrollado resistencia a los antibióticos, es decir, que éstos ya no sean efectivos para combatir la infección provocada por determinada bacteria, reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública.

A unas semanas de que entre en vigor la prohibición para vender estos medicamentos sin receta, la institución alertó en un comunicado que lo anterior se traduce en menores opciones de tratamiento para los pacientes, pues quizá requieran de uno más prolongado y más caro.

Los antibióticos son medicamentos que combaten o previenen infecciones causadas por bacterias. Cuando éstas se exponen varias veces a los mismos antibióticos, después de un tiempo pueden generar mecanismos de resistencia a los mismos, por lo que pierden efectividad. Cuando eso ocurre, se dice que el paciente ha desarrollado una resistencia antibiótica.

De acuerdo con la doctora Leticia Pérez Saleme, del servicio de Infectología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, la generación de cepas de bacterias más resistentes, también llamadas superbacterias, puede infectar a integrantes de la comunidad en general, no sólo la más cercana (como la familia o la escuela), por lo que se estaría enfrentando un creciente problema de salud pública.

La mala utilización de estos medicamentos, principalmente por automedicación o por no completar los ciclos de administración indicados por el médico, son las principales causas de dicha resistencia.

La doctora enfatizó que los antibióticos no pueden combatir infecciones virales, como resfriados y gripe, los ejemplos más frecuentes del mal uso de estos compuestos

Colonos de Lindavista piden auxilio al SME

Colonos de Lindavista piden auxilio al SME

Fallas en subestación de energía dañó el bombeo de agua; la CFE, incapaz de resolver el problema

Josefina Quintero

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 40

Ante la incapacidad de las empresas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver los problema de sobrecarga de energía en la subestación 20 de la unidad habitacional Lindavista Vallejo, los vecinos acordaron recurrir a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro para reparar las fallas en la planta.

Hace una semana fue inhabilitada la subestación, la cual genera energía para activar el sistema de bombeo de agua potable. Sin embargo, el riesgo de un cortocircuito sigue latente, ya que ahora la carga recae en una sola planta, de un total de cinco. El peligro no sólo es para los habitantes de la unidad, sino para los de colonias aledañas, informó Ricardo Serna, administrador del conjunto habitacional.

El acercamiento con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se acordó porque en la unidad habitan ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, quienes alertaron de la sobrecarga y el daño que ocasionó al sistema de bombeo que suministra el agua potable a la unidad.

El contacto se dio con Hugo Ortega y Fernando Amezcua, integrantes del comité ejecutivo del SME, quienes aceptaron reparar la subestación 20. Sólo piden garantías de seguridad durante su trabajo, expusieron vecinos.

En un recorrido el viernes pasado, los integrantes del SME identificaron las fallas y aseguraron que se pueden reparar, pero también advirtieron sobre el peligro de colapso por un cortocircuito, que dañaría la energía de las colonias Nueva Vallejo y las manzanas 1 y 2 de la unidad Lindavista Vallejo, donde se calcula que viven alrededor de 10 mil familias.

Serna agregó que esperarán hasta el próximo miércoles, cuando habrá una asamblea de condóminos y se tiene prevista la presencia de representantes de la Procuraduría Social y de la Comisión Federal de Electricidad. Si para entonces la CFE no ha reparado la avería, se hará la solicitud formal al SME para que arregle la subestación, señaló.

Hoy y mañana se hará una evaluación del trabajo de las empresas contratadas por la CFE, las cuales desde el 25 de julio pasado no han logrado arreglar el problema de sobrecarga en la subestación 20.

Para evitar enfrentamientos, indicó Serna, se buscará crear las condiciones para que los ex trabajadores de cables subterráneos de Luz y Fuerza puedan realizar el trabajo con todas las garantías de seguridad.

El administrador se dijo seguro que será el SME el que repare la subestación, porque las empresas que envió CFE no resolvieron el problema. Ni siquiera saben qué lo originó.

Sobre los daños al sistema de bombeo, Eduardo Saravia Loo, encargado de atención a clientes de la paraestatal, afirmó que se pagarán los daños generados por la sobrecarga, porque la CFE cuenta con un seguro para ello. Sólo se requiere hacer la solicitud para que se haga la reparación del sistema de bombeo.

Los vecinos acudieron también ante autoridades de la delegación Gustavo A. Madero para que pueda intervenir el SME, porque los problemas en el suministro de agua para las mil familias que habitan en dicha unidad se agudizaron el pasado fin de seman

Regidora se queja de exceso de trabajo

Regidora se queja de exceso de trabajo

Luis A. Boffil, corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 30

Mérida, Yuc. Lissette Mimenza, regidora panista del ayuntamiento de Mérida, se quejó de sobrecarga de trabajo, pues durante julio el cabildo de mayoría priísta tuvo cinco sesiones, y en administraciones del Partido Acción Nacional sólo se reunían dos veces al mes. Aseguró que a este ritmo los regidores no pueden analizar correctamente las propuestas para solucionar los problemas de la capital. El regidor priísta Omar Lara replicó que el cabildo sesionará cuantas veces sea necesario, aun sábados y domingos

Convocan a frenar La Parota y otras 10 obras hidroeléctricas

Promueven venta de parcelas en Chiapas para hacer represas: ONG

Convocan a frenar La Parota y otras 10 obras hidroeléctricas

Comuneros opositores al proyecto hidroheléctrico La Parota celebraron ayer en Acapulco, Guerrero, el séptimo aniversario de su lucha contra los gobiernos estatal y federal, que pretenden construir una presa en los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural del municipioFoto Javier Verdín

Misael Habana y Elio Henríquez

Corresponsales

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 30

Cientos de integrantes de organizaciones ciudadanas llamaron a frenar el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, y 10 más en varias, entidades, así como a denunciarlos durante la 16 Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo.

