EDITORIAL. Presupuesto, galimatías que se enreda más al final del sexenio*

Editorial México DF, noviembre 10 de 2011. Cada año, la repartición de los recursos del presupuesto federal es un galimatías que se enreda aún más al final del sexenio. Con las elecciones en puerta, las prioridades del gobierno obedecen más a intereses políticos que a las necesidades sociales. Todos aquellos programas que no se consideran redituables en términos electorales pasan a segundo plano. Es el caso de programas de salud, como el del control de la epidemia de VIH, o de los programas destinados a equilibrar las desigualdades sociales, como los destinados a paliar las desventajas de las mujeres. La propuesta de Presupuesto Federal 2012 no sólo no propone incrementos en estos rubros sino que en términos reales significa reducciones a las partidas señaladas, como si los problemas que se intentan resolver también se hubieran reducido, lo que no es el caso. Las infecciones por VIH no han disminuido, la mortalidad por sida no se ha abatido grandemente, los índices de violencia hacia las mujeres están a la alza y las tasas de mortalidad materna tampoco se han abatido, por citar sólo algunos casos. No se pueden cumplir metas comprometidas ni enfrentar problemas sociales crecientes con presupuestos reducidos o, en el mejor de los casos, inmodificados. Sólo la sensibilidad de las y los legisladores, como ha ocurrido en otros años, puede enderezar la agenda de prioridades del Ejecutivo federal. De lo contrario, lo que nos espera es la simulación y la retórica declarativa de funcionarios públicos a la hora de entregar cuentas. *Publicado en el número 184 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 3 de noviembre de 2011

Pide jefe de laboratorio de Clínica Condesa utilizar citómetros de flujo embodegados

Pide jefe de laboratorio de Clínica Condesa utilizar citómetros de flujo embodegados Leonardo Bastida Aguilar El citómetro de flujo permite el estudio de las poblaciones linfocitarias afectadas por el VIH México DF, noviembre 09 de 2011. Con la finalidad de aprovechar la visita del paciente para realizar un diagnóstico de VIH/sida integral, en el que al mismo tiempo se puedan aplicar pruebas de CD4 y carga viral, Luis Juárez Figueroa, jefe del laboratorio de la Clínica Especializada Condesa, gestionó desde hace tres años la donación de dos citómetros de flujo –aparatos que permiten el estudio de las poblaciones linfocitarias afectadas por el VIH– ante la compañía alemana Partec Essential Healthcare. El laboratorista explicó que la compañía germana donó el equipo el 29 de octubre de 2008 al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) con la finalidad de ser evaluados “y posteriormente ser utilizados en clínicas periféricas”, entre ellas la Clínica Condesa, sin embargo, a tres años de la llegada de los citómetros al laboratorio de Infectología de la institución médica, fueron embodegados. Para Juárez, esta actitud por parte del laboratorio del INCMNSZ, responde a que en México, “históricamente” se ha centralizado el control de la realización de pruebas en los institutos médicos de la Secretaría de Salud, los cuales cobran entre 350 y 500 pesos por pruebas de carga viral y CD4, y tardan casi dos meses en entregarlos para que el médico las analice. Por el contrario, explica, con los citómetros donados, la prueba de conteo de CD4 costaría 40 pesos. El jefe de laboratorio comentó que uno de estos equipos estuvo a prueba un año en el Instituto Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud, y la directora de la institución, Celia Alpuche, mencionó que uno de los aparatos sería destinado a la Clínica capitalina. A pesar de esto, el equipo fue regresado al laboratorio del INCMNSZ. Para el especialista, esta situación debería cambiar ya que el conteo de CD4 -prueba que realizan los citómetros donados- permite conocer en los individuos afectados su capacidad de respuesta inmunitaria, y tiene mucha importancia para el seguimiento de la evolución de la infección y el tratamiento adecuado para el paciente. “Lo que es una obligación es hacer un diagnóstico oportuno, en tiempo real, aprovechar la visita del paciente para hacer diagnóstico del VIH, de hepatitis B y C, y sífilis. Inmediatamente se les toman muestras de sangre y en 48 horas se les confirma su diagnóstico. Debemos hacerles al mismo tiempo CD4 y carga viral para brindar un diagnóstico integral y remitirles al infectólogo”, recalcó. Así, el experto consideró que es necesario poner a disposición del médico la mayor cantidad de recursos disponibles para realizar diagnósticos. Diagnóstico integral, herramienta necesaria Para Juárez, los lugares idóneos para realizar el diagnóstico integral de la infección por VIH son los Centros Ambulatorios para la Atención del sida y otras infecciones de transmisión sexual (Capasits), ya que en ellos se pueden implementar diversas herramientas de diagnóstico y pruebas complementarias simples y/o rápidas para conocer el verdadero estado de salud del paciente. Añadió que para lograr dar ese servicio de diagnóstico integral se requiere persuadir a las autoridades de la conveniencia de acercar los recursos al paciente y al médico, y a los laboratorios centrales proponerles desempeñen un papel de facilitadores mediante tareas de enseñanza, monitoreo de calidad y la referencia de casos especiales. De acuerdo con Juárez, en otros lugares como África, sitio al que acudió como voluntario de la organización Médicos sin Fronteras, se trabaja con pruebas rápidas y conteos de CD4. “Allí se hacían dos pruebas rápidas, y si daban positivo, se les realizaba el CD4 para iniciar el tratamiento, otorgado por la organización, lo antes posible”. Por último, comentó que en México esto no se hace, y por el contrario, el hecho que el resultado de una prueba de carga viral o de CD4 se sepa dos meses después de haber sido tomada puede resultar perjudicial para el paciente, debido a que el virus pudo haber mutado y el medicamento suministrado podría carecer de efecto.

Realizan en Puebla primer foro sobre trabajo sexual, derechos humanos y VIH/sida

Se discutireron políticas públicas en materia de salud y seguridad pública Agencia Independiente Noti-Calle-Redacción NotieSe México DF, noviembre 09 de 2011. Trabajadoras sexuales de San Martín Texmelucan, Puebla, pertenecientes al colectivo “Mujeres en Lucha contra la Discriminación”, realizaron el “1er Foro de Trabajo Sexual, Derechos Humanos y VIH/sida”, para discutir las políticas públicas del municipio hacia este sector social, que dijeron, “rayan en la discriminación, al promover la aplicación de la detección obligatoria del VIH/sida y la persecución de quienes tienen sus puntos de encuentro en la vía pública”. El colectivo surgió a partir de los abusos de autoridad de policías y personal médico del ayuntamiento ejercido contra las trabajadoras sexuales de esa localidad y pugna por el reconocimiento al trabajo sexual, pues no se consideran prostitutas, ni sexoservidoras, apelativos que calificaron como estigmatizantes. Las trabajadoras sexuales se han reunido desde hace tres meses con el fin de organizarse, capacitarse, conocer y defender sus derechos humanos, para así ejercerlos y promover el diálogo con las autoridades municipales, estatales y federales; razón por la cual convocaron al foro para abordar los temas de trabajo sexual, derechos humanos y VIH/sida. Al evento fueron convocadas la Coordinación Estatal del VIH/sida, a cargo de María Claudia Rivera Luna; la Jurisdicción Sanitaria Número 5, cuyo titular es José Adrián Marco Antonio Tecpapécatl Romero; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo la responsabilidad del ombudsman Adolfo López Badillo. De acuerdo con las organizadoras también participaron las autoridades municipales involucradas en el control sanitario y la represión policíaca como las regidurías de Salud, Educación, Grupos Vulnerables, Desarrollo Social y Rural; así como de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan. Entre las organizaciones civiles que participaron se encuentran Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, Provicondon, Mujeres en Lucha Contra la Discriminación, Librorum Cultura Libre, así como David Avendaño (Krizna), integrante de la comisión de enlace de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

México, tercer lugar mundial en pornografía infantil en la web

Entre 2008 y 2011 la policía cibernética atendió al menos 5 mil 518 denuncias; muchos de los menores y jóvenes que interactúan por la red no tenían conocimiento de ello: Ifai

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 44

México ocupa el tercer lugar en el mundo en delitos cibernéticos relacionados con la pornografía infantil, según registros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), reveló la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), Sigrid Arzt Colonga.

En la web, enfatizó, se encuentran más de un millón de imágenes de menores que son víctimas de explotación sexual.

Respecto de lo que se ha registrado en territorio nacional, agregó, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que la pornografía infantil abarca 50 por ciento del total de delitos que se registran en la red.

