Aprueban reforma electoral en Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chis. El Congreso local acordó ayer reformar el Código de Elecciones y Participación Ciudadana (CEPC) de Chiapas, para homologar las elecciones de gobernador con las presidenciales, programadas para el primer domingo de julio de 2012. Hasta ayer el CEPC estipulaba que la elección de gobernador se realizaría el tercer domingo de agosto de 2012. En un comunicado, la Legislatura informó que aprobó además crear una circunscripción electoral, lo que aumentará de 40 a 41 el número de diputados locales, a fin de dar representación a los migrantes chiapanecos radicados en el extranjero.

Tengo intención de voto de 27%: AMLO

Tengo intención de voto de 27%: AMLO

Andrés Manuel López Obrador se reunió con comités de Morena en CampecheFoto La Jornada

Lorenzo Chim y René Alberto López

Corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 13

Campeche, Camp., 24 de noviembre. Andrés Manuel López Obrador rechazó haber perdido simpatizantes o que muchos de quienes sufragaron por él en 2006 estén arrepentidos, y aseguró que mantiene una intención de voto de 27 por ciento, de acuerdo con las dos encuestas realizadas por el Partido de la Revolución Democrática, lo que significa unos 20 millones de sufragios de un padrón de 80 millones.

“En la elección de 2006 nos reconocieron –que no fue ésa la cifra real, pero oficialmente– 14 millones 300 mil. Entonces, si vemos cómo estamos actualmente, de conformidad con esas encuestas, pues creo que estamos bien, que mantenemos el apoyo que se tuvo en 2006, y ha ido creciendo”, dijo.

Sobre las boletas electorales de 2006, dijo que “deberían mandarlas a un centro de investigación para ser consultadas, para ser analizadas, como se tienen los libros, documentos importantes. Sería muy interesante que haya especialistas, aunque ya no tenga efecto jurídico, electoral, pero que se vayan sobre la verdad histórica, que es muy importante, que se sepa cuál fue la verdad histórica, y ahí están esas boletas.

Entonces lo que están haciendo ahora con el recurso del proceso para quemar las boletas, pues va a dejar ya para siempre la duda (acerca de quién ganó la Presidencia en 2006), afirmó.

Luego de encabezar reuniones de evaluación con los comités del Movimiento Regeneración Nacional, reiteró sus propuestas para la región: un tren bala y la edificación de una refinería para aprovechar el potencial de Campeche.

Más tarde el ex candidato presidencial estuvo en Villahermosa, Tabasco, donde reiteró que en caso de ganar la Presidencia lo primero que hará es impedir que Elba Esther Gordillo Morales siga manejando la educación, porque ha hecho mucho daño a México durante los gobiernos panistas.

Insistió en que la competencia será con el tricolor y su precandidato, Enrique Peña Nieto, pero aseveró que el país no quiere de mandatario a un actor de telenovela, pues es mucho lo que se va a decidir en los comicios del próximo año: la Presidencia de la República, por lo que el mexiquense tendrá que dar a conocer lo que piensa, porque hasta ahora no ha manejado ni una idea.

En Villahermosa anunció que el general Audamaro Martínez Zapata, de origen tabasqueño, se incorporará a su equipo de seguridad, la cual no incurrirá en excesos, sin ponerle barreras a nadie, porque seguirá cerca de la gente. El que lucha por la justicia no tiene a qué temerle.

Martínez Zapata (quien se encargó de la seguridad de López Obrador en la campaña de 2006) explicó que el primero de diciembre se sumará de lleno a los recorridos del precandidato.

Señaló que por el momento están en la etapa de organización y prevención, pero que a diferencia de hace seis años, por las condiciones que vive el país, hay que mejorar la seguridad.

A la pregunta de si sería blindada la camioneta en que se desplaza López Obrador, indicó que si tenemos dinero se puede hacer, pero eso lo decidirá el precandidato

Los pueblos negros son "invisibles legalmente" en México: PUMC

Los pueblos negros son invisibles legalmente en México. El gobierno no los reconoce constitucionalmente, a pesar de que el país se asume como multicultural, señalaron investigadores del Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por ello demandarán la intervención del Congreso de la Unión para que este sector, discriminado en su propio país debido a su raza, sea reconocido como parte de la sociedad mexicana.

En conferencia en la que se presentaron los resultados preliminares de la encuesta Población negra en la Costa Chica oaxaqueña –realizada por el PUMC–, el investigador Nemesio Rodríguez Mitchell resaltó que las condiciones de la población negra en México son peores que las que viven los indígenas.

El estudio, primero en su tipo en el país, se llevó a cabo debido a la negativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de realizar un censo a la población negra de la Costa Chica –ubicada en Oaxaca y Guerrero– y en el contexto del Año Internacional de los Afrodescendientes. El Inegi, dijo el investigador, no los considera como un sector particular, sino como población general.