En Agua Caliente, Acapulco, se celebraron un mitin y una misa por el séptimo aniversario de la fundación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop). Los asistentes exigieron al Tribunal Unitario Agrario anular, por fraudulenta, la asamblea del 28 de abril, cuando un grupo de ejidatarios apoyó la expropiación de tierras para construir el embalse.

Rodolfo Chávez Galindo, dirigente del Cecop, rechazó que las hidroeléctricas generen energía limpia, pues implican destruir millones de árboles.

La materia orgánica de las áreas inundadas, explicó, genera enormes cantidades de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, especialmente en zonas tropicales como La Parota.

De septiembre a noviembre, los activistas informarán sobre La Parota y proyectos similares en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que tendrá lugar en Oaxaca, y en el Encuentro Mesoamericano de los Pueblos a realizarse en Chiapas, convocado por la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y el Comité Centroamericano.

Mientras, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Organización de la Resistencia Civil de la Zona Norte, adherente de la Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció que una presunta empresa de Tijuana, Baja California, promueve la compra de tierras en comunidades del valle de Tulijá, municipio de Salto de Agua.

Desde hace mes y medio, agregaron representantes de una firma inscrita en el Proyecto Mesoamericano (antes Plan Puebla-Panamá), instan a la gente a vender parcelas para construir pequeñas represas hidroeléctricas, indicó el colectivo, sin mencionar el nombre del corporativo.

Entre las obras proyectadas menciona “una represa grande en los ríos Tulijá y Yöxhol, que cubrirá 75 mil hectáreas de Paso Naranjo, las cascadas de Agua Azul e incluso las ruinas de Palenque, en el norte del estado.

En la comunidad Jerusalem se metieron a medir parcelas en compañía del presidente del comisariado ejidal, y el año pasado una cuadrilla tomó muestras de agua de los ríos, denunció la agrupación

Impugna la oposición elecciones de gobernador en Veracruz

Impugna la oposición elecciones de gobernador en Veracruz

Andrés Timoteo Morales, corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 28

Jalapa, Ver., 1o. de agosto. Las coaliciones Viva Veracruz, formada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (Panal), y Para Cambiar Veracruz, que integran los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, impugnaron las elecciones de gobernador realizadas el pasado 4 de julio, mediante un juicio de revisión constitucional que será enviado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los expedientes con la solicitud de juicio fueron presentados este domingo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE), por haber sido la autoridad responsable de validar los comicios y emitir la constancia de mayoría en favor del priísta Javier Duarte de Ochoa. A su vez, el TEPJE deberá enviar los recursos de inconformidad a la Sala Superior del TEPJF, según la legislación local.

Ambas impugnaciones señalan que se violaron los preceptos constitucionales durante el proceso electoral, debido a la parcialidad del Instituto Electoral Veracruzano, la injerencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán al usar recursos públicos en favor de Duarte de Ochoa, así como otras irregularidades graves detectadas el día de las votaciones y después de éstas, como alteración de paquetes electorales y de boletas.

El abogado Daniel Ayestarán Mosqueda presentó la impugnación por la alianza PAN-Panal, acompañada de 800 pruebas que acreditarían las irregularidades en los comicios de gobernador, y la actuación parcial de los magistrados del TEPJE, quienes el pasado 26 de julio validaron la elección y extendieron la constancia de mayoría a Javier Duarte.

En tanto, el equipo jurídico de la coalición PRD-PT-Convergencia presentó la solicitud de juicio la tarde del domingo, informó el secretario general del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Cuauhtémoc Pola Estrada.

Indicó que se añadirán a la queja mil 751 pruebas documentales que el TEPJE rehusó valorar, las cuales demostrarán la inconstitucionalidad con la cual se desarrollaron las elecciones de gobernador.

No sólo estamos recurriendo lo sucedido en la jornada electoral del 4 de julio, sino que estamos impugnando todo el proceso en general, desde que arrancó, el año pasado, hasta el día de los comicios. En las pruebas presentadas constan todas las irregularidades, algunas de gravedad extrema, que atentan contra los preceptos constitucionales, dijo Pola Estrada.

Confían en que se anulará el proceso

De acuerdo con el dirigente de Convergencia, los magistrados del tribunal local actuaron en forma ilegal, pues no valoraron las pruebas aportadas por la alianza Para Cambiar Veracruz y “todo fue fast track. A petición del partido oficial (PRI) se calificó la elección sin atender a fondo los recursos de inconformidad. Todo fue indebido. En el juicio de revisión constitucional se pide la anulación de los comicios de gobernador porque se vulneró la voluntad popular”.

En un comunicado de su equipo de campaña, el candidato a la gubernatura Dante Delgado Rannauro dijo estar seguro de que el TEPJF anulará los comicios y en 2011 habrá elecciones extraordinarias. Presenté un recurso de impugnación de las elecciones de gobernador en Veracruz. El expediente entregado es muy voluminoso y las pruebas son contundentes, acotó.

Indicó que la participación ciudadana lo obliga a no dejar de exigir que los comicios se limpien.