En entrevista en la Biblioteca Vasconcelos, al término de la presentación del cartel Diez consejos útiles para el uso de Internet, detalló que la policía cibernética mexicana atendió, entre 2008 y noviembre 2011, al menos 5 mil 518 denuncias por pornografía infantil. Muchos de los menores de edad y jóvenes que interactuaban en la red no tenían conocimiento de ello.

Advirtió que el fraude y la suplantación de identidad es el segundo delito en importancia en el país, y enseguida los consumidores que compran en la web, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Muchas personas envían, a través de su correo electrónico, a familiares y otras personas el número de su cuenta bancaria, la clave con la cual tienen acceso, su nombre completo, entre otros datos, y la delincuencia organizada anda pescando esos datos y tienen los mecanismos suficientes para capturar esa información y hacer transacciones fraudulentas.

Arzt advirtió que el robo de identidad es el delito más serio en todas las economías del mundo, y no hay ninguna ley en el mundo que pueda actuar a la misma velocidad que las tecnologías para detenerlo, por lo cual es fundamental que cada usuario tome conciencia de cómo navegamos, porque en ninguna parte del mundo se ha podido compaginar marco normativo con la velocidad de los avances tecnológicos.

Durante la presentación del cartel, elaborado por el Ifai y la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que en el país existen 35 millones de internautas de entre 12 y 24 años de edad; de ellos, dos terceras partes están en las redes sociales, de ahí la importancia de educar a niños y jóvenes en el uso de la web para evitar delitos que incluyen trata de personas, fraude y suplantación de identidad.

Artz Colonga precisó que cada minuto se descargan en la Internet 13 horas de video. Es tal la cantidad, que se requerirían más de 412 años para ver todos los videos que se han subido a la web.

Asimismo, se encuentran más de 5 mil millones de historias, desde temas personales hasta cuentos y otros datos. Aunado a ello, cada vez más menores de edad y jóvenes acceden a la red.

Al respecto, Francisco Ciscomani, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, dijo que 75 por ciento de menores de 35 años en México son nativos digitales, cada año crecen los usuarios en 18.5 por ciento y dos de cada 10 hogares tienen acceso a la red.

De las recomendaciones escritas en el cartel, sobresalen: piensa antes de publicar, pues todo lo que se escribe y envíe a la red está al alcance de todos, aunque se borre; “mantén secreta tu contraseña; cuida tu imagen y la de los demás; verifica qué saben de ti; cierra tu sesión; usa un apodo o alias; no digas todo de ti; asegura y cuida tus cuentas, y crea varios e-mails”

Se impulsará que el Senado ratifique el Convenio 189 sobre derechos de esas empleadas "Imperativo", pagar lo justo a 2 millones de trabajadoras domést

Se impulsará que el Senado ratifique el Convenio 189 sobre derechos de esas empleadas

Imperativo, pagar lo justo a 2 millones de trabajadoras domésticas, dice la OIT

Significativo, que 92% de las personas que realizan esta actividad sean mujeres: Wissing

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 45

Las trabajadoras domésticas en México sufren rezago en el ejercicio de sus derechos humanos, ya que 14 de cada 100 trabajan en varias casas y, pese a ello, 22.5 por ciento gana entre 250 y 500 pesos a la semana, mientras 7.8 por ciento reciben menos de 250 pesos en ese lapso.

Asimismo, 25 personas de cada 100 justifican darles de comer alimentos sobrantes y sólo entre uno y 6 por ciento tienen alguna prestación social, consigna la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), presentada ayer en el Senado de por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Enadis revela que en México más de 2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado viven cotidianamente los efectos de prejuicios históricos, minusvaloración y discriminación que se dan al amparo de la privacidad del hogar, la frontera entre lo público y lo privado, la creencia de que el buen trato suple derechos laborales, y la falta de acciones gubernamentales para promover la igualdad.

La directora regional de ONU-Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, señaló que para ese sector sigue pendiente el tema de generar las herramientas y mecanismos que permitan el pleno reconocimiento de sus derechos. Ello, no obstante, que el trabajo del hogar representa 21.6 por ciento del producto interno bruto, indicó la subsecretaria de inclusión laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Patricia Espinosa.

El director de la oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, detalló que las personas de ese sector representan 4.5 por ciento del total de la población económicamente activa (PEA) en el país, esto es, 11 por ciento de la PEA femenina y sólo uno por ciento de la masculina. Es significativo, dijo, que 92 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado sean mujeres.

Wissing advirtió que es un imperativo legal pagar lo justo y reconocer los derechos laborales a dos millones de trabajadoras del hogar; hacerlo, explicó, tendrá un impacto socioeconómico positivo, pues se estimularía el mercado interno, se contribuiría a la generación de empleo formal e incidiría directamente en los índices de pobreza.

Ricardo Bucio, presidente del Conapred, planteó reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, e incluso hay que crear una ley específica sobre trabajo doméstico para evitar las dificultades que existen de reformar la ley laboral.

A su vez, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, Guillermo Tamborrel, exhortó a las y los legisladores a aprobar la reforma laboral para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y se comprometió a impulsar que el Senado ratifique el Convenio 189 sobre los Derechos de Trabajadoras del Hogar, una vez que sea recibido de pardel gobierno de Felipe Calderón.

Con ese convenio se pretende adoptar nuevos estándares internacionales de protección de los derechos a partir de la ratificación que hagan los estados parte de la ONU

Se pronuncia Carpizo por garantizar que la mujer decida sobre su cuerpo

El constitucionalista Jorge Carpizo MacGregor se pronunció por garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y su reproducción, por lo que, dentro de los parámetros legales, ellas son las que tienen que elegir si abortan.

Al ofrecer una conferencia magistral como parte del seminario Alcances y limitaciones de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de Baja California y San Luis Potosí, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ex rector de esa casa de estudios delineó argumentos constitucionales, democráticos y sociales para considerar constitucional la despenalización de la interrupción temprana el embarazo.

En primer lugar explicó los términos vida y vida humana. De acuerdo con la ciencia, dijo, lo que diferencia a los seres humanos de animales y plantas es la corteza cerebral.

“La diferencia entre nosotros y otras especies es la existencia del sistema nervioso central, que no se desarrolla desde el momento de la concepción, sino entre la semana 20 y 24 (de gestación).

“Por ello podemos afirmar que antes de las primeras 12 semanas –límite que la legislación del Distrito Federal establece para permitir un aborto seguro y voluntario– estamos convencidos de que no hay vida humana.”

El ex procurador general de la República indicó que la tercera causa de muerte de mujeres en México son los abortos clandestinos, a los que acuden sobre todo personas con más limitaciones económicas y sociales. Si bien no hay cifras oficiales, se estima que en el país se presentan entre 500 mil y un millón 200 mil al año.

¿Por qué negar a la mujer un aborto seguro dentro de los marcos legales? En esto hay una gran hipocresía y cinismo; las mujeres abortan, es un hecho, sean religiosas o no, pero tienen aborto seguro quienes pueden pagar por él, y las pobres son las que exponen su vida y salud al acudir a espacios inseguros.

Para Carpizo, negar a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo vulnera varios artículos constitucionales, entre ellos el primero, referente a los principios de igualdad y no discriminación, y el cuarto, que establece que las personas tienen derecho a decidir el número de hijos que desee tener y espaciamiento entre ellos

Las amas de casa tienen derecho a 50% de los bienes, si se divorcian

Las mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado de sus hijos y al hogar en el estado de México tienen derecho, al momento de tramitar su divorcio, a exigir 50 por ciento del patrimonio hecho durante su unión matrimonial, ya que así lo permite la reciente reforma al Código Civil en esa entidad, indicaron abogados expertos en derecho familiar consultados por La Jornada.

Los abogados Walter Martín Piñeiro Muñiz, Víctor Manuel Gamboa Rullán y José Patiño coincidieron en que se trata de una ley acorde con la legislación de países del primer mundo, donde la equidad de género y el reconocimiento a las mujeres que se dedican de tiempo completo al cuidado de los hijos son una realidad tutelada por sus constituciones.

Los litigantes refirieron, en entrevistas por separado, que casos como los de Elisa Mizrahi Ambe y Liliana Ortiz Gómez, quienes estuvieron en prisión por delitos que les imputaron sus esposos con tal de que desistieran de su derecho a recibir 50 por ciento de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, demuestran que es indispensable una ley que obligue a jueces en materia penal a ser más cautelosos al momento de librar órdenes de aprehensión en juicios relacionados con divorcios.

