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domingo, 9 de diciembre de 2012

Consume incendio 7 comercios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas




Consume incendio 7 comercios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
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Bomberos, personal de protección civil y más de 50 voluntarios, sofocaron un incendio ocurrido ayer en dos casas declaradas monumentos históricos en el centro de San Cristóbal de las Casas, donde siete locales fueron consumidos por las llamasFoto Elio Henríquez
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 28
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 8 de diciembre. Siete locales comerciales ubicados en dos casas catalogadas como monumentos históricos del centro de esta ciudad, fueron consumidos por un incendio ocurrido la madrugada de este sábado, informaron fuentes de Protección Civil.
Explicaron que la conflagración, que habría dejado pérdidas millonarias hasta ahora no cuantificadas, se inició alrededor de la una de la madrugada presuntamente en la parte alta de una de las viviendas por causas aún no determinadas.
Se reporta pérdida total; los daños son cuantiosos ya que entre los locales comerciales había una librería, tres restaurantes y un bar, detallaron; no hubo personas lesionadas.
Mencionaron que en las acciones de combate al fuego participaron más de 50 personas, entre elementos del cuerpo de bomberos, protección civil estatal y municipal, policía local y voluntarios.
Subrayaron que el riesgo de que las llamas se propagara a casas vecinas, declaradas también monumentos históricos, se esfumó a las 7 horas, cuando la conflagración fue controlada en su totalidad.
Comentaron que a las 10 horas, todavía continuaban las labores de remoción de escombros en los inmuebles afectados, ubicados en el llamado Andador Guadalupano –sobre la calle Real de Guadalupe–, a una cuadra del parque central de esta ciudad, fundada el 31 de marzo de 1528.
Las fuentes de Protección Civil refirieron que probablemente desde el incendio que en 1993 consumió gran parte del templo de El Carmen, situado también en el centro histórico, no había ocurrido uno de esa magnitud

Se perfila la liberación de más de 50 imputados; al menos 14 seguirían presos




Se perfila la liberación de más de 50 imputados; al menos 14 seguirían presos
Excarcelación, por falta de elementos para acusar de ataques a la paz
A los otros se les acusaría ahora de daños a la propiedad pública y robo
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Un participante en la manifestación de ayer muestra heridas que, aseguró, le infligieron policías con proyectiles de gas lacrimógeno durante las protestas del primero de diciembreFoto Pablo Ramos García
Alejandro Cruz y Fernando Camacho
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 2
A unas horas de que venciera el plazo constitucional para que la juez 47 de lo penal en el Reclusorio Norte, María del Carmen Patricia Mora Brito, definiera la situación jurídica de los consignados por la jornada de disturbios del primero de diciembre, todo perfilaba a que más de 50 de los 69 detenidos fueran puestos en libertad en las primeras de este domingo, ya que no hay elementos para imputarles el delito de ataques a la paz pública, manifestaron abogados de los detenidos.
Sin embargo, se presume que a un grupo de entre 14 y 16 personas se les reclasificarían los delitos, o se les agregarían los de daños a la propiedad pública y robo, toda vez que se presume que se iniciaría una nueva averiguación previa por esos presuntos ilícitos.
Desde las seis de la tarde algunos familiares y defensores de los implicados que se encuentran presos en el Reclusorio Norte fueron citados al juzgado, sin que se les informara el motivo.
Trascendió que se preparaba una lista de personas a quienes se les imputaría nuevos cargos, entre ellos algunos de los que se encuentran actualmente presos.
Al penal acudieron familiares y amigos de los detenidos, así como litigantes.
Sin embargo, no se pudieron acercar a las instalaciones del centro debido a que elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal les impidieron el paso.
Entre ellos empezó a correr el rumor de que se habían girado nuevas órdenes de aprehensión, lo cual causó molestia, por lo que se permitió la entrada del abogado Juan de Dios Hernández Monge, quien explicó que no estaba confirmada dicha información, y señaló que aunque no podían confiarse, todo apuntaba a que el proceso se desarrollaba con normalidad.
David Peña y Armando Barreda, quienes integran el grupo de abogados de los detenidos, señalaron que si bien el plazo para determinar la situación jurídica de sus defendidos vence a las 9:30 horas de este domingo, había indicios de que la mayoría de los consignados serían puestos en libertad.
Dicha situación se esperaba que ocurriera desde anoche a las 21 horas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había concretado, aun cuando no se descartaba que durante la madrugada comenzaran a ser puestos en libertad.
Al menos 50 de los familiares montaron guardia en los accesos del área de juzgados del Reclusorio Norte, en espera de información sobre la situación de sus familiares internos.
Aunque en un principio los ánimos se crisparon por las supuestas nuevas órdenes de aprehensión, éstos se calmaron luego de los informes dados por Hernández Monge, por lo que continuaron a la expectativa ante la posible liberación de los detenidos, pero manifestaron que no confían en autoridades que los encarcelaron de manera injustificada.
Hasta anoche a las 23 horas se encontraba en el juzgado 47 de lo penal personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para mantenerse al pendiente del proceso y del momento en que la juez iniciara la audiencia correspondiente.
Los abogados reunidos en el lugar informaron que la juzgadora citó para las 7 de la mañana de este domingo, con el fin de dar inicio a la audiencia.
Se espera que integrantes del movimiento #YoSoy132 y diversos colectivos sociales realicen una manifestación de apoyo a sus compañeros presos la mañana de este domingo.
David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, afirmó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) integró anoche una nueva averiguación contra unas 16 personas por daños en propiedad ajena.
Afirmó en entrevista que de esas 16 personas, cuatro están presas: Judith Gómez Contreras, Mario Flores Guerrero, Ángel Boydán Florencio y Stylianos García Vackimes, a quienes ya les tomaron declaraciones preparatorias de la nueva acusación. De los 12 restantes aún no hay datos precisos.
“De confirmarse esta información, es muy preocupante que el juzgado haya dicho: ‘como va’, y así, en frío, los haya hecho declarar aunque tuvieran abogado. No son buenas noticias”, lamentó Peña.
Enfatizó que la actuación de la PGJDF es preocupante. Su proceder ha sido arbitrario, totalmente ilegal. A Obed Palagot, por ejemplo, los reportes policiacos dicen que lo detuvieron dos veces, en diferentes lugares y diferentes horas. Una, a las 12:45 en Eje 1 Norte y Reforma, y otra a las 13:30 en la esquina de Juárez y Balderas, cuando en realidad lo arrestaron a las 13:20 en 5 de Mayo y Eje Central.
Fuentes oficiales del bufete jurídico Regino Abogados –que tiene la defensa de la cineasta Judith Gómez– negaron contar con información sobre el nuevo cargo que enfrentaría su cliente

