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Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad
"Estamos hasta la madre"
del 5 al 8 de mayo de 2011


Chilpancingo, Gro.,4 de mayo. Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi), defensor de los derechos de las minorías sexuales y activista del movimiento gay en el estado, fue asesinado a golpes la madrugada de hoy en el centro de esta capital.
Se conocieron dos versiones del crimen, perpetrado a unos metros del zócalo de Chilpancingo. Por un lado, el director de la policía ministerial del estado, Fernando Monreal Leyva, dijo: Hay confusión. Algunos dicen que lo mataron a pedradas, y otros que fue a golpes
.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil informó que a un costado del restaurante Citrus se encontraba una persona lesionada a golpes, de unos 33 años, complexión delgada, tez blanca, 1.60 metros de estatura. Vestía pantalón negro, cinturón negro, camisa tipo guayabera blanca y zapatos negros
.
A simple vista, agregó, se le apreciaron huellas de golpes en diferentes partes del cuerpo y dos heridas en el rostro, provocadas al parecer por una piedra; aún se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad del o los homicidas.
Familiares de Quetzalcóatl Leija Herrera identificaron su cuerpo en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realiza la necropsia para determinar las causas del deceso.
Emiliano García Arzeta, secretario de comunicación social del Ceprodehi, manifestó que su compañero habría sido ultimado en la madrugada; fue encontrado alrededor de las 4 horas a unos pasos del antiguo palacio de gobierno
.
Señaló que Leija presentaba un golpe en el lado derecho de la cabeza, el cual le desfiguró parte del rostro, y no hay evidencias de que se haya tratado de un intento de asalto
.
Recordó que de las 10 marchas del orgullo gay convocadas en la entidad, las últimas seis fueron convocadas por Leija Herrera, quien ya realizaba los preparativos para dicha movilización, en junio entrante.
El activista, de 38 años, formó hace ocho el Ceprodehi, desde el cual emprendió una fuerte lucha por los derechos de la comunidad lésbica-gay en Guerrero. Fue promotor también de manifestaciones de presión al Poder Legislativo estatal para que aprobara la Ley de Sociedades de Convivencia, que avalaría las uniones legales entre personas del mismo sexo. Dicha propuesta, explicó García Arzeta, fue enviada a la congeladora.
Hace dos años, Leija Herrera inició una campaña para exigir a las autoridades investigar los 16 crímenes por homofobia cometidos en 2009, y exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) poner más atención a ese fenómeno.
Desde el año pasado, el Ceprodehi impulsa una campaña para prevenir enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/sida.
Los restos del defensor de los derechos humanos serán sepultados este jueves en Chilpancingo.
La comunidad lésbica-gay de Guerrero condenó el homicidio. Emiliano García Arzeta, integrante de ese movimiento, pidió a la PGJE el esclarecimiento del crimen, al que relacionó con recientes ataques homofóbicosLos biocombustibles, así como otro tipo de energías alternativas, aún no representan opciones para sustituir el uso del petróleo en la producción energética, aseguró Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entrevistado en el contexto del coloquio internacional Biocombustibles en México: un balance de su viabilidad frente al cambio climático –organizado por el CEIICH y los programas universitarios de Cambio Climático y Medio Ambiente–, el investigador indicó que aún no se ha contabilizado de manera seria
cuánto se necesita invertir, cuál es el gasto de recursos naturales y en qué nivel está la explotación de mano de obra para producir los biocombustibles, por lo que sería ingenuo
pensar que éstos no afectan el ambiente.
Existe un problema fuerte: para obtener cualquier tipo de energía necesitamos energía y otros insumos. En el caso de los biocombustibles, como el etanol, producirlo implica erosión de la tierra, gasto y contaminación del agua, explotación de la fuerza de trabajo y el uso de petróleo. Tratamos de producir etanol para ahorrar petróleo, pero usamos el hidrocarburo para obtenerlo.
Subrayó que si las naciones generadoras de biocombustibles usan mano de obra, y por consiguiente la explotación laboral, si se utilizara tecnología –como los tractores– se invertirían muchos más recursos y no sería tan redituable.
La medición de cuánta energía invertimos para obtener los biocombustibles no se ha contabilizado de manera seria. Hay algunos estudios pero no se contempla de manera seria por ejemplo en la política pública. Esto es una parte del problema.
Si bien el crear una canasta de energías alternativas
sería una opción para disminuir el uso de la que se produce por hidrocarburos, Delgado Ramos manifestó que no hay aún un paquete de energías que puedan sustituir al petróleo con los patrones de consumo que tenemos hoy día. Tenemos que pensar qué tanto estamos consumiendo los recursos. La sociedad debe pensar a fondo sus necesidades energéticas básicas y erradicar el consumo despilfarrado” para diversificar el uso de energías.
El Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal consideró inminente que este viernes sus más de seis mil agremiados lleven a cabo un paro de labores, luego de que las autoridades del órgano judicial respondieron que no hay recursos
para atender su demanda de incremento salarial de 7 por ciento.
En la reunión que sostuvieron ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, y el líder gremial, Diego Valdez Medina, ambos reafirmaron sus posturas: el primero, de que no hay suficiencia presupuestal y el segundo de que, si no hay aumento, el 6 de mayo los trabajadores sindicalizados no se presentarán a sus centros de trabajo.
Autoridades del TSJDF señalaron que a pesar de que se verificó si se podrían hacer ajustes en algunas áreas, hasta el momento no ha sido posible atender la demanda laboral, pues no se obtuvo el aumento solicitado al presupuesto, aunado a que se tienen que destinar recursos para la implementación de la reforma penal.
Las fuentes consultadas reconocieron que de concretarse el paro de labores no se tendría capacidad para cumplir con las tareas de los casi 6 mil 800 trabajadores sindicalizados, pues los empleados de confianza sólo suman tres mil 200.
Se verían afectados los juzgados de paz penal, civiles, mercantiles y penales, así como el Servicio Médico Forense.
Aunado a eso, señalaron las fuentes, el tribunal enfrenta dificultades para la aplicación de la reforma penal, pues en junio deberá quedar instaurada la figura del juez de ejecución de sanciones, así como tener listas las modificaciones para la implementación de los juicios orales y realizar un estudio sobre cómo se afrontará el tema del narcomenudeoDemandan destituir al director del hospital de Acapulco; fue nombrado por motivos políticos
Suspenden cirugías por el mal estado de los quirófanos; 200 pacientes afectados cada semana
Acapulco, Gro., 4 de mayo. Los hospitales de los servicios estatales de salud en este puerto son instalaciones viejas, con falta de personal, equipo, medicamentos, reactivos de laboratorio y bajos salarios, denunciaron trabajadores de esos nosocomios.
En la Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud (CAAPS), desde mediados de febrero personal médico se niega a realizar cirugías por el deficiente estado de los quirófanos, mientras en el Donato G. Alarcón, en Ciudad Renacimiento, han comenzado a escasear medicamentos del cuadro básico y un elevador no sirve.
Empleados del hospital general, considerado el más importante de la Secretaría de Salud en el puerto, ocuparon ayer la dirección del nosocomio para exigir la destitución de su director, José Ignacio Ensaldo de la Cruz, pues consideran que no reúne el perfil para el cargo y su nombramiento responde a motivos políticos de la nueva administración.
Necesitamos alguien que venga a resolver problemas. Aquí nos falta de todo: cuando no se descompone una caldera no hay agua; las enfermeras andan pidiendo jeringas al hospital del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado); no hay guantes, gasas, ropa, anestésicos ni antisépticos. El hospital se está cayendo
, expresó José Martín Aguirre Caro, líder del movimiento.
Debido a la falta de insumos, agregó, dejaron de practicarse cirugías programadas desde hace mes y medio, lo que afecta a 200 personas a la semana.
Los inconformes aseguraron tener firmas de 450 de los 700 trabajadores del nosocomio, quienes piden destituir al director.
José Ramón Martínez Sánchez, jefe de técnicos de servicios de radiología e imagen del hospital, relató que desde octubre de 2008 al aparato de rayos X le falta una pieza, por lo que cada día 80 pacientes son remitidos a un laboratorio privado, que cobra 500 pesos por la placa más sencilla.
Técnicos de rayos X deben atender a sus pacientes con un equipo portátil que no cumple la norma oficial mexicana 229-SSAA-2002 de protección radiológica, pues desde hace 15 días no cuentan con un dosímetro (placa que mide la radiación que reciben los usuarios del equipo).
Asimismo, el nuevo equipo para realizar mastografías carece de revelador y licencia, por lo que hoy se suspendieron los 20 servicios que se otorgaban al día.
De todo el estado nos mandan pacientes, también de Michoacán y Oaxaca, de la CAAPS y del hospital Donato G. Alarcón de Renacimiento (ambos estatales), pero no los podemos atender, no tenemos cómo hacerlo
, lamentó una enfermera, quien explicaba a un paciente de Tierra Colorada que por segunda ocasión en un mes no podía ser intervenido de bocio multinodular.
Hay impunidad, falta justicia.
desprecioa mujeres
Guanajuato, Gto., 4 de mayo. Al negarse a tipificar el feminicidio como delito, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y los diputados panistas ejercen violencia institucional
y muestran su desprecio
hacia las mujeres, sostuvo la coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, en el pánel Tipificación del feminicidio en Guanajuato.
