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viernes, 10 de mayo de 2013

Madres de jóvenes desaparecidas se manifiestan en cuatro estados




Madres de jóvenes desaparecidas se manifiestan en cuatro estados
Piden campaña nacional para divulgar rostros de ausentes y que se reconozcan riesgos para las mujeres
Nada que celebrar el 10 de mayo; es un año más sin abrazar a mi hija, dice activista
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Madres de jóvenes desaparecidas se plantaron frente a la Fiscalía General de Chihuahua en Ciudad Juárez, para exigir resultados en las investigacionesFoto Felipe García
Miroslava Breach, Rubén Villalpando y Mauricio Ferrer
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 35
Me falta la mitad de la vida, dijo Olga Esparza, cuya hija de 18 años, Mónica Janeth Alanís Esparza, desapareció el 23 de marzo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por ella se sumó a la campaña Un año más sin abrazar a mi hija, que organizaciones no gubernamentales (ONG) efectuaron simultáneamente en dicha entidad, así como en Baja California, Sinaloa y Jalisco, para hacer visible el problema de las mujeres desaparecidas.
“Desde 1993, las organizaciones sociales de Ciudad Juárez visibilizamos los feminicidios y desapariciones; sin embargo esta situación se vive en distintos estados del país. Por ello, dentro del marco del Día de las Madres, las ONG y grupos feministas nos sumamos en solidaridad con el grupo de Madres y Familias Unidos por Nuestras Hijas, que exigen justicia y verdad” sobre el paradero de decenas de jóvenes, dijo ayer en la capital de Chihuahua la dirigente de Mujeres por México, Graciela Ramos.
Indicó que sólo en Chihuahua, según la Fiscalía de Género, hay 39 mujeres de entre 14 y 24 años de edad reportadas como desaparecidas de 2006 a los primeros cuatro meses de 2013. Según la ONG, se sabe de 107 mujeres desaparecidas sólo en Ciudad Juárez de 1995 a 2013. En esa localidad hubo 32 reportes en abril pasado, lo que representa 1.1 mujeres por día, de las cuales se localizó a 26 con vida y seis jóvenes siguen desaparecidas: tres de 14 años, dos de 15 y una de 37.
Ante la Cruz de Clavos, monumento ubicado en la ciudad de Chihuahua para recordar a las mujeres asesinadas en la entidad desde hace dos décadas, las madres exigieron a los gobiernos federal y estatal medidas de protección y disuasión en zonas de riesgo, buen funcionamiento del sistema de cámaras de vigilancia e investigaciones eficaces para dar con los responsables de las desapariciones ocurridas desde 1995.
Asimismo exigieron que los códigos penales estatal y federal tipifiquen el delito de desaparición de mujeres y también se le considere agravante de secuestro y trata de blancas. Además, pidieron una campaña nacional de difusión de los rostros de las desaparecidas y la creación en todos los estados de los bancos de perfiles genéticos de las familias que han reportado desapariciones.
Para nosotras el 10 de mayo es un día de lucha, de salir a la calle y exigir justicia para nuestras hijas. No hay nada que celebrar; es un año más sin abrazar a mi hija, dijo Olga Esparza.
En tanto, ONG encabezadas por el colectivo Queremos seguir vivas demandaron en Guadalajara, Jalisco, que las autoridades locales apliquen protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas. En 2007, había 17 casos registrados (en la entidad); hoy son mil 184. La mayoría son jóvenes estudiantes, dio a conocer Jaime Arias, integrante del colectivo.
Añadió que 2011 fue el año más crítico en Jalisco, cuando se registraron 701 desapariciones en el estado. Mientras en el resto de México por cada seis hombres ausentes hay cuatro mujeres, en el estado es a la inversa, según Arias.
Las organizaciones exigieron informar públicamente sobre este problema, se reconozca que las mujeres de México están en riesgo y que se investigue si las desapariciones están relacionadas con trata, prostitución, violencia sexual yfeminicidio, a fin de aplicar medidas de prevención y erradicación

Semarnat, obligada a escuchar a los yaquis que rechazan acueducto




Semarnat, obligada a escuchar a los yaquis que rechazan acueducto
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 35
Hermosillo, Son., 9 de mayo.
Integrantes de la etnia yaqui deberán ser escuchados por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la cual tendrá que realizar nuevamente un estudio de impacto ambiental para autorizar o denegar la operación del acueducto Independencia, de acuerdo con una resolución emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el miércoles pasado.
La SCJN resolvió que se repita el estudio de impacto ambiental elaborado en 2011, y que esta vez se tome en cuenta a los yaquis. Disidentes del gobierno tradicional indígena dijeron esperar que se detenga la operación del acueducto.
Tomás Rojo, vocero de la disidencia de la tribu yaqui, afirmó que sus compañeros confían en que el nuevo estudio demuestre lo que han denunciado desde 2010: que la extracción de 75 millones de metros cúbicos anuales de la presa El Novillo, en el río Yaqui, dejará a la tribu sin agua para sus cultivos y dañará el ecosistema.
Andrea Ulisse Cerami, abogado del Centro Mexicano de Justicia Ambiental, que apoya a los yaquis que se inconformaron ante la SCJN, dijo que en México se ignoran las opiniones de las etnias cuando se hacen obras de gran impacto, algo que la decisión de la corte podría ayudar a cambiar.
Asimismo, consideró positivo que la SCJN ordenara a la Semarnat reponer el estudio de impacto ambiental del acueducto de más de 130 kilómetros, que va del municipio de San Pedro de la Cueva hasta Hermosillo.
Ulisse Cerami dijo esperar que la Semarnat reconozca que se debe consultar a todos los indígenas del sur de Sonora sobre la extracción de agua del río Yaqui, sobre la cual tienen derecho desde 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas ordenó reconocer sus derechos.
El secretario jurídico del gobierno estatal, Carlos Espinoza Guerrero, dijo que la resolución de la primera sala de la SCJN no implica parar el acueducto y confió en que el nuevo estudio de la Semarnat también concluirá que esta obra no daña el territorio de la etnia ni el medio ambiente.
Dijo que la obra ya lleva agua desde la presa El Novillo hasta Hermosillo y en unas semanas abastecerá a los 800 mil habitantes de Hermosillo