A Bryan Reyes, formal prisión: #YoSoy132




A Bryan Reyes, formal prisión: #YoSoy132
De la redacción
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 2
En los primeros minutos de hoy, integrantes del movimiento #YoSoy132 informaron que a Bryan Reyes, quien está a disposición del juez 11 de lo penal, le habría sido dictado auto de formal prisión por el delito de alteración de la paz pública. Reyes –ex alumno de la Escuela Nacional de Música– formaba parte de la Acampada Revolución, que llevó a cabo #YoSoy132 antes de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto

Acusan al GDF de obstruir la pesquisa al no exhibir videos




Acusan al GDF de obstruir la pesquisa al no exhibir videos
Advierten que no permitirán que algún partido político lucre con esta causa
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Granaderos obstruyeron el tránsito de manifestantesFoto Prometeo Lucero
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 3
Una semana después de las protestas contra Enrique Peña Nieto, que dejaron un saldo de 69 detenidos y dos heridos graves, unas 300 personas –familiares y amigos de los arrestados, e integrates de colectivos– se movilizaron para exigir la libertad de los consignados, y advirtieron:no queremos otro Atenco.
En el Ángel de la Independencia demandaron que sean excarcelados y que no se criminalice la protesta social. Exigieron que se derogue el delito de ataques a la paz pública.
Horas antes de cumplirse el plazo constitucional para determinar la situación jurídica de los consignados, a las 13:30 horas marcharon del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo al Reclusorio Norte, donde aseguraron que se mantendrán en plantón hasta que salga el último preso, y sostuvieron que no permitirán que ningún partido políticolucre con esta causa.
Ante decenas de granaderos que les impidieron llegar a la sede del juzgado 47 de lo penal, donde se lleva la causa, Francisco Zepeda, padre de Miguel Ángel y Angélica Zepeda Patlani, detenidos el primero de diciembre, aseguró que la libertad de todos los presos no está sujeta a negociación.
Con voz firme, señaló: somos gente del pueblo; para nosotros no es motivo de preocupación estar en un plantón. Sabemos qué es estar en la calle, en esta oscuridad.
Vecino del municipio de Ecatepec y comerciante ambulante, aseguró que la detención de sus dos hijos fue injusta. Un testimonio del joven detenido afirma que acudió al Centro Histórico con su hermana para comparar precios de perfumes para regalarlos en Navidad. Hoy se encuentran presos.
Frente a decenas de personas que llevaban flores en las manos, el padre reiteró: todos son nuestros presos, y los queremos libres a todos.
Denunció que el Gobierno del Distrito Federal obstruye la investigación, al no exhibir los videos de vigilancia de las calles afectadas por los disturbios, particularmente de las cámaras colocadas en las avenidas Juárez y Reforma.
Durante la movilización en la que participaron profesores de la sección 9 del Distrito Federal, así como integrantes de la Juventud Comunista Revolucionaria, de la Alianza Anarquista Revolucionaria y del Grupo Internacionalista, además de pequeños grupos de alumnos de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y Autónoma Chapingo, y del Instituto Politécnico Nacional, se corearon consignas como:¡no estamos todos, faltan los presos!, y¡que nadie se calle, los presos a la calle!
A su paso por las inmediaciones del penal, se aplicó un discreto operativo de vigilancia, que incluyó cinco elementos de la policía auxiliar y siete patrullas desde las cuales se fotografiaba a los manifestantes, mientras decenas de comerciantes bajaban las cortinas de negocios de la zona.
“Soy la tira, hijo de la chingada”
Cenobio García Garrido, trabajador migrante, llegó el pasado martes a la ciudad de México para buscar la liberación de su hijo Irving Adrián García Rivas, de 20 años, quien para conocer la capital del país se trasladó desde su natal Durango una semana antes.
De su detención narró que un hombre vestido de civil lo detuvo “en las inmediaciones del Monumento a la Revolución; lo pasearon en varias patrullas y cuando lo entregó a un policía, éste le apuntó con su arma y le dijo: ‘soy la tira, hijo de la chingada’, y se lo llevaron”.
A Irving, apuntó, lo presentaron ante empleados de una tienda saqueada, quienes negaron que fuera uno de los responsables del ataque, pero de todas formas se lo llevaron. Agregó: que fabriquen delincuentes con nuestros hijos, cuando hay tantos sueltos por la calle, me parece abominable.
Martha Villega, esposa de Antonio Mancio Belmont, uno de los detenidos el día primero, contó que éste por defender a una anciana fue arrestado.
Enojada, afirmó: no nos arrepentimos, porque vi lo que le hacían a la señora y era como ver a mi mamá. Defender a la gente no puede ser un delito.
Concierto por la libertad
Por la tarde, integrantantes del movimiento #YoSoy132 participaron en un concierto en el Ángel para exigir la libertad de todos los presos. Cerca de 200 personas reunidas en las escalinadas del monumento demandaron la excarcelación. Portaban una manta con la leyenda: #Todossomospresos.
Se leyó un pronunciamiento político del colectivo, en el cual se reitera que los actos de violencia del primero de diciembre fueron orquestados por Estado, e involucran tanto al gobierno federal como al local.
Demandaron la derogación del delito de ataques a la paz pública y repudiaron la criminalización de la protesta social.
A ese acto acudió el escritor Paco Ignacio Taibo II, quien llamó a mantener una lucha pacífica, y advirtió: no nos van a quitar nuestra ciudad.
En el concierto, donde participaron, entre otras bandas, Son Negro, Mexican Holligans, Laura Murcia y UT, elMastuerzo, quien calificó demonstruosa la represión policiaca, aseguró: por cada golpe que den, esto va a crecer. Ellos lo saben.
Con información de Blanca Juárez

