Busca CNDH medidas cautelares

Busca CNDH medidas cautelares

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Martes 20 de julio de 2010, p. 10

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó ayer a los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, la adopción de medidas cautelares por tiempo indefinido para preservar el derecho a la vida de los integrantes del SME que se encuentran en huelga de hambre.

Por separado, el organismo que encabeza Raúl Plascencia Villanueva pide a los funcionarios referidos que privilegien el diálogo y la negociación política, a fin de construir acuerdos y lograr una solución al conflicto en la legalidad y sin afectar a terceros.

Al respecto el gobierno federal informó que, en atención a la solicitud de la CNDH, a partir de hoy reforzará la presencia de una ambulancia en el Zócalo –que se mantiene desde el miércoles– con una unidad médica más especializada y con ello dar cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas

CARTONES

Afecta la violencia a 63% de los alumnos del IPN

Observatorio en instituciones de educación superior realizará un diagnóstico nacional

Afecta la violencia a 63% de los alumnos del IPN

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Domingo 18 de julio de 2010, p. 33

Miles de alumnos, profesores y trabajadores universitarios corren el riesgo de sufrir algún tipo de violencia, hostigamiento o acoso, prácticas que se deben evitar y erradicar, afirmó Martha Tronco Rosas, coordinadora del programa de gestión con perspectiva de género del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y coordinadora del primer observatorio para prevenir la violencia en instituciones de educación superior en México.

Destacó que tan sólo en el Politécnico, 63 por ciento de los alumnos sufren o practican actos de violencia como empujones, golpes, burlas, insultos y aislamiento social, en su mayoría durante sus relaciones de pareja, pero advirtió que los actos de agresión física o sicológica no sólo afectan a los estudiantes, también a profesores y empleados administrativos.

Una de las principales metas que nos llevó a proponer la creación del Observatorio Zona Libre de Violencia en Instituciones de Educación Superior, en el que participan seis universidades de la zona metropolitana del valle de México, entre ellas el IPN y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es fortalecer el intercambio de experiencias de éxito para aplicar mecanismos que impidan cualquier forma de violencia en el entorno.

Sin embargo, destacó que otro objetivo es que el intercambio de información nos ayude a construir a mediano plazo un diagnóstico nacional de la violencia. Sabemos que muchas instituciones, públicas y privadas, han realizado análisis y tienen estadísticas. El observatorio busca ser ese espacio de debate e intercambio de datos que nos ayude a todos a saber qué pasa con la violencia y cómo afecta a los alumnos, profesores y trabajadores.

Internet, útil herramienta

La presentación oficial del observatorio se realizó el pasado 23 de junio y en la primera etapa participan las universidades Autónoma Metropolitana, Autónoma del Estado de México y Pedagógica Nacional, así como El Colegio de México, las principales instituciones públicas.

Cuestionada sobre las acciones concretas que realizará el organismo, enfatizó que buscamos intercambiar y conocer las experiencia de éxito para prevenir, detectar y erradicar cualquier acto que atente contra la integridad física o emocional de nuestro alumnos, docentes y trabajadores.

Tener un portal en Internet (www.zonalibredeviolencia.ipn.mx) afirmó, nos ayudará a intercambiar información muy valiosa, pues en su mayoría se cuenta con diagnóstico o estudios en los que se han detectado perfiles y riesgos de la violencia en las distintas universidades. Conocer esta información, saber cómo responden a los entornos de agresión los estudiantes de la UNAM, IPN, UAM o El Colegio de México, nos facilita tener mecanismos de control

Artistas gráficos plasmarán sus obras en ruinas de La Malinche

Combatirán la imagen de desolación que hay en la colonia por trabajos de la supervía

Artistas gráficos plasmarán sus obras en ruinas de La Malinche

Se conforma un comité de cultura para darle vida a la zona, que parece bombardeada

Autoridades generaron confusión entre los residentes para minar la resistencia: vecinos

Opositores a la construcción de la supervía afirman que las autoridades afectaron el tejido social de la colonia La MalincheFoto Cristina Rodríguez

Agustín Salgado

Periódico La Jornada
Domingo 18 de julio de 2010, p. 30

Con la finalidad de combatir la imagen de desolación que actualmente se percibe en La Malinche, este lunes artistas gráficos plasmarán sus obras en las ruinas de los inmuebles expropiados por el Gobierno del Distrito Federal.

Tras participar en el foro Movimientos ciudadanos y vecinos por las áreas verdes que se realizó ayer en el Club de Periodistas, Mónica Tapia, integrante del movimiento Prociudad Procontreras, señaló: “se decidió instalar un comité de cultura para darle vida a la zona expropiada, que parece una ciudad bombardeada. La Malinche es una comunidad con mucho tejido social, donde toda la gente se conocía. Pero el gobierno, con el único objetivo de edificar la supervía, no sólo ha destruido el barrio sino que también difundió rumores y quebrantó la confianza entre vecinos, pues piensa que con ello va a minar la resistencia civil que se ha construido.”

El comité de cultura se sumará a otros grupos ya establecidos, como el de vigilancia. Las actividades que se realizarán en calles como Rosa Norte, andadores Durazno y Malinche no se limitan a artes plásticas, pues también se tiene proyectada la presentación de creadores de otras áreas, como la música. La idea es revivir la zona y hacerlo pensando en el tipo de comunidades que se deben construir en la ciudad de México.

El asentamiento de La Malinche comenzó hace más de 50 años y entre los primeros habitantes que llegaron a los terrenos, ubicados a un costado de la zona de reserva ecológica La Loma, se encuentran las integrantes de la Compañía de María.

Josefina de la Torre, religiosa de dicha congregación, afirma que las autoridades se dedicaron a crear confusión e incertidumbre entre vecinos y familiares como parte de la estrategia que se utilizó para concretar el proceso de expropiación.

Ha sido mucho dolor. Afirman que fueron 51 predios, pero lo que no dicen es que afectaron a más de 280 familias. Muchas de ellas se han desbaratado a partir del 6 de abril (día en que se publicó el decreto de expropiación). Fue el propio gobierno quien provoco las pugnas internas. También minaron el tejido social, pues hay vecinos de toda la vida que ya no se hablan. Las autoridades actuaron de manera muy astuta, planearon todo para no empañar su imagen y conseguir lo que querían.

