Soledad Jarquin Edgar  México DF, junio 30 de 2011. “Eliminar la injusticia y los conflictos desgastantes, gozar y disfrutar de la vida, vivir en libertad, son los más caros anhelos de autoestima de más y más mujeres cada día”, esta cita tomada de Marcela Lagarde, debe recordarnos la lucha férrea que muchas mujeres a lo largo de la historia y en el presente siguen enarbolando para que la violencia hacia ellas termine. No es digno vivir con violencia y es indigno que los gobiernos no sean corresponsables de no tolerar esa discriminación, a pesar de lo que se diga y plasmen en las leyes. Recientemente en Oaxaca las mujeres organizadas han tenido dos reuniones con el gobernador en turno. Esta entidad es “emblemática” porque en ella se pueden concretar todas las formas de violencia y todas tienen en la falta de justicia su razón de ser. En esa reunión con el gobernador Gabino Cué, las mujeres hicieron hincapié en la violencia institucional, que finalmente es el punto de partida. Entre los casos mencionados señalaron concretamente a dos Ministerios Públicos por su misoginia, el de Santiago Zacatepec, en la sierra Mixe, y otro más en Tlacolula de Matamoros, a 30 kilómetros de la capital oaxaqueña, donde existen casos de maltrato hacia las mujeres por parte de los dos elementos. El pasado jueves 23 de junio, Cué llamó a una cruzada contra la violencia. Él retomó la propuesta de las mujeres. Ellas le pidieron esa corresponsabilidad para no permitir tolerancia alguna frente a los casos de violencia por parte de las instituciones. Al final, como dice el dicho, volteó la tortilla, al pedirles a las organizaciones corresponsabilidad. En la primera reunión, la del pasado martes 14 de junio las mujeres organizadas pertenecientes a diversos colectivos y que vinieron desde diversos municipios, le exigieron la salida de los Ministerios Públicos. La respuesta del Procurador General de Justicia del estado fue que no era posible argumentando la falta de recursos. Esa dilación, basada en un pésimo supuesto por no decir lo correcto, ya tiene otra víctima. Se trata de una niña de 14 años, violada por el esposo de su hermana en Tlacolula de Matamoros. El violador José Luis Flores Martínez “confesó sus actos con lujo de detalle… explicó que lo había hecho para vengarse de su novia…”, en realidad se trata de su esposa y tienen un hijo, fue liberado por el Ministerio Público de Tlacolula, porque la pequeña de 14 años “retiró los cargos presionada por su hermana” (Imparcial 4G/Alejandro Villafañe/24 de junio 2011). El agente del Ministerio Público, este servidor público iluminado en machismo pero no en Derecho se llama Julio César Vásquez Juárez. ¿Qué o quién autorizó a este flamante servidor público a actuar de esa manera? ¿Acaso tiene sus propios códigos para actuar? Como explican la abogada Bárbara García Chávez y la feminista Ana María Hernández Cárdenas ¿no es acaso un delito que se persigue de oficio y además estaba confeso y se estableció la culpabilidad? Entonces una pregunta: ¿de qué forma el gobernador Gabino Cué y las instancias de procuración de justicia se sumarán a esta cruzada de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas? No es esta una prueba suficiente para que el Procurador de Justicia, Jesús López López, despida e incluso finque responsabilidades contra Julio César Vásquez Juárez nombre del Ministerio Público quien, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, le gana su machismo, su misoginia y esa “virtud” que van desarrollando al paso del tiempo de brindar “justicia” al mejor postor. Hechos como el antes descrito se convierten en las razones por las cuales las mujeres organizadas han fincado responsabilidades al Estado-gobierno como el símbolo de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. El gobierno de la alternancia -como le llaman a esta combinación de derecha-izquierda que terminó con más de 80 años de hegemonía priista-, podrá argumentar que “apenas” están por cumplir siete meses, que no tiene recursos suficientes o que como dice Gabino Cué “son los mismos funcionarios (menores) de antes”, cuando se refirió al aparato de procuración de justicia, incluyendo a los policías, pero eso nunca será justificación suficiente, su obligación es la que establece la Constitución mexicana y todas las leyes que de ella emanan, las mimas que juró cumplir el pasado 1 de diciembre 2010. No es utópico pensar en esa posibilidad de acabar con la violencia institucional inhabilitando a servidores públicos por corruptos o ineptos, es más si lo siguen pensando, si persiste la idea de inamovilidad de los Ministerios Públicos con las características de Julio César Vásquez Juárez y algunos con peores conductas, seguramente se seguirán acumulando los casos, que muestran que en realidad la vida y la libertad de las mujeres les importa un comino, igualito con ese odioso pasado con el que no les gusta ser comparados. Treinta y siete mujeres asesinadas Este mismo fin de