En la comisión especial integrada por representantes de los tres poderes del estado para analizar una reforma al Código Penal, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron incluir el delito de feminicidio con el argumento de que el asesinato de mujeres es un homicidio simple.
De acuerdo con el diputado Gerardo Gutiérrez Chico, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sólo aceptaron incluir una agravante cuando el homicidio sea por cuestiones de género y castigarlo con penas de 25 a 35 años de prisión.
Al finalizar su ponencia, en la Universidad Iberoamericana (el gobernador y diputados no se presentaron, pese a haber sido invitados), Estrada Mendoza advirtió que podría ser necesaria la presión de organismos internacionales para que los poderes Legislativo y Ejecutivo tomen en cuenta a las mujeres, como ocurrió con las siete que estuvieron presas por abortar. ¿Cuántos asesinatos deben ocurrir en Guanajuato? ¿Que lleguen a 500, como en Chihuahua, para que así la autoridad reconozca el problema?
, cuestionó.
En Nuevo León la violencia familiar y contra las mujeres se ha recrudecido, debido en parte al auge del crimen organizado, afirmó Liz Sánchez Reyna, directora de Alternativas Pacíficas AC.
Mencionó que de 2009 a 2010 se incrementó en casi 50 por ciento la demanda de servicios que presta la agrupación, que este mes celebra 15 años de apoyar a mujeres y niños agredidos, principalmente en el seno familiar.
Con información de David Carrizales, corresponsesclavitud modernaen pocitos
El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, advirtió que mientras el gobierno federal no prohíba la operación de los denominados pozos de carbón y obligue a los empresarios mineros a cumplir las normas de seguridad en los socavones, seguirán las muertes de trabajadores, provocadas por siniestros como la explosión del martes en el pozo tres de la empresa Beneficios Internacionales del Norte (Binsa), propiedad de Alfonso González Vélez.
El prelado hizo un llamado a las autoridades, en especial a los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Economía, para que dejen de ignorar los hechos y pongan alto a la situación de esclavitud moderna
que padecen los mineros.
Exigió a la Secretaría de Economía que ya no otorgue concesiones para operar en esas condiciones, porque los pozos son ilegales, sepulcros tolerados
.
En entrevista con La Jornada, Vera López, quien ayer estuvo algunas horas en el Distrito Federal, aseveró que es una falacia sostener que se tolera la actividad de los pozos porque son fuentes de empleo, cuando en realidad son fuentes de explotación y muerte
.
Criticó las declaraciones que el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, hizo en varias radiodifusoras acerca de la imposibilidad de que la dependencia tenga plena vigilancia en la zona, pues no cuenta con suficientes inspectores y por la dificultad para identificar esas explotaciones mineras.
Es una excusa más
, consideró el obispo, quien dejó entrever que cuando se tiene verdadero interés en encontrar algo se localiza. Cómo es posible que no se pueda saber dónde están los pozos, éstos se ven; tal vez Lozano en su vida había estado en la zona minera.
Sostuvo que si las autoridades tuvieran voluntad para actuar contra los empresarios poceros
, con pocos inspectores se cierra todo
, e indicó que muchas cosas no se quieren ver porque están cubiertas por la corrupción
, que en Pasta de Conchos quitó la vida a 65 mineros y ha dejado enterrados ahí a 63, así como la que permite que operen los pocitos y que en ellos laboren menores de edad.
Señaló que en las condiciones en que se encuentra el país ya no se puede seguir tolerando a funcionarios ineptos e inútiles
, por lo cual hace un llamado –después de la nueva tragedia
en Sabinas– para que todas esas autoridades que no garantizan la seguridad de nadie, que no garantizan fuentes de empleo digno, que no garantizan nada, por inútiles se vayan para que permitan que lleguen personas aptas, responsables y preparadas
.
Instó a que la explotación de los yacimientos se realice en forma legal y que las minas sean construidas con las medidas de seguridad
requeridas para garantizar la vida de nuestros hermanos del carbón
.
Explicó que esa medidas tiene como propósito que los mineros no tengan que trabajar en un vil boquete, con tiros de un metro 20 centímetros de altura, en los que laboran 12 horas o más al día, agachados y afectando su columna vertebral, además de que deben soportar ser tratados como animales
.
Afirmó que además están expuestos a morir antes de tiempo por la carencia del equipo mínimo para realizar sus labores.