Por último, Daniel Gershenson, quien al igual que Mónica Tapia acudió al foro de organizaciones que defienden las áreas verdes de la ciudad, aseguró: el gobierno de la ciudad se declara ambientalista, pero esa afirmación es de dientes para afuera. Pregonan en el extranjero lo que no implementan aquí. En noviembre se va a realizar una cumbre de alcaldes en una ciudad devastada. Una ciudad que no tiene árboles y que en cambio sí cuenta con obras viales pésimamente diseñadas, desde el punto de vista ambiental

Propondrá legisladora cesar a titular del Imug

Propondrá legisladora cesar a titular del Imug

Carlos García, corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 18 de julio de 2010, p. 28

Guanajuato, Gto. La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso estatal, Alicia Muñoz Olivares, adelantó que propondrá un punto de acuerdo para que sea destituida Luz María Ramírez Villalpando, directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), y comparezca ante el pleno por sus declaraciones discriminatorias contra las mujeres tatuadas. Es una aberración lo que manifestó y más porque discrimina a las mujeres que decidieron tatuar su cuerpo, el hecho de declarar que son ejemplo de pérdida de valores, es una violación a los derechos humanos, sostuvo la también integrante de la Comisión de Equidad y Género. Todas las mujeres tienen la decisión de tatuarse o colocarse un pearcing en su cuerpo y Luz María Ramírez no tiene derecho a discriminarlas, señaló la legisladora priísta. Por la gravedad del asunto, la próxima semana en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso local se hará un pronunciamiento contra la titular del Imug y se promoverá un punto de acuerdo para que sea removida del cargo y comparezca ante el Poder Legislativo, adelantó Muñoz Olivares. Ella ha impuesto políticas con base en sus creencias personales; haremos lo conducente en la Permanente y por supuesto lo seguiremos en la Comisión de Equidad y Género, y en el periodo ordinario que inicia el primero de agosto, señal

En diez días, cinco dirigentes sociales detenidos en Chiapas

Todos están arraigados en Chiapa de Corzo por movilizaciones para exigir mejoras gremiales

En diez días, cinco dirigentes sociales detenidos en Chiapas

Exigen el Frayba y el gobierno legítimo liberar a líderes; repudian actos represivos del gobierno estatal

En imagen de archivo, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz (con micrófono), durante una reunión con bases sindicales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El integrante del comité directivo de la sección 50 del SNTSA es uno de los dirigentes arraigados en la entidad por encabezar protestas socialesFoto Moysés Zúñiga Santiago

A. Mariscal y E. Henríquez

Corresponsales

Periódico La Jornada
Domingo 18 de julio de 2010, p. 27

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de julio. El dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (Opez), Caralampio Gómez, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) después de participar, con un discurso solidario, en un mitin de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizado el viernes en esta capital.

Con él, suman cinco líderes detenidos por las autoridades en los últimos 10 días. Los otros cuatro son Pedro Gómez Bahamaca, Misael Palma López y Alberto Mirón Vázquez, integrantes de la dirección política de la CNTE, así como Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, miembro del comité directivo de la sección 50 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Los cinco están arraigados en un lugar conocido como Quinta Pitiquitos, en el municipio de Chiapa de Corzo y están acusados de delitos relacionados con las movilizaciones sindicales para exigir el respuesta a demandas gremiales.

El líder de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), con sede en Oaxaca, Azael Santiago Chepi, arribó a Chiapas para encabezar pláticas con autoridades federales, con el propósito de que se frene la detención de más maestros.

A los tres maestros detenidos y otros 19 agremiados de la CNTE les giraron a órdenes de arresto, acusados de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, atentado contra la paz, y uno de reciente creación denominado delito contra la dignidad de las personas.

Todos esos cargos están relacionados con la movilización de mayo pasado, en la que exigieron a la dirigencia de la sección 7 del SNTE, encabezada por Rosendo Galíndez, liberar la caja de ahorro de los maestros.

Ante estas acciones, los mentores, apoyados por los sindicalistas del sector salud y campesinos, realizaron protestas. La más reciente fue este viernes, cuando los profesores efectuaron un plantón programado para ser indefinido, pero fue suspendido más tarde ante la detención de Misael Palma López y Víctor Hugo Zavaleta.

La noche de este sábado, unos cien profesores del bloque democrático se encontraban dentro de las instalaciones de una secundaria técnica en Tuxtla Gutiérrez, sitiados por policías estatales y personas vestidas de civil a bordo de motocicletas y vehículos sin placas, con el riesgo de ser detenidos.

Durante el mitin del viernes, Caralampio Gómez, al igual que Víctor Hugo Zavaleta, manifestaron solidaridad de sus respectivas organizaciones con los docentes chiapanecos, ante las detenciones y órdenes de aprehensión que se han girado en su contra.

Entrevistados la madrugada de este sábado, mientras se refugiaban en la secundaria cercada por policías, los maestros explicaron que las organizaciones sindicales, campesinas y magisteriales hemos estado trabajando juntas para intentar detener la represión en contra nuestra, para intentar que las autoridades escuchen la demanda de nuestros derechos, pero ahora vemos que la represión se acentúa, que se incrementan las amenazas y la violencia contra nosotros.

Acusaron que luego que Zavaleta y Caralampio estuvieron en nuestro mitin, fueron detenidos con violencia, al igual que al maestro Misael Palma, quien acababa de salir junto con la comisión negociadora de la CNTE de una reunión con el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón.

Eso es una traición, pues nosotros habíamos aceptado la salida negociada para que fuera liberado Alberto Mirón Vázquez (detenido el 7 de julio) y Pedro Gómez Bahamaca, refirieron.

Estamos por una salida pacífica a nuestras demandas. Por eso pedimos el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) para que funja como testigo de calidad en las reuniones con el gobierno de Chiapas. No queremos más traiciones, no más celadas, plantearon.

El Frayba exigió la liberación inmediata de los dirigentes sindicales y campesinos detenidos en forma arbitraria y la cancelación de todas las órdenes de arresto relacionadas con el legítimo derecho a la protesta de los miembros del bloque democrático magisterial.

En una acción urgente emitida esta noche el organismo que presiden los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, sostuvo que los arrestos forman parte de una acción represiva del gobierno de Chiapas para desarticular las demandas sociales que realiza el sindicato de maestros desde hace dos años, y a quienes se solidarizan con su movimiento.

El Comité Regional (en los Altos de Chiapas) del Gobierno Legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, exigió al gobierno estatal la liberación de los líderes. Pidió el cese de la persecución y la represión en contra de los dirigentes chiapanecos, y del hostigamiento contra las organizaciones sociales y sindicales

Obispo Vera relaciona a autoridades del INM con secuestro de migrantes

Insiste en crear grupo especial que atienda a víctimas de plagios

Obispo Vera relaciona a autoridades del INM con secuestro de migrantes

Asegura que los funcionarios están vinculados con bandas criminales

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Domingo 18 de julio de 2010, p. 13

Mientras prevalezcan la impunidad y la asociación de funcionarios migratorios con bandas del crimen organizado, el secuestro de migrantes que transitan por el territorio nacional no disminuirá, ni las retenciones en las casas de seguridad dejarán de ser cada vez más violentas, señaló Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila, y fundador de la casa Belén Posada del Migrante en dicho estado.

