Crece la tensión

Crece la tensión

Los alumnos insisten: diálogo público y retiro de denuncias

No cederemos ante exigencias enarboladas con la violencia, dice abogado de la UNAM a inconformes

En asamblea general, los jóvenes aprueban plan de acción; hoy marchan en Ciudad Universitaria

El abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Raúl González Pérez, entrega un documento a los jóvenes que mantienen tomada la torre de rectoríaFoto Roberto García Ortiz

Mitin celebrado después de la asamblea realizada en el auditorio Che Guevara de Filosofía y LetrasFoto Marco Peláez

Emir Olivares y Arturo Jiménez

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 2

El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez, entregó un documento a los jóvenes que mantienen tomada la rectoría, en el que las autoridades señalan que no cederán ante exigencias enarboladas mediante la violencia, la cerrazón y contrarias a la legalidad, e informan que se ratificaron las demandas penales contra quienes resulten responsables de la ocupación ilegal. En respuesta, horas después, los inconformes indicaron en un comunicado que no desocuparán las instalaciones hasta que se dé un diálogo público y se retiren las denuncias en su contra.

En tanto, activistas que participaron en una reunión en el auditorio Che Guevara decidieron permanecer en plantón en la explanada de rectoría, ante el posible ingreso de la Policía Federal (PF), sin que se pronunciaran en favor o en contra de la toma del edificio desde el viernes pasado, cuando unas 15 personas con el rostro cubierto rompieron una de las ventanas para ingresar.

Firmeza de las autoridades

Las autoridades universitarias insistieron en el texto que la devolución de la torre de rectoría no está sujeta a condición o presión alguna que sea contraria al orden jurídico ni a los valores fundamentales de la casa de estudios.

Pasadas las 13 horas, González Pérez llegó a la rectoría para entregar el documento donde se asienta que se amplió la denuncia penal y se solicitó al Ministerio Público actuar en contra de algunos de quienes han sido identificados como participantes (de estos) hechos, así como la posible sustracción de bienes universitarios.

“Su actitud de mantener tomadasilegalmente las instalaciones de la rectoría agravia a la institución y a la comunidad universitaria, al impedir el normal desarrollo de actividades”, indica el texto.

Se trata del segundo documento que entrega el abogado general al grupo de inconformes. El sábado anterior acudió por primera vez para presentar a los jóvenes un texto en el que la UNAM subraya que no habrá diálogo hasta que los jóvenes entreguen las instalaciones.

La noche del martes, tras un debate en la explanada de rectoría en el que participaron decenas de universitarios con opiniones en pro y en contra de la ocupación, el grupo de inconformes decidió retirar su demanda de que sean reinstalados los estudiantes expulsados del CCH Naucalpan por un enfrentamiento con trabajadores, que fue el principal motivo para que tomaran la rectoría y la dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades, ésta el 6 de febrero pasado.

Los jóvenes informaron que se retirarían del inmueble este miércoles a las 17 horas, si se garantizaba que no habría represalias en su contra y se instalaba un diálogo público y resolutivo.

Después de analizar el documento de las autoridades, el grupo que mantiene latoma decidió no entregar el edificio.

Ayer por la tarde activistas y simpatizantes se reunieron en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras para discutir sobre el conflicto. En el encuentro se acordó no permitir el acceso a los medios de comunicación, por lo que se desconoce si los asistentes iban en representación de algún plantel o acudieron a título personal. Tampoco se informó si se han realizado asambleas por escuela en las que se haya elegido a algún delegado que se pronuncie en nombre de esa comunidad.

Algunos asistentes a la reunión explicaron que sólo se presentaron propuestas para evitar el ingreso de la policía, pero no se definió un apoyo explícito a la toma de la rectoría debido a las diferencias existentes por la forma en que se realizó.

Dijeron que participaron integrantes de escuelas de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y las universidades Autónoma Metropolitana y Autónoma de la Ciudad de México, además de algunos jóvenes del movimiento #YoSoy132, miembros de organizaciones sociales y del magisterio disidente. Afirmaron que el auditorio (con capacidad para mil personas) estaba prácticamente lleno.

Tras la reunión, a la que denominaronasamblea general, se leyó un pronunciamiento en el que señalaron que apoyarán a quienes ocupan la rectoría con un plantón en el exterior del edificio y rechazaron enérgicamente la posible entrada de la policía a Ciudad Universitaria. En caso de que ésta se dé, solicitarían la renuncia del rector José Narro.

También acordaron un plan de acción, realizar asambleas en las escuelas, una marcha por el circuito principal de Ciudad Universitaria este jueves a las 14 horas y una asamblea el próximo lunes, en un lugar por definir, entre otros puntos.

Antes de la lectura del pronunciamiento ocurrió una zacapela entre activistas y un grupo de reporteros gráficos. Incluso agredieron a Eduardo Miranda, de Proceso, quien realizaba su trabajo. Fuera prensa de la UNAM, gritaron algunos. Poco después los ánimos se calmaron. 

Cerca de las 11 de la noche podía observarse a unos 20 activistas fuera de la torre de rectoría que decidieron realizar un plantón en solidaridad con los jóvenes que mantienen ocupado el inmueble, ante la posibilidad de que llegara la PF para retirarlos. Algunos llevaban cobijas para pasar la noche. La explanada se encuentra en total oscuridad

La UNAM está abierta al diálogo, pero por la vía institucional: González Pérez

La UNAM está abierta al diálogo, pero por la vía institucional: González Pérez

La ocupación obstaculiza procesos fundamentales, aunque no se ha dejado de trabajar en la docencia

Emir Olivares y Arturo Jiménez

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 3

Nadie puede forzar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a no aplicar la legalidad. Las autoridades están abiertas al diálogo para la resolución de conflictos y siempre lo privilegiarán, pero éste debe darse por la vía institucional y de acuerdo con la legislación universitaria, sostuvo el abogado general, Luis Raúl González Pérez.