Vera López desconfió que prospere un denuncia penal en el caso Sabinas, porque en el de Pasta de Conchos la Procuraduría General de la República jamás emprendió acciones contra los empresarios ni acató las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.¿Cuándo hemos visto a un empresario minero o pocero detenido?, preguntó
jefe de una casa de seguridad, y le advirtió que lo mataría por denunciar las actividades de las bandas del crimen organizado ante la Policía Federal
El Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (Musocgp), integrado por más de un centenar de organizaciones campesinas, obreras, sindicales y de juristas de tendencia progresista, que apoyan la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, anuncio este miércoles, que se sumará a la convocatoria que diversas organizaciones civiles, a propuesta del escritor Javier Sicilia, llevarán a cabo el próximo fin de semana para exigir justicia y protestar por la violencia, la impunidad y la corrupción que vive la nación.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, quien funge como vocero del movimiento, refirió en conferencia de prensa que diversos contingentes del Musocgp se sumarán el 5 de mayo a la marcha-caravana de Cuernavaca a la Ciudad de México, así como el 8 de mayo en el acto en el Zócalo capitalino.
Aunque consideramos que ya resultan insuficientes las protestas para frenar el crimen, la degradación ciudadana y el terrorismo policiaco militar contra la sociedad, entendemos también que dichas acciones se hacen necesarias por el contexto de la extremada violencia e impunidad que existe en el país, que justifican que nos movilicemos para exigir de las autoridades justicia, seguridad y cumplimiento del estado de derecho, así como castigo a los responsables de los crímenes contra la población, asegurando que el freno a la violencia y la criminalidad, sólo podrá darse con el cambio de este gobierno a uno de carácter democrático popular, con estrategias diferentes contra el crimen y que goce de un amplio y sólido apoyo social, dijo Miranda Esquivel al dar lectura a un extenso comunicado
En México hay carencia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, pues se cuenta sólo con 269 reconocidos y formados
, lo cual es insuficiente si se toma en cuenta que existen 364 variantes, 11 familias y 68 agrupaciones linguísticas, y que 15.5 por ciento de la población se reconoce indígena, de la cual 7 millones dicen ser hablantes de lenguas originarias
, señaló Javier López Sánchez, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
En conferencia de prensa en la que se presentó el documental Justicia sin palabras, indígenas ante el poder judicial en Oaxaca, realizado por los centros de Análisis e Investigación, Fundar y el Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), indicó que de los citados traductores, sólo 14 están certificados para participar en juicios como intérpretes, pese a que hay mucha demanda de ellos, pues su trabajo es una condición esencial para que el proceso sea justo
.
De acuerdo con el documental, en 2010 había 8 mil 345 presos indígenas en el país, y Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Cepiadet, indicó que sólo en Oaxaca son poco más de 2 mil, muchos de los cuales no tuvieron intérprete durante su proceso judicial, lo cual –resaltó– no es sinónimo de que sean inocentes, pero sí de que no tuvieron acceso a un juicio justo
.
Indicó que en el país no hay datos respecto a qué porcentaje de los reclusos nativos no tuvieron traductores en sus procesos legales, pero citó como referente una encuesta realizada por la Organización de Naciones Unidas en 2007, que arrojó que 82 por ciento de 586 consultados dijo no haber contado con intérprete
.
Apuntó que derivado de la elaboración de dicho material audiovisual comenzó a operar el Observatorio Social de los Derechos Linguísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca en la Procuración y Administración de Justicia; añadió que es necesario dar mayor difusión –tanto entre los indígenas como entre los funcionarios– a la Ley General de los Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada en 2003.
No se ha difundido y muchas cosas no han podido materializarse; por eso es una legislación inefectiva, porque no se aplica y no se conoce ni entre los pueblos indígenas ni entre funcionarios.
.
El titular del Inali reconoció esta situación y dijo que para subsanarla se están desplegando diversas estrategias, entre las que se incluye el aumento de la certificación de intérpretes.
Dijo que se ha propuesto un proceso de planeación lingüística nacional, por medio del cual se realizará un diagnóstico para saber cuántos intérpretes se necesitan en cada estado. Subrayó que dicha estrategia es apoyada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, cuya dependencia es cabeza de sector del Inali.