Los migrantes son secuestrados a granel, los llevan a casas de seguridad, los mutilan, abusan sexualmente de ellos, los golpean diariamente y a algunos los matan a palos o los descuartizan, y todo esto el gobierno lo sabe y no hace nada, criticó.

El prelado destacó que los agentes de pastoral que resguardan a los migrantes que han logrado huir de sus captores han constatado que con demasiada frecuencia policías y funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) son cómplices de las bandas criminales.

Afirmó que incluso han corroborado que trabajadores de algunas oficinas estatales del INM hacen intercambio de migrantes con los criminales, cuando éstos han comprobado que a quienes tienen secuestrados no cuentan con familiares que les puedan pagar rescate.

En este contexto aseguró que la política migratoria nacional es una ficción y agregó que situaciones como el allanamiento realizado por presuntos agentes policiacos en el albergue que en Lechería tiene la Pastoral de la Movilidad Humana forman parte de una estrategia para amedrentar y frenar la denuncia que hacen las organizaciones civiles acerca de estos abusos, pero consideró que por sobre todo es una forma de proveer de víctimas a las bandas de secuestradores.

Lo que está por encima es la ambición de hacer dinero, les quieren dar material a los secuestradores comentó.

Agentes pastorales que trabajan con migrantes han coincidido en que incluso los presuntos operativos de verificación migratoria, en su mayor parte no son más que redadas para captar migrantes y hacer negocio con ellos, al entregárselos a plagiarios, los que posteriormente extorsionan a sus familias.

Por ello han insistido en la necesidad de crear un grupo especial que atienda a los migrantes víctimas de secuestros, que incluya protección, acceso a la justicia y una reparación del daño eficaz e integral

Hago la huelga de hambre por rabia y dignidad, afirma Miguel Ángel Ibarra

Estoy dispuesto a morir, dice el electricista que lleva 80 días de ayuno

Hago la huelga de hambre por rabia y dignidad, afirma Miguel Ángel Ibarra

Pedro Morales, con su familia, al cumplir 30 días en huelga de hambre en el campamento del SME en el Zócalo capitalinoFoto José Antonio López

Miguel Ángel Ibarra lleva 80 días en ayunoFoto José Carlo González

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 18 de julio de 2010, p. 8

Estamos enfrentando a un monstruo; una fuerza que se ríe, se burla y nos quiere aplastar, expresa Miguel Ángel Ibarra al cumplir 80 días en huelga de hambre.

Este electricista de Necaxa, Puebla, donde se afirma que se encuentra la resistencia laboral más contundente de lo que fue Luz y Fuerza del Centro (de 900 trabajadores sólo se liquidaron 30 por ciento), advierte que cualquier desenlace trágico de alguno de los 14 huelguistas que permanecían hasta ayer en el Zócalo capitalino “será responsabilidad exclusiva del presidente Felipe Calderón.

¿Por qué de él? Porque fue quien le quitó el empleo a 44 mil personas. No creo que al momento de emitir el decreto de extinción haya pensado en mis hijos, señala Miguel Ángel, quien tiene 14 años de antigüedad en el empleo y 23 kilogramos menos de los que tenía en abril.

Acostado en el catre del campamento, muestra una foto (de hecho, la presume) en la que está con el torso descubierto y donde mostraba sus voluminosos bíceps.

Casi tres meses después, su cuerpo está disminuido; le cuesta trabajo caminar y se toca a cada rato el estómago y las piernas. Los calambres son una molestia permanente, pero no le importa. Así responde a las preguntas acerca de las razones que lo impulsaron a seguir en esta medida.

A su lado están sus hijos. José Ángel, de 12 años, y Yaira, de seis.

–¿No te da miedo dejarlos?

–No les pedí permiso para hacer esto, sólo les supliqué que me apoyaran. Ellos están preocupados, pero entienden. Entienden que su papá tiene rabia y dignidad. El gobierno nos engañó, se burló. Es un monstruo. Estoy seguro que ni Calderón ni Javier Lozano pensaron en mi futuro y tampoco en el de José Ángel o en el de Yaira, y mucho menos en los compañeros muertos, en los mutilados (por riesgo de trabajo).

Mientras estamos aquí, nuestras familias están viviendo de las despensas que nos regalan; somos gente que no tenemos medios (recursos). Ellos, dice señalando a sus hijos, están comiendo puro arroz y frijoles, así que usted dirá si tengo motivos para estar aquí.

Muchos de mis compañeros –agrega el electricista, reparador de generadores– han salido (el último grupo de cinco dejó el campamento hace una semana); yo vine aquí dispuesto a morir.

Alguien tenía que hacerlo (la huelga de hambre). Esto no es una broma ni una farsa. Estamos con diarrea, calambres y arritmias, pero dispuestos a todo. No vinimos a salir en la foto o a sentirnos héroes. Yo pedí que si me muero, me velen enfrente de la Suprema Corte, de Gobernación o de Los Pinos. Cuando digo que estamos luchando contra un monstruo, sé de lo que hablo, expresa.

En el lado opuesto de la carpa, el ingeniero Cayetano Cabrera, que lleva 84 días en ayuno extremo y tiene 22 kilogramos menos, pregunta qué día es hoy. Sábado, le responde su compañero Adalberto Pérez. En el campamento preocupa el desenlace de los huelguistas, quienes ayer se arrancaron el suero y el oxígeno.

Cayetano colocó una cartulina con la frase: “Jamás me verán de rodillas.

Que no se olvide; el Presidente de la República fue quien botó a 44 mil trabajadores a la calle, sentencia.

Busca el SME que se reconozca la ratificación de sus dirigentes

Rechazan finiquito más de 17 mil trabajadores, señala el sindicato

Busca el SME que se reconozca la ratificación de sus dirigentes

Siguen su curso las demandas por despido de unos 30 mil agremiados

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 18 de julio de 2010, p. 8

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tramitará mañana ante la dirección general de Registro de Asociaciones, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la validez de la asamblea en la que fueron ratificados Martín Esparza y su comité como dirigentes de este gremio.

De acuerdo con Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del SME, de una lista de 400 representantes sindicales, 256 asistieron a la asamblea (e hicieron quórum) para manifestarse en favor de la continuidad de Esparza y su equipo, los cuales tomaron posesión de sus cargos el pasado miércoles.

Explicó que no hubo voto directo y secreto por falta de recursos para imprimir miles de boletas y montar decenas de urnas; sin embargo, afirmó, los estatutos prevén que la asamblea general es la máxima autoridad del SME y que pueden echar mano de diversas alternativas de elección en casos no previstos, situación que avaló la comisión autónoma de Justicia, cuyo papel es vigilar el cumplimiento de las normas internas en esta organización.