Plagado de irregularidades, el pliego de consignación: abogado




Plagado de irregularidades, el pliego de consignación: abogado
Alejandro Cruz
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 3
El pliego de consignación enviado a la juez 47 penal, que lleva el caso de 69 acusados de ataques a la paz pública el primero de diciembre, está plagado de irregularidades, pues se omitió que al menos 55 detenciones se efectuaron en la calle Filomeno Mata, a gran distancia de donde ocurrieron los daños a edificios de avenida Juárez, denunció uno de los abogados de los implicados, Jesús Robles Maloof.
Agregó que no se incluyen todas las declaraciones de los policías que realizaron las remisiones ni las de los acusados. En el caso de los agentes, las exposiciones son casi idénticas.
Señaló que al menos las 55 personas detenidas en Filomeno Mata deben ser puestas en libertad, ya que está documentado con fotos y videos que en ese sitio no hubo agresiones a los policías ni daños a inmuebles.
Robles Maloof señaló que el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, incumplió su compromiso de revisar caso por caso, y dejó a la juez 47 la decisión sobre la presunta responsabilidad de los consignados.
Explicó que, como jefe del Ejecutivo local, debió haber realizado dicha revisión y que, por ser poderes distintos, Mancera no puede intervenir en las decisiones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Añadió que otra irregularidad son videos sobre los hechos presentados en noticieros de televisión. Señaló que en el expediente se transcribieron opiniones de conductores de esos programas, sin que hayan sido testigos de lo ocurrido en avenida Juárez.
Cuestionó que, en cambio, el MP no haya presentado como pruebas los videos de las cámaras de seguridad del GDF instaladas en avenida Juárez

Agentes dejaron el campo libre para hacer destrozos: testigos




Agentes dejaron el campo libre para hacer destrozos: testigos
Luego de que los vándalos se retiraron, los uniformados iniciaron las aprehensiones
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 4
El primero de diciembre, luego de que sujetos que llevaban cadenas en el cuello –como los efectivos de la Policía Federal que estuvieron en el cerco de San Lázaro– se enfrentaron a agentes y les lanzaron bombas molotov en la esquina de López y avenida Juárez, los uniformados fingieron una persecución y luego se replegaron en Eje Central y Madero.
Dejaron sin vigilancia durante 15 minutos avenida Juárez. Eran cuarto para las dos de la tarde. El tiempo fue aprovechado por los sujetos –que antes lanzaron cosas a los policías– para atacar hoteles, vehículos y comercios sin que nadie los detuviera, narraron dos testigos de lo ocurrido, que accedieron a dar su testimonio con la única condición de no revelar su identidad. En la zona no había un solo uniformado, insistieron.
Los testigos habían acudido a tomar fotografías de la marcha que encabezaban profesores de la sección sindical 22, pero ante los disturbios captaron imágenes de quienes lanzaron bombas molotov a los policías y que, aseguraron, luego hicieron destrozos en la zona.
“Todos corrimos cuando los policías fingieron que salían corriendo para detenernos sobre avenida Juárez, pero luego de dos calles nos dimos cuenta de que habían desaparecido. En ese momento, de varias calles que desembocan a Juárez salieron grupos de hombres que rompían todo.
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Marcha del CCH Vallejo al Reclusorio Norte en demanda de la liberación inmediata de los detenidos en las protestas contra Enrique Peña NietoFoto Yazmín Ortega Cortés
“Ante esa situación, los profesores decidieron apurar el paso y terminar su movilización. La mayoría se fue al metro. Otros corrimos hacia Reforma, y después de las dos de la tarde los policías estaban otra vez en la avenida Juárez. Detenían a todo aquel que caminara por el lugar. Pero eso –las aprehensiones– ocurrió cuando los que provocaron la violencia ya se habían ido.
“Sobre Paseo de la Reforma los policías detuvieron a varios fotógrafos y personas que deambulaban por allí –contaron los testigos–; no les importaba que presentaran sus credenciales, y en algunos casos un supuesto empleado del hotel Hilton identificaba a presuntos atacantes y los policías los detenían sin más. Nosotros nos retiramos ante el temor de que nos agredieran los uniformados o también nos aprehendieran.