Las entrevistas se aplicaron a mil 519 personas (70 por ciento mujeres) en 22 localidades de Oaxaca, donde se contabilizaron mil 924 viviendas, que implican alrededor de 6 mil 400 nativos.

El objetivo de este trabajo, dijo Rodríguez Mitchell, es demostrar la existencia de los pueblos negros, que es posible realizar un registro poblacional y, principalmente, exigir su reconocimiento legal. No aparecer en las estadísticas impide emprender políticas públicas sólidas y sistemáticas para esta población, advirtió.

Los resultados revelan que los hogares de estas familias son habitados en promedio por cuatro personas, de las cuales tres trabajan, pero sólo una percibe un salario, regularmente el mínimo. De acuerdo con los datos, logran sobrevivir porque se dedican a la pesca, a la agricultura, son peones o tienen pequeñas estructuras para ganado. El académico resaltó que, en 2005, 85 por ciento de la población negra vivía con apenas un salario mínimo.

La mayoría tiene apenas estudios de primaria (algunos ni siquiera la terminaron). Además, 18 por ciento de los entrevistados dijeron que han sido víctimas de discriminación, la cual se presenta por el color de piel, fisonomía, economía, etnia, personalidad, educación y nacionalidad.

Rodríguez mencionó sólo uno de tantos ejemplos: Son detenidos en las carreteras y cuando muestran sus documentos oficiales que los acreditan como mexicanos, se burlan de ellos y les dicen que dónde los compraron, ya que piensan que son de Panamá o de Honduras. La sociedad mexicana no cree que también está conformada por población negra.

El investigador de la UNAM señaló que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social no tienen la facultad de atender las demandas de dicha comunidad, pues no la reconocen legalmente.

Del total de encuestados, 97 por ciento plantean que quieren aparecer en los censos de población. Sin embargo, el Inegi no los quiere contar, se niega a considerar que existe una tercera raíz, y que el país es rico multiculturalmente, a pesar de que la encuesta realizada por el PUMC demuestra que la población afrodescendiente demanda ser reconocida como negra.

El director del PUMC, José del Val Blanco, indicó que la presencia de los pueblos negros en el país está minimizada por completo. Añadió que el estudio será entregado oficialmente al Inegi, así como a diversas comisiones de la Cámara de Diputados, con el fin de que los pueblos negros de la Costa Chica sean reconocidos en la Constitución

Resalta AI papel de las mujeres en las luchas sociales

Amnistía Internacional México (AI) realizó ayer un foro en el que expuso cuatro casos de mujeres que han asumido papeles de liderazgo en diversas luchas sociales, y resaltó su participación decidida, pese a la represión que debieron enfrentar.

Durante el acto, realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Sara López, integrante del Movimiento Nacional contra las Altas Tarifas Eléctricas, señaló que en 2006 formó parte de las más de 30 comunidades del estado de Campeche que se organizaron para rechazar los costos desmesurados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la entidad.

Luego de una lucha en la que se negaron a pagar sus recibos de luz, fue acusada de secuestro de un funcionario de la CFE, y posteriormente encarcelada durante 11 meses tras ser detenida con lujo de violencia por la policía ministerial. Finalmente, fue liberada gracias a la presión de varias organizaciones populares.

Flor López, indígena mixteca e integrante del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), rememoró la lucha de la activista Beatriz Cariño –asesinada el 27 de abril de 2010 junto con el finlandés Jyrii Jaakkola, durante una caravana hacia la comunidad de San Juan Copala–, quien tenía la capacidad para impulsar cambios profundos desde abajo sin esperar nada del gobierno.

Luchas sociales, criminalizadas

Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidente de la Organización del Pueblo Indígena Meph’aa (OPIM), presentó un resumen de la historia de esta organización –creada en 1997–, que comenzó a pelear por defender sus derechos, luego de que al menos 24 hombres de comunidades tlapanecas fueron esterilizados con engaños.

En el foro, la dirigente indicó que fue amenazada de muerte por primera vez en 2005, sin que las autoridades hicieran algo por averiguar quién fue el autor de dicha intimidación. Desde entonces, la militarización y el hostigamiento continuaron, incluso con el asesinato de dos integrantes de la OPIM y la aprehensión injustificada de 16 más.

Magdalena García Durán, artesana y comerciante de la comunidad de San Felipe del Progreso, estado de México, recordó la forma en que las autoridades se negaron en múltiples ocasiones a dar atención básica a la población indígena, y cómo fue encarcelada por participar en una manifestación a favor de los habitantes de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

Finalmente, Lourdes Barrera, presidente del comité directivo de AI México, puntualizó que los casos anteriores demuestran cómo muchas mujeres deben padecer no sólo discriminación por motivos de género, sino también represalias por ser pobres y participar en luchas de reivindicación social, que han sido cada vez más criminalizadasr

La PGR sólo distrae investigaciones del caso ABC, acusan padres de víctimas

La PGR sólo distrae investigaciones del caso ABC, acusan padres de víctimas

En conferencia de prensa, padres de familia y abogados del caso del incendio de la guardería ABC lamentaron la falta de atención al asunto por parte de la procuradora general Marisela MoralesFoto Jesús Villaseca

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 25 de noviembre de 2011, p. 17

En vez de fortalecer y complementar sus investigaciones en torno al caso de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente retomó una averiguación incompleta de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, lo que puede llevar a la exculpación de los altos funcionarios involucrados en la tragedia.