En tanto, continúa el curso de las demandas por despido injustificado, salarios caídos y reinstalación promovida por poco más de 30 mil trabajadores de la plantilla original de 44 mil.

La STPS señala que son más de 24 mil demandas por despido injustificado, aunque Bobadilla afirma que tan sólo el SME, como organización, presentó 22 mil, mientras que trabajadores en lo individual o a través de la gestión de múltiples despachos de abogados promovieron unas 11 mil, según confiaron empleados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, a su vez, protestaron por las condiciones laborales que privan para el personal de esta junta.

Respecto a los trabajadores que se oponen al finiquito, el SME afirma que hasta antes de la tercera etapa de liquidación (puesta en marcha la semana pasada) la cifra era de 17 mil 367. Precisó que si la autoridad contabiliza 16 mil 333 es porque no tomó en cuenta los más de mil 100 que al momento de la extinción de Luz y Fuerza del Centro estaban con permiso sin goce de sueldo.

El organismo liquidador reportó el viernes que durante los dos primeros días de liquidación, de la tercera etapa en referencia, acudieron por su finiquito 206 personas (91 en el segundo día de este proceso). Estos datos también son rechazados por el SME:

Tenemos compañeros que vigilan afuera del único lugar donde dan los finiquitos (una sucursal de Banjército ubicada en Iztapalapa); reportan que han cobrado unos 80 trabajadores hasta el momento. Por ello, consideramos que en la tercera etapa, con todo y que es época de compra de útiles escolares, se liquidarán más o menos el mismo número de compañeros que en la segunda etapa, esto es, 770, calculó Bobadilla.

El viernes, Esparza, Bobadilla y el secretario del Interior, Humberto Montes de Oca, se entrevistaron con funcionarios federales, encabezados por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil. De acuerdo con Bobadilla la actitud fue distinta a otras reuniones.

“El gobierno federal tiene graves problemas por resolver, especialmente lo relativo a la lucha contra el narcotráfico, así que no desean más conflictos, con los de la delincuencia organizada y el desempleo tienen suficiente.

“Eso nos quedó claro, hubo una actitud distinta. Percibí a Gil distinto; antes nos decían ‘no hay ninguna oferta adicional para ustedes’ y en la mesa de ayer esa postura no ocurrió”, comentó.

Los primeros trámites por despido injustificado y reinstalación en la Comisión Federal de Electricidad, bajo la figura de patrón sustituto, se interpusieron hace ocho meses sin que hasta el momento la JFCA haya desahogado audiencia alguna

CARTONES

Equipara Iglesia católica el ordenar a mujeres con los curas pederastas

Las nuevas normas consideran delitos graves ambas situaciones

Equipara Iglesia católica el ordenar a mujeres con los curas pederastas

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 35

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Arquidiócesis de México afirmaron que las normas sobre delitos graves emitidas el jueves por el Vaticano muestran que la Iglesia católica está determinada a no tolerar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en contra de niños, al aplicar medidas que están más avanzadas que la ley civil, pues la prescripción se amplía a 20 años después de que la víctima cumple 18 años.

Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la CEM, señaló que las nuevas normas son más rigurosas, coherentes y eficaces, y Hugo Valdemar Romero, vocero de la arquidiócesis, apuntó que incluso especifican nuevos delitos como la distribución y posesión de pornografía infantil y remarcó que la Iglesia reconoce que estas acciones no sólo son pecados, sino actos criminales que deben ser juzgados.

La CEM destacó que estas disposiciones representan un texto jurídico oficial actualizado, válido desde el momento de su presentación y difusión, y apuntó que las hacemos nuestras y haremos respetar las normas que se han entregado por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Estaremos pendientes de su orientación para formular y aplicar con coherencia y eficacia las indicaciones y directrices necesarias para afrontar el problema de los abusos sexuales de menores por parte de miembros del clero o en el ámbito de actividades o instituciones relacionadas con la Iglesia.

Valdemar Romero especificó que estas normas tienen carácter legislativo para toda la Iglesia; es algo obligatorio y se deben cumplir a cabalidad.

En torno a la críticas hechas porque no establecen la obligatoriedad de denunciar a clérigos pederastas ante leyes civiles, indicó que es un absurdo que la Santa Sede obligue a entregar a los sacerdotes, cuando no en todos los países existe esa posibilidad; ella hace normas generales y deja a criterio de los obispos algunas decisiones; además los obispos no son un brazo del Ministerio Público, para eso hay policías y leyes civiles y perfecta separación Iglesia-Estado.

También recordó que hay un gravísimo problema de comprensión, porque no entienden que el sacerdote no es un empleado del obispo; entre ellos hay una relación de paternidad espiritual y agregó que la Arquidiócesis de México ha instado a hacer las denuncias civiles. Acotó que con la tipificación de la pederastia, por ley hay que denunciarlo.

En relación con que la ordenación sacerdotal de una mujer sea considerado delito grave por las normas vaticanas, las cuales no sólo se reducen a la pederastia, sino a cuidar la santidad de los sacramentos, Valdemar descartó que lo que aliente esta situación sea una aversión o desprecio hacia las mujeres.

No podemos hacer algo distinto a lo que dice el Señor; la Iglesia no es misógina sólo obedece a la determinación que sólo fueran ordenados varones; no es desprecio hacia las mujeres, ellas son importantísimas dentro de la Iglesia, en la curia romana y en diversas diócesis (incluso de México), han ocupado altos rangos, por ejemplo como cancilleres

En AL las mujeres trabajan más, ganan menos y son blanco principal de violencia

Sus salarios, 80% menores que los de los varones; sufren amenazas de cónyuges

En AL las mujeres trabajan más, ganan menos y son blanco principal de violencia

Afp

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 34

Brasilia, 16 de julio. La conferencia sobre la mujer convocada por la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) terminó el viernes con un reclamo de medidas públicas urgentes y un diagnóstico claro: el sector femenino de la población de la región trabaja más, gana menos y es la principal víctima de la violencia y la pobreza.

En las dos décadas anteriores, dice el documento, hubo cambios visibles: cinco mujeres llegaron a la presidencia por voto popular, los parlamentos se feminizaron, más mujeres entraron en el mercado de trabajo y la mayoría de países aprobaron leyes para garantizar sus derechos.

Sin embargo, bajo esta imagen de mejoras subyace una realidad de desigualdades que muestra que ocho de cada diez parlamentarios latinoamericanos son hombres; que las mujeres son las principales víctimas de la pobreza y que sus salarios no llegan a 80 por ciento de los que perciben sus compañeros.

América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo y (donde) se agudizan las brechas de género, etnia y raza, resume el documento aprobado al final de la reunión realizada en Brasilia.