El interés por cambiar el rumbo de Veracruz me motiva a no abandonar la lucha y a levantar la voz para exigir que los veracruzanos recuperen la confianza y el derecho a elegir el futuro que quieren para nuestro estado. Ésta es mi respuesta frente a la injusticia que estamos viviendo. Hay que levantar la voz. Nuestra lucha es por la democracia. ¡No permitamos que quede impune el fraude electoral en Veracruz! ¡Luchemos juntos para rescatar el estado de derecho y garantizar una democracia plena, participativa y funcional!, arengó

Demanda de juicio político, treta de Ulises Ruiz, señalan

Se busca dejar impunes los atropellos cometidos en 2006: diputados

Demanda de juicio político, treta de Ulises Ruiz, señalan

Advierten sobre lagunas jurídicas en propuesta de legislador del Panal

Falta de acuerdos sobre transición pone en riesgo presupuesto 2011

Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca, enfrenta una demanda de juicio político por la represión del movimiento social de 2006 en esa entidad: sin embargo, partidos de oposición consideran que se trata de una estrategia del mandatario para no ser procesado en la legislatura entranteFoto Ezequiel Leyva

Agustín Galo Samario

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 28

Oaxaca, Oax., 1º de agosto. La solicitud de juicio político que el diputado estatal del Partido Nueva Alianza (Panal) Cristóbal Carmona Morales presentó contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es un albazo de éste para garantizarse impunidad y perpetuarse en el poder, advirtieron diputados electos y en funciones de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), que integraron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso en los pasados comicios.

El jueves anterior, Cristóbal Carmona (suspendido en junio de la presidencia estatal del Panal por apoyar las campañas del Partido Revolucionario Institucional) solicitó al Congreso de Oaxaca iniciar juicio de procedencia contra Ulises Ruiz por violaciones a los derechos humanos de maestros y ciudadanos en general durante 2006, cuando se reprimió un movimiento magisterial y social contra la administración estatal.

La oposición ve en esta solicitud un intento del tricolor de absolver al gobernador antes de que concluya la presente legislatura –en la cual tiene mayoría– y evitar que en la siguiente sea sancionado. Los inconformes consideraron que los atropellos han sido la norma durante la gestión de Ruiz y por ello busca impunidad.

Benjamín Robles Montoya, diputado local del partido Convergencia, dijo tener información de que se presentará una iniciativa de reforma con la cual el gobernador busca que la procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, permanezca hasta la siguiente administración.

Sostuvo que Ruiz Ortiz será sentado en el banquillo de los acusados a principios de noviembre e irá a la cárcel, porque aquí no se discute si fue culpable, sino la sanción que recibirá, porque los delitos que cometió ya fueron juzgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Convocó a la población a estar atenta a los intentos de pervertir el marco jurídico y no descartó llamar a una movilización para hacer valer la voluntad ciudadana.

Carol Antonio Altamirano, diputado electo del PRD, afirmó que la propuesta de Carmona fue un mandato claro de Ulises Ruiz, porque busca impunidad y obstruir al próximo gobierno.

Zenen Bravo, de Convergencia, acusó a Ulises Ruiz y al PRI de desestabilizar el estado con una propuesta de juicio político endeble, con lagunas jurídicas.

Ita Ortiz, legisladora electa del PT, se manifestó por que el gobernador sea sometido a juicio político por los crímenes de lesa humanidad que cometió y pidió a los oaxaqueños no quedarse callados.

En tanto, Francisco Álvarez Figueroa, coordinador del consejo ciudadano para la transición del gobernador electo Gabino Cué, advirtió que si Ulises Ruiz sigue sin nombrar su equipo de enlace para la entrega y recepción del gobierno, el presupuesto estatal de 2011 estará en riesgo.

En conferencia de prensa, Álvarez Figueroa informó que el viernes pasado entregó en las oficinas del gobernador una carta para exigir que se instale a la brevedad posible una mesa de trabajo, porque las reglas fijadas en un acuerdo el mes pasado impiden que el proceso se lleve a cabo con normalidad

[Novedades Militante] Boletín Novedades Militante No. 85‏

Boletín Novedades Militante No. 86
1 de agosto de 2010

SME: la lucha debe continuar, ¡Ni un gramo de confianza en Calderón y la Segob!
http://militante.org/sme-la-lucha-debe-continuar

La madrugada del pasado viernes 23 de julio marcó la culminación de la huelga de hambre que sostenían por 90 días 14 trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); para en ese momento en el caso de dos de ellos su salud ya se encontraba en un avanzado grado de deterioro que incluso su posible deceso se transformó en una cuestión de días o incluso horas.

El levantamiento de la huelga de hambre fue resultado de una minuta de acuerdos signada en los últimos minutos del día jueves entre el nuevo secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo y Martín Esparza, dirigente del SME.

Son tres los acuerdos que dicha minuta contiene, mismos que textualmente señalan lo siguiente de acuerdo su publicación en el portal de la Secretaría de Gobernación (Segob):

1. Se instala una mesa de diálogo de alto nivel entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas, la cual tendrá por objeto revisar y concretar alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. La primera reunión se celebrará el próximo lunes en la Secretaría de Gobernación.

2. La representación del Sindicato Mexicano de Electricistas se compromete a instar a que concluya, a partir de este momento, la huelga de hambre que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México. Asimismo, a que los señores Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Ángel Ibarra Jiménez, así como a todas las personas que participan en dicha expresión de protesta, sean ingresados voluntariamente a un centro hospitalario determinado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el tiempo que sea necesario para restablecer íntegramente sus condiciones de salud. Durante el tiempo que dure dicho ingreso, el Instituto Mexicano del Seguro Social mantendrá informados a los familiares y a la representación del sindicato sobre la evolución del estado de salud de dichas personas.