Al referirse a la toma de rectoría del viernes pasado por un grupo violentode jóvenes con el rostro cubierto, que exigen la reinstalación de seis estudiantes expulsados del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, el funcionario subrayó que la Universidad no se sentará a dialogar si para ello se tiene que cancelar el estado de derecho, la legalidad y los procedimientos penales emprendidos por la ocupación del inmueble.

En entrevista con varios medios de comunicación, González Pérez detalló que el rector de la UNAM, José Narro Robles, hará los esfuerzos necesarios para que quienes mantienen la tomapuedan sensibilizarse y desalojar la rectoría cuanto antes.

Nosotros hacemos lo que la ley nos mandata

El jurista, quien ha analizado la autonomía universitaria como parte de sus investigaciones académicas, abordó el tema ante las versiones de un posible ingreso de la Policía Federal (PF) alcampus para retirar a los inconformes, sobre quienes pesan denuncias penales presentadas por la UNAM ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Nosotros estamos haciendo lo que la ley nos mandata: presentar y ampliar la querella, y realizar las investigaciones que a la casa de estudios corresponden. No he escuchado que la PGR señale que la UNAM tiene que decir si entra o no la policía. Cada entidad debe hacer lo que la ley establece. Nosotros hacemos lo que nos toca y el Ministerio Público tomará sus propias determinaciones.

–Algunos sectores afirman que si se presenta una situación de esa naturaleza se vulneraría la autonomía universitaria.

–De acuerdo con distintas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autonomía es una garantía institucional, un blindaje para que ciertas instancias jurídicas cumplan con una finalidad. En el caso de la UNAM es para que desempeñe sus funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión de la cultura. Para que forme profesionistas útiles a la sociedad, como señala el artículo primero de la Ley Orgánica, y se vincule con los problemas nacionales.

“Esas tesis también asientan que la autonomía no puede estar al margen del cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional. Doy un ejemplo: ¿qué pasa si hay una muerte al interior del campus? La semana pasada falleció de un infarto una estudiante de 75 años que cursaba una tercera carrera en la Facultad de Derecho. El cuerpo no puede moverse porque alteraríamos la escena, es el MP el que debe hacer el levantamiento del cadáver. ¿O qué hacemos, lo dejamos ahí?

Entonces, sí a la autonomía, pero en términos de su alcance en el cumplimiento del estado de derecho.

–¿Es viable el desalojo?

–El Ministerio Público tendrá que marcar sus acciones dentro del derecho.

Resaltó que el origen del actual conflicto no está relacionado con un referente académico sino con la violencia suscitada el primero de febrero en el CCH Naucalpan, donde hubo un enfrentamiento entre estudiantes y trabajadores, y cuatro días después varios jóvenes dañaron las instalaciones con objetos incendiarios. “Violencia que se vuelve a expresar el 19 de abril con latoma de rectoría.”

Reiteró que los procesos judiciales contra quienes mantienen la ocupación continuarán su curso, y aun cuando no era necesario ratificar la denuncia, porque se presentó de viva voz, se hizopara que no quede la menor duda. Por tanto, corresponderá a las instancias judiciales actuar en el marco del derecho.

Con el propósito de no incurrir en circunstancias que no son de su competencia, González Pérez prefirió no señalar los delitos en que pudieron incurrir quienes tomaron la rectoría. A mí me toca describir las conductas y los hechos y al Ministerio Público determinar, a partir de la integración de la averiguación previa, qué ilícitos se desprenden.

Dejó en claro que las acusaciones se refieren exclusivamente a la ocupaciónviolenta de la rectoría y a la posible sustracción de bienes –como sucedió durante la toma de la dirección general del CCH en febrero pasado, con la misma demanda de reinstalar a los expulsados de Naucalpan– y no se presentaron por la marcha previa. La protesta no debe criminalizarse.

Enfatizó que la toma de rectoría por un reducido grupo es preocupante y reprochable, porque se obstaculizan procesos fundamentales para la institución, aunque no se ha dejado de trabajar en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura

El Pacto por México, sin perspectiva de igualdad de género: activistas

El Pacto por México, sin perspectiva de igualdad de género: activistas

Fabiola Martínez y José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 11

Activistas y legisladoras reprocharon a impulsores del Pacto por México haber construido este acuerdo de negociación política sin una perspectiva de igualdad de género.

A casi cinco meses del comienzo de este pacto (integrado por altos funcionarios federales y dirigentes de partidos políticos), su consejo rector se reunió con mujeres, ante quienes se comprometió a hacer las enmiendas necesarias para llevar los temas de equidad a las reformas legales en curso, a fin de combatir la violencia, impunidad y pobreza.

El reto, advirtieron las mujeres, es llevar a la práctica las políticas públicas que tienen que ver con la mitad de la población, de ahí que lo escrito hasta ahora en el pacto es insuficiente.

Al encuentro asistió Alejandro Zapata, en representación del dirigente del PAN, Gustavo Madero. Los panistas argumentaron que –pese a la reciente advertencia de que no asistirían a actos públicos del pacto– esta reunión ya estaba agendada antes de la crispación, derivada de una demanda panista por el uso electoral de programas sociales.

El Pacto por México es de utilidad y ha servido; tiene defectos, es más, no tiene mecanismos para dirimir los problemas..., pero es un mecanismo inédito. Reconoció el trabajo de las mujeres porque ustedes, aunque sea a codazos se han ganado su lugar.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, afirmó que los derechos están garantizados en las leyes pero, en la práctica, sólo los ejercen unos cuantosy, en este punto, la disparidad entre hombres y mujeres es enorme, por lo que el gran reto para tener una democracia de resultados es tener una democracia de derechos.