Destacó que también para avanzar en la difusión y aplicación plena de la ley estamos teniendo reuniones con gobernadores, secretarios de educación estatales, con la comisión para los pueblos indígenas y con diversas comunidades nativas
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aún es poco, y trabaja en el tema en Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Michoacán

Guillermo Montalvo Fuentes-enviado Foto: Guillermo Montalvo Fuentes Pachuca, Hgo., mayo 02 de 2011. Con el lema “Por una niñez y adolescencia libre de todo tipo de violencia” se inauguró la X Semana Cultural de la Diversidad Sexual, en las salas Salvador Toscano y Nacho López, del Ex Convento de San Francisco, ubicado en el centro de esta ciudad. Yesenia Peña Sánchez, coordinadora del evento, calificó la semana cultural como un acto sólido que abre un espacio de información y herramientas para lograr un cambio de hábitos culturales rumbo a la dignificación humana y la inclusión de todos y todas en la dinámica social. La también integrante de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), señaló que es en los hábitos, usos y costumbres donde se encuentra inmerso el “germen” de la homofobia, el machismo y la misoginia, “de ahí la importancia de llevar las actividades del congreso a diferentes estados de la República”. Analizar el problema de la discriminación contra niños, niñas y jóvenes, generar redes de investigadores y proporcionar elementos para poder legislar en materia de explotación, trata y esclavitud humana, además de ampliar los panoramas de diversidad sexual y tipificar los feminicidios en el estado de Hidalgo, son algunas de las expectativas que de acuerdo con Peña, se espera cumplir al finalizar la X Semana Cultural, la cual concluirá el próximo viernes. En la ceremonia de inauguración también estuvieron Rubén Lechuga, Director de Seguimiento de Proyectos del INAH; David Ponce, Director General Adjunto de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como Miguel Ángel Chávez, delegado del INAH en Hidalgo. |
El proceso de compra de medicamentos para el control del VIH/sida se retrasó nuevamente en este año y las entidades ya reportan problemas de desabasto, al grado de que algunos de los programas estatales tuvieron que distribuir entre sus pacientes el contenido de las cajas que aún les quedaban. Algunos funcionarios consultados atribuyeron el problema a una falta de planeación del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida).
En entrevista, José Antonio Izazola, director del Censida, explicó que la compra de medicinas se retrasó porque carecía del documento de suficiencia patrimonial (presupuestal) que debía entregarle Banobras para hacer uso del dinero, mismo que llegó apenas el 27 de abril.
Comentó que el procedimiento para la obtención de los recursos económicos es largo e inicia con la presentación de informes de resultados, necesidades y proyecciones, al comité técnico del fideicomiso del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, organismo que autorizó la liberación del dinero en marzo, a lo que seguía tener el oficio de suficiencia patrimonial.
Aunque el ciclo anual para la entrega de antirretrovirales empieza el primero de abril, el funcionario rechazó que hubiera carencias en los programas estatales de sida, porque en febrero pasado recibieron la última entrega de fármacos correspondiente al periodo 2010-2011.
El año pasado también hubo retraso en la compra de medicamentos, atribuida al ajuste que se hizo para terminar con los excedentes de terapias en algunas entidades. El problema se prolongó varios meses. De ahí que los integrantes de los programas de sida del país atribuyan la repetición del problema a la falta de planeación.
Ayer, Izazola explicó que el trámite dio inicio desde noviembre con las peticiones de necesidades a los servicios estatales de salud y luego siguió la elaboración de los informes para el Seguro Popular. En marzo este organismo autorizó el uso de mil 821 millones de pesos para la compra de antirretrovirales y 231 millones para la realización de las pruebas de laboratorio (carga viral y conteo de linfocitos CD4). El último paso antes de poder iniciar la compra con laboratorios y distribuidores es tener el documento que emite Banobras, comentó.
Ante el alargamiento del proceso, el Censida optó por lacompra directa por emergencia para evitar desabasto, con la cual se cubrirán las necesidades de los próximos dos o tres meses. El del Distrito Federal fue de los primeros programas que recibió el viernes la dotación de terapias para resolver las carencias denunciadas por usuarios de la Clínica Condesa
El valor económico del trabajo doméstico no remunerado, contabilizado en millones de pesos, equivale a 21.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Cuatro quintas partes de esa riqueza la producen las mujeres y el resto los varones, asegura un estudio publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Además, al considerar actividades domésticas específicas, la investigación, titulada Valor económico del trabajo doméstico en México, aportaciones de mujeres y hombres, corrobora que los roles de género se mantienen.
Lo anterior lo demuestra, por ejemplo, que en el rubro de reparaciones la proporción que absorben los hombres es de 83 por ciento, mientras la preparación de alimentos, limpieza de vivienda, lavado y planchado de ropa representan 87, 81 y 85 por ciento, respectivamente, de las horas dedicadas por mujeres a esas actividades.
Las más equitativas son: transportación de integrantes del hogar y gerencia
del hogar.
El estudio, a cargo de Mercedes Pedrero Nieto, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que el tiempo dedicado al cuidado de los niños supera por 155 millones de horas el invertido por las mujeres al de los hombres.
Esto es coherente con el hecho de que del total de tiempo dedicado a los menores 80 por ciento es femenino
, subraya el texto.