Tal fue la acusación que lanzaron ayer los padres de algunos de los menores fallecidos, quienes el pasado martes sostuvieron una fallida reunión con la procuradora Marisela Morales, quien les presentó como avances de la pesquisa las mismas conclusiones a las que ya habían llegado las autoridades sonorenses hace por lo menos un año.

José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, señaló en rueda de prensa que el 22 de noviembre se reunieron con la funcionaria para que les explicara cuál es el estado actual de las investigaciones, pero la única información que obtuvieron fue la misma que ya conocían de antemano.

En todo este tiempo la PGR no hizo ninguna investigación propia, sino que únicamente asumió los resultados insuficientes de unos peritajes de la procuraduría de Sonora, incluido uno en el que se afirma de manera anticipada que el incendio fue provocado intencionalmente por algún desconocido, dijo.

Este elemento únicamente ha servido para distraer las averiguaciones de la posible responsabilidad que puedan tener los dueños de la guardería, entre ellos Marcia Matilde Gómez del Campo –prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón– y los funcionarios que permitieron su funcionamiento, advirtió.

En este momento hay 29 personas bajo proceso judicial por lo ocurrido, pero sólo cinco –funcionarios menores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su mayoría– están todavía en la cárcel, aunque el crimen imputado cambió de homicidio doloso (considerado grave) a homicidio culposo (no grave), por lo que podrían alcanzar derecho a fianza.

Aunque la PGR tenía la responsabilidad de ampliar sus investigaciones para definir a los responsables del siniestro, decidió no hacerlo con el argumento de que no tiene capacidad institucional para ello y no puede atender ningún caso al ciento por ciento, lo que facilitó que los dueños de la guardería, Marcia Gómez del Campo y Gildardo Francisco Urquídez, hayan obtenido un auto de libertad y estén a un paso de ser prácticamente exculpados, lamentó.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, miembro del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que durante la reunión con los padres de los niños fallecidos Morales –quien llegó con casi dos horas de retraso– adoptó una actitud prepotente y acusatoria, mientras repetía que la PGR no tiene capacidad para abordar un caso tan complejo, lo cual no resulta creíble tomando en cuenta el presupuesto y el equipo de la institución

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Serán creados 3 centros para generar energía eólica, solar y geotérmica: Sener

Con un fondo inicial de 500 millones de pesos, el gobierno federal creará tres centros de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para generar energía eólica, solar y geotérmica, anunció Jordy Herrera Flores, titular de la Secretaría de Energía (Sener), en la inauguración del foro Green Solutions 2011 donde se pretende vincular a los sectores público y privado en la inversión de tecnología limpia.

La convocatoria para los Centros Mexicanos de Innovación de Energía, como los denominó el funcionario, será lanzada la próxima semana y se dirige a las instituciones de educación superior y centros de investigación para que participen en asociación con el sector privado y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Los recursos provendrán de la explotación petrolera y la Sener los aplicará mediante el fondo sectorial que tiene con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Según el secretario, se prevén liberar los recursos los primeros días de enero y ya hay acercamientos con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Sonora para la instalación de dichos centros.

En ese foro, Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que en este sexenio 4 mil 83 empresas 83 empresas dejaron de emitir 18 millones de toneladas de bióxido de carbono, lo que equivale a 3 por ciento de lo que genera México, gracias a que se sumaron a los programas Auditoría ambiental y Liderazgo ambiental para la competitividad de la dependencia. De alcanzarse una reducción de 200 millones de toneladas, las emisiones contaminantes bajarían 25 por ciento, indicó, y destacó que el beneficio no sólo es ambiental, sino también económico.

A su vez, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el director general de Pro México, Carlos Guzmán Boffil, insistieron en que cuidar el medio ambiente es un buen negocio. Como responsables del Green Solutions 2011 –segunda edición del realizado hace un año en Cancún como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16)–, explicaron que buscan impulsar a pequeñas y medianas empresas a adoptar la innovación ecológica que contribuya a mitigar el cambio climático.

Ante decenas de empresarios nacionales y extranjeros, el secretario de Energía reconoció que 65 por ciento de las emisiones contaminantes del país provienen del sector energético; sin embargo, destacó la importancia de fomentar la energía limpia y el ahorro y eficiencia energética del presente gobierno

De 2010 a la fecha, 1,352 menores fueron privados de la libertad por sus padres

Las procuradurías de Justicia del estado de México y del Distrito Federal reportan 802 y 550 casos, respectivamente

Se considera un delito agravado que alcanza 40 años de prisión

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 45

Durante 2010 y hasta octubre de este año las procuradurías generales de Justicia del estado de México y del Distrito Federal han registrado 802 y 550 casos, respectivamente, en los cuales menores de edad fueron víctimas de los delitos de privación de la libertad y/o sustracción de sus hogares por alguno de sus padres, de acuerdo con los reportes estadísticos de ambas dependencias.