Señaló que en el diseño de las consultas hacia la construcción del Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo de igualdad de género. A una pregunta expresa, respondió: La esencia de la Gendarmería Nacional es ser una fuerza especializada donde hay muy poca presencia del Estado.

La senadora Alejandra Barrales, también representante del PRD ante el consejo rector del pacto, dijo que para la oposición no es sencillo pagar el costo político de estar en esa negociación, aunque al entregar resultados, se justifica la asistencia al mismo

Incendian en Guerrero oficinas partidistas y oficiales en repudio a reforma educativa

Incendian en Guerrero oficinas partidistas y oficiales en repudio a reforma educativa

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 13

Chilpancingo, Gro., 24 de abril.

Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) causaron destrozos en las sedes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como en la contraloría interna de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), en repudio a la aprobación del dictamen de reforma a la Ley Estatal de Educación Número 158 sin las propuestas de los maestros disidentes.

Los líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) manifestaron que el diálogo con el gobierno estatal llegó a su fin, por lo que buscarán instancias federales para resolver el conflicto.

Desde el mediodía, más de 5 mil integrantes del MPG marcharon hacia el zócalo de Chilpancingo, donde efectuaron un mitin. Al terminar el acto, a las 14:15 horas, unos 400 se dirigieron a la sede del blanquiazul, ubicada a unos 200 metros.

Al grito de: ¡Cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero, estado, estado, estado guerrillero! empezaron a romper los vidrios de la puerta de acceso y luego los muebles de las oficinas; el personal no sabía qué hacer y hubo algunas secretarias que entraron en crisis nerviosas.

Son unos traidores al pueblo, gritaban los manifestantes en alusión a los diputados.

A las 14:25 la marcha llegó a la sede de MC. Allí destrozaron los vidrios de las ventanas y la puerta de acceso. Evencio Romero, legislador de ese partido, ayer votó junto con el bloque formado por PRI, PAN y Panal.

Diez minutos después llegaron a la sede del sol azteca, que por segunda ocasión en este mes fue atacada. Primero se lanzaron contra las puertas de acceso y luego las oficinas. El líder perredista, Carlos Reyes Torres, se opuso a la propuesta de la Ceteg. A ver si así enderezan el rumbo, gritaba una profesora.

En momentos en que los manifestantes se dirigían al Congreso, ubicaron la casa de atención ciudadana del senador perredista Sofío Ramírez Hernández, hombre de confianza del gobernador. Una brigada del MPG se introdujo al inmueble y causó destrozos.

Un busto de Plutarco Elías Calles es golpeado durante el ataque a la sede priísta en ChilpancingoFoto Francisco Olvera

Cuando parecía que los contingentes llegarían a la sede del Congreso, resguardada por unos 250 policías, hicieron un alto, giraron hacia las oficinas del tricolor, ubicadas a unos 300 metros del órgano legislativo, y aplicaron la misma receta.

A las 15:25 horas, al grito de ¡Si no hay solución, habrá revolución!,tomaron las oficinas, que en ese momento estaban vacías.

De pronto se escucharon explosiones de cohetes, bombas molotov y petardos, algunas en el auditorio, otras en el sótano y en las oficinas del dirigente estatal deltricolor, Cuauhtémoc Salgado Romero. Así, las instalaciones fueron incendiadas. Unos 20 minutos después los contingentes abandonaron el lugar.

Faltaba el inmueble de la contraloría interna de la SEG, a la cual los contingentes también prendieron fuego después de las 16 horas.

Insensibilidad del Congreso

Por la mañana, los dirigentes del MPG, Gonzalo Juárez Ocampo y Minervino Morán Hernández, ofrecieron una conferencia de prensa, en la cual señalaron que el Congreso del estado mostró su insensibilidad, se apresuraron ya dos veces a aprobar leyes injustas, como la reforma educativa, violatorias de los derechos humanos.

En Guerrero no hay división de poderes, quien decidió esta reforma fue el gobierno federal, el gobierno estatal, a través del gobernador Angel Aguirre, y la alianza de PRI, PVEM y Panal, a la que se sumaron algunos diputados de PRD y MC, afirmó Minervino Morán.

Juárez Ocampo afirmó que hay consenso entre las bases para que el movimiento magisterial continúe. El plantón sigue y mañana vamos a construir la ruta que sigue, que incluye el fortalecimiento del MPG; este movimiento es exitoso y triunfante, algo inédito, expresó.

Los diputados reconocen que nuestra propuesta es una ley de avanzada; prueba de ello es que aprobaron la gratuidad de la educación, que fue un gran triunfo del movimiento. Quedó plasmado que los gastos de las escuelas no son responsabilidad de los padres de familia, sino del gobierno, agregó

Profesores de la CNTE bloquean centros comerciales y bancos en Michoacán

Profesores de la CNTE bloquean centros comerciales y bancos en Michoacán

Los estudiantes se enfrentan a la policía; exigen plazas para quienes se gradúan de maestros

Estudiantes bloquean la salida de Morelia a Salamanca en demanda de plazas para los egresados de las nueve normales michoacanasFoto Notimex

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 15

Morelia, Mich., 24 de abril.

Maestros que mantienen un paro indefinido en más de 70 por ciento de los 10 mil planteles de educación básica de la entidad realizaron marchas y plantones en centros comerciales de esta capital, mientras en Huetamo obstaculizaron el acceso a bancos, en protesta por la reforma educativa.

Alrededor de 500 estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío bloquearon las salidas de Morelia a Salamanca y Pátzcuaro, retuvieron varios vehículos y se enfrentaron a la policía con el fin de exigir plazas automáticas para los egresados de las nueve normales de la entidad.