Contar el tiempo dedicado al trabajo doméstico en detalle permitió traducirlo en valor económico, lo cual posibilitó hacerlo visible y valorar su impacto en la economía, apunta la investigación, basada en las encuestas nacionales de Ocupación y Empleo 2009-3 y de Uso del Tiempo del mismo año.
Lo económico, hoy día, juega un papel preponderante. Por tanto, la invisibilidad económica del trabajo doméstico no remunerado es una de las causas de la inequidad de género en la sociedad actual
, concluye el documento.
El estudio propone algunas medidas para aminorar la carga de trabajo, que recae mayormente en las mujeres. Por ejemplo, ampliar la cobertura de los servicios de guardería para menores de seis años y custodia segura para niños de seis y jóvenes de 14 años en las escuelas.
Además, sugiere flexibilizar horarios laborales con base en la conveniencia de las mujeres, no de las empresas; establecer casas de día para personas mayores dependientes, organizar redes de apoyo para cuidadores y reconocimiento formal a cuidadores no remunerados, el cual debe reflejarse materialmente en estímulos económicosGuanajuato, Gto., 3 de mayo. La comisión especial integrada por representantes de los tres poderes del estado para analizar una reforma al Código Penal de Guanajuato desechó la propuesta de tipificar el feminicidio en la entidad, porque al gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y a los diputados de su partido, Acción Nacional, les asusta
el tema, consideró el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, el legislador priísta Luis Gerardo Gutiérrez Chico.
Lo único que aceptaron la fracción parlamentaria del blanquiazul, los representantes de la Procuraduría General de Justicia e integrantes del Poder Judicial del estado fue considerar como agravante que el homicidio sea por cuestiones de género, y castigarlo con penas de 25 a 35 años de prisión, añadió Gutiérrez Chico.
Agregó que el tema se presentó ante la Comisión de Justicia y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para tipificar los asesinatos de mujeres, pero quienes se opusieron a la propuesta dicen que es un homicidio y punto. Hay un grito desesperado de la sociedad por los abusos contra las mujeres. Basta ver los casos de Chihuahua y Guanajuato
, dijo.
Indicó que la propuesta de reforma al Código Penal será entregada a la Comisión de Justicia para que ésta la envíe al pleno.
El líder de los diputados panistas, Gerardo Trujillo Flores; el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y el procurador Carlos Zamarripa Aguirre se comprometieron a analizar la tipificación del feminicidio.
Luis Gerardo Gutiérrez sostuvo que aún es posible que la Comisión de Justicia incluya el tema en el dictamen final.
De 2008 a la fecha se han cometido en Guanajuato 138 feminicidios, según el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
En un intento porque el silencio exprese el hartazgo de la sociedad mexicana ante la falta de atención de las autoridades al clima de violencia que vive el país, pero también una señal de luto por los más de 40 mil muertos producto de esta violencia, el escritor Javier Sicilia convocó a la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que este jueves saldrá de la ciudad de Cuernavaca, para concluir en el Zócalo de la ciudad de México el próximo domingo 8.
Hemos insistido en que sea una marcha-caminata de silencio; el silencio es un arma moral y no violenta que habla, no es el silencio de los sepulcros, sino el grito de indignación de los vivos que luchan para que no haya más sepulcros inútiles
, dijo el escritor en la convocatoria dirigida a toda la ciudadanía, sectores y entidades sociales.
Además, el poeta confió en que este silencio ayude a la sociedad a escucharse y organizarse, a tomar conciencia de la emergencia nacional en que se encuentra el país.
Sicilia señaló que previo a la marcha se han recibido infinidad de muestras de generosidad, como la de la caravana de migrantes centroamericanos que hace unos días partieron de Ixtepec, Oaxaca. Nuestro corazón está ahí, en su dolor profundo, en la indignación del calvario perenne que hoy sufren a su paso por nuestro suelo.
De acuerdo con el itinerario de la marcha, los participantes se reunirán desde muy temprano en la glorieta de la Paloma de la Paz, en la ciudad de Cuernavaca, para partir a mediodía hacia Coajomulco, donde pernoctarán. Al día siguiente, el contingente partirá con rumbo a Topilejo, para ser recibidos el sábado en San Pedro Mártir y otras colonias del sur de la ciudad de México.