Este diario publicó ayer la historia de Elisa Mizrahi Ambe, acusada por su marido, el empresario textil Mayer Zaga Romanode, de abuso de confianza por haber chocado un automóvil Mercedes Benz.

Elisa espera que el juez 12 de lo civil con sede en Huixquilucan, Patricio Tiberio Sánchez Vertiz, le conceda el 50 por ciento de los bienes que le concede la legislación civil mexiquense, ya que se dedicó al trabajo del hogar.

El juez acaba de llegar a ese juzgado; su antecesor tenía listo un proyecto de resolución de divorcio en el que daba la razón a la señora Mizrahi.

Sería imprescriptible en la capital el delito de tortura

Diputados locales aprueban en comisiones el dictamen sobre reformas al Código Penal

Dan elementos más sólidos a jueces cuando se trate de determinar un caso de este tipo

Raúl Llanos

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 41

Diputados de PRD, PAN, PRI PVEM y PT aprobaron ayer el dictamen sobre las reformas al Código Penal de esta capital, por el cual se tipifica con mayor precisión el delito de tortura y se le da carácter de imprescriptible, es decir, podrá ser perseguido por las autoridades locales aunque hayan pasado muchos años de que algún servidor público haya incurrido en ese ilícito.

El proyecto de dictamen fue puesto a consideración de las comisiones de Derechos Humanos, y de Administración y Procuración de Justicia y, luego de que se le hicieron algunas modificaciones, propuestas por Carlo Fabián Pizano (PAN) y Guillermo Orozco (Movimiento Ciudadano), se avaló por unanimidad, con lo que se prevé que durante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de este jueves, o a más tardar el martes próximo, se discuta en el pleno de los diputados para su votación definitiva.

De acuerdo con esas reformas, el delito de tortura se sacó del título vigésimo del Código Penal del Distrito Federal, relativo a los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos –derogándose los artículos 294 al 298– y se pasó al título décimo, relativo a los delitos cometidos contra la dignidad de las personas, con lo que se crerían los artículos 206 bis, ter, quarter y quintus.

Por lo que se refiere a las sanciones, se mantiene el hecho de que aquel servidor público a quien se compruebe esas prácticas ilegales enfrentará prisión de tres a 12 años, pero se incrementan en los casos de los funcionarios que pudiendo impedir la comisión del delito de tortura no intervenga.

David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF y promovente de esa iniciativa de reformas, comentó que uno de los aspectos más importantes de esos cambios es que se quita el elemento difícil de probar: la intencionalidad, y ahora no tiene que haber ninguna intencionalidad para tipificarlo y sancionarlo, sino que haya un conjunto de tratos que no pueden ser dados a una persona en ningún caso o escenario.

Consideró que de ser aprobado por el pleno de la ALDF los jueces tendrán elementos más sólidos para determinar un caso de tortura y no caer ya en que si se trata de tratos crueles e inhumanos, maltrato, lesiones o abuso de autoridad.

Remarcó que esas modificaciones al Código Penal fueron consensuadas con organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como con autoridades locales y con la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que descartó que puedan enfrentar el veto o rechazo

Piden al GDF ahondar lucha antiadicciones

Organizaciones civiles se pronunciaron por que el Gobierno del Distrito Federal intensifique las políticas públicas orientadas a la prevención de adicciones.

En el foro Exclusión social y adicciones, Simón Tavera Romero, director ejecutivo de prevención del Instituto para la Atención y Prevención de las Adiciones (IAPA), dijo que el abordaje de este binomio es complejo, pues la población en situación de vulnerabilidad y excluida socialmente no va en busca de servicios sociales.

Agregó que sólo 15 por ciento de los adictos recurren a tratamiento y 85 por ciento permanecen en la reproducción de hábitos de consumo. Al referirse a la población en situación de calle, señaló que es necesario revisar el contexto social en que se desarrolla para que las políticas públicas de prevención tengan resultados y no sean de bajo pronóstico.

Gabriel Rojas Arenaza, director general de la organización Educación con el Niño Callejero (Ednica), apuntó que las drogas cada vez son más fáciles de conseguir, incluso por la población excluida, y también cada vez es más difícil que esta población acceda a los servicios de salud

Protestan miles de maestros en cuatro estados

Demandan destituir a Elba Esther Gordillo, cancelar la ACE y mejor servicio en el Issste

Paros, marchas, mítines, ocupación de oficinas públicas y bloqueos de carreteras fueron algunas de las acciones que realizaron ayer miles de maestros y organizaciones simpatizantes en Michoacán, Chiapas y Guerrero en repudio a la Alianza por la Calidad de la EducaciónFoto La Jornada Michoacán, Elio Henríquez y Lenin Ocampo

De los corresponsales

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 36

Miles de maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas se manifestaron ayer en rechazo a las políticas educativa y laboral del gobierno del presidente Felipe Calderón, a quien acusaron de pretender privatizar el sector mediante la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Con paros, marchas, mítines, bloqueos viales, toma de edificios públicos y casetas de peaje, los mentores atendieron el llamado al Paro cívico nacional por la defensa de la educación pública y el empleo.

Exigieron la salida de la cacique Elba Esther Gordillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y mejor servicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En Oaxaca, los 73 mil docentes adheridos a la sección 22 del SNTE marcharon y bloquearon vialidades en la capital y las principales ciudades del estado.

Cerraron los accesos a dependencias estatales y federales, así como tiendas departamentales y de autoservicio, y tomaron casetas de cobro, entre ellas la ubicada cerca del municipio de Coixtlahuaca.

En el Istmo de Tehuantepec, unos 13 mil maestros cerraron carreteras en los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Tapanatepec y Matías Romero, lo que incomunicó esa región con la capital de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Cientos de autobuses, camiones y automóviles particulares quedaron varados. El paro dejó sin clases a un millón 300 mil alumnos de 13 mil planteles de prescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

En Guerrero, unas 10 mil personas efectuaron movilizaciones simultáneas en Chilpancingo, Tlapa de Comonfort, Acapulco, Ciudad Altamirano e Iguala, convocadas por el Frente de Masas de Guerrero, que aglutina a más de 30 organizaciones.

En Tlapa, unos 500 campesinos, profesores de educación indígena y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon las salidas de las vías que comunican esa demarcación con Chilpancingo, Puebla, Metlatónoc y Marquelia.

Exigieron la cancelación de la ACE, la salida del Ejército de las comunidades de la región, castigo a los culpables de asesinatos y desapariciones en años recientes, y la liberación de presos políticos.

En el puerto de Acapulco, un grupo de mentores bloqueó las entradas a la Secretaría de Educación estatal y al Issste, donde denunciaron falta de medicamentos, personal y disponibilidad de camas.

Pidieron mejorar los servicios que ofrece la institución y que las pensiones de los trabajadores jubilados se calculen de manera adecuada.

Unos 300 maestros de los seis planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero suspendieron labores para exigir la destitución del director general de ese sistema, Mauro García, a quien acusan de incumplir el contrato colectivo de trabajo. Unos 2 mil 600 alumnos se quedaron sin clases.

Por separado, un centenar de campesinos de los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, se plantaron en el palacio federal para denunciar corruptelas de los supervisores del Procampo.

En Chilpancingo, Minervino Morán, dirigente del Frente de Masas, encabezó a unas 3 mil personas que marcharon al palacio de gobierno. Nadie los atendió y en protesta bloquearon la Autopista del Sol de las 14 a las 16 horas.

En Morelia, Michoacán, marcharon más de 7 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaron un mitin frente al palacio de gobierno para exigir abasto de medicinas, la derogación de la Ley del Issste y rechazar la ACE.

Encabezados por su dirigente, Jorge Cázares, tomaron la Secretaría de Educación de la entidad. Unos 40 mil mentores no laboraron, en perjuicio de al menos 800 mil estudiantes.

Más tarde, cientos de miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo marcharon en solidaridad con el Sindicato del Poder Judicial del estado, que demanda mejores condiciones de trabajo.

En Chiapas, miles de maestros del bloque democrático de la sección 7 del SNTE suspendieron labores y durante siete horas bloquearon varias carreteras del estado, en demanda de la salida de Elba Esther Gordillo de ese organismo y la cancelación de la ACE.

Manuel Mendoza Vázquez, dirigente regional del Bloque Democrático en los Altos de Chiapas, demandó que se emita la convocatoria para el relevo de la dirigencia de la sección 7, donde Gordillo “impuso charros”.