Unos mil 500 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron a Plaza Las Américas a las 10 horas y se plantaron frente a la entrada a una tienda departamental Liverpool.

Casi de inmediato llegaron cerca de 300 elementos del Grupo de Operaciones Especiales, que se colocaron en el perímetro de los centros comerciales.

Después de una hora, los maestros marcharon hacia Plaza Morelia y luego a la salida a Mil Cumbres, para después retornar a Las Américas.

Los normalistas llegaron de Tiripetío, a unos 25 kilómetros de Morelia, a bordo de seis autobuses y otros vehículos que estacionaron a la entrada de la ciudad. De inmediato bloquearon la salida a Pátzcuaro.

Otros se trasladaron en dos autobuses al norte de la ciudad, en la salida a Salamanca, a la altura del Tecnológico.

Cuando los normalistas se disponían a bloquear la carretera con dos vehículos, policías estatales trataron de impedirlo, por lo que se inició una riña.

Los jóvenes, armados con palos y piedras, golpearon patrullas y subieron por la fuerza a tres policías a un autobús.

Después llegaron decenas de policías que detuvieron a más de 50 normalistas. Tras una negociación, los manifestantes devolvieron cinco autobuses y dos pipas que quitaron a sus dueños, y sus compañeros fueron liberados, pero continuaron con su bloqueo a la salida a Salamanca.

Al filo de las 14 horas, ante la advertencia de un desalojo por la Policía Federal, los estudiantes se retiraron de la salida a Salamanca y al cabo de unos minutos también dejaron la salida a Pátzcuaro.

Las movilizaciones concluyeron a las 15 horas y todo volvió a la normalidad, una vez que los normalistas fueron escoltados por policías estatales hasta Tiripetío, donde entregaron los seis autobuses que retuvieron para trasladarse a Morelia

Guía para el aviso de privacidad

Guía para el aviso de privacidad

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 18

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) puso a disposición de empresas y personas que manejan dicha información la Guía para el aviso de privacidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Las personas físicas y morales que recaban datos personales están obligadas a informar a éstas el motivo por el cual los solicitan, el uso que les van a dar y cómo van a resguardarlos para evitar actos indebidos.

De este modo, la guía (disponible en la página www.ifai.org.mx consta de seis secciones en las que se da respuesta a preguntas básicas, como cuáles son el objetivo y las características principales del aviso de privacidad, qué información debe contener y en qué momento se debe poner a disposición de los titulares de los datos.

En un comunicado, el Ifai destaca que los responsables también podrán conocer en qué casos es necesario contar con un aviso de privacidad, quién está obligado a emitirlo, por qué medios se debe poner a disposición, así como las modalidades y las características que deberá cumplir en cuanto a diseño y presentación

Impulsan iniciativa minera que haga visible la violencia contra los pueblos

Impulsan iniciativa minera que haga visible la violencia contra los pueblos

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 19

El foro nacional Ley minera desde una perspectiva de derechos humanos y movimientos sociales concluyó ayer en el Senado, con la determinación de impulsar una reforma en la materia que tenga visión social y persiga el objetivo de visibilizar, detener y denunciar la escalada de violencia contra las comunidades, provocada por gobiernos locales y empresas.

La iniciativa, expuso la perredista Iris Vianey Mendoza, incluye respeto a los derechos humanos de los mineros, actualiza el cobro a firmas nacionales y extranjeras por la explotación de minerales en el país y elimina el carácter preferente de esa actividad, estipulado en el artículo sexto de la actual ley.

Asimismo, detalló, incluye un capítulo en el que se define el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos mineros, e incluye la potestad soberana de decidir y autorizar su ejecución.

La senadora Mendoza y activistas de organizaciones sociales del país presentaron la iniciativa al concluir dicho foro; expusieron que los derechos humanos plasmados en la Constitución serán retomados en la iniciativa para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades a vivir en ambientes adecuados, con acceso al agua y a la tierra, entre otros.

A su vez, el también senador perredista Armando Ríos Piter insistió en que en dicho proyecto de ley debe garantizarse que comunidades, pueblos, estados y municipios, junto con la Federación, vean en la minería el verdadero potencial de desarrollo a que está convocado México.

Ríos Piter dijo que se debe apostar por la transparencia: Hoy, si vamos al registro público nacional minero y revisamos el Sistema Nacional de Información Minera, no sabemos cuáles empresas están explotando, que se está extrayendo, cuántos recursos están generando ni cuánto están pagando dichas empresas al Estado mexicano.

El perredista puso de ejemplo que firmas dedicadas a la extracción minera en los últimos años han tenido las más altas tasas de crecimiento: solamente por citar las que han tenido las empresas canadienses, 240 por ciento, y únicamente contribuyen al fisco con uno por ciento

Catean casa en Fresnillo de Arturo Guardado, acusado de ordenar asesinato de los Monreal

Catean casa en Fresnillo de Arturo Guardado, acusado de ordenar asesinato de los Monreal

Alfredo Méndez y Alfredo Valadez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 20

Agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR) catearon ayer una casa del empresario Arturo Guardado Méndez en Zacatecas, uno de los presuntos implicados en el fallido intento de ejecutar a los hermanos Ricardo y David Monreal, confirmaron fuentes ministeriales.

Durante la madrugada del pasado miércoles, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) y de la Policía Federal Ministerial arribaron a la casa de Guardado en avenida Huicot 106, en la colonia Periodistas de Fresnillo, Zacatecas.

El propósito de este cateo es buscar evidencias que pudieran ser integradas a la averiguación previa que inició la PGR por delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército en contra de Guardado.

Según fuentes ministeriales, Guardado era investigado desde hace meses por el gobierno federal porque presuntamente tenía vínculos con el cártel de Los Zetasy al parecer guardaba armas en su casa.