Nuestros ideales están más firmes que nunca; de nada sirve llorar




Nuestros ideales están más firmes que nunca; de nada sirve llorar
Fernando Camacho y Laura Poy
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 4
David Soberanes, estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, denunció que el primero de diciembre fue víctima de detención arbitraria, y que policías lo golpearon, insultaron y amenazaron sólo por haberles reprochado su actuación violenta.
El sábado yo no estaba participando en la marcha, pero cuando vi lo que hacían los policías, me puse a reclamarles. No eran ofensas ni insultos, pero cuando llegué a la entrada principal de Bellas Artes, unos granaderos me llegaron por atrás y me llevaron a punta de golpes e insultos, narró a La Jornada el también alumno de la carrera de etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
Agregó que los policías se lo llevaron en una camioneta, donde minutos más tarde subieron a un estudiante de nombre Kevin, del CCH Sur, y a un joven llamado Víctor Govea. Ambos tenían huellas de golpes en varias partes del cuerpo. No tenían zapatos y sus lentes estaban rotos.
En la agencia 50 del Ministerio Público a todos los interrogaron, les tomaron fotografías y los hicieron declarar con engaños, agregó. Estuvieron sin agua ni comida suficiente, y sin posibilidad de asearse ni derecho a hacer llamadas a celular o de larga distancia. La mañana del lunes fueron liberados unos 14 jóvenes, sin explicaciones.
También capturaron a chavos fresas
“Nos acusaron de hacer destrozos en la glorieta de Colón, pero muy pocos habían estado en realidad ahí. En ese momento te das cuenta de tu tremenda vulnerabilidad. A mí me llevaron por gritarles cosas, pero también agarraron a varios chavos bien fresas, sin ninguna militancia política”, aseveró.
Una semana después de su detención, Yéssica Bibiana escribe desde Santa Martha Acatitla, donde permanece detenida junto a 10 de sus compañeras:nuestros ideales están más firmes que nunca, y allá afuera no sirve de nada llorar ni arrodillarse.
Expresa: yo, Yéssica Bibiana Reyna Camargo, lo único que quiero decir es que no permitan absolutamente a nadie que su espíritu se quiebre. Nuestros cuerpos están aquí adentro, encerrados, sometidos, presos, pero nuestro corazón está más firme que nunca.
Estudiante del quinto semestre de ingeniería en agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, exhortó a recordar que la lucha es depie por nuestros presos, por nuestros sin hogar, los que tienen hambre y (contra) las injusticias. La lucha es con la frente bien en alto, y sobre todo sin miedo. Si su espíritu se quebranta, escribe en un breve texto, ellos habrán ganado.
Caso de tortura
Roberto Alejandro Cortés, estudiante de antropología social en la ENAH, fue detenido la noche del primero de diciembre en Doctor Lavista y Eje Central y se encuentra en el Reclusorio Norte. Es uno de los cuatro casos de tortura denunciados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En conferencia de prensa, sus padres, Roberto Cortés e Irma Zárate, denunciaron la detención arbitraria. Aseguraron que su hijo se dirigía a la agencia 50 del Ministerio Público para recabar información sobre el posible arresto de estudiantes de la ENAH.
Ante las puertas del Museo Nacional de Antropología, su madre apuntó:quiero creer en este país, pero cuesta mucho trabajo cuando ves una injusticia como ésta.
Alejandro fue detenido entre las 19 y 20 horas de ese sábado por granaderos que lo golpearon en el rostro y el cuerpo, y le aplicaron dos descargas eléctricas en las piernas. Luego lo entregan a policías preventivos, quienes lo presentaron en dicha agencia del MP, narró su padre.
No se resistió al arresto, porque sabía que no había hecho nada, pero por su apariencia –iba vestido de negro, con chamarra militar y rastas– fue detenido, aseguró.
Su hermano, Renato Cortés, quien también es su abogado, indicó que se le finca el delito de ataques a la paz pública en padilla, pero cuando lo aprehendieron habían transcurrido más de cinco horas de los hechos.
Alejandro se encontraba en Xochimilco comiendo con una amiga cuando se cometieron los destrozos en el Centro de la ciudad, apunta Renato, así que no hay elementos para imputarle responsabilidad, y añade que, ante el cúmulo de irregularidades, confiamos en que será puesto en libertad

Criminalizan apariencia




Criminalizan apariencia
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Conferencia de prensa de ONG, familiares y amigos de los presosFoto Francisco Olvera
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 6
Tras los disturbios ocurridos el 1° de diciembre, se ha reforzado entre los cuerpos de seguridad la lógica de detener y criminalizar a personas sólo por su edad o su apariencia física, en particular a jóvenes, mujeres y estudiantes de escasos recursos, en un intento de estigmatizar a los diferentes y cobrarles la factura política de lo ocurrido el sábado pasado, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.
Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), señaló que ya comienza a verse un patrón de arrestos dirigidos en contra de jóvenes, mujeres y estudiantes de recursos limitados.
Preocupa que las detenciones de mujeres jóvenes han estado plagadas de violencia sexual, que ya han ocurrido en otras ocasiones, como en San Salvador Atenco, donde el hostigamiento y los ataques formaron parte de la detención, lamentó.
Por todo ello, es posible decir que las autoridades están emprendiendo una campaña de estigmatización de ciertos grupos. “A algunos les llama anarquistas, en evidente ignorancia de lo que es. Hay una tendencia a reprimir a ‘los diferentes’, los que no tienen la apariencia que la clase gobernante considera normal. Para ella, los jóvenes son una amenaza”, indicó.
Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, coincidió en que hay serios indicios de que los jóvenes más susceptibles a ser criminalizados por su apariencia serán quienes terminen pagando la factura política de los destrozos en el Centro Histórico.
Las acusaciones más severas del Ministerio Público se han realizado en contra de jóvenes con rastas en el pelo o tatuajes. A quienes cumplen con el estereotipo del vándalo es a los que más les están cargando la mano, incluso tratando de sembrarles armas. Van a buscar que ellos paguen la factura y sembrar temor entre los ciudadanos para que no salgan a manifestarse, consideró.
Por su parte, Enrique Larios, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), afirmó que tras analizar los testimonios, fotos y videos sobre las protestas del sábado pasado, hay elementos que sugieren que se trató de un operativo del gobierno para detener de manera injustificada a personas que no habían realizado ningún acto vandálico ni se encontraban en el lugar de la manifestación. El objetivo era criminalizar la protesta social.
“Al revisar varios videos, pudimos comprobar que la agresión cometida contra diversos ciudadanos obedece a unoperativo policiaco en el cual se detuvo a personas sin justificación. Lo que no previeron es que la gente hoy en día tiene la posibilidad de capturar todas las escenas y divulgarlas” casi de inmediato en Internet.
“Hay ciertos elementos para decir que este operativo fue manejado desde el gobierno, con violencia premeditada, y nos causa extrañeza que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal amenace, con penas de entre 5 y 30 años de cárcel, a personas que no estaban donde decían que las habían detenido, casi como si fueran terroristas. No están buscando quién lo hizo sino quién lo pague”, lamentó