Del total de casos en la entidad mexiquense, 558 se refieren a privación de la libertad de menor, considerado delito agravado en ese estado, que alcanza una pena hasta de 40 años de prisión. Los otros 244 casos corresponden a niños que fueron sustraídos de su hogar por alguno de los miembros del núcleo familiar.

En lo que respecta al Distrito Federal, de los 550 casos, 352 corresponden a la sustracción de menores del domicilio en que habitan, fundamentalmente cuando los padres están enfrascados en juicios de divorcio en los que se pelea la custodia de los hijos.

Víctor Gamboa, abogado especialista en derecho familiar, precisó que ambos delitos se cometen entre padres o familiares de los niños.

Se utiliza a los hijos como herramienta para hacer daño, son utilizados como proyectiles para causarse daño entre mamá y papá. Cuando hay riesgo de divorcios, más se dan los casos de privación o sustracción de los hijos, señaló.

El especialista explicó también que la figura de la sustracción puede denunciarse de inmediato cuando uno de los cónyuges se lleva al hijo, mientras la privación de la libertad ocurre cuando el menor se mantiene retenido en un domicilio ajeno al de sus padres.

En 85 por ciento de los casos, se atiende de inmediato y se evita que se prolongue la sustracción; sin embargo, muchas veces uno de estos delitos lleva al otro.

Aunque en menor medida, familiares en tercer grado suelen estar involucrados en estos actos.

“En un porcentaje menor también están involucrados familiares, como tíos o abuelos, que en ocasiones actúan motu proprio o por invitación de uno de los cónyuges”, abundó Chávez.

El litigante indicó que cerca de 90 por ciento de los menores que han sido víctimas de estos delitos pudieron regresar a su casa; no obstante, algunos padres actúan con rapidez y logran sacarlos del país, lo que afecta seriamente su estabilidad emocional.

Añadió que los menores que viven esta situación posteriormente presentan problemas de conducta y trastornos sicológicos al vivir alejados de uno u otro de los padres

Jóvenes, 42% de cesantes en el DF: Sedeco

Aunque el desempleo entre los jóvenes capitalinos de 20 a 29 años se ha reducido 14 por ciento en un año, se calcula que existen 102 mil 992 jóvenes en ese nivel de edad sin trabajo, lo que signfica 42 por ciento de la población desocupada de la capital del país.

Al presentar un programa de empleo para este sector a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Laura Velázquez, detalló que del total de esos jóvenes, 60 por ciento tiene estudios medio superior y superior.

Velázquez indicó que si bien se prevé una restricción presupuestal para el año próximo, pidió valorar esa propuesta, que consiste en otorgar incentivos equivalentes a un salario mínimo durante seis meses a las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad que contraten por lo menos durante un año a un joven, para beneficiar a 76 mil personas.

También planteó otorgar financiamiento de hasta 500 mil pesos a 3 mil 500 jóvenes recién egresados, a una tasa preferencial de 0.5 por ciento mensual, a través del Fondeso

Ven Delgado y Whalton cualidades en Mancera

Los senadores del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) Dante Delgado Rannauro y Luis Walton Aburto consideraron que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, tiene las cualidades y el posicionamiento para ser el candidato del Movimiento Progresista a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, dijeron, hay otros actores políticos que también cumplen con el perfil para aspirar a dicho cargo, por lo que se deberán hacer las valoraciones necesarias para elegir al candidato que tenga todas las posibilidades de ganar. Los legisladores asistieron a la Expo Campañas Electorales, la cual fue inaugurada por Mancera Espinosa, quien reiteró que su prioridad es la PGJDF, aunque, al ser cuestionado sobre una eventual candidatura, refirió: cuando estén los tiempos y cuando se tomen las decisiones, de resultar así habremos de trabajar en ese sentido. Sobre el evento, Mancera manifestó que lo que más llamó su atención fue lo relacionado con el aprovechamiento que se puede hacer de las redes sociales en las campañas electorales.