Señalan carencias en hospitales de Sonora




Señalan carencias en hospitales de Sonora
Ulises Gutiérrez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 36
Hermosillo, Son. El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Salud, Carlos González Méndez, señaló que cada día ocurren de una a dos muertes en hospitales de Sonora por falta de equipo y medicinas. Luis Castro Ruiz, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, dijo que el personal médico. tiene sobrecarga de trabajp El secretario de salud estatal, Bernardo Campillo García, dijo que estas afirmaciones son falsas y que los quirófanos no han dejado de realizar cirugías

Frenan proyecto




Frenan proyecto
Cautela indígena ante el anuncio de que se cancela parque eólico
Exigen que Mareña Renovables renuncie por escrito a instalar aerogeneradores en la barra de Santa Teresa
Serán ubicados en otra parte de esa región oaxaqueña, anunció el secretario estatal de Desarrollo
Rosa Rojas
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 2
El anuncio del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, de que Mareña Renovables –(MR) sociedad de inversión con capitales de Holanda, Japón, Australia, México y España– ya no va a construir el parque eólico San Dionisio en la barra de Santa Teresa y reubicará 270 aerogeneradores en otra parte del istmo de Tehuantepec, es un primer triunfo, importante, pero “es apenas un round de quién sabe cuántos”, es algo que hay que ver con cautela; además se tiene que hacer por escrito tanto por la propia empresa como por el gobierno.
Así lo plantearon, en entrevistas vía telefónica por separado, Isaúl Celaya, de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar (APSDM); Bettina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; Mariano López Gómez, de la Asamblea del Pueblo Juchiteco, y Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.
Beas afirmó que el anuncio de Zorrilla fue hecho tras el retraso en la ejecución de obras debido a las protestas y por la suspensión de plano otorgada por el juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca, en respuesta a la demanda de amparo de la comunidad de San Dionisio del Mar.
Con matices, los entrevistados subrayaron que subsiste el problema de fondo en los movimientos de resistencia contra los proyectos eólicos, ya que no se respeta el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre cualquier cosa que se quiera hacer en sus territorios, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y ese sería el caso también de la supuesta reubicación del proyecto de MR.
La ocupación del palacio municipal de San Dionisio del Mar se mantendrá, lo mismo que el bloqueo en la agencia municipal de Álvaro Obregón en tanto las respectivas asambleas analicen el anuncio hecho por Zorrilla y se oficialice por escrito. Asimismo continúa el plantón a la salida de Juchitán hacia playa Vicente contra la construcción del parque eólico de Gas Natural Fenosa, indicaron los entrevistados.
De la misma forma se mantiene la decisión de las comunidades de no permitir la realización de elecciones para alcaldes y diputados locales el 7 de julio y elegir por usos y costumbres al presidente municipal en San Dionisio y al agente municipal en Álvaro Obregón.
Zorrilla, según el diario digital e-oaxaca.com, en declaraciones a medios locales informó la noche del miércoles que el gobierno de Oaxaca y la Federación convinieron con MR el retiro de sus aerogeneradores de la zona de la barra de Santa Teresa para destensar el conflicto por la construcción de su parque eólico valuado en poco más de mil millones de dólares, luego de los problemas causados por instalación de aerogeneradores en una presunta zona sagrada.
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Parque eólico en La Venta, municipio de Juchitán, OaxacaFoto Francisco Olvera
El funcionario subrayó que las empresas eólicas tienen 100 mil hectáreas de espacio para operar, y sólo han trabajado sobre 12 mil, por lo que hay mucha tierra ofertable fuera de la zona en conflicto.
Beas comentó que el retiro de MR de la barra de Santa Teresa es un triunfo de la heroica resistencia de un año de los pueblos del Istmo; en particular de nuestros hermanos de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, y es resultado también, sin lugar a dudas, de la intensa solidaridad de los pueblos istmeños y del apoyo de muchas organizaciones y pueblos dentro y fuera del país.
Celaya precisó que en la APSDMno vamos a dejar en ningún momento cabos sueltos; por eso tanto el amparo (contra dicho proyecto) como la demanda de anulación del contrato de 2004 de usufructo de las tierras con Preneal vendido a Mareña, ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec, siguen su proceso hasta las últimas y lo del pedido al BID de cancelar el financiamiento a la empresa lo vamos a analizar con los abogados para ver cómo lo vamos a aterrizar.
Bettina Cruz comentó que el problema de fondo es la violación a los derechos indígenas, que no hay consulta previa e informada. Las empresas no dicen que en Unión Hidalgo sale azul el agua de los pozos pegados al parque eólico de Eurus, que los aerogeneradores están chorreando aceite; no les dicen que sólo la empresa puede cancelar el contrato, ni que sus tierras que rentan a las empresas van a quedar hipotecadas y ya no van a poder conseguir crédito para cultivarlas si no es con permiso de la empresa; a ver si después de eso la gente acepta, enfatizó.
Beas mencionó que el martes 7 quedó claro el clima de violencia que se vive en la región, cuando fueron amenazadas dos integrantes de la Unidad de Observación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, una de ellas Laurie Leandri, quienes acudieron a San Dionisio del Mar, donde se entrevistaron con miembros de la asamblea, luego fueron a Unión Hidalgo y después, mientras hablaban con otros dos defensores, un hombre se acercó a su chofer y le dijo que ya sabían de sus visitas y les exigió que se fueran porque ya habían visto con quienes estaban.
Lo anterior hizo que cancelaran esa entrevista y la visita que iban a hacer a Álvaro Obregón y a la barra de Santa Teresa. Eso evidencia el hostigamiento que viven las comunidades y la falta de protección para defensores de derechos humanos, aseguró.
(Con información de Octavio Vélez, corresponsal)