Algunos números más trágicos hacen referencia a la violencia. Centenares de mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas el año pasado y, según la Cepal, 45 por ciento de las mujeres en la región han sufrido amenazas de algún tipo por compañeros o ex compañeros.

Escolaridad, logro insuficiente

Un logro indudable ha sido que superen a los hombres en número de inscritos a las universidades y que accedan por igual a la educación primaria y secundaria, aunque esto aún no se traduce en salarios iguales o mayor acceso al mundo laboral.

De hecho, en América Latina, apenas la mitad de las mujeres en edad económicamente activa está en el mercado de trabajo; peor aún: esta cifra había aumentado 10 puntos (de 42 a 52 por ciento) en la década de los 90, pero no ha cambiado en el decenio reciente, y se teme que haya empeorado con la crisis económica iniciada en 2009.

En una región con gran déficit de infraestructura social, como guarderías o atención para ancianos, para las mujeres resulta mucho más difícil el acceso al trabajo, pues cuidan a sus hijos o parientes, y cuando consiguen alguno, las jornadas son extremas.

La preocupación por la situación económica de la mujer llevó a que las conclusiones de la conferencia de Brasilia hicieran gran énfasis en la autonomía económica en el ámbito laboral, destacó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

En la conferencia recomendó hacer mayor énfasis en políticas públicas: más estructura social para las mujeres, forzar la participación del hombre en las tareas de la familia (por ejemplo, a través de la promoción de licencias por paternidad), y fiscalización para que los salarios de hombres y mujeres sean iguales en las mismos niveles, además de un llamado a enfrentar todas las formas de violencia contra ellas.

Un ejemplo tan simple como contundente que dio inmediatos resultados durante el gobierno de Michelle Bachelet en Chile, se dijo, fue la creación de 3 mil 500 guarderías para facilitar el empleo de las madres de sectores vulnerables.

En ese panorama general, la peor situación es para las indígenas y afrodescendientes, que suman los más altos índices de pobreza y más bajo acceso al mundo laboral y político.

Muchos países ni siquiera reconocen que hay racismo, ¿cómo esperan adoptar medidas que incorporen a la mujer afrodescendiente o indígena a sus derechos?, cuestionó la dominicana Marianela Carvajal Díaz, de la Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas

Detienen en Chiapas a líderes sindicales acusados de delitos "contra la dignidad de las personas"

Movilización en mayo logró recuperar caja de ahorro, pero generó represalias, dicen

Detienen en Chiapas a líderes sindicales acusados de delitos contra la dignidad de las personas

Maestros de la CNTE realizaron una manifestación frente al palacio de gobierno para demandar la liberación del profesor Alberto Mirón VázquezFoto Ángeles Mariscal

Ángeles Mariscal

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 33

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 16 de julio. Dos dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y uno de la sección 50 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSA), fueron detenidos hoy por autoridades estatales acusados por delitos relacionados con las movilizaciones sindicales que exigen el cumplimiento de demandas gremiales. Suman cinco los líderes sindicales detenidos en semanas recientes.

La madrugada de este viernes fue detenido Pedro Gómez Bahamaca, integrante de la dirección política de la CNTE, bloque disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Horas después policías estatales aprehendieron a Misael Palma López, también de la dirección política magisterial, y en una tercera acción los uniformados apresaron a Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, miembro del comité directivo de la sección 50 del SNTSA.

El 7 de julio pasado, en un operativo policiaco, fue detenido el líder magisterial Alberto Mirón Vázquez, quien permanece arraigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); el 30 abril pasado se detuvo a el maestro Javier Saavedra Carrasco, el que pagó fianza para alcanzar su libertad.

Los maestros detenidos y otros 19 de agremiados de la CNTE han sido acusados por los delitos de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, atentado contra la paz, y uno de reciente creación denominado delito contra la dignidad de las personas, todos relacionados con la movilización que realizaron en mayo pasado, para exigir a la dirigencia de la sección 7 del SNTE, encabezada por Rosendo Galíndez, liberar la caja de ahorro de los maestros.

Los recursos fueron entregados; sin embargo, también se libraron las órdenes de aprehensión contra Adelfo Alejandro Gómez Sellado, Julio César Lugo Martínez, José Manuel Nájera, Juan Manuel Jovel Osorio, Alejandro Ovando, Ireneo Zunun Roblero, Manuel Reyes Vázquez Vázquez, José Luis Pérez Bautista, Omar Ortiz Rodríguez, Fernando Pérez López, Ignacio Méndez Sántiz, Herminia Hernández Morales, Gerardo de Jesús Cancino, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, Gabriel Jiménez Sánchez, Leonel Esteban Aguilar, Samuel Sántiz y los actualmente detenidos.

Ante estas acciones, los maestros, apoyados por los sindicalistas del sector salud y grupos campesinos, realizaron diversas protestas. La más reciente fue este viernes, cuando los mentores marcharon y efectuaron un plantón que se había programado para ser indefinido, pero tuvo que ser suspendido horas más tarde ante la detención de Misael Palma y Víctor Hugo Zavaleta.

Los profesores se congregaron en una asamblea para determinar las acciones a seguir a fin de exigir al gobierno la liberación de los cuatro detenidos, y la cancelación de las órdenes de aprensión en su contra

La Carta de la ciudad no puede ser base de constitución local: diputado

Declaraciones del jefe de Gobierno entorpecen avances, señala

La Carta de la ciudad no puede ser base de constitución local: diputado

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 30

El presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa, Fernando Rodríguez Doval, manifestó que las recientes declaraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en torno a que la Carta de la ciudad de México será la base para elaborar la constitución para una ciudad de izquierda, dificultan y ponen escollos a los avances que han tenido sobre el tema.

El legislador del PAN afirmó que es preocupante esa expresión, pues en principio no debe haber una constitución ni de izquierda ni de derecha, porque se trata de un texto jurídico en el que se plasman los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que debe ser ajeno a cualquier ideología política.

Ante ello, adelantó que durante un encuentro privado que sostendrá con el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, pedirá que se haga una rectificación al respecto, pues hasta ahora han tenido un diálogo permanente, en aras de lograr una propuesta conjunta con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

Además, indicó que el planteamiento es de que sea el órgano legislativo local el responsable de elaborar la constitución y no a partir de la Carta de la ciudad de México. Podemos contar con la asesoría y el apoyo de los expertos, pero debe ser en la Asamblea, apuntó.

Detalló que ya hay una primera propuesta para modificar el artículo 122 constitucional, en el que se proyecta reconocer al Distrito Federal como asiento de los poderes federales y con un estatus jurídico propio, en el que el presidente de la República tendría el mando de la seguridad pública, pero serían las autoridades locales las responsables de la dirección.