Llaman a impulsar movilizaciones




Llaman a impulsar movilizaciones
Rocío González Alvarado
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 6
La presidenta de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY), la uruguaya Viviana Piñeiro, afirmó que las movilizaciones juveniles que con diferentes facetas se han desatado en el mundo, entre ellos México, deben continuar impulsándose, pero llega un punto en que no sólo con manifestaciones se logra un cambio, por lo que consideró pertinente que los movimientos sociales y los partidos políticos vuelvan a encontrarse, para ejercer presión ante los gobiernos y viabilizar sus propuestas. Previo a un encuentro que sostendrán este fin de semana en la ciudad de México, de manera paralela a la cumbre mundial de indignados de la Internacional Socialista, dijo que pondrán sobre la mesa de debate la represión contra jóvenes al manifestarse por el retorno de un régimen, pues siempre que haya algo que esté por fuera del marco legal y del respeto de los derechos humanos lo vamos a repudiar. En entrevista, la joven militante del Partido Socialista de Uruguay externó que las organizaciones sociales y los partidos políticos tienen que ponerse en contacto, y retomar su rol original que es intermediar en las demandas entre la sociedad y el Estado. Como jóvenes de izquierda promovemos y alentamos a que se manifiesten los jóvenes y creo que las nuevas tecnologías, como las redes sociales, son herramientas que no debemos desvalorizar, pero hay que ir más allá, apuntó

Corrupción y duopolio de tv, retos para México, dice Freedom House




Corrupción y duopolio de tv, retos para México, dice Freedom House
El costo de las corruptelas para ciudadanos y empresas en el país equivale a 9 por ciento del PIB
La guerra contra el narco, factor fundamental en el deterioro de la gobernabilidad, indica
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De acuerdo con el informe de Freedom House, cada año la corrupción representa un costo para ciudadanos y empresas de poco más de un billón 404 mil millones de pesos. En la imagen, una obra suspendida cuya autorización se obtuvo sin que reunieran los requisitos para iniciarlaFoto Francisco Olvera
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 7
La corrupción en México tiene número. Cada año representa un costo para ciudadanos y empresas por un billón 404 mil millones de pesos, cantidad que equivale a 9 por ciento del producto interno bruto (PIB), reveló un reporte elaborado por Freedom House (FH), una organización no gubernamental que cita datos del Banco Mundial. El combate a la corrupción se mantiene como un enorme desafío, estableció el informe publicado una semana después del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el primero de extracción priísta tras 12 años de administraciones a cargo del Partido Acción Nacional.
La guerra contra las drogas lanzada por el ex presidente Felipe Calderón apenas inició su gobierno en 2006, se convirtió en el principal factor detrás del deterioro de la gobernabilidad en el país. Los mayores grupos criminales, bajo creciente presión gubernamental, no sólo se han enfrascado en luchas feroces, sino que en algunos casos se han fragmentado en organizaciones más pequeñas que han ampliado sus actividades al secuestro, extorsión, prostitución y tráfico de humanos.
El informe de FH, una organización con siete décadas de historia, incluyó el control del mercado de televisión en México por dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, como uno de los principales obstáculos al pluralismo en el país, un oligopolio que históricamente ha mantenido vínculos estrechos con el gobierno.
El modelo privado de medios de comunicación no es un modelo de pluralismo, expuso FH en el apartado sobre México de su reporte Países en la encrucijadaPor el contrario, la concentración de la propiedad y las prácticas monopólicas son unas de las intrusiones primarias en la libertad de expresión.
La organización caracteriza que la televisión en México sigue dominada por dos compañías: Televisa y Televisión Azteca que, aunque no son las únicas en el mercado, sí ejercen control sobre 90 por ciento del segmento de televisión abierta. En adición, 13 grupos empresariales controlan 86 por ciento de las estaciones de radio en el país, abunda el informe.
Televisa en particular ejerce una gran influencia política y financiera y mantiene una posición dominante como moldeador de la opinión pública en México, asegura el informe. La compañía es capaz de dañar las carreras de los políticos que amenacen su dominio; a la inversa, pueden transformar a un candidato favorecido en un político ganador, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, ex gobernador del estado de México y, desde el 1º de diciembre pasado, presidente del país.
Como rutina, Televisa recurre a la práctica de insertar marcas y propaganda política en su programación mezclando anuncios con entretenimientode una forma que hace que se confunda la realidad, asegura.
El oligopolio mexicano de los medios históricamente ha compartido una relación cercana con el gobierno. Aunque algunos medios de comunicación, particularmente en el sector de la prensa escrita, muestran un comportamiento vibrante, la expansión de la libertad de los medios es territorialmente desigual. Algunos gobiernos estatales y municipales presionan a los medios críticos con frecuentes auditorías, amenazas de revocar licencias o intimidaciones directas, agrega.
El costo de la corrupción
Freedom House considera que el combate a la corrupción se mantiene como un enorme desafío en México. Cita un reporte de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que trata de documentar prácticas de corrupción en el mundo, según el cual en sólo un año los sobornos representan un costo para empresas y personas equivalente a 2 mil 750 millones de dólares, unos 36 mil 300 millones de pesos. El costo es mayor para los más pobres: aquellos que perciben los salarios más bajos tienen que gastar alrededor de un tercio de su ingreso en sobornos.
Las oportunidades para la corrupción sobre la base de la participación del Estado en la economía siguen siendo significativas, dado el prominente papel del sector público en algunas actividades, de manera más obvia en la industria petrolera, abunda. Menciona que la labor de la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, incluye una supervisión a varias dependencias y programas públicos, aunque su capacidad es insuficiente para hacerlo en todo el aparato público.
De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción puede representar para México un costo algo mayor a 9 por ciento del PIB y la puntuación del país en materia de control de la corrupción, de acuerdo con indicadores de gobernanza del propio Banco Mundial, retrocedieron de 50.5 puntos en 2007 a 44.5 en 2010, agrega el reporte de Freedom House.
Actualmente, un punto del PIB equivale a 156 mil millones de pesos. Nueve puntos del PIB, es decir, del valor de la economía mexicana, representan un billón 404 mil millones de pesos.
El informe reconoce que desde 1997 el Servicio de Administración Tributaria, el órgano del Estado encargado de la recaudación de impuestos, ha combatido la evasión fiscal y los actos de corrupción. Todos los funcionarios federales deben presentar una declaración patrimonial, aunque es su elección que se haga pública, añade. A la vez, el país ha ratificado convenios contra la corrupción en el ámbito interamericano, en las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Sin embargo, las denuncias de corrupción entre funcionarios de alto nivel rara vez son investigadas o perseguidas, mientras que los funcionarios de menor rango son algunas veces investigados y castigados, señal