Familias se asientan en sitios peligrosos por falta de crédito: experta de Hábitat




Familias se asientan en sitios peligrosos por falta de crédito: experta de Hábitat
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 10
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio inicio a una investigación sobre las medidas de protección civil y la situación que impera en México en el traslado de sustancias peligrosas para determinar si hubo omisiones de autoridades en la explosión de la pipa de gas licuado de petróleo (LP) ocurrida el martes pasado en la carretera México-Pachuca.
El organismo anunció que para investigar las causas del percance dispuso de un grupo de visitadores adjuntos y peritos del Programa de Atención a Víctimas del Delito.
Además, recaba información entre familiares de las víctimas mortales para darles el apoyo y acompañamiento que necesiten.
Por su parte, Silvia Emanuelli, de la Coalición Internacional para el Hábitat, señaló que ante la falta de acceso a créditos hipotecarios muchas personas optan por establecerse en lugares peligrosos para vivir –como la zona de seguridad de la carretera donde ocurrió la explosión–, lo cual hace aumentar el número de víctimas.
Muchas personas que trabajan en el sector informal o ganan menos de cuatro salarios mínimos deciden quedarse en sitios riesgosos, en casitas que no tienen las condiciones necesarias para vivir de manera digna, lo cual viola su derecho humano a la vivienda, subrayó la especialista.
Aunque no hay cifras exactas sobre la cantidad de personas que viven en el país en condiciones de precariedad extrema y de peligro, Emanuelli señaló que hasta 60 por ciento de los trabajadores no tendría acceso efectivo a créditos hipotecarios, sino sólo a subsidios insuficientes.
“En este tema debería quitarse el concepto de asentamientos ‘irregulares’, porque en muchos casos son la norma. Mucha gente se ve obligada a vivir en zonas de agrietamiento, con riesgo de deslaves, o cerca de carreteras. Es una situación muy delicada en toda América Latina”, lamentó.
Además, en muchas autopistas el llamado derecho de vía –la franja de terreno de uso limitado por donde pasan obras de infraestructura– se redujo a 50 metros, cuando por motivos de seguridad debería ser más amplio, afirmó

Denuncia Movimiento Popular de Guerrerorepresión administrativa




Denuncia Movimiento Popular de Guerrerorepresión administrativa
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Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero realizaron una marcha para conmemorar el Día del Trabajo e hicieron un mitin en el zócalo de Chilpancingo, donde lanzaron piedras contra Casa GuerreroFoto Francisco Olvera
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 12
Chilpancingo, Gro., 9 de mayo.
A petición del subsecretario de Gobernación federal, Luis Enrique Miranda Nava, integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) se reunieron con la titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Silvia Romero Suárez, a quien le plantearon el tema de la represión administrativa en contra de los maestros que se encuentran en paro de labores desde el pasado 25 de febrero.
Entrevistado vía telefónica, Meinardo Román López Pachuca manifestó a nombre del MPG: Sabemos que hay mano negra, como es el caso de algunas escuelas del municipio de Quechultenango, donde se pretende sustituir a nuestros compañeros a petición del presidente de la Comisión de Gobierno (del Congreso de Guerrero), Bernardo Ortega Jiménez. En realidad no hubo ningún avance, por lo tanto el paro de labores sigue.
Dijo que en la reunión con la titular de la Secretaría de Educación estuvo presente un funcionario de la delegación de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, pero aclaramos que la reunión fue a petición del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda.
Destacó que el paro de labores impulsado por el MPG continúa: Hay escuelas cerradas, no tenemos el total de las mismas, debido a que se trabaja en diversas modalidades, por un lado reorganizando el movimiento y, por el otro, apoyando a los padres de familia para no afectar a los alumnos.
Otro de los puntos que se discutió fue lo relacionado con la restitución de los salarios retenidos a varios docentes, en general las propuestas al gobierno estatal y federal se discutirán en la asamblea estatal que se llevará a cabo esta tarde.
En relación con las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del MPG, resaltó que hasta el momento la situación jurídica del movimiento está a cargo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y de Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz).Desconocemos el número de averiguaciones previas, y por ende, de las órdenes de aprehensión, añadió López Pachuca.
Además, se anunció que este viernes integrantes del MPG, en su mayoría maestras, realizarán una marcha con motivo del Día de las Madres, y un festival artístico-cultural en las instalaciones del plantón, ubicado en las oficinas de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) en esta capital