3. La Secretaría de Gobernación velará por el cumplimiento de este acuerdo.

El contenido de dicha minuta sería ratificado por el propio Blake Mora por medio de un comunicado que él mismo leyó en conferencia de prensa el día viernes, horas después de que se levantó la huelga de hambre.

Ni en la minuta publicada por la Segob ni en el comunicado de prensa leído por el titular de dicha dependencia se señala ninguna clase de acuerdo al margen de levantar la huelga de hambre a cambio de instalar una mesa de negociación de “alto nivel”. Más allá de ello ni una sola palabra.

Nos obstante ello, de acuerdo al propio Martín Esparza, la razón que lo motivo a aceptar levantar la huelga de hambre fue el acuerdo verbal y la palabra empeñada de parte del Bleke Mora para otorgar la toma de nota y de esta manera reconocer legalmente a la actual dirigencia del SME. De acuerdo a Esparza, argumento que empleó frente a los agremiados del SME, la palabra empeñada y el acuerdo de instalar la mesa de negociación de “alto nivel” ya eran un avance que tendría que ser aceptado y por consecuencia levantar la huelga de hambre.

Si bien el escepticismo y la desconfianza reinó en los aminos de los electricistas, especialmente entre aquellos que se encontraban en huelga de hambre (Cayetano Cabrera, el electricista cuyo deterioro de salud era el mas grave de entre los ayunantes, insistió reiteradamente en que no levantaría la huelga hasta que se haya asegurado la recontratación de sus más de 40 mil compañeros) la dirección del SME logró que el acuerdo se aceptara.

Sin embargo, la desconfianza de los trabajadores fue correspondida pocas horas después por las declaraciones del titular de la Secretearía del Trabajo y Previsión Social (STPS) Javier Lozano, quien señalaría ante los medios informativos que no se habló y que quedó fuera de la discusión la eventual contratación colectiva o creación de una empresa o de la figura de patrón sustituto en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y sobre la toma de notas las cosas no están claras, pues, de acuerdo a las declaraciones de Javier Lozano, se trata de un trámite que tiene que ser revisado y en el que se tiene que ver que cubra los requisitos que establece la ley; es decir, en otras palabras, la toma de nota está en veremos.

Esa fue la respuesta a la pregunta de “¿O sea que ya vamos a regresar a trabajar?”, que horas antes externó un trabajador de cables subterráneos de Luz y Fuerza del Centro (LFC) durante la asamblea en la que Esparza dio a conocer los acuerdos firmados con la Segob.

Ni un gramo de confianza en Calderón

Es cierto que es un paso al frente el haber forzado a Calderón a aceptar una mesa de negociación, cuando por espacio de nueve meses la actitud del gobierno fue cerrazón total y categórica ante la idea de que el cierre de LFC era definitivo y no había absolutamente nada que negociar. Al parecer esta postura recibiría un punto final con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 5 de julio en la que ratificaba como constitucional el decreto de extinción de LFC emitido en octubre pasado por Calderón. Los burgueses, el presidente espurio y el secretario del trabajo, tras la acción de la SCJN se frotaron las manos, pensaron que ahora sí los electricistas ya no podían hacer nada, y se dieron jubilosos a la tarea de escribir el réquiem para el SME. Su confianza era tanta que incluso el 15 de julio por la madrugada trasladaron a elementos de la Policía Federal (PF) para amagar y hostilizar al campamento del SME en el Zócalo capitalino; con esa provocación Calderón y quien sería nombrado ese mismo día horas mas tarde como nuevo secretario de gobernación, Blake Mora, estaban mandando un mensaje de que lo que seguía era mano dura contra el SME.

Sin embargo súbitamente las cosas cambiaron: primero, la madrugada del 15 de julio se presentó como una nueva oportunidad para demostrar con contundencia el arraigo y las amplías simpatías con que cuenta aún el SME entre amplios sectores del movimiento obrero, pues ante la señal de alarma sobre un posible desalojo del campamento de los electricistas inmediatamente miles de trabajadores se trasladaron al Zócalo capitalino para defender a los ayunantes e impedir las acciones de la PF en caso de que fuera necesario; segundo, Calderón jamás pensó que los trabajadores en huelga de hambre estuvieran verdaderamente dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias su forma de protesta.

Siendo esto así, la fuerte posibilidad de un desenlace fatal por parte de alguno de los ayunantes y la firme respuesta demostrada por miles de trabajadores ante las provocaciones de la Policía Federal en la madrugada del día 15 de julio, se presentaron como elementos altamente inflamables que, en caso de combinarse, podrían tener consecuencias insospechadas; Calderón se enfrentó ante el potencial de una más que importante respuesta de las masas en las calles como protesta ante la muerte de un electricista producto de la huelga de hambre. Ante ese escenario la bravuconería con que arrancó Blake Mora su trabajo al frente de la Segob se transformó en docilidad, transformando en una prioridad de Estado la tarea de impedir a toda costa la muerte de algún ayunante, dejando de esta manera entrever nuevamente lo que ya ha sido evidenciado una y otra vez a lo largo del actual sexenio: la administración de Calderón es débil y en crisis. De hecho la destitución de Gómez Mont y el nombramiento de Blake Mora son producto de esa debilidad y esa crisis.