Niega la Corte amparo a La Jornada; hubo claro ataque de Letras Libres: Ortiz Mayagoitia

El derecho a la libertad de expresión goza de una posición preferencial sobre el ataque al honor del diario, resuelven ministros de la primera sala

El ex presidente de la Suprema Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que la revista desacreditó a este periódicoFoto Marco Peláez

El ministro ponente, Arturo Zaldívar, apuntó que La Jornada debe tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta. Aun cuando José Ramón Cossío cuestionó el proyecto, votó a favor de élFoto Marco Peláez

José Ramón CossíoFoto Marco Peláez

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 2

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer (por cuatro votos a favor y uno en contra) el amparo solicitado por la La Jornada contra la sentencia que absolvió del delito de daño moral a la revista Letras Libres, aun cuando el ministro instructor, Arturo Zaldívar, aseveró que la decisión no significa que el máximo tribunal “comparta las manifestaciones o los juicios expresados por la revista Letras Libres”. Lo que sostiene la sentencia es que, constitucionalmente, tiene el derecho a emitirlas; nada más, pero nada menos.

El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien votó en contra del proyecto, sostuvo que la columna Cómplices del terror que impugnó por vía legal La Jornada sí ataca el derecho al honor o a la reputación de este diario, pues con el solo título, el mensaje que se da es que dicho periódico es corresponsable de terrorismo, por más que el texto de la columna no se ajuste al tipo penal.

Aseveró que, en consecuencia, la revista demandada tiene que reparar esa lesión jurídica como en derecho corresponda.

En su intervención a favor de conceder el amparo, el ex presidente del máximo tribunal añadió que el texto impugnado por vía legal en 2004 ataca al periódico, al sostener expresamente que es cómplice de ETA.

Subrayó en la sesión pública que esa columna afirma que “La Jornada (está) al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”. Eso no es otra cosa sino “una opinión que desacredita al periódico, La Jornada, al acusarla de servir a un grupo de asesinos, de ahí el calificativo de cómplice, lo que sí implica atribuirle una conducta ilícita”.

La postura mayoritaria fue que en este asunto –la primera demanda que llega a la Corte para fijar límites y reglas en materia de libertad de expresión entre medios impresos– había un conflicto entre los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al honor, en el cual el primero goza de una posición preferencial.

A diferencia de esa posición, Ortiz Mayagoitia aseveró que la primera sala de la Corte tenía el deber de analizar qué impacto produce la nota o columna en un lector común; y si este impacto es lesivo al honor del sujeto pasivo.

Señaló que el proyecto de dictamen elaborado por Arturo Zaldívar no registra “la existencia de alguna prueba, que al parecer no hubo, pues el material probatorio se limitó a páginas de Internet y un libro, que demuestre el hecho fundamental que detonó la columna, a saber: la existencia de un convenio entre La Jornada y el diario ultranacionalista Gara”.

Puso énfasis en que el análisis de la columna está fuera del alcance de los lectores generales, no avezados en esta especialidad de la ciencia jurídica.

Subrayó que no se trata de un ejercicio de simple sentido común, sino de conocimientos elevados de derecho, altamente especializados y técnicos.

“En mi caso personal, la columna me produce el efecto de un claro ataque al periódico La Jornada y a uno de sus colaboradores, Josetxo Zaldúa, coordinador general de edición, a quien se tilda de acelerado proetarra, pero también, de manera implícita, a quien o quienes ejercen la dirección del periódico y que, por ley, son responsables o corresponsables de su contenido.”

Los sustantivos, los verbos y los adjetivos, agregó Ortiz Mayagoitia, son la parte más importante de una noticia y, en el caso, la columna de que se trata da noticia de que el diario está al servicio de una asociación mundialmente reconocida como terrorista, a la que aporta servicios, es decir, recursos no monetarios, por lo que se le señala como Cómplices del terror..., al servicio de un grupo de asesinos. Lo cual afecta, insistió el ministro, la honorabilidad del medio de comunicación y de las personas físicas.

El ministro Ortiz Mayagoitia se quedó solo en la votación, al no coincidir con la mayoría en que la libertad de expresión goza de un “posición preferencial respecto al derecho al honor; como tampoco que, por tratarse de diferencias entre medios impresos, La Jornada debe tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta, igual al que ejerce y cuya protección invoca”.

Rechazó también el argumento de que los medios impresos, por ser líderes de opinión y por el papel que juegan en el Estado democrático, deban debatir en forma desinhibida, robusta y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre figuras públicas o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y opinión pública.

Ortiz Mayagoitia no aceptó el sentido del proyecto que señaló que la Constitución no veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las posturas mayoritarias.

Tampoco aceptó el dictamen que estableció que el derecho al honor se hace válido sólo cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones absolutamente vejatorias, ofensivas u oprobiosas e impertinentes para expresar opiniones o afirmaciones.

El ministro no aceptó la postura mayoritaria que consideró que en este caso no se acreditaron las excluyentes previstas en la Constitución para considerar que se había violado el derecho al honor de La Jornada.

Tampoco validó la postura de los cuatro ministros que negaron el amparo de que La Jornada, por tratarse de un medio de comunicación impreso, pudo hacer uso de su derecho de réplica... en sus propias páginas.

Los ministros que apoyaron el proyecto, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo justificaron su voto con el reiterado argumento de que la libertad de expresión no debe ceder al derecho al honor.