No obstante, hasta el cierre de esta edición la PGR aún no daba a conocer, de manera oficial, los resultados de este cateo.

El operativo en Zacatecas también se realizó en las inmediaciones de una casa propiedad del senador David Monreal Ávila, a la cual no pudieron ingresar los agentes federales por el fuero constitucional que protege al legislador. Además, los elementos de la PGR intentaron revisar las instalaciones del rancho El Palmar, propiedad del mismo David Monreal, ubicado en la comunidad rural Puebla del Palmar, 18 kilómetros al noroeste de Fresnillo.

En el interior de ese extenso rancho –de acuerdo con descripciones que han hecho algunos políticos locales zacatecanos– hay una lujosa residencia donde la familia Monreal Ávila tiene una importante extensión de tierras de riego.

Un grupo de abogados que se identificaron como representantes legales de David Monreal acudieron a los domicilios para aclarar a los agentes federales que se trata de propiedades de un legislador protegido por el fuero constitucional.

Otras dos casas ubicadas en Fresnillo fueron cateadas por las autoridades federales, entre ellas el domicilio de Javier Vázquez Delgado, uno de los cuatro detenidos por la PGR junto con Guardado. La otra es donde vivía Francisco Vázquez Delgado, hermano de Javier. Arturo Guardado Méndez fue detenido el 3 de abril junto con Jesús Guerrero Ruiz, Juan Carlos Esqueda y José Luis Vázquez Delgado, y desde entonces se encuentra sujeto a arraigo domiciliario por el supuesto plan para asesinar a los legisladores federale

Podrá titular de la CNDH indagar violaciones graves

Podrá titular de la CNDH indagar violaciones graves

Roberto Garduño y Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 22

La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que reglamenta la nueva atribución constitucional del ombudsman de investigar violaciones graves a los derechos humanos y de solicitar al Senado o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que cite a comparecer a funcionarios que no acepten o se nieguen a cumplir sus recomendaciones.

La reforma, aprobada por unanimidad de 389 votos a favor, prevé, además, que uno de los resultados de la facultad de investigación de la CNDH podrá ser la solicitud de inicio de juicio político contra el servidor público responsable.

La demostración de una violación grave a los derechos humanos exige que se finquen responsabilidades políticas, expuso la diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI).

Para el desarrollo de la investigación, las autoridades están obligadas a enviar toda la información requerida por la CNDH, aún la que tenga carácter de reservada o confidencial.

Durante la discusión del dictamen, el PAN intentó acotar la atribución del presidente de la CNDH para ordenar la investigación de violaciones graves a los derechos humanos.

El diputado Fernando Angulo (PAN), planteó que el ombudsman pudiera ejercer dicha atribución previa opinión no vinculante del Consejo Consultivo (de la CNDH) emitida por la mayoría de sus integrantes. Sin embargo, el pleno desechó esa reserva.

Mientras, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) definió la reforma como un avance importante, al dotar a la CNDH de nuevas herramientas para investigar violaciones graves a los derechos humanos, pero resaltó que aún se requiere concederle la atribución de revisar las sentencias o cualquier resolución del Poder Judicial Federal y local.

Muchas de las violaciones a los derechos humanos precisamente ocurren en ese ámbito, afirmó.

El diputado Francisco Coronato (Movimiento Ciudadano) resaltó la importancia de reglamentar las atribuciones constitucionales de la CNDH y su presidente, en momentos que en México están encendidas todas las alarmas por la gravedad de las violaciones y su persistencia

Presenta ombudsman a relator de la ONU panorama de derechos humanos en México

Presenta ombudsman a relator de la ONU panorama de derechos humanos en México

Informa Raúl Plascencia a Christof Heyns sobre ejecuciones extrajudiciales y sistema penitenciario

Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se reunió ayer con senadores y con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos HumanosFoto Carlos Cisneros

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 22

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villa­nueva, se reunió ayer con el relator especial de la Organización de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en el contexto de la visita oficial a México de dicho funcionario.

Durante su encuentro, el ombudsmannacional le proporcionó a Heyns algunos datos sobre ejecuciones extrajudiciales, la situa­ción del sistema penitenciario y los ataques contra miembros de sectores vulnerables, entre ellos los periodistas, los migrantes, las mujeres y los defensores de derechos humanos.

Plascencia le explicó que de 2010 a la fecha, en varios centros de reclusión han muerto 545 personas, se fugaron 649 y 184 resultaron heridas, en un total de 247 incidencias. De igual manera, le informó que desde 2009 han ocurrido ocho motines en los que perecieron 174 internos y un servidor público.

El titular de la CNDH le comentó al relator de la ONU que muchos de los problemas ocurridos en las cárceles tienen su origen en la carencia de personal bien capacitado y remunerado, el maltrato a los internos y la falta de suministro de agua, y reconoció que los conflictos se agravaron cuando el gobierno –en el contexto de la guerracontra el crimen organizado– promovió la entrada de criminales de alta peligrosidad a reclu­sorios donde no había condiciones adecuadas para vigilarlos.

Por otro lado, Plascencia le informó a Heyns que el organismo a su cargo ha registrado 83 asesinatos y 18 desapariciones forzadas en contra de periodistas desde enero de 2000, así como 39 atentados contra instalaciones de medios informativos. Asimismo, a partir de 2005 tiene denuncias de 18 homicidios y dos desapariciones en contra de defensores de derechos humanos.

En lo que se refiere a losfeminicidios, el presidente de la CNDH le detalló al jurista sudafricano que desde 1998 el asesinato de mujeres ha trascendido los límites de Ciudad Juárez, Chihuahua, para reproducirse en otros lugares del país.

Por último, Plascencia aseveró que cada año ingresan al país alre­dedor de 400 mil indocumentados –la mayoría de los cuales busca llegar a Estados Unidos– y dijo que en 2012 atendió a 36 mil 148 personas en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración.