El Ejecutivo busca hacer de Gobernación un monstruo de dos cabezas, advierte Bartlett




El Ejecutivo busca hacer de Gobernación un monstruo de dos cabezas, advierte Bartlett
Para el senador panista Osorio Chong no ha acreditado su compromiso con las libertades
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El senador Manuel Bartlett Díaz se manifestó contra la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la transformación de la Secretaría de la Reforma AgrariaFoto Jesús Villaseca
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 11
El senador Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación, advirtió que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propuesta por Enrique Peña Nieto crearáun monstruo de dos cabezas, al convertir a la dependencia responsable de la política interna en un órgano de control policiaco.
Igualmente, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral Jurado, sostuvo que en ningún país democrático hay un modelo que concentre atribuciones y facultades en materia de política interior, con la administración de la policía y el uso legítimo de la fuerza.
Advirtió que es también preocupante que el titular de la dependencia sea Miguel Ángel Osorio Chong, quien no ha acreditado en su actuar compromiso con los derechos humanos y las libertades.
Bartlett recalcó que a nadie conviene transferir las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación, para que “la institución más importante de la política del país opere como un ente policiaco.
“El país –insistió– se debe gobernar con la política, no con una Secretaría de Gobernación policiaca, que podrá mandar tropas a todo el país, tener un equipo de aeronaves especializadas y un sistema de espionaje colosal.”
En entrevista por separado, Corral expuso que, sin querer personalizar, le inquieta que al frente de la Secretaría de Gobernación esté Osorio Chong, cuyos excesos al frente del gobierno de Hidalgo están documentados. Agregó que por ello es que modificaron la minuta, para crear contrapesos, controles democráticos.
Bartlett, a su vez, recalcó que no está de acuerdo tampoco con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, ya que se deja en las demás dependencias su representación descabezada y sin ningún sentido. Parte de su responsabilidad recaerá en la Secretaría de Hacienda, como es vigilar las licitaciones.
Las tareas de la Secretaría de la Función Pública, según la propuesta de Peña Nieto, las absorberá una comisión anticorrupción, que será juez y parte, ya que su titular será nombrado por el presidente de la República.
Igualmente, expuso su desacuerdo con la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ya que deja de lado la responsabilidad de atender a la propiedad social, al ejido, para vigilar la distribución de la propiedad y la ocupación de la tierra en el país.
El también coordinador de la bancada del PT explicó que en México cuenta con una propiedad social de grandes dimensiones, ya que el ejido ocupa más de la mitad del territorio nacional, y ha sido fundamental en la transformación del país.
Con el cambio a la Secretaría de la Reforma Agraria se dejará en el abandono a millones de ejidatarios, que de por sí están en la pobreza.
Insistió en que las reformas propuestas por Peña a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal crean una estructura de gobierno amenazante para la seguridad de todos los mexicanos.
Corral en tanto, hizo notar que a la Secretaría de Gobernación, que entre sus facultades tiene vigilar los contenidos en medios de comunicación, se le dará el control de la policía.
–¿Por qué el PAN no frena esos cambios?
Respondió que junto con el PRD y el PT han actuado como cámara de equilibrio y modificaron la minuta que les remitió la Cámara de Diputados para establecer un mínimo control, como es la comparecencia del secretario de Gobernación cada seis meses en el Congreso y la ratificación del Comisionado de Seguridad Pública y del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
La propuesta de Peña Nieto es un error, pero vamos a darle el beneficio de la duda, tiene derecho a equivocarse. A lo que no tiene derecho es a una concentración indebida del poder