Octavio Vélez Ascencio, Hiram Moreno, Sergio Ocampo Arista, Héctor Briseño, Ernesto Martínez y Elio Henríquez

Estudiantes exigen disculpa por represión

Tepic, Nay. El presidente de la Federación de Estudiantes de Nayarit, Pedro Karás, exigió una disculpa pública al edil de Tepic, Héctor González Curiel, por los abusos cometidos por policías municipales contra estudiantes que llevaban a cabo un festival musical la tarde del domingo en la plaza principal, de donde fueron desalojados por presunto desorden público. Personal de comunicación social de la alcaldía estuvo en la conferencia de prensa y grabó las declaraciones de los jóvenes denunciantes. A su vez, el director de la policía municipal, David Pérez Landeros, negó las agresiones a los jóvenes.

SLP: condenan a cura a 33 años de cárcel por violar y matar a menor

San Luis Potosí, SLP, 22 de noviembre. El sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez fue condenado a 33 años y seis meses de prisión por la juez sexta penal, Juana María Castillo, quien lo encontró culpable de la violación y el asesinato de la joven Itzachel Shantal González López, cometidos en octubre de 2007.

El cuerpo de la adolescente, quien fue reportada como desaparecida el 20 de octubre de 2007, fue hallado el lunes 23 de octubre de ese año en el salón de usos múltiples del Instituto Salesiano Carlos Gómez, colegio católico de renombre en la capital potosina.

Luego de una accidentada investigación y la acusación del ex policía Julio Ceballos de que las propias autoridades habían extraviado importantes pruebas de la escena del crimen, en septiembre de 2009 se ordenó aprehender a Contreras Rodríguez, quien en ese momento era director de primaria del Instituto Salesiano.

El inculpado era defendido por el abogado Cándido Ochoa Rojas, quien tras ser nombrado procurador por el gobierno del priísta Fernando Toranzo, que apenas empezaba, dejó la defensa del religioso y ejercitó la orden de aprehensión en su contra.

La arquidiócesis primada de México nombró defensor del clérigo a Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, quien durante el proceso acusó al gobierno de Fernando Toranzo de aliarse con la masonería potosina para acabar con la orden salesiana, apoyándose en un ex policía señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

La juez Juana María Castillo dictó sentencia contra José Carlos Contreras por considerar que las pruebas presentadas por la parte acusadora demuestran plenamente su culpabilidad.

Armando Martínez anunció que ya tiene lista la apelación e incluso podría acudir al Poder Judicial de la Federación, pues la inocencia del religioso se demostró ampliamente.

José Carlos Contreras se encuentra en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila desde el 7 de octubre de 2009

Plan de infraestructura para Oaxaca viola derechos de indígenas: activista

Oaxaca, Oax., 22 de noviembre. El Plan Territorial de las Infraestructuras de Oaxaca, que incluye 13 proyectos de alto impacto, viola los derechos de los pueblos indígenas, que no fueron consultados por el gobierno estatal, afirmó la coordinadora del Área de Participación Ciudadana e Incidencia Pública de la organización Servicios para una Educación Alternativa, Angélica Castro Rodríguez.

La activista expuso que los 13 proyectos en territorios indígenas (entre ellos la presa Paso Ancho, la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, el libramiento Sur, las supercarreteras Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga-Ventanilla, un centro de convenciones y un penal) forman parte del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y requerirán una inversión de 50 mil 955 millones de pesos.

Explicó que la administración estatal invitó a industriales, constructoras, embajadores y ministros de varios países, así como a empresas canadienses y estadunidenses para concretar el plan.

Según el secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra López, “estos proyectos convertirán a Oaxaca en uno de los estados de mayor crecimiento del país.

Castro Rodríguez detalló que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 reconoce que se han violado los derechos de las comunidades indígenas al no consultarlas sobre este tipo de obras, lo que ha dado lugar a conflictos sociales y resistencia. Pese a ello, sostuvo, la actual administración incurre en el mismo error.

En su primer informe, el gobernador Gabino Cué Monteagudo subrayó que estos proyectos serán sustentables y se realizarán en forma consensuada y contribuirán a reducir la desigualdad regional

A LOS MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Nos dirigimos a ustedes, ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exponerles nuestra inconformidad con el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea referido al contencioso que por más de siete años han llevado ante tribunales nuestro diario La Jornada y la revista Letras Libres.

En primer lugar queremos expresarles que, desde nuestra óptica, no se trata de un mero asunto de forma la manera como Fernando García Ramírez, subdirector de la revista mencionada, acusó en marzo de 2004 a nuestro diario, sin aportar prueba alguna, de ser cómplice del terror de la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). No consideramos jurídicamente válido, ni éticamente justificable, que se pretenda confundir la libertad de expresión con el cobijo de la justicia a quien calumnia.

Es un asunto trascendental porque lo que ustedes decidan impactará, para bien o para mal, en el comportamiento de los medios de comunicación nacionales. Desde que Letras Libres publicara la grave acusación contra La Jornada, nuestra publicación, haciendo uso de su derecho de réplica, garantizado por la Ley de Imprenta, reclamó con todo comedimiento a Letras Libres las pruebas de sus afirmaciones o, en su caso, la retractación. El hecho de que hasta el momento no se haya recibido respuesta es prueba palmaria de que el propósito de tales afirmaciones no era informar adecuadamente a los lectores, sino todo lo contrario.

Les manifestamos, por último, nuestra opinión de que incriminar a un medio, calificándolo como cómplice del terror, es exponer gravemente al acusado, a sus directivos, a quienes en él trabajan, y a sus colaboradores a ser víctimas de injustas represalias y violaciones graves a sus garantías fundamentales, esas sí amparadas nacional e internacionalmente. Para nosotros, además, no es lo mismo ejercer el derecho responsable a la crítica que difamar a terceros, personas o medios. Más aún cuando el país enfrenta una coyuntura en la que se pretende hacer pasar la libertad de expresión como libertad para calumniar, y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como un delito contra la seguridad del Estado.

Directivos: Carmen Lira Saade: Directora General, Carlos Payán Velver: Director Fundador, Hugo Gutiérrez Vega: Presidente del Consejo de Administración, Guillermina Alvarez: Asistente de la Dirección, Josetxo Zaldúa: Coordinador General de Edición, Carlos Narváez Robles: Contralor de Edición, Elena Gallegos: Coordinadora de Información General, Margarita Ramírez Mandujano: Coordinadora de la Mesa de Redacción, Luis Hernández Navarro: Coordinador de Opinión, Francisco García Noriega: Coordinador de Diseño, Luis Gutiérrez Reyes: Coordinador de Tecnología, Manuel Meneses Galván: Internet, Marco Antonio Hinojosa: Coordinador de Publicidad, Mireya Cuéllar: Jefa de Estados, Pedro Aldana: Jefe de Deportes, Emilio Lomas Maldonado: Jefe de Economía, Marcela Aldana: Jefa de Mundo, Miguel Ángel Velázquez: Jefe de Capital, Pablo Espinosa: Jefe de Cultura, Fabrizio León Díez: Jefe de Espectáculos, Lourdes Galaz: Coordinadora de Publicaciones Especiales, Socorro Valadez: Correo Ilustrado, Rebeca Panameño: Archivo Fotográfico.

Articulistas: Abraham Nuncio, Adolfo Sánchez Rebolledo, Alejandro Nadal, Ana María Aragonés, Andrés Barreda, Ángel Guerra, Ángel Luis Lara, Ángeles González Gamio, Arnaldo Córdova, Arturo Alcalde Justiniani, Bárbara Jacobs, Bernardo Barranco, Bernardo Bátiz V., Enrique Dussel, Enrique Calderón Alzati, Carlos Fazio, Carlos Martínez García, Carlos Ortiz Tejeda, Claudia Gómez Haro, Cristina Barros, Clara Huacuja, Elena Poniatowska, Francisco López Bárcenas, Gabriela Rodríguez, Gilberto López y Rivas, Gonzalo Martínez Corbalá, Guillermo Almeyra, Gustavo Esteva, Gustavo Gordillo, Gustavo Leal F., Hermann Bellinghausen, Ilán Semo, Iván Restrepo, Jaime Martínez Veloz, Javier Aranda Luna, Javier Flores, John M. Ackerman, John Saxe-Fernández, Jorge Camil, Jorge Carrillo Olea, Jorge Durand, José Blanco, José Cuéli, José Antonio Rojas Nieto, José María Pérez Gay, José Stéinsleger, Julio Muñoz Rubio, León Bendesky, Luis Linares Zapata, Luis Tovar, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Marco Buenrostro, Marcos Roitman Rosenmann, Margo Glantz, Miguel Concha, Miguel Marín Bosch, Néstor de Buen, Octavio Rodríguez Araujo, Olga Harmony, Orlando Delgado, Pablo González Casanova, Paco Ignacio Taibo II, Pedro Miguel, Raúl Zibechi, René Drucker, Rolando Cordera Campos, Silvia Ribeiro, Simón Vargas, Soledad Loaeza, Teresa del Conde, Víctor Flores Olea, Víctor M. Quintana, Víctor M. Toledo, Yuriria Iturriaga

Columnistas: Julio Hernández López, Miguel Ángel Rivera, Enrique Galván Ochoa, Carlos Fernández Vega, Jaime Avilés, Alfredo Jalife-Rahme, José Agustín Ortiz Pinchetti, Gloria Muñoz Ramírez, Andrea Bárcena.