No sólo asesinatos: Brewer

En su visita al país, Christof Heyns debe ir más allá de los asesinatos cometidos por servidores públicos y analizar de manera integral todas las formas de violación al derecho a la vida, entre las cuales está la fabricación de culpables y el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones, indicó Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“El tema prioritario debe ser la respuesta –hasta ahora inadecuada– del Estado ante la ola de violencia, como los numerosos casos de ejecución extrajudicial o arbitraria a manos de agentes oficiales, muertes bajo custodia, uso excesivo de la fuerza”, e incluso fabricación de culpables o casos de negligencia criminal, como el de los niños muertos por el incendio de la guardería ABC, afirmó la especialista.

Durante su encuentro con Heyns, las organizaciones de la sociedad civil le presentarán información sobre los altos índices de impunidad y corrupción en el país, así como ejemplos paradigmáticos de la falta de capacidad o voluntad de las instituciones del gobierno para resolver delitos con técnicas modernas y científicas, en vez de recurrir a la práctica de fabricar culpables.

De la misión oficial del jurista sudafricano –que terminará el próximo 2 de mayo–, las organizaciones de derechos humanos esperan una serie de recomendaciones mínimas con respecto a la necesidad de que los asesinatos cometidos por militares sean juzgados por cortes civiles, y sobre la urgencia de implementar estrategias de investigación eficientes en el contexto del sistema penal acusatorio, indicó Brewer.

Llamar mugroso a un detenido es discriminatorio: Édgar Cortez

Llamar mugroso a un detenido es discriminatorio: Édgar Cortez

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 22

El acto de referirse a los sospechosos de cometer un delito como mugrosos y asumir que muchos de ellos son jóvenes demuestra no sólo una actitud discriminatoria y estereotipada por parte de los responsables de la Policía Federal (PF), sino también que muchos funcionarios siguen sin reco­nocer ni practicar los avances de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que al referirse a los posibles autores de un ilícito con esas palabras, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ce­ballos, olvida que la presunción de inocencia está reconocida en la Constitución, y por lo tanto no se debe estigmatizar a nadie con ese tipo de definiciones.

Además, indicó, el discurso del funcionario demuestra una actitud abiertamente discriminatoria en contra de los jóvenes, a quienes se sigue considerando como potenciales delincuentes. “No es casual que mencione a un joven de 20 años como ejemplo de un ‘mugroso’ . Se trata de un estereotipo o generalización muy preocupante, porque una autoridad debería ser respetuosa de la ley” .

En cuanto a las declaraciones de Galindo de no darles fama a los criminales a través de la prensa, Cortez manifestó que no presentar a los sospechosos de un delito ante los medios informativos puede ser una medida positiva, en tanto no se les expone al escarnio público sin haber concluido la investigación correspon­diente, pero al mismo tiem­po indicó que la opacidad no es tampoco la mejor alternativa.

Quieren vendernos la idea de que si la justicia es opaca es más efectiva, pero eso es mentira. Sólo hace que los procesos sean más arbitrarios y haya más violaciones de derechos humanos. Estas declaraciones demuestran que los funcionarios necesitan conocer la reforma constitucional de junio de 2011, pero sobre todo necesitan aplicarla , estimó.

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, consideró que las afirmaciones de Galindo confirman que las autoridades siguen la política de criminalizar a las personas de acuerdo a su apariencia, y exhortó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a actuar de inmediato

Regresa el Senado a diputados legislación contra la tortura

Regresa el Senado a diputados legislación contra la tortura

Sanción al servidor público que no evite la práctica, otra modificación

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 23

El Senado enmendó la plana a la Cámara de Diputados y le regresó, con cambios, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Una de las modificaciones es incorporar a la minuta que no se podrá invocar como justificación para cometer ese delito la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

La cámara alta estableció que el servidor público que pueda evitar esos actos y no lo haga, o al que autorice a un particular la práctica, se le sancionará con penas de siete a 16 años de prisión, con 500 a mil días de multa y la inhabilitación del cargo.

De igual forma, incluyó que en caso de que la tortura sea perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, el delito será imprescriptible y la pena será de hasta 24 años.

Otro cambio formulado es que también los particulares que cometan ese ilícito serán sancionados con la misma pena, de acuerdo con el grado de participación o autoría.

Precisaron además en dicha ley quecomete el delito de tortura el servidor público que, intencionalmente realice cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona sufrimiento físico o mental.

En los considerandos de la minuta, advierten que retomaron la definición de tortura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser más amplia que la que establece la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984.

El Senado fue cámara de origen de estas reformas a la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, aprobadas por el pleno el 11 de abril de 2012.

La Cámara de Diputados recibió la minuta el 12 de abril de ese año, la turnó a comisiones y el 13 de diciembre de 2012 la aprobó en el pleno con modificaciones. Fue devuelta al Senado el 18 de diciembre de 2012. Ayer en la sesión, el pleno avaló la reforma con nuevas modificaciones y se envió por segunda ocasión a la Cámara de Diputados para seguir el proceso.

En esta ocasión, los diputados  ya sólo pueden allanarse a los cambios o congelarla.

Durante la sesión el pleno aprobó también modificaciones a la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, misma a la que se modificó el nombre para quedar como Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, con el objetivo de regular en una misma ley ambas figuras.

En dicha ley se precisa que se entenderá por asilo político, la protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos ilícitos del fuero común con conexión a motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. Se detalla que el asilo no se encuentra sujeto a reglas de reciprocidad internacional. El asilo político es una decisión de política exterior.

Se indica que refugio implica la condición que nuestra Constitución reconoce como derecho humano, en virtud del cual un país da protección y un sistema de garantías a una persona cuya vida, libertad o seguridad peligren en su país de origen por causas diversas.