También –agregó– se reconoce la capitalidad del Distrito Federal y la necesidad de fortalecer a la Asamblea Legislativa e incluirla como parte del Congreso Constituyente.

Respecto de las delegaciones, explicó que se acordó nombrarlas demarcaciones, para que sea ya en la constitución donde se fije el nombre, su población y delimitación geográfica. Tendrían, además, un consejo de gobierno, que sería el responsable de evaluar la administración pública

Rechaza Cué entrega-recepción del gobierno en noviembre; presentará contrapropuesta

Ulises Ruiz busca ganar tiempo, pues sabe que la casa está sucia y necesita limpiarla, afirma

Rechaza Cué entrega-recepción del gobierno en noviembre; presentará contrapropuesta

De los corresponsales

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 29

El priísta Ulises Ruiz Ortiz obstaculiza el proceso de entrega-recepción del gobierno de Oaxaca para ganar tiempo, e hizo reformar la ley orgánica del Congreso estatal porque la casa está sucia y necesita limpiarla, dijo el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo.

Ruiz maneja un doble discurso e intenta desconocer la decisión de más de 700 mil oaxaqueños, pues obligó al candidato priísta Eviel Pérez a reconocer su derrota pero mandó a impugnar la elección, y no sólo dispuso iniciar la entrega-recepción en noviembre, también planeó la reforma para mantener el control de la legislatura, expuso el mandatario electo.

Cué advirtió en un comunicado que no aceptará que la entrega-recepción sea en noviembre y presentará una contrapropuesta para que el procedimiento sea ordenado y transparente, pues no se trata de un simple acto administrativo, sino de una transición democrática, dado el triunfo de la oposición tras 80 años de gobiernos priístas.

“Se transparentará todo; se contratarán despachos contables para la revisión de cuentas, y una comisión ciudadana vigilará los movimientos de Ruiz Ortiz, pues cuando llegó al gobierno había una deuda de 600 millones de pesos y ahora es de 6 mil millones.

Por separado, el líder estatal del PAN, Carlos Moreno Alcántara, dijo que la reforma legislativa nació muerta, y los diputados de partidos que integraron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso la echarán abajo, pese a la mayoría priísta, que con sus 16 integrantes recibirá las presidencias de las juntas de gobierno y Coordinación Política al inicio de la legislatura.

“El albazo de ayer” impone que una de las políticas fundamentales en agenda sea la revisión de cuentas, dijo Moreno Alcántara; mientras Aleida Alavés, delegada del PRD, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a Ruiz Ortiz como responsable de la violencia de 2006, pero el Congreso del estado lo exoneró.

En tanto, en Jalapa, las bancadas de PAN y Convergencia en el Congreso estatal demandaron la comparecencia de Carolina Viveros y Héctor Roa, presidenta y secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), para que informen por qué proclamaron al priísta Javier Duarte de Ochoa como ganador en la elección de gobernador, sin que les correspondiera tal pronunciamiento.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado –indicaron el convergente Alfredo Tress y el panista Rafael Sánchez– es la instancia autorizada para calificar la elección y extender la constancia de mayoría, pero en dos ocasiones el IEV ha convocado a sesiones para señalar a Duarte como primer lugar, en una maniobra que atropella la legislación vigente.

Simpatizantes de la alianza PRD-Convergencia-PT también bloquearon la autopista Jalapa-Ciudad Cardel por la constancia de mayoría entregada al priísta Ernesto Hernández en la elección de alcalde en Emiliano Zapata, y acusaron al IEV de falsificar actas, alterar boletas y embarazar urnas para favorecerlo.

En Quintana Roo, el PRI impugnó la elección de alcalde en Felipe Carrillo Puerto, que ganó por 176 votos el candidato de la alianza opositora, Sebastián Uc Yam; y también la de Benito Juárez (Cancún), donde su candidata, Guadalupe Novelo, perdió ante Julián Ricalde Magaña por más de 8 mil votos.

La alianza PAN-PRD-PT-Convergencia impugnó la de Tulum, donde su candidato Alonso Ventre perdió por 180 votos contra la priísta Edith Mendoza; y las diputaciones correspondientes a los distritos 6, 11 y 12 también se decidirán en instancias jurídicas.

Agustín Galo, Octavio Vélez, Andrés Morales y Hugo Martoccia, Corresponsales

La titular del Imug debe aclarar expresiones sobre tatuajes: Oliva

Yo tengo hijas que los tienen; es deber del instituto proteger a mujeres, dice el gobernador

La titular del Imug debe aclarar expresiones sobre tatuajes: Oliva

En emails, guanajuatenses recaban firmas para ratificar la queja de la PDHG contra Ramírez Villalpando

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 27

Guanajuato, Gto., 16 de julio. La directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), Luz María Ramírez Villalpando, deberá responder ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) por sus declaraciones contra las mujeres tatuadas, advirtió el gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, quien refirió: yo también tengo hijas que tienen tatuajes.

El Imug es una institución que está para defender los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato, y Ramírez Villalpando tiene que aclarar sus expresiones sobre los tatuajes, afirmó el mandatario en entrevista con La Jornada.

“Espero que los derechos de las mujeres se sigan respetando en el estado y el asunto de los tatuajes no tiene que ver con el tema de los valores (…) cuando sea solicitada su presencia en esas instancias de derechos humanos, que ella aclare... precise”, sostuvo el panista.

Agregó que el encargo que le hizo a Ramírez Villalpando desde que asumió la titularidad del Imug es el respeto de los derechos de las mujeres en Guanajuato.

Al preguntarle si la destituirá del Imug, Oliva Ramírez respondió: Esperaré a que las instancias de derechos humanos fijen la posición en su oportunidad.

Acerca de si coincidía con las declaraciones de la funcionaria en el sentido de que las mujeres con tatuajes son un ejemplo de pérdida de valores, el mandatario estatal respondió: Yo también tengo hijas que se ponen su tatuaje, por eso es importante que ella aclare bien qué dijo y cómo lo dijo.

El 12 de julio pasado, en las instalaciones del Partido Acción Nacional (PAN) en León, ante unas 250 personas, Ramírez Villalpando puso de ejemplo de pérdida de valores a las mujeres tatuadas.

Con una presentación en power point, la funcionaria colocó la fotografía de una mujer tatuada con dos preguntas: ¿qué sería del mundo ético y estético si afirmando la subjetividad del gusto, cada uno se atuviera a la propia manera de ver las cosas?, y ¿cómo podría evitarse el caos si no hay pautas de valoración, ni normas de conducta?

El gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Raquel Barajas Monjarás, ayer, tras salir de la sede del Centro de Convenciones en GuanajuatoFoto Carlos García

No hay pautas de valoración o normas de conducta; esta joven (la de la foto), bueno, podrá afirmar que es muy original y que es muy su gusto andar así, pero yo me pregunto, sí no hay un valor que se llama salud y si algunas de estas cosas no le estarán perjudicando en este sentido, formuló la funcionaria.