Zaldívar señaló que se trataba del primer asunto en el que la Corte fija los límites y las reglas de juego de la libertad de expresión entre medios de comunicación escritos y que la decisión mayoritaria “no significa que esta Suprema Corte, y el proyecto lo establece claramente, y si fuera necesario pondríamos mayor énfasis (prometió), que se compartan las manifestaciones o los juicios expresados por la revista Letras Libres. Lo que se sostiene es que constitucionalmente tiene el derecho de emitirlas, nada más pero nada menos. De tal suerte que es como tiene que analizarse el asunto”.

Agregó el también presidente de la primera sala que el dictamen no se refiere al conflicto que pudiera darse entre una empresa de televisión o radio frente a un medio impreso; este es un debate que no tenemos todavía en este momento, cuando llegue tendríamos que reflexionarlo, y sobre el cual, al menos yo, no me he pronunciado.

Insistió en que no se puede hablar de democracia si el debate se da sin libertad en la expresión de las ideas, de tal manera que la libertad de expresión es considerada desde esa óptica un valor en sí mismo, sin importar su contenido.

Agregó que en una democracia más vale correr el riesgo de los abusos a que los jueces nos convirtamos en sensores de las palabras y en vigía de los medios de comunicación.

Olga Sánchez Cordero aclaró que hizo llegar al ministro Zaldívar una serie de comentarios para eliminar algunos matices del proyecto.

Estimo, afirmó, que se debe matizar la valoración que hace el documento del ministro Zaldívar sobre diversas expresiones, porque a la Corte no le corresponde calificarlas.

Explicó que se refirió a que el dictamen final no debe contener calificativos o adjetivos sobre las expresiones contenidas en la columna de Letras Libres.

Añadió que iba a estar pendiente para que en el engrose final de la sentencia quede claramente señalado que en el expediente no hay ninguna prueba que demuestre que La Jornada era cómplice de terrorismo.

Insistió en que en este asunto hubo colisión entre dos derechos fundamentales: libertad de expresión y honor, y que ambos deben ser especialmente protegidos, no sólo por lo que hace a las partes en conflicto, sino también para asegurar la circulación de ideas, de las opiniones, condición indispensable para el adecuado funcionamiento de esta democracia representativa, por lo que la libertad de expresión goza de una posición preferencial frente a los derechos de la personalidad.

José Ramón Cossío rechazó que los medios impresos estén en un plano de igualdad y tengan las mismas herramientas para influir en la opinión popular. Cuestionó el proyecto de Zaldívar porque no incluyó parámetros de penetración, número de lectores, ediciones electrónicas y periodicidad.

Comentó que debe tomarse en cuenta si el involucrado era un columnista, un editorialista, una inserción pagada, un monero, un reportero con salario fijo, una traducción, etcétera.

También criticó que el proyecto señalara que la Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita.

La Constitución no prohíbe ni permite el insulto, sino que el mismo se convierte en prohibido cuando es un medio de vulneración de derechos fundamentales como el derecho al honor o a la intimidad, apuntó.

Esos derechos, según el ministro, no fueron afectados en agravio al diario.

Justificó que la resolución de la Suprema Corte no protege el derecho a imputar delitos, “pues el columnista, Fernando García Ramírez, no acusó a La Jornada de delinquir ni de encubrir delincuentes; la postura es que dado el interés público en discutir abiertamente la línea editorial de un periódico nacional, la libertad de expresión no debe ceder ante el derecho al honor”.

Subrayó al final de su intervención que en este caso concreto, el que haya triunfado el principio de libertad de expresión sobre el referido al honor no implica que la solución sea la misma para casos futuros con la misma temática.

Es decir, que la ponderación de esta resolución no puede trasladarse sin más a otros casos aparentemente similares, porque el peso puede variar, y por ende el principio triunfador, aun cuando se trate de los mismos principios en juego.

Jorge Pardo Rebolledo argumentó que es muy positiva la construcción jurisprudencial que ha elaborado la primera sala en materia de libertad de expresión: en la situación de cuando esté involucrado un particular, de cuando esté involucrado un personaje público, y ahora llegamos a este tema en donde ambas partes son medios de comunicación que ejercen cotidianamente su libertad de expresión en ánimo de informar a la población a la que están dirigidos.

En esa medida, concluyó, comparto el ejercicio de ponderación que se hace en la colisión de ambos derechos; esto no quiere decir que para todos los casos y siempre deba de estar un derecho por encima de otro; aquí recojo también la inquietud de que debe analizarse cada caso concreto en particular.

Una vez fijadas las posturas, se votó el proyecto ante un salón de audiencias que fue insuficiente para los interesados en la resolución

Producto del lavado de dinero, 75% del efectivo circulante: Di Costanzo

Setenta y cinco por ciento del efectivo que circula en México es producto del lavado de dinero, aseguró el diputado federal Mario di Costanzo; sostuvo que ese delito no sólo está relacionado con operaciones ligadas al narcotráfico, sino con desvío de recursos públicos.