La respuesta de la clase obrera y la determinación de los electricistas ayunantes, mismos que expresan la voluntad de lucha de la base sindical del SME, modificaron el panorama y forzaron al Estado a abandonar su postura arrogante para ahora ofrecer negociaciones. Insistimos en que ese es un paso al frente digno se ser señalado, pero al mismo tiempo tenemos que decir que entre lo logrado el pasado 22 de julio y el triunfo del movimiento aún queda un trecho largo por caminar.

La mesa de “alto nivel” pactada con la Segob es una rendija que demuestra que el Estado puede ser obligado a negociar con los trabajadores, pero es solamente eso. Aun falta más y es necesario seguir luchando; la negociaciones en la Segob tienen que ser acompañadas de movilizaciones de masas en las calles. Más que por lo logrado, la importancia de los acuerdos firmados con la Segob el 22 de julio radica en que son un ejemplo que demuestra que una presión mas firme y mejor organizada por parte de los electricistas puede arrojar frutos más bondadosos que mesas de negociaciones, aunque sean de “alto nivel”, y palabras empeñadas. Por otra parte, abriendo un paréntesis, es necesario recordar que cualquier promesa de la burguesía y su gobierno, ya sea por escrito o verbalmente, si no tiene atrás de sí la presión adecuada de la clase obrera, se quedará en eso, en simplemente promesas.

Los trabajadores no podemos albergar ni la mas mínima confianza en la burguesía ni en su gobierno, ambos representan intereses ajenos a los de nuestra clase social y no dudarán un segundo en recargar sus rodilla sobre nosotros para obtener mas beneficios a costa de nuestro sudor y lagrimas. Incluso de lograrse la toma de nota, lo cual sería un paso al frente, a la postre ello significaría muy poco sino se logran avances en el terreno de la recontratación de los electricistas y el respeto pleno de sus derechos laborales y sindicales.

La mesa de alto nivel es una táctica dilatoria de Calderón que sólo pretende ganar tiempo y arrastrar la lucha del SME hacia un mayor desgaste y agotamiento. Es por ello que sin presión política en las calles, en el mejor de los casos lo único que hará Blake Mora es ofrecer nada más paliativos pero ninguna solución de fondo a la demanda más sentida por parte de los electricistas: la contratación colectiva.

Calderón puede ser derrotado

La lucha de los trabajadores agremiados al SME ha sido larga y muy dura; a lo largo de los últimos nueve meses los compañeros han tenido que enfrentar toda clase de adversidades y presiones para que cesen en sus acciones y terminen doblando las manos. Sin embargo esto no ha sido así, e incluso algunos de ellos han llevado su voluntad de lucha al grado de poner en riesgo su propia vida, tal como sucedió con la huelga de hambre.

De acuerdo a un informe del Gobierno del Distrito Federal, publicado por El Universal el pasado 16 de julio, desde que inició la lucha del SME tras el cierre de su fuente de trabajo, dicho gremio ya había desarrollado 859 movilizaciones en las que participaron cuando menos un millón de personas. Con esos argumentos, si de algo no ha quedado una sola sombra de duda a lo largo de estos tormentosos nueves meses ha sido el hecho de que los electricistas están totalmente decididos a recuperar sus derechos arrebatados por Calderón. La anterior, es decir la heroicidad y determinación de los sindicalistas de base del SME, es la plataforma en la que se tiene que apoyar la dirección de dicho gremio a la hora de impulsar las iniciativas de lucha y no otorgar ni la mínima confianza en el régimen ni en su “palabra empeñada”.

La contratación colectiva de los compañeros electricistas requiere un millonario desembolso de parte de las arcas públicas, mismo que Calderón no estará dispuesto a otorgar. De que existe dinero suficiente para cubrir esta demanda no queda la menor duda, el problema consiste en qué se emplea porque mientras a los electricistas se les niega el derecho al empleo argumentando que el gobierno no tiene los recursos suficientes, al mismo tiempo se destinan este año 232 mil 910 millones de pesos de gasto público para el pago de la deuda del gobierno, incluido el IPAB. Es decir Calderón no tiene dinero para las demandas de los trabajadores, pero sí le sobra para dárselo a puños llenos a un grupúsculo de banqueros y empresarios parasitarios.

La única manera de que cumpla Calderón será obligándolo por medio de acciones de masas que hagan sentir quien es quién en la sociedad. Sólo arrebatándole al gobierno los recursos necesarios por medio de la fuerza organizada de la clase trabajadora movilizándose en las calles y haciendo huelgas, es como se lograra la recontratación de los compañeros del SME e incluso la reapertura de la propia LFC.

El 16 de julio, como respuesta al dictamen de la SCJN ratificando la supuesta legalidad del decreto de extinción de LFC, el SME junto con la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, acordó un plan de acción que definió como principal medida la convocatoria y la organización de una huelga general para el 29 de septiembre, mismo día en que está convocado un acto similar en España. Para derrotar a Calderón es necesario mantener ese plan de acción, pero incluso profundizarlo. Es necesario impulsar un programa de lucha que unifique a toda la clase trabajadora, en el que además de la defensa de los compañeros del SME se planteen demandas de empleo y salario dignos para todos, el derecho a la educación y a la salud pública, por programas públicos de apoyo al campesinado pobre y las producción agrícola, etcétera.