Insistirán disidentes en que su plan alternativo sea tomado en cuenta




Insistirán disidentes en que su plan alternativo sea tomado en cuenta
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Maestros de la sección 22 de Oaxaca y de la 19 de Michoacán reorganizan el plantón nacional en la plancha del Zócalo capitalinoFoto Roberto García Ortiz
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 13
Entre decenas de casas de campaña instaladas en el Zócalo capitalino, profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmaron que el acuerdo suscrito con la Secretaría de Gobernación para que se conozca su proyecto alternativo de educación en distintas instancias de gobierno, como el Congreso de la Unión, es apenas el inicio de un proceso que vamos a valorar paso a paso.
Integrantes de la Dirección Política Nacional (DPN) afirmaron que la firma del compromiso con autoridades federales no nos deja satisfechos, porque sólo es un etapa de la lucha. No vamos a dejar de insistir en que las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales son un retroceso y no un avance. Y tenemos argumentos para defender esta posición.
Francisco Bravo, secretario general del magisterio disidente de la sección 9 del Distrito Federal, e integrante de la comisión nacional única de negociación, explicó que se trata de un primer acuerdo, pero dependerá de las instancias federales que se concrete en avances significativos, porque hemos insistido en que queremos ser escuchados, pero no sólo eso, sino que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta.
Se trata de un texto base que nos permite tener un arranque sobre los temas que preocupan al magisterio disidente, pero no es en absoluto la respuesta a nuestras demandas. El compromiso que tenemos como profesores es demandar un verdadero debate nacional sobre el proyecto educativo del país, y no pretender que todo sea una imposición·.
En entrevista por separado, Juan Melchor, profesor de la sección 18 e integrante de la dirigencia magisterial disidente, informó que será hasta el próximo domingo cuando se convoque nuevamente a la Asamblea Nacional Representativa para definir los detalles de la movilización nacional convocada este 15 de mayo, Día del Maestro, y de la fecha en que se retomará el diálogo con funcionarios federales.
Fortalecen jornada informativa en DF y estados
Agregó que los poco más de 2 mil maestros que permanecen en la Plaza de la Constitución en el plantón nacional indefinido, realizarán labores de brigadeo y volanteo en distintos puntos de la capital, pero también en entidades cercanas, a fin de fortalecer nuestra jornada informativa sobre la reforma y sus efectos en la vida laboral, pero también su impacto en el aula.
Bravo enfatizó que de acuerdo con elcompromiso que asuma en la Secretaría de Gobernación, iremos valorando si avanzamos a una segunda etapa que incluiría establecer las fechas, los lugares y el cómo vamos a abrir esta discusión al magisterio de todo el país.
En tanto, las labores de organización del plantón nacional continúan en la Plaza de la Constitución, donde se incrementó el número de casas de campaña, lonas y plásticos.
Juan Melchor indicó que concluyó el arribo de los contingentes de maestros michoacanos, aunque no se descarta que antes del 15 de mayo se sumen docentes de distintas entidades para la realización de una jornada de movilizaciones.