Al participar en el seminario Información pública y poderes fácticos, titulada Poderes fácticos, lavado de dinero y transparencia, el legislador petista señaló que cifras de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Antigrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advierten que en el país se lavan cada año entre 25 mil y 45 mil millones de dólares.

Poniendo una media, hablaríamos de 35 mil millones de dólares, equivalentes a 75 por ciento del dinero que circula hoy. Es difícil imaginar que haya transacciones limpias en cualquier operación económica (como la compra de un automóvil) cuando hay 75 por ciento de probabilidad de que se esté usando dinero sucio.

Ante académicos y estudiantes que asistieron al seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebrado en la Coordinación de Humanidades, Di Costanzo subrayó que la ley nacional para evitar el lavado es mala y ambigua, y permite que las autoridades ejerzan con absoluta discrecionalidad la persecución y sanción a este ilícito.

Por ejemplo, agregó, entre 2006 y 2011 sólo se han emitido 25 sentencias por lavado de dinero. “¿Cómo es posible que en la guerra (contra el narco) que ha dejado 50 mil muertos y miles de desaparecidos, únicamente tengamos 25 sentencias –de las cuales ocho casos fueron en flagrancia– por este delito?” Pero lo más grave, subrayó, es que las autoridades no investiguen para hallar las redes y complicidades en estos casos.

Criticó que tras cinco años de una estrategia armada contra la delincuencia organizada, el presidente Felipe Calderón responda con el envío al Congreso de una iniciativa de ley contra el lavado de dinero que sólo limita las operaciones financieras en efectivo, cuando hay instrumentos financieros más sofisticados.

El diputado perredista Pablo Gómez criticó el proyecto de ley sobre lavado de dinero del Ejecutivo, porque evita combatir ese delito en esferas públicas. Delincuencia organizada es terrorismo, piratería, secuestro, extorsión y narcotráfico, pero también que los servidores públicos se roben el dinero de los contribuyentes y eso no está ahí. No es considerado delincuencia organizada y lo es, pues para hacer esas cosas se requiere de un nivel de organización que permita disponer de recursos que una sola persona no podría disponer. Para que el dinero público pueda salir de las tesorerías hay que realizar una operación ilícita y sobre esto no hay propuesta alguna del Ejecutivo y el Congreso no ha avanzado.

Indicó que no se quiere otorgar capacidad de ejercer acción penal a la Auditoría Superior de la Federación ni se hace el intento por dar autonomía a las procuradurías (federal y estatales), por lo que el lavado de dinero producto de delitos contra la hacienda pública seguirá presentándose sin que haya forma de investigarlo

La próxima semana, propuestas de reinserción laboral de los 16 mil 599 electricistas: SME

Queremos cerrar este conflicto, porque con nosotros no se juega, afirma Martín Esparza Flores

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo en demanda de que se cumplan los compromisos firmados el 13 de septiembre con GobernaciónFoto Cristina Rodríguez

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 20

El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, anunció a los miles de trabajadores reunidos al atardecer de ayer en el Zócalo capitalino que la próxima semana el gobierno federal les presentará las propuestas de reinserción laboral para los 16 mil 599 trabajadores que no han aceptado su liquidación.

En la marcha y mitin que llevó a cabo ayer esa organización para demandar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno federal el pasado 13 de septiembre, el dirigente dijo que el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, habló con el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y éste le adelantó que la semana que entra entregarán los planes de reinserción laboral y productiva que les habían prometido a los trabajadores para antes del 30 de noviembre del presente año.

En el Zócalo lleno de trabajadores electricistas, así como integrantes de otras organizaciones que los acompañaron en la movilización que partió desde el Ángel de la Independencia, el dirigente hizo un llamado a Alejandro Poiré para que se cumplan los acuerdos convenidos.

Al secretario de Gobernación le decimos que queremos cerrar este conflicto, que con el SME no se juega, que el SME aguantó, planteó propuestas, pero no tiene miedo, o nos regresan el trabajo o nos regresan el trabajo. La decisión está en sus manos, ya no hay por qué postergar la solución a este problema, afirmó.

En esta movilización en la que participaron integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), de los gremios de telefonistas y de mineros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Asamblea de Usuarios de la Energía, el dirigente dijo que los electricistas le dicen al gobierno federal: queremos una solución.

Indicó que de los acuerdos firmados ya se cumplió en lo que respecta a la toma de nota para los 26 miembros del comité; el reconocimiento del gobierno al sindicato y el contrato continúa vigente. Nada más falta la reinserción laboral y la libertad de los presos políticos, los cuales –según expuso– en unos días más van a estar con nosotros.

Indicó que el próximo 14 de diciembre el sindicato va a cumplir 97 años y que espera llegar a los 100. También preguntó a los trabajadores si van a aguantar hasta el final y en coro respondieron afirmativamente.