También del gobierno, la violencia contra activistas y periodistas




También del gobierno, la violencia contra activistas y periodistas
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 12
El consejo consultivo del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su extrañeza por uno de los puntos del llamado Pacto por México, en el que los partidos firmantes se comprometen a crear unainstancia especial para cuidar a ambos gremios de los ataques del crimen organizado. En una carta, los integrantes del consejo advirtieron que el compromiso29 del mencionado pacto afirma que los ataques del crimen organizado contra defensores de derechos humanos y de periodistas requieren una solución de mucho mayor alcance que el actual mecanismo creado en la Secretaría de Gobernación, por lo que se creará una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada, que se aboque a definir los mecanismos de protección acordes con las actuales circunstancias. Ante ello, recordaron que los actos de violencia no sólo son responsabilidad del crimen organizado, sino también de las autoridades en numerosas ocasiones; enfatizaron que el mecanismo ya tiene las facultades necesarias para realizar esa tarea de protección, por lo que llamaron a fortalecerlo, en vez de desdeñarlo al crear una nueva entidad

Se castiga a 1.3% de quienes agreden a defensores de los derechos humanos




Se castiga a 1.3% de quienes agreden a defensores de los derechos humanos
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 13
Amnistía Internacional (AI) dio a conocer el informe titulado Transformar dolor en esperanza: defensores de derechos humanos, basado en más de 300 casos de intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos del continente americano, 47 de los cuales se refieren a ataques ocurridos en México.
En su documento, la organización con sede en Londres advirtió que las defensoras y defensores de derechos humanos sufren niveles crecientes de intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, grupos paramilitares, empresas y bandas criminales, para impedirles defender los derechos de las personas más marginadas.
En el caso particular de México, subrayó, los miembros de este gremio sufren hostigamiento judicial, son detenidos sobre la base de pruebas deficientes o enfrentan durante años cargos falsos contra ellos porque se dictan órdenes de detención que luego no se ejecutan.
Uno de los casos destacados en el informe es el de los indígenas nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes pasaron casi tres años en prisión, acusados de un delito que no cometieron, como represalia por su trabajo para que toda su comunidad accediera al agua de forma gratuita.
Aunque AI saludó que el Congreso mexicano haya aprobado por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en abril de 2012, al mismo tiempo advirtió que es fundamental que los legisladores se aseguren de asignarle al Mecanismo de Protección todos los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.
Por otro lado, el informe señaló que algunas de las personas que son un blanco particularmente vulnerable son quienes trabajan en cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, los derechos de las mujeres y de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
De igual manera, también están en una situación muy delicada los defensores de migrantes indocumentados, los periodistas, blogueros y sindicalistas, entre otros.
Como muestra del enorme margen de impunidad que hay en la zona, Amnistía Internacional subrayó que de los casi 300 casos analizados en América, sólo en cuatro se declaró culpables a los autores materiales.
Por todo lo anterior, la organización recomendó a los gobiernos del continente que pongan fin a los ataques contra defensores de derechos humanos al tomar todas las medidas necesarias para proteger su labor; reconozcan públicamente la importancia y legitimidad de su trabajo, y tomen todas las medidas necesarias para sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de defender las garantías individuales

En el pasado sexenio, más intolerancia religiosa




En el pasado sexenio, más intolerancia religiosa
Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 14
En el sexenio de Felipe Calderón la intolerancia y discriminación religiosa experimentó un repunte. La organización A favor de la libertad religiosa, la cual se especializa en la documentación y defensa en estos casos, identificó más de 260 agresiones en contra de cristianos evangélicos.
Aparte, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) coincidió en que durante la administración pasada los casos de intolerancia no se atendieron y agregó que incluso desde la misma Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección General de Asociaciones Religiosas, se realizaron actos de intolerancia religiosa por medio de la aplicación de criterios fuera de la ley para impedir el registro de iglesias cristianas.
Arturo Farela, presidente de la Confraternice, señaló en entrevista que Paulo Tort, ex titular de dicha dirección dependiente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, inició estos actos y se convirtió en un perseguidor de nuestras iglesias; por ello interpusimos seis quejas en su contra, las que no procedieron. Ante esta circunstancia solicitó a los nuevos titulares de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la subsecretaria de Población, Paloma Guillén Vicente,pongan orden en esa dirección y designen como titular a alguien perito en la materia