Del mismo modo también es importante organizar brigadas que intervengan en los parques industriales llamando a los obreros a organizar comités de huelga. Para el éxito de una huelga general es indispensable la participación de la clase obrera industrial, razón por la cual se tiene que hacer una especial inversión de brigadeo y organización de asambleas para integrar a este importantísimo sector de la clase trabajadora a la lucha.

Respecto a la poca participación de los sindicatos de la UNT en la lucha del SME y ante la indiferencia de los dirigentes de dicha central de trabajadores, es importante también lanzar una intensa labor de brigadeo y agitación hacia la base de esos sindicatos de tal manera que la presión desde abajo obligue a la dirección a reaccionar. Los dirigentes del SME tienen que hacer reiterados llamados públicos al conjunto de la clase trabajadora y en especial a la organizada en la UNT a unirse a la lucha.

Ese plan de acción debe ser adoptado por López Obrador, el PRD y el PT, para integrarse con energía y sin titubeos a la lucha en defensa del SME.

No se puede decir que no haya un ambiente propicio para luchar, el acto masivo que el domingo 25 de julio abarrotó el Zócalo capitalino y calles aledañas con aproximadamente 500 mil personas a convocatoria de López Obrador, demostró qué tan dispuestas están las masas para luchar y transformar su realidad. En esta clase de demostraciones es en las que debemos confiar para actuar y no en la “palabra empeñada” del gobierno. Lo que hace falta para derrotar a Calderón es mayor organización y un programa que unifique a la clase trabajadora y el resto de sectores oprimidos del país, rompiendo el asilamiento para golpear todos juntos el mismo día y a la misma hora.

El ataque contra el SME, y ahora esta nueva burla que pretende el gobierno por medio de la “palabra empeñada” y la mesa de “alto nivel”, no son mas que ratificación de que el Estado representa los intereses de la burguesía. Hoy es el SME junto a los mineros de Cananea y mañana será otro sector de la clase trabajadora o el conjunto de ésta si es que pretenden ir a fondo en la contrarreforma laboral. Por consecuencia inevitablemente la lucha por la defensa de nuestros intereses y para evitar que nos sigan aplastando, pasa por derrocar al gobierno burgués, en estos momentos representado por Calderón, y expropiar a los capitalistas. Luchar por el socialismo es la única garantí para erradicar la pesadilla de la propiedad privada capitalista.

Fecha: 27 de julio del 2010

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Militante, Voz marxista de los trabajadores y la juventud
http://militante.org/

Aún pueden llamar a la huelga los mineros y el SME: Esparza

Pide Muñoz el reparto de recursos y liquidar los bienes sindicales

Aún pueden llamar a la huelga los mineros y el SME: Esparza

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 15

Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aseguró que aunque hoy se viven otras condiciones políticas para buscar una solución al conflicto con el gobierno, a raíz del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, prevalece la advertencia de que el SME, junto con los mineros, convoquen a una huelga nacional para el primero de septiembre si no hay avance en las negociaciones de ambos gremios.

Informó que este domingo se comunicó con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, para acordar hora y lugar en que se reunirá la mesa de negociaciones que dio inicio el 22 de julio.

Luego que su adversario Alejandro Muñoz señaló en un comunicado que el grupo de Esparza pretende quedarse con los recursos del sindicato, respondió: habrá que ver quién lo manda ahora a generar incertidumbre.

Según Muñoz, el patrimonio del SME debe ser defendido por todos los grupos disidentes a Martín Esparza y no permitir que quede en manos de unos cuantos dirigentes corruptos. Consideró que los bienes sindicales deben ser liquidados y los recursos ser repartidos en forma equitativa entre los afiliados al sindicato.

Llamó a todos los grupos y corrientes opositoras a la actual dirigencia a unirse en la lucha para evitar la pérdida de este patrimonio, en la búsqueda de más y mejores oportunidades para todos los ex trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Inclusive se pronunció por la creación de un nuevo sindicato.

Muñoz sostiene que el patrimonio del sindicato, integrado por bienes inmuebles, recursos en cuentas bancarias, fondos en poder del gobierno y otros valores, dividido entre cada socio del SME sería superior a 300 mil pesos por agremiado, lo que les permitiría encontrar una alternativa de negocio o la conformación de cooperativas para prestar servicio a la CFE.

Esparza recordó que asesorado por Muñoz, un grupo de electricistas firmó renuncias voluntarias, de manera que ya no son militantes del sindicato en activo, sino en receso, por lo tanto no tienen ni voz ni voto. Asimismo pidió a Muñoz entregar el informe financiero que desde diciembre de 2008 se niega a dar y recordó que pesan contra Muñoz demandas, incluso de índole penal

Me acosan; ya no puedo hablar más: AMLO

El político visitó Zacatecas y abarrotó un auditorio universitario en pleno periodo vacacional

Me acosan; ya no puedo hablar más: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que será respetuoso de las disposiciones legalesFoto La Jornada

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 9

Zacatecas, Zac., 1º. de agosto. Ante la compleja problemática social, política y económica que aqueja a México, el cambio vendrá desde abajo, pues sólo el pueblo organizado cambiará la nación, reiteró este domingo Andrés Manuel López Obrador.

En su visita a la entidad, el político tabasqueño se reunió con miembros de los comités municipales de apoyo al movimiento lopezobradorista en el auditorio de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sobre el bulevar Adolfo López Mateos de esta capital.

Los coordinadores del acto dijeron temer que la gente no asistiera, por efectuarse en pleno periodo vacacional y debido a que gran parte de los seguidores del lopezobradorismo son precisamente estudiantes universitarios. Pero el auditorio estuvo abarrotado y los estacionamientos contiguos fueron insuficientes para los asistentes al evento.