Se cancela la primera sesión de diálogo entre autoridades de UNAM y estudiantes




Se cancela la primera sesión de diálogo entre autoridades de UNAM y estudiantes
Funcionarios plantean que se hagan en temporada vacacional; se limita la participación: jóvenes
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El abogado de la UNAM, Raúl González Pérez, tras leer un comunicado sobre sus razones para la suspensión del diálogoFoto Marco Peláez
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Estudiantes de CCH dialogan sobre la estrategia a seguir para la reanudación de la mesa de concertación con las autoridades de la UNAMFoto Marco Peláez
Emir Olivares y Arturo Jiménez
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 14
La primera sesión de diálogo entre autoridades universitarias y los representantes de quienes tomaron la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –que se celebraría ayer a partir de las 13 horas en el auditorio Alfonso Caso–, no se instaló luego que ambas partes no llegaron a un acuerdo sobre las fechas para los diversos debates convenidos. Sin embargo, el diálogo no está roto, coincidieron por separado las partes.
El desacuerdo se dio durante las negociaciones a puerta cerrada de la comisión preparatoria (con representación de los inconformes, funcionarios y miembros de Serapaz, que ha mediado en el conflicto), que comenzaron poco después de las 9 de la mañana de ayer.
Se preveía que concluyeran antes de las 13 horas, cuando a su vez comenzaría en el auditorio el ahora aplazado diálogo en torno a la actualización o reformade los planes y programas de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).
En el encuentro previo, efectuado en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (Dgose), la comisión de rectoría, encabezada por el abogado general de la institución, Luis Raúl González Pérez, insistió en que las 14 mesas de diálogo se lleven a cabo entre mayo y junio.
El planteamiento fue rechazado por los estudiantes y la comisión de profesores asesores, quienes reclamaron que se aplacen hasta agosto, pues ayer terminó el semestre en el CCH y en tres meses, con el reinicio de actividades,habría una mayor participación de la comunidad.
La mesa preparatoria culminó sin acuerdo, concretándose así la suspensión del primer diálogo. Con posterioriad, en sendos pronunciamientos, ambas partes se acusaron de no tener disposición a dicho ejercicio.
La hora fijada para el inicio del diálogo en el auditorio Alfonso Caso, en Ciudad Universitaria, se acercaba y la expectación entre los universitarios que se dieron cita afuera de ese espacio crecía al percatarse que funcionarios e inconformes no llegaban al lugar.
Incluso, unos 30 reporteros, fotógrafos y camarógrafos ya habían sido acreditados por el área de prensa de la UNAM, la cual informaba que adentro habría un área para periodistas y bocinas para grabar el audio.
Poco después de las 13:30 horas, la comisión de quienes apoyan al grupo de jóvenes –quienes con los rostros cubiertos tomaron durante 12 días la torre de Rectoría– llegó hasta la puerta del auditorio para leer su posición acerca del desacuerdo.
“Los representantes de rectoría pretenden imponernos las mesas de diálogo durante el periodo vacacional del estudiantado de los CCH, dejando fuera del alcance los diálogos para loscecehacheros. La comunidad universitaria hace un fuerte llamado a los representantes de la rectoría para hacer que estos diálogos se den en días hábiles y dentro del calendario escolar.”
Tres jóvenes, quienes prefirieron no dar sus nombres, leyeron el pronunciamiento de la parte estudiantil en el que agregaron que por su oposición a esas reformas, su movimiento ha sido objeto de “innumerables ataques mediáticos (…) Los medios de comunicación (en particular las televisoras) han fungido como arma de asalto a la verdad”.
Minutos después, el abogado general de la UNAM insistió en la disposición al diálogo de las autoridades e indicó que éste no está roto y que el martes de la próxima semana se realizará una tercera reunión privada con representación bilateral para discutir las reglas que permitan su instalación, probablemente el jueves 16 de mayo.
Las negociaciones de la comisión preparatoria que continuaron hoy no llegaron a buen término por la intolerancia e insistencia de llevar la mesa de diálogo hasta agosto y septiembre, pese a que el grupo inconforme señalaba que tenía argumentos listos para iniciar (ayer) el debate, señaló González Pérez al leer un documento con la posición institucional.
Afuera de la Dgose, el funcionario recordó que en la reunión previa de la comisión bilateral del martes pasado se acordó realizar 14 sesiones de diálogo entre mayo y junio con mesas conformadas por 15 integrantes de cada parte y la asistencia de asesores.
Como informó La Jornada el miércoles, en ese encuentro se dijo que tras los diálogos se elaborará unarelatoría bilateral que se entregaría a la comisión que analiza la reforma del CCH, para que sea considerada como una más de las propuestas en torno a ese tema.
Después de leer su pronunciamiento afuera del auditorio Alfonso Caso, los estudiantes inconformes realizaron una reunión informativa y de análisis en torno a los llamados 12 puntos de la reformade los planes y programas de estudio de los CCH.
Poco después de las 5 de la tarde, unos 50 jóvenes todavía se apuntaban para participar en comisiones diversas, como difusiónenlace y de los 12 puntos. Dijeron que las discusiones y acuerdos continuarán el lunes 13 a las 14 horas, en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía

Arma Gobernación la estructura para atender a víctimas del delito




Arma Gobernación la estructura para atender a víctimas del delito
El grupo elaborará un registro y fijará montos de indemnización
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 15
La Secretaría de Gobernación (SG) prepara una nueva modalidad para la atención a víctimas del delito y para la reparación del daño.
Este jueves emitió la convocatoria para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, parte operativa del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), dispuesto en la ley correspondiente, la cual elaborará un registro de víctimas y fijará los montos de indemnización para cada uno.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la SG, Lía Limón, explicó que el SNAV es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en este renglón. El sistema está integrado por representantes de los tres poderes y de organismos públicos autónomos, así como por la comisión, de la que se busca ahora a sus siete integrantes: cuatro funcionarios federales y tres representantes de la academia y/o la sociedad civil.
La comisión deberá garantizar que las víctimas puedan acceder a la reparación integral que establece la ley: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
La convocatoria, publicada ayer en elDiario Oficial de la Federación, indica que se contará con 30 días hábiles para recibir las propuestas; a su vez, la SG las enviará al Senado para la definición final.
El reto de la implementación de la Ley de Víctimas debe ser enfrentado por los tres niveles de gobierno y todos los actores de la sociedad, dijo la funcionaria.
En tanto, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) tiene hasta ahora un registro de mil 895 denuncias de personas de-saparecidas. De estas, 201 fueron localizadas (tres de cada cuatro de ellas, con vida).
Este número es minúsculo en relación con la lista de casi 27 mil personas no localizadas, según las denuncias interpuestas durante el sexenio pasado; el banco de datos correspondiente es actualmente analizado desde febrero pasado por la administración de Peña Nieto y hasta el momento no se ha dado a conocer ningún avance de esta revisión.
Províctima es una instancia relativamente nueva (inició operaciones el 10 de octubre de 2011), en un momento crítico en cuanto a hechos violentos imputados a la delincuencia organizada.
Ahora está vigente una ley de víctimas, de cuyo reglamento deberá surgir una comisión ejecutiva de atención integral a este tema.
Por lo pronto, Províctima precisó que en año y medio ha integrado mil 471 expedientes, a partir de la solicitud expresa de familiares para que se les proporcione ayuda en la búsqueda de personas.
De las registradas como desaparecidas o no localizadas en Províctima, mil 436 son hombres y 459 son mujeres, y 30 por ciento se ubican en el segmento de edad entre 20 y 34 años.
Las entidades que registran el mayor número de personas desaparecidas, según la procuraduría, son: Tamaulipas, con 268, que equivale a 15 por ciento del total; Coahuila, con 207, esto es, 10 por ciento; seguida por Nuevo León, Veracruz y estado de México. Michoacán, junto al Distrito Federal, ocupa el sexto lugar.
En contraparte, los registros más bajos de personas no localizadas con que cuenta esta procuraduría corresponden a los estados de Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Sur, Aguascalientes, Yucatán y Tabasco, en orden decreciente.
A las familias de las personas desaparecidas se les han otorgado 27 mil 846 servicios jurídicos que consisten en asesorías, revisión de averiguaciones previas, elaboración de escritos para diversas autoridades, información recabada para la integración de expedientes, e incluyen mil 379 acompañamientos –en calidad de abogadas o abogados victimales– ante diversas autoridades