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"Catástrofe humanitaria" en la región de Tenosique

En la región de Tenosique, Tabasco, se vive desde hace años una situación invisibilizada de catástrofe humanitaria en contra de miles de migrantes indocumentados que cruzan ese territorio todos los días, expuestos al crimen organizado y las autoridades cómplices de éste, pero también contra los refugiados de otros países y los activistas que asumen su defensa.

Es una de las conclusiones del informe La frontera olvidada, que una decena de colectivos de derechos humanos presentaron ayer, luego de realizar una visita de observación por la zona, del 19 al 21 de octubre pasado.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, describió las amenazas, actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias que padecen los organismos de defensa de los migrantes en la zona de Tenosique, particularmente el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y el Refugio para Personas Migrantes La 72.

Al documentar las actividades de trata de personas de los grupos de delincuentes, y la connivencia de las fuerzas de seguridad, estos dos centros se han visto sometidos a una campaña de agresiones, a tal punto que solicitaron medidas elementales de protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como alumbrado público eficiente o acceso a una línea telefónica, sin que hasta el momento se hayan cumplido dichas peticiones.

Diana Martínez, de la organización Sin Fronteras, indicó que la tragedia que se vive de forma cotidiana en Tenosique se ha invisibilizado durante mucho tiempo, pero que de acuerdo con estimaciones de la CNDH sería de unos 20 mil secuestros de migrantes al año, por lo que llamó a basar la política migratoria del país no en el concepto de seguridad nacional, sino en los derechos humanos.

Por su parte, fray Tomás González, director del albergue La 72, llamó la atención sobre el drama que están viviendo las más de 65 familias desplazadas de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza, y advirtió que en la zona están dadas las condiciones para que ocurra una matanza similar a la de San Fernando, en Tamaulipas.

Finalmente, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dio a conocer las recomendaciones finales del informe, entre las que destacan otorgar una visa de corto plazo para que los migrantes indocumentados transiten libremente por México; realizar investigaciones prontas e imparciales de las agresiones contra defensores de derechos humanos; garantizarle a los refugiados guatemaltecos las mejores condiciones mientras permanecen en el país, y favorecer un retorno digno a su país

La CIDH admite a revisión el caso de las mujeres agredidas sexualmente en Atenco

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció formalmente la admisión de la denuncia presentada contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres que fueron agredidas sexualmente en mayo de 2006 tras la incursión de la policía en la comunidad de San Salvador Atenco, informó ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La notificación fue recibida el pasado viernes por las dos organizaciones que representan a las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el mismo Cejil, anunció éste último mediante un comunicado.

El caso, presentado el 28 de abril de 2008 con el nombre de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, involucra la comisión de delitos graves, como detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, además de la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades del país.

Por todo ello, el organismo interamericano consideró que hay la posibilidad de que se hayan violado los derechos a la integridad personal, libertad y seguridad de las mujeres atacadas, además de las obligaciones del Estado mexicano en el marco de la llamada Convención de Belém do Pará.

Luego de que la CIDH admitió la queja, las organizaciones representantes de las víctimas tienen tres meses para estructurar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidos a las autoridades nacionales, para que éstas a su vez armen sus alegatos de defensa en el mismo plazo.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Cejil, señaló que este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquéllos han sido vulnerados por agentes del Estado, y recordó que el país ya ha recibido antes condenas desfavorables de la CIDH relacionadas con agresiones contra mujeres, como lo demuestran las denuncias de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

El director del Prodh, José Rosario Marroquín, celebró que la comisión interamericana admitiera el caso a revisión, y aunque advirtió que sólo se trata del primer paso de un proceso judicial que puede llevarse más o menos un año, consideró que al menos se demuestra que sí hay elementos suficientes para probar los abusos cometidos por el Estado mexicano en Atenco.

Al término de la presentación del informe La frontera olvidada, el activista explicó que las autoridades del país suelen pedir prórrogas que van retrasando el caso, pero advirtió que si el gobierno ignora las eventuales recomendaciones de la CIDH, el tema puede presentarse después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía nos espera un largo camino, pero anima mucho a las mujeres saber que el caso va para adelante

Tita Radilla recibe reconocimiento internacional

Las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) y la Alianza a Favor de Abogados en Riesgo entregaron ayer un galardón a Tita Radilla, hija del desaparecido luchador social Rosendo Radilla Pacheco, en reconocimiento de su valentía y compromiso con la defensa de los derechos humanos en México.

En una ceremonia realizada en Londres, ambas organizaciones destacaron que la activista, junto con sus compañeros de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem), ha sido objeto de diversas amenazas y hostigamientos por su demanda de justicia para quienes han sufrido desapariciones forzadas.

En su trabajo, la señora Radilla ha sido objeto de diversas amenazas y hostigamientos, razón por la que, desde el año 2003, se le ha brindado acompañamiento, buscando minimizar el peligro que corre y ayudándole a mantener su espacio de actuación como defensora de derechos humanos, anunciaron las PBI mediante un comunicado.

Por todo ello, el colectivo internacional manifestó su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de Rosendo Radilla –ocurrida en agosto de 1974 a manos de elementos del Ejército–, en particular por el acto público de reconocimiento de responsabilidad que se llevó a cabo sin la presencia de la familia de la víctima.

Finalmente, las Brigadas Internacionales de Paz llamaron al gobierno mexicano a que en el cumplimiento de las sentencias de la CIDH se dé atención prioritaria al diálogo con las víctimas y sus familiares

CARTONES DE LA JORNADA

Exigen a autoridades de Monterrey frenar desalojo de centro contra VIH

Gloria Hazel Davenport

Monterrey, NL., noviembre 08 de 2011.

Organizaciones de la sociedad civil de esta ciudad, exigieron al gobierno municipal frenar el desalojo del centro de atención para personas VIH positivas “El Roble” y reanudar el comodato -figura jurídica administrativa por medio de la cual en este caso el ayuntamiento cede un inmueble por un tiempo determinado a una organización civil con trabajo comunitario-, correspondiente.

Activistas de las organizaciones Diversitas AC. y Comunidad Metropolitana AC (Comac) se manifestaron frente a las oficinas de la presidencia municipal para demandar que las autoridades municipales detengan el desalojo del centro “El Roble” programado para el día 20 de este mes.

Los activistas -jóvenes, mujeres lesbianas, transgénero, hombres gay-, escenificaron la coreografia del tema “I Breath” (Yo respiro) como una forma de llamar la atención de manera pacífica a las autoridades del ayuntamiento presidido por el panista Fernando Larrazábal, quien hasta este momento no se ha reunido directamente con las organizaciones inconformes.

Durante la escenificación, la responsable del grupo de autoapoyo El Roble, Hilda Esquivel Cerda, exigió a la regidora panista Isis Aideé Cabrera Álvarez, renovar el comodato que fue otorgado hace dos administraciones municipales, y poner el bienestar de las personas VIH positivas por encima de los prejuicios de vecinos que demandan el cierre del local que apoya a mas de 50 personas, entre ellas niñas y niños que comparten esta condición de salud.

La funcionaria ha mantenido su negativa a la renovación del comodato así como la amenaza de desalojarlo el próximo día 20 con el argumento de que el local se utiliza para “masajes”, justo en un momento en el que crecen críticas contra las autoridades por la reapertura de 10 casas de apuestas y casinos manejados por empresarios locales.