Ante ellos, Andrés Manuel López Obrador dijo estar seguro de que en 2012 será posible cambiar el rumbo del país desde la Presidencia de la República, con el apoyo del pueblo, de los pobres y de la clase trabajadora de México. Sostuvo que con los de abajo se logrará el objetivo, pues los de arriba, la clase política, está podrida y nunca verán por los intereses ciudadanos.

Entre periodistas que buscaban una posición respecto a su candidatura, López Obrador advirtió que por ahora, su aspiración a la Presidencia de la República en 2012 es sólo eso, una posibilidad para el futuro, pero respaldada por un movimiento de izquierda.

Para respetar los tiempos y plazos que la ley señala conforme al tema de las precampañas, López Obrador aseguró que él será totalmente respetuoso de las disposiciones legales, como siempre lo ha hecho.

Empero, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal aclaró que deberá cuidarse desde ahora, dado que hace apenas unos días que hizo público su interés por volver a contender por la Presidencia, y hablé yo de eso y se pusieron muy nerviosos nuestros adversarios.

Por eso ya no puedo hablar más, porque dicen que llevo a cabo actos de campaña anticipados y no quiero dar motivo para que los de la mafia en el poder, que no me quieren, que no me ven con buenos ojos, aprovechen esto para eliminarme y que yo no aparezca en la boleta como querían hacerlo en 2006, con el desafuero.

La cautela no sobrará, insistió López Obrador, pues ahora han empezado a hablar de que realizaba actos anticipados de campaña, y por eso tengo que decir que es el movimiento, nuestro movimiento, no los partidos, el que decidió participar en las elecciones de 2012, porque creemos que se van a dar las condiciones para lograr el cambio en el país.

El político tabasqueño sostuvo que a nivel nacional, el movimiento que encabeza ya cuenta con casi 2 mil 500 comités municipales –prácticamente en todos los municipios de México–, cuyos integrantes tienen a su cargo la conformación de los comités territoriales, de los que hasta ahora existen ocho mil

El Estado dejó la puerta abierta al tráfico de niños

Adopción, un tema ignorado

El Estado dejó la puerta abierta al tráfico de niños

Con el argumento de la descentralización, se ha permitido a DIF estatales actuar a su libre albedrío

Por falta de regulación, algunas asociaciones civiles ofrecen recién nacidos al mejor postor

En el país no existe un registro de organizaciones privadas que funcionan como albergues

Foto: Marco Peláez

La estructura gubernamental no cuenta con un organismo responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infanciaFoto Francisco Olvera

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Lunes 2 de agosto de 2010, p. 2

En una zona gris conocida por todos pero de la que nadie se hace responsable es donde está situado el tema de las adopciones y la protección de los niños en situación de abandono. El descuido oficial es de tal magnitud que ni siquiera existe un registro de organizaciones privadas que funcionan como albergues y promueven la inserción de infantes en familias sustitutas. Tampoco se conoce la cantidad de menores que carecen de hogar ni el destino de aquellos que fueron adoptados.

Todo porque el Estado mexicano ha omitido cumplir con su responsabilidad y los compromisos adquiridos a escala internacional en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que suscribió hace casi 20 años. En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su preocupación, entre otros asuntos, por la carencia de un mecanismo central para inscribir el prohijamiento y de que se favorezcan las adopciones por familias ricas, sin tener debidamente en cuenta el interés superior del niño ni su origen cultural.

Se refiere, de acuerdo con expertos en el tema, a los procedimientos que realizan organizaciones privadas, las cuales proliferaron entre 1989 y 1993 con diversos objetivos, como apoyar a los niños de la calle y a los afectados por alguna discapacidad. En ese auge también se crearon agrupaciones para, supuestamente, ayudar y orientar a las mujeres con embarazos no deseados, sobre la conveniencia de tener a sus hijos y, en todo caso, darlos en adopción.

Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), aseguró que a causa de la falta de control y registros mínimos, la puerta está abierta para la comisión de ilícitos graves, como el lucro y el tráfico de infantes con fines de explotación sexual, en el peor escenario.

Las historias son varias; la más reciente, la de Casitas del Sur, lugar donde supuestamente se daba albergue a niños en situación de abandono. De ahí desaparecieron 11 menores, cuyo paradero aún se desconoce. Y todo se ha reducido a un conflicto judicial en el que hay culpables pero no responsables. Lo mismo sucedió con la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, señaló Fuentes.

Otros son los casos de las personas que al amparo de una asociación civil ofrecen y comercian a los niños, recién nacidos principalmente, a los que dan en adopción al mejor postor, a veces en el mismo hospital donde se da el alumbramiento.

Son múltiples las historias que en el transcurso de los años se han registrado y ahí han quedado, porque el marco legal no alcanza para garantizar la protección efectiva de la infancia en México, afirmó Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Lo anterior, no obstante la existencia de las leyes para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la de Asistencia Social, en las cuales se plantea la obligación del Estado en este rubro.

La realidad es que la estructura gubernamental no cuenta con un organismo responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia. Ni el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cumple con esta tarea, a pesar de que durante años estuvo en el imaginario social como la instancia protectora de ese sector de la población.

De hecho, carece de las facultades jurídicas y administrativas para desempeñar una función de rectoría a escala nacional, reconoció Mónica Ríos, directora general jurídica y de enlace institucional del DIF nacional. Los asuntos relacionados con la familia, incluida la adopción, son atribución de leyes y organismos estatales. No existe una relación de subordinación con respecto a la instancia federal.