También se escandalizó por las mujeres que se hacen perforaciones para colocarse objetos y más si van en los genitales ¡caramba! ¿para qué quieres ponerte o lastimarte de esa manera, y ¿a quién se lo vas a presumir?: me cuesta trabajo entender a quién se lo vas a presumir.

La PDHG abrió el expediente 215/10-A por actos de discriminación contra la directora del Imug; sin embargo, la queja deber ser ratificada por las personas que se sientan agredidas, de lo contrario será cerrada en un año.

Incluso, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) inició una reclamación de oficio dirigida al gobierno de Guanajuato por las declaraciones que hizo la funcionaria, al considerar que constituyen un presunto acto de discriminación hacia las mujeres que se tatúan o se hacen perforaciones para colocarse adornos y afirmar que son ejemplo de la pérdida de valores de la sociedad.

Mediante correos electrónicos, mujeres de Guanajuato recaban firmas para ratificar la queja que integró la PDHG contra la titular del Imug.

En el escrito, las mujeres afirman que Ramírez Villalpando atenta contra lo establecido en el artículo primero de la Constitución de México, en el segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras normas.

En los mensajes que circulan en Internet se pide que el formato se imprima y se recaben las firmas que serán entregadas al ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera, antes del 21 de julio.

Anuncia el SME suspensión de marchas y bloqueos en la ciudad

El gobierno federal, responsable de lo que ocurra a Cayetano Cabrera

Anuncia el SME suspensión de marchas y bloqueos en la ciudad

Se deslinda el sindicato de actos delictivos contra varios vehículos

Electricistas realizan un mitin en el Zócalo capitalinoFoto Carlos Cisneros

En el campamento de los huelguistas de hambre, ex alumnos del IPN visitaron al ingeniero Cayetano Cabrera y a los otros ayunantesFoto Carlos Cisneros

Fabiola Martínez y Gabriela Romero

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 15

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) responsabilizó al gobierno federal de lo que pueda ocurrirle al ingeniero Cayetano Cabrera, quien este viernes cumplió 83 días en huelga de hambre. Ayer los trabajadores realizaron varias movilizaciones en demanda de solución al conflicto, pero en atención al llamado que realizó el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, el gremio acordó suspender marchas y bloqueos.

Por la tarde, el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila Pérez, informó que hubo un acuerdo político entre Ebrard y el dirigente del SME, Martín Esparza, con la finalidad de que cesen las marchas y movilizaciones; los electricistas sólo realizarán volanteo mientras las condiciones de diálogo con la administración federal estén abiertas.

Asimismo, Esparza pidió al gobierno federal que retire a los seudoelectricistas que incurren en actos delictivos, pues las agresiones cometidas este viernes contra camionetas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de una institución bancaria fueron adjudicadas a los manifestantes.

Ávila Pérez señaló que alrededor de las 16:30 horas, Esparza se comunicó con Ebrard, con quien hizo un acuerdo político, de manera verbal, para suspender las marchas, ante los exhortos que el GDF ha hecho a su homólogo federal y al SME para reanudar el diálogo.

En respuesta a esa excitativa se generaron las condiciones para el encuentro que se produjo en la Secretaría de Gobernación, aseguró Ávila Pérez.

En esas condiciones nos encontramos hoy y esperamos que pronto encuentren una salida al conflicto que afecta a tantos trabajadores del sindicato, manifestó el funcionario.

Ayer los electricistas que se oponen a ser liquidados realizaron varias protestas, que afectaron el tránsito en algunas arterias del centro de la capital y se registraron algunos incidentes. Sin embargo, el dirigente aseveró que dentro de sus filas hay personas infiltradas de Gobernación en calidad de provocadores.

–¿Van a radicalizar su movimiento?

–Continuaremos con nuestra lucha pacífica.

–¿Seguirán con los bloqueos y afectaciones en la ciudad?

–Nosotros nos acogemos al llamado del jefe de Gobierno del Distrito Federal para moderar y utilizar nuestras manifestaciones sin poner en riesgo la estabilidad de la ciudad –dijo Esparza.

Informó que entregó a Gobernación unas fotografías. “Tenemos unas fotos –agregó– y las vamos a poner a disposición del Gobierno del DF para que nos ayuden a investigar, con sus cámaras, quiénes son, porque sabemos que ningún compañero del SME participa en actos de violencia”, dijo en entrevista al término del encuentro en Bucareli, el cual se prolongó por casi dos horas.

Audiencia con Calderón

Por otra parte, Esparza se reunió ayer por la tarde con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Gil, y con el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, ante quienes solicitó un encuentro directo con el presidente Felipe Calderón para tratar de encontrar una solución al conflicto generado por el decreto de extinción de LFC.

Gil pidió a Esparza y a los dos integrantes del comité central de este sindicato que lo acompañaron que insten al ingeniero Cayetano Cabrera y al resto de los huelguistas que terminen el ayuno. El titular de la SG, Francisco Blake, no estuvo presente en el encuentro, pues se argumentaron motivos de agenda para justificar su ausencia.

Desde el decreto de extinción de LFC –el 11 de octubre de 2009– se comisionó a la SG para atender el caso. El 18 de marzo pasado, el SME entregó por escrito al entonces secretario Fernando Gómez Mont una propuesta para una recontratación colectiva de los electricistas, a fin de que sean empleados en un nuevo esquema de suministro de energía en la zona central del país.

Ahora, el sindicato pide audiencia con el Presidente de la República, porque considera que es la última instancia para resolver este conflicto.

A nueve meses del cierre de LFC, el gremio reitera su petición para que sus miembros sean recontratados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la figura de patrón sustituto.

La cita original entre funcionarios y el SME era para ayer viernes a las 8:30 de la mañana, aunque por la noche, Esparza recibió una llamada telefónica, por parte del diputado encargado de la comisión especial para el caso LFC, Amador Monroy, en el sentido de que el encuentro se posponía, porque Blake requería más tiempo para analizar el caso con sus asesores.

Al final, de acuerdo con Esparza, todo se debió a un mal entendido y aceptaron reunirse a partir de las dos de la tarde.

La próxima cita será el lunes y, como ayer que se hicieron acompañar por el diputado del PRD Vidal Llerenas, en los eventuales encuentros pedirán la presencia de legisladores.

Por la tarde-noche, el SME realizó una asamblea con organizaciones sociales para definir el plan de acción de la próxima semana.