“La versión de la funcionaria es falsa, en el centro, que es abierto, se ofrecen servicios como bazar, estética, y otras actividades para el apoyo de personas que viven con el virus, los masajes que se ofrecen son terapéuticos y eso está claramente mencionado en una lona mostrada a todo público”, explicó Esquivel Cerda.

Por su parte, el presidente de Comac, Antonio Nevarez Torres, indicó que las organizaciones civiles de Monterrey no permitirán un cierre arbitrario contra el centro que trabaja desde 2004 e hizo un llamado a las autoridades municipales a la congruencia.

“Estamos hablando de un proyecto que ha impulsado una de las más reconocidas activistas en los derechos de las personas que viven con el VIH/sida, estamos refiriéndonos a una trayectoria de más de 20 años de lucha, el ayuntamiento puede evitar un conflicto con la renovación del comodato”.

Al término de la manifestación, activistas intentaron sostener una reunión con la funcionaria Cabrera Álvarez quien se negó a recibirlos e intentó enviarlos con “un representante” lo que fue considerado como una “falta de respeto” por parte de los inconformes.

La postura de la regidora ha provocado críticas en la página abierta en Facebook Quita Regidora espacio a personas viviendo con VIH http://www.facebook.com/event.php?eid=161823933912834 en donde usuarios han responsabilizado directamente a la ideología del Partido Acción Nacional (PAN) al que pertenecen la funcionaria y el alcalde, del acto que consideran “discriminatorio y fascista” contra las personas seropositivas.

Horas después, medios de comunicación locales difundieron declaraciones del alcalde panista Fernando Larrazábal, en las que anunció una revisión al local donde trabaja el grupo de autoapoyo, al reconocer que el conflicto se dio por quejas de vecinos en tanto que el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Ruiz, indicó que será hasta la próxima reunión del cabildo cuando se decidirá si se renueva o no el comodato.

Por su parte, el presidente de Diversitas, Mario Rodriguez Platas, mencionó que si bien se han dado pláticas con autoridades municipales, existe la preocupación de que se presente el desalojo, programado antes de la próxima sesión del cabildo.

Coincidió con Nevarez Torres al señalar que más organizaciones civiles de Nuevo León se unirán a un frente común para proteger el centro de autoayuda.

CARTAS A NOTIESE

éxico DF, noviembre 09 de 2011.

México DF, a 23 de septiembre de 2011.

Dr. José Antonio Izazola Licea

Director General del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida)

Presente

Estimado Dr. Izazola:

Antes que nada reciba un cordial saludo del equipo de Colectivo Sol AC, en particular de los integrantes del proyecto Fortaleciendo la Respuesta Nacional al VIH, que opera con recursos de la Convocatoria pública para el fortalecimiento de la respuesta en prevención de la sociedad civil ante el VIH/sida e ITS 2011, lanzada por la dependencia a su cargo a finales de febrero de este año.

El motivo de la presente es hacerle una consulta y una solicitud derivada de los talleres de Manejo administrativo-financiero y capacidades gerenciales que se realizaron en el marco del proyecto y en el que participaron 35 organizaciones civiles, 20 de las cuales actualmente tienen proyecto financiado por Censida.

En los talleres antes mencionados se detectó que una de las dificultades administrativas que las organizaciones estamos enfrentando está relacionada con el pago de los honorarios de las personas que participan en los proyectos, que de no tener alguna alternativa puede tener repercusiones operativas y de gasto para el cierre de los proyectos.

La mayoría de las organizaciones utilizaban el régimen de Asimilados para el pago de los honorarios del personal involucrado en los proyectos, pero en la última convocatoria se estableció como requisito sólo aceptar Honorarios Profesionales, comprobados por la entrega de los recibos fiscales correspondientes a cada persona que tuviera una remuneración por participar en el proyecto.

Esto ha tenido repercusiones en los ingresos finales que el personal puede recibir, así como un costo adicional para estos, que además de pagar un monto mayor de impuestos, deben contratar los servicios de un contador para tener en regla el pago de impuestos derivados de esta actividad; ello afecta de forma más grave a las personas que reciben un ingreso muy bajo por su actividad.

A continuación compartimos con usted tres ejemplos que podrían ilustrar cómo este régimen reduce significativamente los ingresos que recibe el posible personal de un proyecto, de acuerdo a las categorías establecidas por el tabulador incluido en la convocatoria.

En el régimen de Honorarios Profesionales, el siguiente personal recibirá como ingreso neto mensual los siguientes montos y tendrá que pagar los siguientes impuestos:

CUADRO DE HONORARIOS PROFESIONALES
Coord	Asistente	Promotor
HONORARIOS	15.198,26	8.531,04	4.797,41
más 16% IVA	2.431,72	1.364,97	767,59
SUBTOTAL	17.629,98	9.896,00	5.565,00
menos RET. ISR 10%	1.519,83	853,10	479,74
menos RET. IVA 10.67%	1.621,65	910,26	511,88
TOTAL NETO	14.488,50	8.132,64	4.573,37

De este monto neto, el personal tendrá que pagar a la Secretaría de Hacienda un 5% más por IVA, si no cuenta con gastos deducibles de acuerdo a su actividad profesional; además de un 7% de IETU o ISR, según resulte.

Este mismo personal, recibiría en el régimen de Asimilados los siguientes montos y sólo se le retendría el ISR, que sería responsabilidad de la organización declarar y pagar a la SAT:

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS
Coord	Asistente	Promotor
Importe solicitado	17.629,98	9.896,00	5.565,00
RET I.S.R.	2.656,65	1.018,52	394,61
TOTAL NETO	14.973,33	8.877,48	5.170,39

En los proyectos incluso hay promotores que ganan mensualmente alrededor de dos mil pesos, y bajo el régimen de honorarios profesionales no ven funcional realizar un trámite que a final de cuentas termina por afectar significativamente sus ingresos. Incluso en algunos de los casos, están renunciando a los proyectos.

El uso de ese régimen también va en detrimento de los propios proyectos, ya que esos recursos (que finalmente también son recursos públicos y federales) se le devuelven al Estado y no benefician a las poblaciones clave atendidas por los proyectos, ni a las organizaciones y mucho menos a las personas que colaboran en ellos. En la práctica, estos descuentos operan como una especie de sobre impuesto sui géneris, ya que el propio gobierno debe pagarse a sí mismo impuestos sobre lo que desembolsa para apoyar actividades de la sociedad civil, que estaría incapacitado de realizar si no contara con el concurso y el trabajo de las organizaciones.

Varias organizaciones han comentado que han retrasado el gasto en honorarios del personal de los proyectos a la segunda y hasta tercera ministración por no tener resuelta esta situación; de no lograrlo para ese periodo, pueden verse forzadas a devolver esos recursos, lo que al cierre de la cuenta pública de este año fiscal, podría convertirse en subejercicio del Censida, al no poder reasignarse en tan breve tiempo a otros rubros.

En este escenario y con miras a encontrar alguna salida, las organizaciones involucradas en el proyecto queremos conocer con base a qué reglamento o normatividad de la administración pública federal se obliga ahora a Censida a no aceptar el régimen de Asimilados; y en el caso de no ser una disposición tajante y obligatoria, qué tan factible es que se reconsidere aceptar dicho régimen para el pago de honorarios del personal de los proyectos de este año.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente quedamos en espera de su respuesta las organizaciones abajo firmantes.

Colectivo Sol AC.

ACASIDA, A.C.

Acciones Voluntarias sobre Educación en México A.C., AVE de México

Agencia Familiar Binacional AFABI A.C.

Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AC

Asociación de Prevención y Atención en VIH/SIDA, Nueva Era, A.C.

CECASH

Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, CODISE

Colectivo SerGay de Aguascalientes AC

Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia AC CIFAM

Comunidad Metropolitana, A. C.

Comité Lésbico – Gay de Occidente A. C. Colega O.

Comité Humanitario de Esfuerzo Compartido Contra el Sida A.C. CHECCOS

Comusida Puerto Vallarta

Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente A.C.

Explora T

El Diamante de Fuego A.C.

Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán

Fatima IBP

Fundación Mexicana para la lucha contra el sida A.C.

Fundación Sihua A.C.

Irapuato Vive A.C.

Matetera Ba. A.C.

Mexfam- Veracruz

Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva

Programa Compañeros A.C.

Ruta Equidad Colectivo de Estudios Sociales y Humanísticos AC

Servicio, Educación, Sexualidad y Salud, SEEDSSA, A.C

Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual A.C. TUDYSSEX A.C.

Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C.

TVMEX/Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.

Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA A.C

Vida Plena Puebla (No Dejarse es Incluirse, A.C.)

Ccp Dr. Carlos García de León. Director de prevención y participación social

Lic. Diana Cerezo Díaz. Coordinación administrativa

C. Carlos Saucedo Reyes. Asesor Administrativo

Los recursos adicionales a la UAM aún son "insuficientes" para acelerar construcciones

Si bien la Cámara de Diputados aprobó 160 millones de pesos como recursos adicionales para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), serán insuficientes para acelerar la construcción de las dos nuevas unidades de esa casa de estudios: Cuajimalpa y Lerma, aseveró el rector general de la institución, Enrique Fernández Fassnacht.

Entrevistado antes de la entrega del doctorado honoris causa de la UAM a María Isabel Rodríguez –ministra de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador–, el rector subrayó que, no obstante los recursos aprobados, las autoridades de la institución impulsarán, en la medida de lo posible, los avances en la edificación de ambos campus.

Asimismo, celebró que ayer el profesor de esa casa de estudios Edur Velasco levantó la huelga de hambre que mantuvo 42 días con la demanda de mayor presupuesto para la educación superior.

El presupuesto no quedó como yo hubiera querido, pero por lo menos no disminuyó el subsidio respecto del que (el Ejecutivo federal) presentó a la Cámara de Diputados. Los legisladores tuvieron a bien otorgarnos 160 millones más.

Sin embargo, este incremento limitará los avances para las dos nuevas sedes de la UAM. Trataremos de hacer el mejor uso posible de esos recursos y empujaremos la construcción de ambas unidades, Lerma y Cuajimalpa.

Para ello, indicó que se restructurará un poco el gasto en la universidad.

Fernández Fassnacht confió en que para el ejercicio fiscal de 2013 tanto Ejecutivo como Legislativo asignen un presupuesto mayor a la casa de estudios. Espero que el año que entra, ahora sí, contemos con más recursos para poder avanzar a la velocidad que quisiéramos en la construcción de ambas instalaciones.

Asimismo, recordó que la UAM ha solicitado al Gobierno del Distrito Federal apoyo económico para la construcción de un centro cultural en Iztapalapa.

De la huelga de hambre que mantuvo Edur Velasco, el rector aseveró que se trató de una decisión personal del académico.

Nosotros hemos estado pendientes de su salud; hemos estado informados al respecto. Me da mucho gusto que vaya a terminarla. Ahora se dice que la huelga de hambre de Edur tuvo que ver en el subsidio a la UAM; si es así, qué bueno, encantado de que la comunidad nos ayude, desde luego que lamento que sea poniendo en riesgo su salud

Amedrentar a la cónyuge con la denuncia penal, otra cara de la violencia de género

Elisa Mizrahi Ambe y Liliana Ortiz Gómez no tenían casi nada en común. La primera, miembro de la comunidad judía en México, vivía en un penthouse en la exclusiva zona de Interlomas. La segunda ha vivido la mayor parte de su vida en una colonia popular en el municipio mexiquense de Valle de Chalco.

Hace un año las dos vivieron experiencias similares. Ingresaron a un reclusorio femenil por la acusación penal que levantaron sus respectivos esposos. Los delitos imputados formaron parte de la estrategia que siguieron los abogados para conseguir el divorcio.

Elisa tiene cuatro hijos y Liliana también, pero sus cónyuges se niegan a otorgarles 50 por ciento de pensión alimentaria, pese a que la legislación civil en el estado de México determina que corresponde ese porcentaje a las mujeres que durante el matrimonio no hayan trabajado y tengan al menos dos hijos menores de edad. Es el caso de ambas mujeres, quienes ahora cuentan su historia a La Jornada.

Abogados especializados en derecho familiar indicaron a este diario que es muy común que los esposos se nieguen a otorgar más de 25 por ciento de pensión, y por ello reciben las recomendaciones de despachos de abogados que sugieren amedrentar a las cónyuges con el peso de una denuncia penal, con la finalidad de que acepten un convenio de divorcio favorable a los varones.

Víctor Manuel Gamboa Rullán, con más de 20 años de experiencia en litigios familiares, indicó que es una expresión de violencia de género la que utilizan para evitar hacer frente a sus obligaciones legales para con sus hijos y esposa.

Destacó que el Código Civil para el estado de México es una de las legislaciones estatales que brindan mayor tutela a los derechos de las mujeres que buscan divorciarse y nunca trabajaron durante la sociedad conyugal. Sin embargo, explica, muchos despachos recurren al derecho penal para doblegar a las mujeres que exigen 50 por ciento de pensión alimentaria para ellas y sus hijos menores.

La mañana del 6 de septiembre de 2010, Elisa Mizrahi Ambe salía de su domicilio para visitar a su madre cuando una patrulla de la policía mexiquense la detuvo, la bajó de su automóvil, le colocó esposas y la trasladó al penal femenil conocido como Santiaguito.

“Fue una pesadilla. No supe a quién recurrir. Los policías me decían que ya me había cargado la chingada y que eso me pasaba ‘por pasarme de güevos con mi marido’”, cuenta a La Jornada la señora Mizrahi.

Su esposo, el empresario judío Mayer Zaga Romano, dedicado a la industria textil, la acusó de abuso de confianza por haber chocado un automóvil Mercedes Benz.

Estuve una noche en prisión, la peor de mi vida. Y cuando mis hijos y yo nos enteramos de qué se trataba la acusación (utilizar un vehículo, propiedad de su marido, sin su autorización), no lo podíamos creer. Es el acto más ruin que una persona puede hacer contra otra, dijo la mujer, que dos días después recuperó su libertad tras pagar una fianza cercana al millón de pesos.

José Mayer Mizhari, hijo mayor del matrimonio, indicó en entrevista que haber visto a su madre en la cárcel por culpa de mi padre despertó su interés por ayudar a otras mujeres en circunstancias similares.

Estoy en proceso de constituir una fundación de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género y están en prisión, porque su marido no quiere pagarles una pensión justa. Mi padre, además del maltrato físico y sicológico en contra nuestra y de mi madre, se ha negado a cumplir con sus obligaciones por ser el único que trabaja de mis padres, expuso el joven de 19 años de edad, que truncó su preparatoria porque su padre dejó de pagar la colegiatura.

Elisa está a la espera de que el juez 12 de lo civil con sede en Huixquilucan, Patricio Tiberio Sánchez Vertiz, le conceda 50 por ciento de la pensión alimentaria que reclama de Zaga como parte del derecho que le concede la legislación civil mexiquense.

Otro caso similar es el de Liliana Ortiz Gómez, quien tras recibir insultos y ser golpeada perdonó a su pareja sentimental, Miguel Ángel Calderón Cruz, a quien denunció por violencia familiar.

Liliana está presa en Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal. Su concubino la acusó de haberle robado un reloj, valuado por los peritos ministeriales en 850 pesos. La acusada tuvo que vender el reloj para pagar la leche y pañales de tres de sus hijos, de dos, cuatro y seis años de edad, pues su pareja no le dejaba dinero.

A diferencia de Elisa, ella es una mujer de bajos recursos que no tuvo para pagar un abogado ni garantizar la fianza de mil pesos que fijó el juez de la causa penal.

En su declaración, expone que su pareja era muy celosa y que la insultaba, además de que se negaba a darle el divorcio y mucho menos la pensión de 50 por ciento que ella exigía para cubrir sus gastos y los de sus hijos menores de edad.

El abogado Rogelio de la Garza, especializado en derecho penal, sugiere que para evitar esta forma de violencia de género, maquillada como asunto legal, los jueces penales deberían pedir informes para saber si un inculpado tiene en curso juicio de divorcio.

La idea es que si existe correlación entre un juicio de divorcio y un proceso penal, los jueces deben ser más cuidadosos al momento de resolver respecto de una orden de aprehensión, para evitar injusticias de difícil reparación, concluyó

Levantó su ayuno el profesor Edur Velasco luego de 42 días en huelga

Luego de 42 días en huelga de hambre en demanda de que se destine 2 por ciento del PIB a la educación superior, el profesor universitario Edur Velasco levantó el ayuno que mantuvo frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Ante decenas de personas y representantes de organizaciones sindicales y sociales que se dieron cita para atestiguar el acto, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) llamó a la clase obrera a no permitir más explotación y a levantarse contra las injusticias del sistema. Este país no tendrá futuro sin una clase obrera organizada y militante, capaz de pelear todos los días por sus derechos.