A pesar de ello, indicó que en los pasados dos años el DIF nacional ha realizado algunas acciones encaminadas a convencer a las entidades federativas de la necesidad de armonizar las normas en el ámbito de las adopciones. Todo en la medida que la ley y las facultades lo permiten, puntualizó.

Resultado de foros regionales con jueces y magistrados de lo familiar y legisladores del país, los participantes acordaron como criterio principal que la adopción es una herramienta jurídica para restituir al niño su derecho a vivir en familia.

Sobre esa base tomaron una serie de acuerdos para eliminar situaciones que vulneran las garantías fundamentales de los infantes y limitan sus posibilidades para incorporarse a una familia, la suya o una sustituta.

En las conclusiones de los foros, jueces y legisladores acordaron, entre otras cuestiones, prohibir las adopciones directas, que se realizan como un arreglo sólo entre particulares; en todos los casos el certificado de idoneidad del o los interesados en adoptar a un niño será otorgado por una institución pública (el DIF), aunque el trámite haya sido promovido por una organización privada.

Además, los jueces verificarán que en el proceso no exista lucro, donativo o prestación económica de ninguna de las partes, y se favorecerá la figura de la adopción plena, con la cual el adoptado adquiere todos los derechos como hijo y miembro de una familia.

Para ser efectivos, estos y otros acuerdos deberán plasmarse en las leyes estatales, lo que queda a criterio de cada gobierno local, comentó Mónica Ríos. En algunos de ellos ha habido avances concretos, como en Durango, que en diciembre de 2009 promulgó la Ley de Adopciones estatal; el estado de México, que reformó su legislación para que todas las adopciones se realicen por conducto del DIF local; en Aguascalientes ya existe un proyecto de decreto para agilizar el trámite de pérdida de patria potestad, el cual en no pocas ocasiones es el principal obstáculo para que los infantes sean susceptibles de ser dados en adopción.

Para Mario Luis Fuentes, ex director del DIF nacional, el panorama es dramático, porque el Estado ha renunciado a su responsabilidad como rector de la política pública en materia de asistencia social y protección de la infancia, particularmente. Con el argumento de la descentralización, se ha dejado a los DIF estatales actuar a su libre albedrío.

A ello contribuyó el ex presidente Vicente Fox con la creación del Consejo de Infancia y Adolescencia, que asumió las responsabilidades que pertenecían al DIF nacional, recordó.

El organismo ya no existe, pero mientras, el DIF se pulverizó al grado de que en Chiapas el organismo fue sustituido en el año 2000 por el Instituto de Desarrollo Humano. Aunque en 2007 el gobernador Juan Sabines emitió un decreto por el que reconstruyó el DIF en la entidad.

Desde otra perspectiva, Martín Pérez García señaló el error cometido desde la creación del DIF. Su misión ha sido velar por el desarrollo integral de la familia, y por medio de ésta se ve a los niños, aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño los ubica como sujetos de derecho.

De ahí que los menores abandonados o callejeros no entran en el esquema del DIF y más bien quedan en un nivel secundario. Por eso, dijo, no hay el interés por contar con información sobre la cantidad de infantes que carecen de un hogar, aunque tampoco se dispone de otros datos como el monto del presupuesto destinado a la infancia.

En México viven 37 millones de personas menores de 18 años y, si acaso, es posible ubicar una cantidad mínima de dinero asignado en el presupuesto federal a este sector, como la compra de vacunas, otras acciones de salud, el dinero para el DIF y algunos aspectos en educación, las que en conjunto representan apenas 3 por ciento del gasto total del país, apuntó.

Un nuevo hogar

Los trámites de adopción que se realizan por conducto del DIF son gratuitos y por las reformas efectuadas en los años recientes, los solicitantes obtienen el dictamen de idoneidad en 100 días, contados a partir de que entregan su expediente completo, el cual se integra con base en los criterios establecidos en cada entidad. El requisito principal es que la o las personas tengan como objetivo ser padres.

Mónica Ríos comentó que después de los trámites los solicitantes pasan por una prueba mayor, que es la lista de espera por el limitado número de pequeños que son susceptibles de ser dados en adopción. Y es que generalmente requieren niños menores de cinco años de edad.

El día de la entrevista con este diario, el organismo tenía una lista de espera con 50 solicitantes ya aprobados para adoptar, los cuales llevaban tres años, en promedio, aguardando para poder cumplir su anhelo.

El DIF nacional cuenta con cuatro albergues, dos casas cuna y dos casas hogar, donde se encontraban 338 niños y niñas, de los cuales sólo 36 reunían las condiciones legales para acceder a una familia sustituta, pero con el problema de ser mayores de cinco años de edad.

A partir de este rango es más difícil que alguna persona se interese en adoptarlos, explicó la funcionaria, y menos aún si forman parte de un grupo de hermanos, pues éstos nunca son separados. Al momento de preparar esta información, en los albergues del DIF nacional ubicados en la ciudad de México había cuatro grupos de tres hermanos, y dos más con un par de ellos.

Independientemente del monto de sus ingresos, los solicitantes deben acreditar que se organizan y, aunque su salario sea bajo, que podrán ofrecer al niño la estabilidad y el amor que necesita. Así como la pobreza no es motivo para separar a un niño de una familia, tampoco lo es para negarle un hijo, aseguró la funcionaria