El INM, sin programas sobre derechos humanos

El INM, sin programas sobre derechos humanos

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 23

El Instituto Nacional de Migración (INM) no tiene un enfoque de derechos humanos en sus programas públicos ni se esfuerza por respetar las garantías básicas de indocumentados, pues en 2011 dedicó 82 por ciento de su presupuesto a actividades relacionadas con el control migratorio y menos de uno por ciento a garantizar las necesidades básicas de ese sector.

Así lo afirmaron los investigadores Rodolfo Córdova y Silvia Ruiz, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, durante la presentación del informe Una mirada al presupuesto del INM: ¿dónde estuvieron sus prioridades en 2011?, en el cual se revisan los sectores donde la mencionada entidad ejerció sus recursos y la forma en que lo hizo.

En dicho estudio –realizado en colaboración con el propio INM y las secretarías de Gobernación y Función Pública–, los especialistas revelaron que los fondos otorgados al instituto en el Presupuesto de Egresos de la Federación son insuficientes para mantener un funcionamiento adecuado en el año, sobre todo en el periodo de abril a diciembre.

Por ello, Fundar recomendó que las autoridades otorgar al instituto recursos necesarios para cumplir con sus tareas, en particular en cuatro esquemas de protección a migrantes: Grupos Beta, Programa de Repatriación Humana, Programa Paisano y Oficiales de Protección a la Infancia, así como a beneficios directos para indocumentados, como alimentación y atención médica.

Además de la escasez de recursos, el informe del colectivo puso de relieve que estos no son utilizados con un enfoque de derechos humanos, pues la cantidad de dinero utilizada para la protección efectiva de los migrantes es mínima.

El presupuesto total del INM en 2011, subrayaron los autores del estudio, fue de 2 mil 943 millones de pesos, y de ese total únicamente 0.4 por ciento (11.6 millones) se dedicó a garantizar derechos elementales, como la alimentación, la seguridad personal o la adecuada protección judicial. De igual forma, sólo 6 por ciento (173 millones) fue utilizado para construir o dar mantenimiento a estaciones migratorias y para efectuar repatriaciones o retornos asistidos.

En contraposición, 82 por ciento de los fondos (2 mil 360 millones) se utilizó para actividades relacionadas con la gestión y el control migratorio y 5.3 por ciento (158 millones) se usó para gasto corriente (salarios, aguinaldos, servicios de seguridad social).

El informe reveló también que hay partidas dedicadas a la compra de productos de limpieza, uniformes o maquinarias, que no son un derecho en sí mismo, sino tal vez un aditamento para el ejercicio de algún derecho

Presos del Amate esperan que Velasco cumpla su palabra

Presos del Amate esperan que Velasco cumpla su palabra

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 25

San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de abril.

Estamos en espera del cumplimiento de la palabra del señor gobernador para salir de este sufrimiento injusto que ha vulnerado nuestra dignidad con nuestras familias, declararon los presos adherentes a la Sexta recluidos en el penal número cinco en esta localidad.

Recuerdan que el pasado día 18 el gobernador Manuel Velasco Coello se presentó en el penal a visitar al compañero Alberto Patishtán Gómez y a los Solidarios de la Voz del Amate. Platicó con todos y el gobernador, en presencia del procurador del estado y el secretario de Seguridad Pública, se comprometió a liberarnos en un corto plazo.

Los presos indígenas refieren que Velasco Coello dio indicaciones al procurador Raciel López Salazar de actuar de forma inmediata para obtener nuestras libertades robadas por las injusticias.

Suman a su reclamo la libertad de su compañero Enrique Gómez Hernández, recluido en el penal de El Amate, miembro de los Solidarios de La Voz del Amate, junto con Pedro y Alfredo López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Rosa López Díaz, Juan López González, Juan Díaz López, Alejandro Díaz Sántiz y Benjamín López Aguilar.

Por su parte, la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reiteró la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de Patishtán Gómez, y cuestionó a los tribunales federales: Los sobrevivientes de Acteal, además de haber sufrido la masacre hace 15 años, sufren la impunidad y la gran burla de la justicia que hacen los que deberían defenderla, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 10 de abril liberaron a 15 paramilitares, autores materiales de la masacre, entre ellos el ex presidente priísta de Chenalhó Jacinto Arias Cruz, de quien se sabe que solicitó permiso al entonces presidente Ernesto Zedillo para portar armas contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Sostuvieron que en nuestro país no hay justicia, cuando los autores materiales de 45 asesinatos son liberados, hasta que no quede nadie en la cárcel, mientras los autores intelectuales están libres en otros países, como Zedillo, o cínicamente han regresado a ser funcionarios, como Emilio Chuayffet Chemor, actual titular de la Secretaría de Educación Pública.

Cuestionan así a los ministros de la SCJN: “¿Cómo es que excarcelan a los asesinos de niños, mujeres embarazadas y ancianos, sin tomar en cuenta nuestra palabra? Ustedes argumentan que ‘hubo fallas en el debido proceso’. ¿Acaso nuestra Constitución y nuestras leyes sólo se preocupan de las formas y no les importa el contenido de la justicia? Hicieron a un lado nuestra palabra con que declaramos quiénes eran los paramilitares que sabemos y conocemos que asesinaron a nuestros seres queridos. Borraron la sentencia de los jueces que ya los habían condenado. Incluso ignoraron la confesión de culpa de varios de ellos.

“¿Y por qué no toman en cuenta las ‘fallas en el debido proceso’ en el caso de Patishtán? ¿Acaso ignoran que fue detenido sin orden de aprehensión? ¿Que estuvo 30 días bajo ‘arraigo’ e incomunicado, que se le negó auxilio jurídico y traductor, así como otras violaciones a su derecho al debido proceso? ¿Por qué no dudaron en liberar a asesinos confesos y en cambio se negaron a liberar a un inocente?”