Al final del acto el profesor subió a una ambulancia que lo condujo a un hospital, donde fue revisado su estado de salud; sin embargo, continuó sin ingerir alimento, pues la huelga de hambre la terminó a la medianocheFoto Guillermo Sologuren

Agradeció a todas las agrupaciones y movimientos que lo apoyaron durante su ayuno, en particular a los jóvenes indignados que también se plantaron frente a la BMV, así como al sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) y Mexicano de Electricistas (SME).

Durante el acto se exhortó a todos los sectores a defender las universidades públicas del país y rechazar que el gobierno de Calderón continúe beneficiando con recursos públicos a las instituciones de educación superior privadas.

Se informó que el campamento de indignados que lo acompañó en estas semanas continuará en plantón indefinido

Retan a Sodi a despachar en la calle, como dice al promocionar su imagen

Tras señalar que los principales problemas de la zona no están resueltos y se agudizan, la asociación civil Defendamos Polanco emplazó al delegado Demetrio Sodi a un debate público. Queremos que cumpla la promesa de su campaña millonaria de difusión y ponga su escritorio en la calle.

Mediante un aviso que hicieron circular este lunes entre medios de comunicación y vecinos, proponen una agenda en la que se aborden los siguientes temas: establecimientos mercantiles, obras irregulares, construcción de estacionamientos, ingresos por parquímetros e inseguridad en la zona.

Los vecinos exigimos un debate público con el delegado ante el incumplimiento de las demandas que se han hecho a la demarcación para resolver los principales problemas que nos afectan, señalan en el documento.

Indican que las obras irregulares se mantienen en operación y continúa la construcción de edificios de más niveles de los autorizados; además “se ofertan departamentos de 65 metros cuadrados, cuando la superficie permitida debe ser de 150 metros cuadrados.

“Denunciamos de manera reiterada los predios de Emerson 515, Anatole France 245, Musset 31 y 38, Goldsmith 195, 211 y 214, entre muchos otros que siguen con obras de cimentación, a pesar de que los vecinos –no las autoridades– damos seguimiento a las solicitudes de información vía transparencia y requerimientos al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea) para comprobar que funcionan de manera irregular”, insistió la asociación civil Defendamos Polanco.

Alertaron sobre el riesgo que corren casas catalogadas como patrimonio histórico, que pueden ser demolidas para construir más edificios.

Sobre la instalación de los parquímetros esta semana, señalaron que es una medida que apoyan, “pero queremos transparencia en el uso de los recursos para aplicarlos en conjunto y atender los problemas inmediatos que tiene nuestra colonia. El retraso de los parquímetros fue injustificado y nosotros contamos con pruebas de que fue por la presión que los dueños de antros hicieron a las autoridades para proteger el negocio de los valet parking”r

Avanza en Querétaro blindaje al modelo tradicional de familia

Sólo se reconocería y apoyaría legalmente a parejas heterosexuales

El dictamen aún deberá votarse en el pleno

Líder de ONG anuncia que impugnará ante la Suprema Corte si se aprueba

En la parte derecha de la imagen, los diputados panistas de la Comisión de la Familia del Congreso de Querétaro: Cuanalo Santos, Marcos Aguilar, Salvador Martínez, Micaela Rubio y Pablo AdemirFoto Demián Chávez

Mariana Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 22 de noviembre de 2011, p. 30

Querétaro, Qro., 21 de noviembre. Diputados de la Comisión de la Familia de la 56 Legislatura local aprobaron la reforma a la Constitución Política del estado para estipular que el matrimonio es el vínculo jurídico formado por la unión de un hombre y una mujer; además define la familia como la institución social compuesta por un conjunto de personas unidas por el vínculo de matrimonio, el concubinato o por parentesco de consanguinidad, civil o afinidad.

Los diputados Salvador Martínez Ortiz, Micaela Rubio Méndez, Gerardo Cuanalo Santos y Pablo Ademir Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional (PAN), aprobaron la reforma al artículo tercero de la Constitución estatal para establecer las nuevas definiciones en los artículos 135 y 137 del Código Civil del estado.

Del primero al 31 de octubre los legisladores realizaron una consulta ciudadana para saber si los queretanos estaban de acuerdo con la iniciativa de ley.

Hasta el 11 de octubre, según el presidente de la Comisión de la Familia de la Legislatura local, Salvador Martínez Ortiz, se habían recibido 15 cartas u opiniones de personas que dijeron estar de acuerdo con la propuesta; sin embargo, el 17 de noviembre dijo que la cifra se había incrementado a 50 mil.

En la sesión de la Comisión de la Familia efectuada el jueves pasado, los diputados acordaron que el artículo tercero de la Constitución estipularía: “Las autoridades estatales y las municipales promoverán la integración, el desarrollo y el fortalecimiento de la familia, sus fines de unidad, convivencia armónica, ayuda mutua y la preservación de los valores de la comunidad; entendiéndose como tal a la institución social compuesta por un conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, el concubinato o por el parentesco de consanguinidad, civil o afinidad. La ley impondrá derechos y obligaciones recíprocos entre sus integrantes.

La entidad reconoce y protege la institución del matrimonio, entendiéndose como tal aquella en la que se establece un vínculo jurídico por la unión de un hombre y una mujer, que con igualdad de derechos y obligaciones son la base del nacimiento y estabilidad de una familia, así como la realización de una comunidad de vida plena y responsable.

Este dictamen tendrá que ser discutido por 10 diputados del Partido Revolucionario Institucional, nueve del PAN, tres de Nueva Alianza, uno del Partido Verde Ecologista de México, uno del Partido de la Revolución Democrática y uno de Movimiento Ciudadano en el pleno de la Legislatura local en fecha por definir.

Si lo aprueba el pleno, el dictamen se enviará a los 18 ayuntamientos del estado para que lo voten, por ser una reforma a la Constitución local.

Este lunes el vocero de la diócesis de Querétaro, Saúl Ragoitia Vega, indicó que la Iglesia católica está a favor de elevar a rango constitucional los conceptos tradicionales de matrimonio y familia.

Si no son un hombre y una mujer quienes fundan una familia, en la cual deciden tener hijos y educarlos, entonces no estamos hablando de matrimonio, es otra cosa, expresó.

El presidente de la organización SOS Discriminación, Manuel Edmundo Ramos, anunció que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dictamen de reforma si lo aprueba el pleno de la legislatura local.

Ramos Gutiérrez consideró que la intención de los diputados de la Comisión de la Familia es discriminar y prohibir la diversidad sexual. Agregó que las preferencias sexuales no deben ser pretexto para excluir a las familias de la protección legal del matrimonioa

Pobladores de León apoyan a pepenadores

León, Gto. En los 15 días que llevan en plantón frente a la presidencia municipal, 20 pepenadores han recolectado 30 mil firmas de ciudadanos que están en contra del contrato otorgado por el ayuntamiento panista a la empresa Limpieza y Reciclados del Bajío para operar un centro único de acopio. El pueblo está con nosotros y no con el edil (Ricardo Sheffield), que nos ha dejado sin comer, dijo Miguel Ortiz, uno de los afectados.

Destaca AMLO importancia de redes sociales

Andrés Manuel López Obrador invitó a quienes participan en las redes sociales a que ayuden a informar y difundir las propuestas de transformación que requiere el país. Informar para que no haya mentiras, engaños ni campañas de desprestigio, dijo.

En su mensaje semanal por Internet, el tabasqueño hizo referencia también a las encuestas que lo colocaron como el mejor posicionado ante la opinión pública hacia los comicios del próximo año.

Dijo que en los días recientes se han aclarado más las cosas y esto ha generado entusiasmo no sólo entre quienes creen en el movimiento que encabeza, sino también en muchos que tenían algunas dudas. Ante el caos se dio un mensaje de certidumbre a los mexicanos, se actuó de manera responsable. En esto jugó un papel fundamental Marcelo Ebrard, quien actuó con mucha responsabilidad, con mucha inteligencia política, supo autolimitarse. Y esto no es fácil de conseguir.

Es por esto, agregó, que las cosas han estado marchando bien. “Este ambiente de certidumbre, de responsabilidad, ha llevado a que muchos nos busquen o pregunten ‘en qué ayudamos para sumarnos’, para luchar juntos y trasformar a México. El país tiene sólo dos opciones: más de lo mismo o un cambio ordenado, en paz, en beneficio del pueblo y de la nación