Huelga de hambre frente a la PGR




Huelga de hambre frente a la PGR
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 17
Un grupo de madres y padres de víctimas de desaparición forzada inició ayer una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para protestar por la falta de acción de las autoridades federales en la búsqueda de sus seres queridos y al mismo tiempo exigirles que cumplan con su trabajo.
Margarita López Pérez, madre de Yahaira Guadalupe Baena López –desaparecida el 13 de abril de 2011–, afirmó en entrevista que los funcionarios del actual gobierno han incumplido las promesas que les hicieron en noviembre del año pasado de dar con el paradero de sus familiares.
Las autoridades no han cumplido: no hay ningún equipo especializado para la búsqueda y no se ha movido absolutamente nada en ninguna de las averiguaciones porque nos dicen que no hay presupuesto

Demandan a Moreira por delitos electorales y peculado




Demandan a Moreira por delitos electorales y peculado
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 18
La Procuraduría General de la República (PGR) recibió este jueves una denuncia penal contra del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por delitos electorales, peculado y coalición de servidores públicos, ya que diputados de Movimiento Ciudadano lo acusan de haber desviado recursos de programas sociales para favorecer al PRI en época electoral
El centro de la querella es un acto público del pasado 25 de abril, en el que el gobernador tomó protesta a 930 comités de política popular y acción social (Comppas), organizado en Torreón, en el Coliseo Centenario.
La denuncia refiere que la mayoría de los asistentes fueron enfundados en playeras y cachuchas rojas, similares a las utilizadas durante los mítines del PRI.
Agrega que los llamados Comppas se encargarán de operar los programas sociales federales, estatales y municipales en Coahuila con el claro propósito de inducir, condicionar y orientar los programas sociales, con la presunción y el temor de que los mismos puedan favorecer al PRI y a sus candidatos en el proceso electoral local en curso

Castiga la SFP a 4 por escándalo de Profeco; Benítez, exculpado




Castiga la SFP a 4 por escándalo de Profeco; Benítez, exculpado
Alma Muñoz y Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 20
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Humberto Benítez Treviño, fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la investigación sobre el operativoque solicitó su hija Andrea Benítez González contra el restaurante Maximo Bistro el 26 de abril pasado, luego de que no le dieron la mesa que deseaba.
La SFP determinó que no se encontraron elementos para iniciar procedimiento alguno contra el procurador, luego de tomarle declaración al igual que otros 12 funcionarios. En cambio anunció que suspenderá de manera temporal en los próximos días a cuatro directivos del organismo: al subprocurador de Verificación, Roberto Figueroa Martínez; a los directores de verificación y vigilancia, Jesús Rangel Espinosa, y al de procedimientos y sanciones, Policarpo Martínez Montes. También al jefe de departamento de verificación de normas oficiales mexicanas, Abraham Sánchez Fuentes.
El resultado de la investigación fue dado a conocer por el propio Beníntez Treviño a la prensa en la sede de Profeco, donde aseguró que no pasó por su mente renunciar, pese a la presión social y política desatada en su contra.
El procurador manifestó su disposición de comparecer ante el Congreso, donde legisladores de oposición han demandado su renuncia. Insistió que el restaurante en ningún momento fue clausurado y se mantuvo cerrado por decisión expresa de la propia dueña hasta que Profeco retirara los sellos se suspensión que le colocó hace dos semanas.
La de ayer fue la primera aparición pública de Benítez Treviño desde que ocurrió desde el escándalo de su hija, bautizada en las redes sociales comoLady Profeco. El funcionario convalece desde hace más de tres semanas por una operación de cadera y acudió a la conferencia en silla de ruedas