Ante ello, la única esperanza de que se haga justicia a Patishtán es que el pueblo se una para exigirla y que a los jueces se les despierte algo de honor y dignidad y puedan actuar como lo exige la justicia y no como lo piden los intereses políticos y económicos.

Por último, dirigiéndose a los magistrados del primer tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez, que deberán dictaminar sobre este caso en los próximos días, Las Abejas preguntan:¿Van a estar del lado de la justicia o de la mentira y la impunidad?

La Corte niega reconocer la inocencia a seis acusados de la matanza de Acteal

La Corte niega reconocer la inocencia a seis acusados de la matanza de Acteal

Jesús Aranda

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 25

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el reconocimiento de inocencia solicitado por seis indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Los quejosos José Pérez Pérez, Manuel Luna Vázquez, Nicolás Hernández Pérez, Pablo Hernández Pérez, Rafael Luna Vázquez y Alonso Jiménez Entzin habían sido favorecidos por la primera sala con un amparo para efectos, en agosto de 2009, pero en esta ocasión los ministros consideraron que el reconocimiento de inocencia no era la vía idónea para obtener su libertad.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, hasta la fecha la primera sala de la SCJN ha concedido 53 amparos a indígenas acusados de la matanza de Acteal, que tuvo lugar en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

La mayoría obtuvo la libertad inmediata, ya que los ministros consideraron que las pruebas en su contra –como el que fueron identificados como responsables de los hechos mediante fotografías que mostró el Ministerio Público a víctimas o testigos de los hechos, no son concluyentes.

Otros acusados recibieron amparo para efectos, como el de los seis casos se resolvieron ayer, para invalidar las pruebas ilícitas, pero dejando la jurisdicción a tribunales federales para que dicten sentencia valorando otras pruebas.

En este contexto, un tribunal colegiado redujo a los acusados la sentencia de 36 a 18 años de cárcel, al eliminar los delitos de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero dejó vigentes los de lesiones y homicidio calificados, por lo que queda firme la sentencia hasta el momento.

Los quejosos se inconformaron con la decisión y solicitaron el reconocimiento de inocencia de la SCJN, el cual fue desechado en la sesión de ayer.

El dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, apoyado por unanimidad, estableció que los quejosos aún puden presentar juicio de amparo directo.

Exonerados de Chenaló exigen la instalación de servicios

Exonerados de Chenaló exigen la instalación de servicios

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 25

San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de abril.

Los primeros 20 indígenas acusados de la masacre de Acteal liberados en agosto de 2009, como resultado de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidieron a las autoridades estatales que agilicen la instalación de los servicios de agua potable y energía eléctrica en las viviendas que les construyó el pasado gobierno, con la condición de que no regresen a sus comunidades en el municipio de Chenalhó.

Ya tenemos el terreno y la construcción de las casas terminó en diciembre pasado, pero va muy lenta la instalación del agua y la luz, y queremos reubicarnos para empezar a sembrar los cultivos y empezar la nueva vida, dijo en entrevista en Tuxtla Gutiérrez, Lorenzo Ruiz, en nombre de sus compañeros.

Con el propósito de evitar que los liberados por la masacre de 45 indígenas ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal regresaran a sus comunidades de origen y prevenir confrontaciones con los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el gobierno anterior los convenció de vivir en otros municipios, para lo cual compró terrenos y edificó viviendas.

Ruiz dijo que debido a que las viviendas edificadas en el municipio de Berriozabal carecen de servicios, habitan en una casa que las autoridades estatales rentan en la capital del estado y se dedican a vender chicles en las calles o a asear calzado; sus hijos no van a la escuela.

También solicitó al gobierno que se incremente el apoyo de mil 500 pesos semanales para alimentació

Habitantes de Xochicuautla piden frenar depredación

Habitantes de Xochicuautla piden frenar depredación

Angélica Enciso

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 26

La cancelación de los proyectos que atentan contra la vida de las comunidades, el respeto a su autonomía y derechos, la restitución de las tierras y aguas que les han sido despojadas, son algunas de las demandas plasmadas en la declaración de la comunidad indígena de Xochicuautla, resultado de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos –tribunal ético internacional– sobre Devastación Ambiental, Autonomía y Derechos de los Pueblos en el valle de Lerma.

De la preaudiencia que se realizó el pasado fin de semana en esta comunidad, ubicada en el denominado Bosque de Agua, zona de recarga que ha suministrado del recurso al valle de Toluca, a la ciudad de México y a sus zonas industriales por más de 60 años, se emitió este documento que advierte que a cambio de la entrega de agua nos han devuelto contaminación, despojo, enfermedad, miseria, amenazas, persecución y muerte.

El texto agrega que tenemos que decir, que si nuestras resistencias comunitarias en esta región del valle de Matlatzinco y en sus cuencas y subcuencas son derrotadas y despreciadas se corre el riesgo de que, en un futuro no muy lejano, se colapse la ciudad de México, y con ella todo el país.

Advierte que sus territorios comunales y ejidales no pueden seguir siendo botín de la tala ilegal, de proyectos carreteros, de minas y basureros a cielo abierto, de depredadores industriales, centros comerciales, inmobiliarias y fraccionadores de lujo, campos de golf o agroindustrias, que lo único que nos devuelven es una grave contaminación, división comunitaria y criminalización que sirven para ocultar sus enormes ganancias y sus negocios ilícitos.

Representantes de numerosas comunidades y pueblos, organizaciones sociales y movimientos, presentaron cada caso con testimonios y denunciaron la violación de sus derechos colectivos y demandaron que se respete nuestra autonomía como pueblos y se nos haga justicia por las afectaciones que ha ocasionado esta política de Estado.