Por la tarde, la marcha llegará a Ciudad Universitaria, donde se realizará un mitin con organizaciones solidarias. Finalmente, el domingo, caminarán al Zócalo, donde culminará el acto. La ruta que se seguirá en la ciudad de México será: Insurgentes-avenida Universidad-Río Churubusco hasta División del Norte-Eje Central-avenida 5 de Mayo-Plaza de la ConstituciónLa nueva Ley de Migración viola diversos artículos de la Constitución relativos a la no discriminación, igualdad, libertad de tránsito y acceso a la justicia, además de que hace un vínculo inadecuado entre ese tema y el de seguridad nacional, advirtieron integrantes de asociaciones civiles de defensa de los derechos humanos, entre ellas el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), I(dh)eas, Sin Fronteras, Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y otros que constituyeron el grupo de trabajo sobre la legislación en la materia.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Fabianne Venlet, de Inedim, destacó que en la ley persiste una alta discrecionalidad para la actuación de la autoridad encargada de ponerla en práctica, toda vez que se permite al Instituto Nacional de Migración (INM) que, sin orden judicial, realice operativos y verificaciones domiciliarias, los cuales prácticamente son cateos
. Esto está aprobado –subrayó– pese a que la Constitución advierte que nadie puede ser molestado en su domicilio, en su persona o en sus bienes, sin mandamiento escrito de la autoridad competente.
No previene secuestros masivos
Aunado a ello –dijo–, permite las detenciones en estaciones migratorias por plazos que exceden los legalmente permitidos por la Carta Magna, pero no se menciona siquiera el derecho que deben tener las y los migrantes a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de una defensa. Tampoco contempla ningún estatus para la población transmigrante, de modo que no contribuye de manera importante a prevenir y proteger contra los secuestros masivos de que son víctimas.
Venlet dijo que, por si fuera poco, la ley carece de los mecanismos necesarios para materializar la protección de los derechos humanos de los indocumentados y contiene medidas que permiten a los grupos policiacos, como a los de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de otras corporaciones, llevar a cabo acciones de control y de verificación migratoria.
Mario Santiago, de I (dh)eas, y Perseo Quiroz, de Sin Fronteras, precisaron que los artículos constitucionales que la nueva ley viola son el uno, 11, 15, 17 y 27, e hicieron un llamado a los legisladores a que reflexionen sobre la necesidad de tener una ley que otorgue prioridad a los derechos humanos por encima de cualquier otro temaLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá pronunciarse hoy sobre la aplicación efectiva del artículo dos constitucional y reconocer a la comunidad ñañú de San Ildefonso, en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, como un pueblo indígena, pues hasta hoy simplemente no aparecemos en el mapa
, afirmó Marisela Rivas López, de la Organización Hñahñu para la Defensa de los Pueblos Indígenas.
En conferencia de prensa, destacó que a pesar de que 97.7 por ciento de los habitantes de la localidad están reconocidos como integrantes de hogares indígenas, ni las autoridades locales, estatales o federales han querido darnos el reconocimiento como pueblo indígena, pues afirman que no tienen competencia para ello, por lo que no tenemos acceso a ningún apoyo o programa social
.
Alejandro Rojas, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, señaló que el pleno de la segunda sala del máximo tribunal tiene una oportunidad histórica
de hacer efectiva la aplicación del artículo 2 constitucional a una entidad colectiva, y así garantizar el pleno ejercicio de la comunidad para ejercer su autonomía en la toma de decisiones, defensa de su lengua y cultura, pero también para acceder a los programas de apoyo social que promuevan los gobiernos federal, estatal o municipal.
Rivas López indicó que han sido “muchos años de discriminación, de humillaciones por ser indígenas. Ahora no nos quieren dar el reconocimiento, aunque en la comunidad hablamos la lengua ñañú. Estamos rescatando nuestras tradiciones, como el telar de cintura, la música y las costumbres, pero para las autoridades no somos indígenas.
Sólo queremos ser reconocidos
Nosotros sólo queremos ser reconocidos y nada más. La comunidad ha ido aprendiendo que debemos luchar por nuestros derechos, y el primero es que queremos ser reconocidos como lo que somos, un pueblo indígena
.
Sin embargo, Rojas reconoció que recientemente la SCJN determinó no atraer el caso sobre si la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo o el municipio de Tepeji del Río, podían o no reconocer a San Ildefonso como una comunidad indígena. Por ello, afirmó, demandamos a la SCJN para que lleve a cabo una interpretación directa del artículo 2 constitucional, luego de que las autoridades municipal, estatal y federal han manifestado que no tienen competencia
.
otorgar una presunción de condición indígena de las comunidades que reclaman su reconocimiento por parte del Estado, y que dicho acto tiene simplemente un carácter declarativopara garantizar el ejercicio pleno de sus derechos
Tuxtla Gutiérrez, Chis. El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, trata de distraer y confundir a la opinión pública respecto al caso de la reconstrucción por el huracán Stan en 41 municipios de Chiapas en las zonas Costa y Soconusco.
En un mal intento de justificación, el ex gobernador Salazar señala temas que no tienen que ver con los recursos respecto a los que se han detectado desvíos, sobre todo en materia de vivienda.