Reactivan grupos paramilitares para la siembra del terror, acusan Las Abejas




Reactivan grupos paramilitares para la siembra del terror, acusan Las Abejas
El gobierno federal aprovecha la transición para contrarrestar las protestas sociales, dicen
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 15
San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de diciembre. La organización de la sociedad civil Las Abejas denunció hoy la reactivación del grupo paramilitar Máscara roja en el municipio tzotzil de Chenalhó, y que la transición gubernamental de Enrique Peña Nieto ha desatado una serie de hechos violentos, como estrategia de amenaza para contrarrestar las protestas sociales que denuncian su imposición. Pero las acciones “no sólo son contra los ‘anti-EPN’”, también organizaciones que denuncian las injusticias y violaciones a los derechos humanos cometidos y gestionados por los gobiernos, bajo una lógica de contrainsurgencia para crear división y conflicto comunitario, hasta causar desplazamiento forzado.
El mismo gobierno administra los conflictos, como lo vino haciendo el gobierno estatal que concluyó hoy con las organizaciones de Tila, San Sebastián Bachajón y otras regiones autónomas, añaden Las Abejas. Tal estrategiapermitió la reactivación de los grupos paramilitares Paz y Justicia en la zona Norte y Máscara roja en el municipio de Chenalhó.
Además, la excarcelación masivade paramilitares presos por la masacre de Acteal (ocurrida el 22 de diciembre de 1997), a partir del 12 de agosto de 2009, hasta la liberación de Manuel Santiz Pérez, el pasado 25 de septiembre, ha favorecido este reagrupamiento, que se manifiesta en su coordinación con los que no fueron juzgados, y portan armas de fuego en las carreteras, los montes, el camino a las milpas y cafetales. Tal dinámica ha hecho que en las comunidades de Chenalhó se ostentan armas de fuego en donde sea, lo que induce miedo en los sobrevivientes de la masacre, las víctimas de la guerra de baja intensidad y toda la población civil. Las Abejas refieren la tragedia reciente del 5 de septiembre, cuando un priísta disparó por la espalda a Manuel Ruiz Hernández, base de apoyo zapatista, cerca de la plaza de Yabteclum.
La acción violenta del Ejecutivo estatal no se limita a sembrar terror, sino continúa la estrategia de desgaste integral con la que desde gobiernos anteriores se ha hostigado a nuestra organización pacifista”. Al gobierno, agregan, le da pena aceptar su derrota en 2008, cuando Felipe Calderón Hinojosa y Juan Sabines Guerrero dividieron nuestra organización pensando que iban a desarticularnos; pero se equivocaron, lo que hicieron nos fortaleció, y nos hizo definir como la organización que somos en la actualidad.
No obstante, “los depredadores no dejan de hostigar a nuestro movimiento; ahora han reactivado a sus mensajeros, de la misma manera que en abril de 2010 cuando integrantes de la mesa directiva de la (llamada) ‘asociación civil Las Abejas’ con sede en Nuevo Yibeljoj, que usan nuestro nombre, visitaron a los sobrevivientes de Acteal para solicitar los nombres de sus familiares muertos en la masacre para negociar una indemnización”. En esta ocasión, sus comisiones se disfrazan de sobrevivientes, llegando a casas de paramilitares, de priístas, de integrantes de su asociación civil y de los nuestros, invitan a formar un grupo de sobrevivientes y toman sus nombres para además solicitar programas asistenciales en nombre de los mártires.
La Organización Sociedad Civil Las Abejas y los sobrevivientes de la masacre de Acteal condenan dicha estrategia gubernamental y denuncian a quienes se dicen sobrevivientes pero no lo son: Juan Oyalté Paciencia (paramilitar priísta de Tzajaluk’um), Vicente Oyalte Luna (priísta de la comunidad de Acteal), Pedro Vásquez Ruiz y Juan Pérez Pérez (de la ‘asociación civil Las Abejas’).
La organización legítima de Las Abejas, adherente de la otra campaña, sostiene que con esta estrategia el gobierno pretende desviar la exigencia de justicia por la masacre, y que las personas que fungen de comisiones sonordenados y formados por delegados del gobierno, igual que los paramilitares que mataron a nuestros hermanos, ordenados por el Estado y adiestrados por el Ejército. Al gobierno no le bastó con matarnos, no logró su propósito, por eso ahora trata de comprar nuestra conciencia.
Que sepa el gobierno asesino de nonatos, de niños y niñas, mujeres, ancianos y hombres de la población civil desplazada, que la sangre de nuestros mártires nunca la vamos a intercambiar por dinero ni programas asistencialistas. Tampoco permitiremos que se venda la dignidad de nuestros hermanos masacrados. No cesaremos de gritar justicia en contra de los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal, concluye la denunci

Uniformar el Código Penal, arma de 2 filos: feministas




Uniformar el Código Penal, arma de 2 filos: feministas
Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2012, p. 16
La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de uniformar el Código Penal representa para los derechos de las mujeres un arma de dos filos. De acuerdo con integrantes de colectivos feministas, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, dicho código unificado no podría ir a la baja en las garantías individuales, sino que tendría que partir del modelo de código que establezca los mayores derechos y libertades para dicho sector, pues de lo contrario podría ser considerado inconstitucional.
En términos generales, valoraron la propuesta como atractiva si parte de ese enfoque garantista, aunque advirtieron del riesgo de que los derechos ganados queden minimizados.
Si la unificación es para tener control y dejar fuera avances en derechos como en el tema del aborto, donde es probable que quieran imponer causales, la iniciativa implicará retroceso, advirtió María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir.
Sobre el feminicidio, apuntó: “No creemos en un Código Penal único; si se hace que sea por delito, en el caso delfeminicidio ayudaría a una debida diligencia, por eso hemos pedido la homologación desde hace tiempo”.
Elsa Conde, ex legisladora federal y miembro de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, consideró que difícilmente podría haber un retroceso a la hora de homologar el Código Penal en temas como la interrupción legal del embarazo, debido a la discusión que ya se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Ante cualquier intento de que nuestros derechos fueran a la baja, tenemos los antecedentes de la SCJN.
Para Jaime Montejo, de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, expresó que de entrada nos parece bien que se unifique el Código Penal pero habría que ver es cuál es la propuesta.
Añadió que la legislación actual es muy dispar, pues mientras en el DF es legal el aborto, en 17 estados se criminaliza a las mujeres, o bien, hay estados donde robarse una vaca es más grave que secuestrar a una mujer, o incluso un asesino alcanza fianza porque la sentencia por matar a una mujer es sólo de tres años

CARTON DE LA JORNADA