Acepta Gobernación jubilar a miembros del SME que cumplan requisitos: Esparza




Acepta Gobernación jubilar a miembros del SME que cumplan requisitos: Esparza
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Ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro marcharon ayer a la Secretaría de Gobernación para exigir solución al conflicto de más de tres añosFoto Jesús Villaseca
Carolina Gómez Mena y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 21
Luego de reunirse ayer con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Luis Enrique Miranda Nava, integrantes del comité ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) aseguraron que la resistencia de más de tres años rindió unaprimera victoria: serán jubilados todos los sindicalistas que cumplan los requisitos de la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo del gremio.
La noticia fue dada a conocer por Martín Esparza Flores, secretario general del SME; Humberto Montes de Oca, secretario del exterior; José Antonio Almazán, prosecretario de jubilados, y Eduardo Bobadilla, secretario del interior, en un mitin afuera de Gobernación tras la marcha de más de siete mil electricistas, desde la sede del SME, en Antonio Caso.
De acuerdo con fuentes de Gobernación, la reunión con el subsecretario fue breve, de no más de media hora. El funcionario federal dijo a los electricistas que es procedente instalar una mesa técnica en la que se analizaría el origen de los recursos para los sindicalistas que están en edad de jubilarse; consideran que serán alrededor de 3 mil de los 16 mil 599 en resistencia.
En la antesala de las elecciones en el SME para renovar su dirigencia, a mediados de este año, Esparza Flores también aseguró que el sindicato establecerá un acuerdo político con el Suterm (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana), el gremio que aglutina a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instancia a la que el gobierno calderonista entregó la operación de la zona central del país, después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Esparza dijo que hay disposición del gobierno para que se concrete dicho acuerdo político con el Suterm, mediante el cual ambos gremios se comprometerían a respetar las zonas de actuación de sus agremiados. Queremos que respeten nuestra zona y no meternos en la de ellos. Esto, ante la posibilidad de que finalmente la administración federal acceda a reponer o restituir la fuente de trabajo que perdieron los integrantes del SME en octubre de 2009.
Fuentes de Gobernación indicaron que el acuerdo político con el Suterm es una propuesta del SME que se planteará al titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, y si la considera prudente se llevará a cabo.
Esparza también informó que la próxima semana Ulises Uribe, preso político en el Reclusorio Oriente, estará en libertad, gracias al convenio con el gobierno federal. Sin embargo, fuentes de Gobernación refirieron no tener reporte al respecto e insistieron en que elpunto principal fueron las jubilaciones.
El secretario general del SME también dio a conocer que será reabierta la clínica 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que los agremiados reciban atención médica en ese recinto, el cual hasta ahora sólo da atención de urgencias. Gobernación dará instrucciones para que sea abierta la clínica 26 y dé atención al SME. Recordó que ese inmueble es del sindicato y por acuerdo se entregó al IMSS” para atender a los agremiados.
Montes de Oca aseguró que la negociación de ayer se destrabó y auguró un final feliz. Así mismo, llamó a cerrar filas en torno a Martín Esparza y a continuar la lucha hasta las últimas consecuencias

Turna la CIDH caso de indígenas mexicanos a Corte Interamericana




Turna la CIDH caso de indígenas mexicanos a Corte Interamericana
Notimex
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 22
Washington, 9 de mayo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy que turnó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de dos indígenas mexicanos detenidos en forma ilegal, torturados y acusados de pertenecer a la guerrilla.
La CIDH consideró que México incumplió las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, y por ello determinó trasladarlo a la consideración de la corte.
Los dos indígenas fueron detenidos el 6 de junio de 1997 por presuntos vínculos con el denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Tanto García Cruz como Sánchez Silvestre denunciaron en repetidas ocasiones ante las autoridades judiciales que fueron torturados por agentes estatales con la finalidad de que aceptaran su culpabilidad en los hechos por los cuales se les procesaba.
En su Informe de Fondo sobre el caso, la CIDH recomendó al Estado mexicano realizar una investigación judicial imparcial, efectiva y expedita sobre violaciones a la integridad personal y a la libertad personal cometidas contra ambos hombres.
En fecha reciente, México presentó a la CIDH información sobre los avances relacionados con las recomendaciones emitidas en el Informe de Fondo.
Según esos avances, el 11 de abril de 2013 fue revocada la sentencia condenatoria en perjuicio de los dos hombres y el 18 de eses mismo mes se decretó su liberación y se ordenó la cancelación de sus registros penales

Participará AI en marcha de la dignidad




Participará AI en marcha de la dignidad
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 22
Amnistía Internacional (AI) anunció que se sumará a la segunda Marcha de la Dignidad Nacional, que se realizará este viernes, integrada por familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones de la sociedad civil que exigen verdad y justicia en dichos casos.
En un comunicado, la organización de derechos humanos recordó que las autoridades mexicanas reconocieron al menos 26 mil casos de desapariciones ocurridas en los años recientes, la mayoría de los cuales aun no son investigados ni se tiene información mas precisa sobre ellos.
En el mismo sentido, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos –que reúne a más de 70 colectivos de toda la República– también manifestó su apoyo a la marcha, al tiempo que llamó a las autoridades a comprometerse y atender las demandas de justicia de todas las familias de personas desaparecidas