En tanto, según el parte policiaco, las agresiones en contra de tres vehículos presuntamente realizadas por sindicalistas ocurrieron en las colonias Doctores, Centro y Buenavista. Alrededor de las 10 de la mañana, en Arcos de Belén y Doctor Andrade un grupo de personas volteó un vehículo Chevy color blanco, placas 595 SFV, con logotipos de la comisión. El conductor logró salir de la unidad y sólo presentó algunos golpes.

Poco después, en la calle de Bolívar, otro grupo arrojó piedras y objetos a un Tsuru provocando daños en el medallón y cristales. Otra agresión ocurrió en avenida Insurgentes, casi esquina con San Cosme, contra una camioneta con placas EV23648. Ambos vehículos, según indicó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, eran propiedad de particulares

Exigen aclarar asesinatos de periodistas en Chihuahua

El gobernador asegura que no hay riesgos para su trabajo

Exigen aclarar asesinatos de periodistas en Chihuahua

La procuraduría estatal no ha resuelto ninguno de los crímenes

Miroslava Breach Velducea y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 13

Decenas de periodistas de Ciudad Juárez y Chihuahua se manifestaron ayer a mediodía frente a la sede del gobierno y la procuraduría estatal para exigir el esclarecimiento de los homicidios de trabajadores de los medios de comunicación, registrados en los pasados seis años.

Reporteros, camarógrafos y fotógrafos de distintos medios de comunicación locales demandaron además a la procuraduría estatal y a la PGR claridad y celeridad en las investigaciones de los crímenes.

Apenas el fin de semana pasado fue acribillado Guillermo Alcaraz, trabajador de los medios de comunicación locales, quien desde hace unos meses se desempeñaba como camarógrafo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad de Chihuahua.

Los manifestantes, vestidos de negro, levantaron pancartas con leyendas y fotos de los periodistas asesinados presuntamente por el crimen organizado. Ninguno de los casos ha sido esclarecido por las autoridades.

La protesta de los periodistas rebate una reciente declaración del gobernador José Reyes Baeza Terrazas, quien dijo que en Chihuahua no hay riesgo para los trabajadores de los medios de comunicación, no más allá de los riegos que tienen otros profesionistas. Demandaron medidas de seguridad para evitar otras muertes ligadas al desarrollo de su labor informativa.

En Juárez, con leyendas pintadas en cartulinas como impunidad es igual a complicidad de las autoridades, Justicia y respeto, alrededor de 50 comunicadores estuvieron al mediodía durante media hora en una protesta silenciosa frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia estatal.

Entre los homicidios de periodistas pendientes de resolver está el de Armando Rodríguez, conocido como El Choco, quien cubría la fuente policíaca para El Diario de Juárez y que fue acribillado cuando llevaba a su hija a la escuela hace dos años.

Otros casos son los homicidios de Saúl Noé Martínez Ortega, hermano del director de la casa editorial Interdiario de Agua Prieta, Sonora, que fue localizado en Chihuahua el 24 de abril de 2008; el de José Luis Ortega Mata en Casas Grandes, en 2005; Víctor Oropeza y Jessica Lizalde, en Juárez. Todos los casos están impunes ya que no se han enviado los expedientes ante un juez penal

Reiteran ONG exigencia de acabar con indebida extensión del fuero militar

No nos conformaremos con una manita de gato” como respuesta, dice Miguel Concha

Reiteran ONG exigencia de acabar con indebida extensión del fuero militar

Presentan informe sobre los casos de recomendaciones de la CIDH que no fueron atendidos

Luis Arriaga, Abel Vázquez y Miguel Concha, durante la presentación del informe La impunidad militar a juicioFoto José Antonio López

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 11

Las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos “no nos vamos a conformar con una manita de gato” que el gobierno federal pretenda dar a a la actuación de las fuerzas armadas para responder a la exigencia de terminar con la indebida extensión del fuero militar, advirtió Miguel Concha, director del Centro Fray Francisco de Vitoria.

Ante la reiterada negativa del Estado mexicano para aceptar las recomendaciones que en diferentes ocasiones le han hecho organismos internacionales respecto de modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y someter a los integrantes de la milicia a procesos judiciales del fuero común por violaciones a los derechos humanos, Miguel Concha expresó que la creación de una procuraduría en la materia dentro la estructura de las fuerzas armadas o una unidad de atención al público para la presentación de denuncias, resultan totalmente insuficientes.

Para cumplir con la Constitución tampoco bastará impartir cursos a los militares, dijo. Ninguna de estas alternativas corresponde al modelo de sociedad que queremos, subrayó.

Miguel Concha participó ayer en la presentación del informe La impunidad militar a juicio, elaborado por los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan sobre los casos de las indígenas Valentina Rosenda Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, acerca de los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya emitió recomendaciones que el gobierno mexicano incumplió.

Por lo anterior, los expedientes se turnaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luis Arriaga, director del Centro Pro, informó que la audiencia resolutiva del máximo tribunal americano se realizará durante la última semana de agosto y es probable, dijo, que el fallo, nuevamente, sea contra las autoridades federales.

En los tres casos ocurridos en Guerrero se vieron involucrados militares que actuaron al margen de la ley por violar y golpear a las mujeres, así como por realizar detenciones arbitrarias y torturar a campesinos que fueron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias mediante las cuales fueron acusados de portar armas de uso exclusivo del Ejército y de cosechar marihuana.

En ninguno de estos casos se ha hecho justicia, a pesar de que han transcurrido ocho años de las agresiones sufridas por las mujeres, y más de diez de la detención arbitraria e ilegal de los campesinos ecologistas.

Nada ha ocurrido, ni siquiera luego de que la CIDH emitió dos recomendaciones al Estado mexicano entre octubre de 2008 y marzo de 2009, a fin de que éste adoptara medidas para la reparación integral del daño causado a las víctimas.

El informe de las organizaciones civiles resalta la situación vivida por Valentina e Inés, quienes, dijeron, son evidencia de los impactos reales y concretos de la militarización sobre las mujeres indígenas. Muestra los riesgos que enfrentan quienes se atreven a denunciar la impunidad que protege a los militares, así como la recurrencia de situaciones como la falta de acceso a la justicia o los abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas.

Respecto de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el reporte indica que sus casos ilustran el riesgo que significa defender el medio ambiente, y exhibe los abusos cometidos contra quienes son detenidos en México.

A partir del relevo de titular en la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, Miguel Concha concedió al funcionario el beneficio de la duda; aunque no tenemos muchas esperanzas, albergamos la de un cambio de actitud y que se reconozcan las evidencias sobre la deficiente actuación del Ejército en cuanto a la garantía y protección de los derechos humanos.

Finalmente, Luis Arriaga resaltó la importancia de que se reconozca que la estrategia federal de seguridad ha fallado y la necesidad de replantearla, a fin de asegurar el pleno ejercicio de las garantías fundamentales

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