Habla de 11 mil millones de pesos para reconstrucción y evita hacerlo del total de mil 589 millones de pesos destinados específicamente al rubro de vivienda.
Pablo Salazar evita hablar de la inconformidad social de 10 mil 49 familias afectadas por fraccionamientos mal construidos: de 94 fraccionamientos edificados en la administración anterior en la reconstrucción, 88 están mal construidos.
El gobierno federal emitió bonos de vivienda de Fonapo, los cuales se han podido hacer efectivos a los beneficiarios. Sin embargo, hay 10 mil familias afectadas, porque cuentan con un bono
emitido por Pablo Salazar que carece de validez jurídica y normativa y que nunca contó con fuente de financiamiento.
El problema de desvío de recursos y falta de explicación de los más de mil millones de pesos para vivienda se deriva desde la mala acción en la adquisición de predios: muchos en zonas inundables, sólo por poner un ejemplo en dos fraccionamientos, los más grandes, hay más de 6 mil familias afectadas con problemas de inundación.
Veinticuatro fraccionamientos se construyeron sin red eléctrica, 38 sin agua potable, 43 sin drenaje, 73 sin alumbrado público, 11 fraccionamientos necesitaban drenaje pluvial y no cuentan con él y cinco requieren muros de contención.
La prioridad para Pablo Salazar fue sacar a la gente de los albergues; no le interesó mandarlos a vivir a casas mal construidas porque no contaban con lo mínimo indispensable para ser habitables.
Explica lo que es público: la asignación de los recursos, cuando lo que debería preguntarse es ¿dónde y cómo se gastaron los recursos en vivienda por un monto de mil 589 millones de pesos, de los cuáles hay observaciones derivadas de 13 auditorías en mil 79 millones 726 mil 616 pesos?
Esas 13 auditorías se realizaron en 2007 por la Secretaría de la Función Pública se identificó dicho quebranto de mil 79 millones de pesos, donde sólo una auditoría al INVI, la 331, arrojó una irregularidad de 974 millones, referida a la construcción de vivienda, de las cuales lograron solventar 433 millones, quedando un pendiente de 673 millones.
Se repite la pregunta: ¿dónde quedó el dinero de vivienda? ¿Cómo fueron ejercidos los mil 589 millones de pesos?
Pablo Salazar hace un falso debate sobre si existe o no la documentación comprobatoria del programa de vivienda. Habla de documentación desaparecida
y traspapelada
. Es totalmente falso: la documentación sobre vivienda ha sido manejada desde el inicio de esta administración precisamente por el área responsable de vivienda.
El ex gobernador Salazar sabe de las obras mal hechas e inconclusas y aun así se pregunta si existe este problema. Ya se ha hablado de los terrenos inundables, la falta de servicios básicos y las familias que siguen esperando una vivienda. Asimismo de 94 predios adquiridos para vivienda 64 eran ejidales (no podían ser escriturados) y se adquirieron de manera irregular como propiedad privada.
Salazar habla de irresponsabilidad en hacer efectivas las fianzas correspondientes en materia de vivienda, cuando la realidad es que en los 372 contratos que se hicieron no se especificaron montos de fianza.
Existe, por ejemplo, un caso en Escuintla, donde se encuentran pagadas al 100 por ciento la construcción de viviendas y la supervisión externa y no hay UNA sola casa construida.
Hablemos de las observaciones por auditoría a los mil 589 millones de pesos en materia de vivienda, y otras obras, que han derivado, luego de un proceso jurídico fundado y motivado, en varias detenciones.
Las más de 10 mil familias afectadas sólo en el tema de vivienda en el fallido intento de reubicación en fraccionamientos inhabitables, están formadas por chiapanecos, padres y madres de familia, niños y niñas que además de la tragedia de las inundaciones por el huracán Stan, sufrieron el engaño de una casa nueva que también se inunda o no tiene agua potable por lo menos. Las evidencias ahí están en los sitios donde se construyeron.
El gobierno de Chiapas, la actual administración, lejos de hacer un linchamiento político se dedicó a responder a la gente afectada; se ha ido resolviendo la problemática de la gente en acciones claramente registradas en estos más de cuatro años; se han atendido alrededor de 2 mil familias que tenían acciones pendientes de vivienda.
Para diciembre de 2006 el ex gobernador Pablo Salazar reportó 94 por ciento de avance global en la reconstrucción, sin embargo dejó mil 910 obras inconclusas, por lo que el avance físico real era entonces de 63.5 por ciento.
Muchas de estas obras sin concluir se encontraban finiquitadas en su pago.
De todo ello queda claro que el daño mayor del huracán Stan y su proceso fallido de reconstrucción es el perjuicio social a miles de familias que no han tenido ni recuperado una vivienda digna.