jueves, 9 de mayo de 2013

CARTONES DE LA JORNADA







Por falta de recursos, 30% de pacientes con cáncer de ovario deja de atenderse




Por falta de recursos, 30% de pacientes con cáncer de ovario deja de atenderse
De 5 mil casos diagnosticados al año, la mitad que carece de seguridad social, con tratamiento podría recuperarse si se garantizara una detección temprana y cobertura del Seguro Popular
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Es inaceptable que mientras en una sala de hospital están las pacientes con cáncer de mama o cérvico uterino, cubiertas por el Seguro Popular, las enfermas con un tumor de ovario dejen de tratarse porque no pueden pagar las medicinas, señaló el director del Instituto Nacional de Cancerología, Alejandro MoharFoto Cristina Rodríguez
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de mayo de 2013, p. 46
Hasta un año puede transcurrir antes que una mujer con cáncer de ovario epitelial reciba la atención médica que necesita. Este es el tercer tumor más frecuente en México, en la población de 30 a 59 años y, aunque es posible controlarlo, 30 por ciento de las pacientes sin seguridad social abandona el tratamiento por falta de recursos económicos, aseguró Dolores Gallardo Rincón, responsable del Programa de Atención de Pacientes con Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).
Ayer se celebró por primera vez en el país el día mundial de esta enfermedad y la especialista comentó que de los 5 mil casos que se diagnostican cada año, la mitad que carece de acceso a instituciones de seguridad social, podría prolongar su esperanza de vida e incluso recuperar su salud si se garantizara una detección temprana y la cobertura de las terapias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Dijo que si bien los medicamentos tienen un costo, las autoridades primero deberían valorar el beneficio que tendrían las familias, principalmente en la crianza de sus hijos. Ellas tienen asuntos que atender aquí, resaltó y con ello reiteró la crítica a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) que el año pasado autorizó la inclusión del tumor ovárico germinal, el cual afecta a niñas y adolescentes, altamente curable, que representa 5 por ciento del cáncer de ovario.
La mayor necesidad de atención –dijo– está en la neoplasia de tipo epitelial (95 por ciento de los casos) y dio cuenta de los logros que ha obtenido el Incan de 2011 a la fecha. En este periodo la institución ha tenido un presupuesto asignado a la atención integral de sus pacientes. Antes, una tercera parte de las afectadas abandonaba el tratamiento; en la actualidad la adhesión es de ciento por ciento. Sólo 5 por ciento requiere de esquemas que tienen un costo superior a 300 mil pesos. La mayoría se puede atender con 45 mil pesos, que es el costo de las terapias de primera línea, apuntó.
Alejandro Mohar, director del Incan, señaló que éste es un tema de equidad. Es inaceptable que mientras en una sala del hospital están las pacientes con cáncer de mama o cérvico uterino, cubiertas por el Seguro Popular, en otra se encuentren las enfermas de cáncer de ovario que desertan porque no pueden pagar las medicinas.
Subrayó que a cualquier mujer le puede dar cáncer de ovario, y más a aquellas con factores de riesgo como haber iniciado la menstruación en edades tempranas, con menopausia tardía o si el primer embarazo se presentó después de los 30 años de edad.
También pueden desarrollar el tumor mujeres mayores de 40 años sin hijos, aquellas que se sometieron a tratamientos de fertilidad o si existen antecedentes del mal en su familia.
Gallardo Rincón señaló que, además del dinero, hace falta entrenar a los médicos generales y ginecólogos en la identificación del tumor, pues ocurre que cuando se identifican quistes en los ovarios no se les hace caso, cuando puede tratarse de cáncer.
Existe, asimismo, el problema de que los síntomas se confunden con otros males como colitis por amibas y el síndrome de intestino irritable. Al igual que estos padecimientos, el cáncer de ovario se manifiesta con distensión abdominal, sensación de plenitud, problemas digestivos y molestias pélvicas inespecíficas.
Un ultrasonido trasvaginal es el método de diagnóstico inicial de la neoplasia, dijo y aclaró que el Papanicolau no identifica el cáncer de ovario

Lanzan declaratoria simultánea de los derechos de la mujer latinoamericana




Lanzan declaratoria simultánea de los derechos de la mujer latinoamericana
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de mayo de 2013, p. 46
Los equipos médicos para la detección del cáncer de mama están subutilizados en el país y de los que funcionan, existen dudas acerca de la calidad de los resultados que entregan a las mujeres, afirmaron la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC) y la Fundación Cimab.
Al dar a conocer la Declaratoria de los Derechos de la Mujer Latinoamericana en Materia de Cáncer, Bertha Aguilar, presidenta de Cimab, resaltó  la necesidad de que las autoridades de salud garanticen el óptimo funcionamiento de la infraestructura y que se eviten simulaciones con las unidades móviles de salud. Los mastógrafos son insumos de alta tecnología que deben ser usados por manos expertas, subrayó.
Mayra Galindo, directora de la AMLCC, comentó que aunque en la República se cuenta con alrededor de 200 equipos de este tipo, los servicios de salud deben prever la asignación de recursos para su mantenimiento, lo que no ocurre, además de que se pierde de vista que su vida útil es de 10 años.  Por eso no se puede garantizar la calidad de los resultados de los estudios, dijo. Ante este problema, la diputada Flor Pedraza (PAN), integrante de la Comisión de Equidad de Género, propuso un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que tome las medidas para asegurar una atención médica de calidad.
Ayer, la Fundación Cimab, como parte de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer, dio a conocer la declaratoria, en la cual se pronuncia en favor del derecho de las mujeres a vivir en un ambiente que facilite y apoye un estilo de vida saludable; garantice el acceso a servicios de calidad de prevención y detección oportuna de los cánceres de la mujer, así como a recibir una atención médica oportuna sin importar su condición socioeconómica.
Durante la ceremonia, la doctora Laura Suchil, directora de Vinculación Institucional del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), destacó que los tumores malignos de mama y cérvico uterino representan las principales causas de muerte de la mujer por cáncer. Al año se reportan casi 4 mil decesos por el primero y más de 5 mil por el segundo.
De ahí la importancia de la declaratoria que se lanzó simultáneamente en siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela.
Las organizaciones convocantes se han planteado recopilar 10 mil firmas y presentar el documento a los gobiernos para insistir en la urgencia de prevenir, detectar y atender oportunamente y con servicios de calidad.
El texto completo de la declaratoria, para su consulta y firmas de adhesión, está disponible en la página de Internetulaccam