semana supimos de otros casos de violencia contra las mujeres, como el asesinato de Lucina Cruz Villanueva, -ex comisariada de bienes comunales- a manos del actual comisariado de bienes comunales de Ocotlán de Morelos, Gabino Díaz López. El asesino fue detenido. A ver si no salen con que lo dejan libre porque el fantasma de Lucina se desistió, a ver si no dicen que fue en defensa propia, a ver si no salen con que a los 10 meses está libre por buena conducta y porque es indígena, como ha sucedido en otras ocasiones, en otros tiempos, con asesinos de mujeres favorecidos con el programa de liberación a presos indígenas. En suma, cuando hablamos de denuncias de violencia contra las mujeres, sean las circunstancias que sean, son actos lamentables, que hieren, que lastiman a más del 52 por ciento de la población. Así, todas las oaxaqueñas sumamos una mujer más a esa lista de 37 mujeres asesinadas. Frente a la inacción del gabinetazo, si nadie atiende la violencia, la titular del IMO, Anabel López, seguirá enviando condolencias a las familias vía correo electrónico o tendrá que convertir esta práctica en una “política pública”. Prevenir, actuar y vigilar que exista la justicia, esa es la obligación del IMO. En Oaxaca, está claro que las mujeres mueren por todas las sin-razones, las cuales están ancladas en las instituciones. La solución, la cruzada, la suma, el llamamiento es entonces para las autoridades no para las organizaciones. No es por corresponsabilidad es por obligación. |
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 7 de julio de 2011, p. 13
Jueves 7 de julio de 2011, p. 13
Los defensores de las garantías individuales llevan a la vida cotidiana la lucha contra la discriminación y la violencia, por lo que el mecanismo de protección que el gobierno federal dio a conocer ayer es un paso adelante para garantizar su integridad y reconocer la importancia de su labor, afirmó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Durante la presentación de la campaña Declárate, realizada ayer en el Teatro de la Ciudad y mediante la cual se busca poner de manifiesto el peligro en que suelen trabajar los activistas en la materia, Pillay señaló que la falta de visibilidad de éstos ayuda a que se encuentren más expuestos a represalias, y manifestó su esperanza de que la mencionada iniciativa gubernamental de protección sirva para detener este fenómeno.
Conozco la situación en México. Me he reunido con varios defensores y sé que muchos de ellos han sido hostigados, amenazados y asesinados. Las recomendaciones al respecto han dado como resultado un mecanismo de protección cuya firma tuve el gusto de atestiguar, y confío en que fortalecerá los esfuerzos para generar condiciones adecuadas para su trabajo
, indicó.
Uno de los más graves obstáculos que enfrentan las y los activistas es la falta de conocimiento de lo importante que es su labor, por lo que llamó a iniciar campañas públicas para revalorarlos y defenderlos de los riesgos a los que están expuestos todos los días.
Al término del acto –en el que también estuvieron presentes la actriz Cecilia Suárez, el cantante Saúl Hernández y los periodistas Lidia Cacho y Javier Solórzano– el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, Alberto Herrera, comentó en entrevista con La Jornada que la visita de Navi Pillay ha tenido resultados contrastantes, ya que mientras la funcionaria ha mostrado apertura y sensibilidad, Felipe Calderón porfía en su actitud de cerrazón y falta total de autocrítica, destacando sus logros e ignorando los señalamientos de alerta.
Pese a ello, uno de los saldos positivos del encuentro en Los Pinos, destacó, fue el hecho de que Pillay mencionara ante la plana mayor del Ejército
la necesidad de que se juzgue en cortes civiles a los uniformados que cometan abusos contra ciudadanos, aunque desgraciadamente la respuesta del mandatario fue que esos temas seguirán siendo manejados por los jueces de las propias Fuerzas Armadas.
Los llamados a modificar la estrategia de seguridad pública son cada vez más contundentes, y el Presidente está a tiempo de escucharlos. El cambio de rumbo no necesita meses, puede ocurrir hoy si tiene la suficiente voluntad política de instruir al Ejército a que envíe todos los casos de violaciones a los derechos humanos a la Procuraduría General de la República
.
Herrera también urgió a que haya un deslinde de responsabilidades por los más de 40 mil muertos que ha dejado la guerra
contra el crimen organizado, y a que si las investigaciones no tocan a los mandos más altos, por lo menos sí se juzgue a los perpetradores materiales de crímenes y abusos.
Durante la proyección de un video sobre la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos –disponible en la página de la campaña www.yomedeclaro.org–, integrantes del Comité 68 entregaron a Pillay una carta en la que piden que incluya en su informe previo de evaluación el tema de los crímenes de Estado ocurridos en 1968 y 1971.