Los trabajadores lamentaron la muerte de los electricistas de una termoeléctrica de Coahuila, acaecidos ayer a causa de una explosión, y señalaron que mientras esto sucedía, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Víctor Fuentes del Villar, estaba en un congreso en Cancún buscando otra relección por seis años más sin elecciones.

En el mitin, la Asamblea de Usuarios de la Energía planteó para el próximo 30 de noviembre un apagón por la noche en protesta por los altos cobros del servicio. Alfonso Mansilla, de esta organización social, indicó que se mantendrán en la lucha del SME y por una serie de demandas planteadas ante la Cámara de Diputados, como son el establecimiento de una tarifa social y justa para las clases más desprotegidas, el rechazo a los medidores digitales, el cese de la represión, encarcelamientos y hostigamientos a los asuarios que se han amparado contra los altos cobros, entre otras.

Carlos Galindo, secretario de Relaciones del Stunam, planteó que desafortunadamnte los funcionarios ahora están más preocupados por amarrar la chuleta del poder del próximo año que por resolver los conflictos.

Mientras tanto, el dirigente de la CNTE de Michoacán, Jorge Cázares, planteó que ante la embestida del gobierno contra las organizaciones democráticas, éstas avanzarán hacia la creación de una nueva central democrática de los trabajadores

Los abusos sexuales contra mujeres, la punta del iceberg de la violencia: ONU

El cuerpo de las mujeres ha sido tomado como un territorio simbólico de guerra en donde las autoridades ejercen un castigo colectivo, en el contexto de una estrategia oficial para generar miedo y desmovilización, señalaron las participantes en el foro académico-vivencial Atenco. Mujeres en resistencia, organizado ayer por diversos colectivos de derechos humanos.

El representante en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, señaló que los abusos sexuales son apenas la punta del iceberg de un fenómeno más amplio de violencia, por lo que confirmó la admisión de la queja contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres agredidas, interpuesta ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, indicó que la represión policiaca contra la comunidad de San Salvador Atenco, ocurrida los días 3 y 4 de mayo de 2006, es un ejemplo de la manera en que funciona la impunidad en el país, y de cómo el cuerpo de las mujeres es tomado como un territorio de guerra política y jurídica, sin que ninguna reforma legal pueda impedirlo.

Con este caso, dijo, se demuestra que el Estado mexicano no aprendió la lección de lo ocurrido con las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron agredidas sexualmente por soldados en 2002, por lo cual interpusieron una demanda ante la justicia interamericana que derivó en una sentencia contra el gobierno del país.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que lo ocurrido en Atenco no fue un hecho aislado, sino parte de un modelo institucional de violaciones a las garantías individuales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La constante es la creación de miedo, para hacernos volver a la etapa en que las personas no exigían sus derechos.

Las académicas universitarias Rosalva Hernández y Clemencia Correa subrayaron que la violencia de género forma parte de las campañas contrainsurgentes del gobierno mexicano, en donde el cuerpo de las mujeres es tomado como una especie de botín de guerra que contiene el honor de toda una comunidad, y en esa medida se trata de un castigo no sólo individual, sino colectivo.

El foro concluyó con las intervenciones de Edith Rosales e Italia Méndez, quienes sufrieron ataques sexuales por policías en San Salvador Atenco, y recordaron los tratos degradantes a los que fueron sometidas. Sin embargo, dijeron, el miedo y la inmovilidad que buscaban generar los abusos, terminaron convirtiéndose en motivos para indignarse y seguir luchando.

Valentina Rosendo Cantú también ofreció su testimonio del ataque que sufrió hace nueve años, y dijo que aunque padeció el rechazo de su comunidad e incluso de su esposo, finalmente logró hacer que la CIDH la escuchara y emitiera una sentencia a su favor, que el Estado mexicano se ha rehusado a cumplir.

Hay una Valentina que fue maltratada y violada, y otra que está sacando adelante a su hija y a su hermana. El día en que el gobierno reconozca su culpabilidad, sabrá que no pudo apachurrarme y entonces las dos Valentinas se van a rencontrar, afirmó

Urge ayuda humanitaria a desplazados de Guatemala: AI

Amnistía Internacional lanzó ayer una acción urgente para llamar la atención sobre las más de 65 familias de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza que fueron desalojadas violentamente a finales de agosto por el Ejército del país centroamericano, y en la actualidad se encuentran refugiadas en Tenosique, Tabasco, en condiciones de extrema precariedad.

En un comunicado, la organización de derechos humanos recordó que los más de 300 habitantes del pueblo se vieron obligados a huir a México, luego de que las fuerzas de seguridad de su país los obligaran a salir de su territorio, supuestamente porque ocupaban una zona natural protegida.

Debido al nivel de violencia del desalojo –las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad resultaron incendiadas–, los habitantes de Nueva Esperanza no pudieron recoger sus pertenencias antes de irse, y ahora viven en chozas improvisadas sin acceso a servicios básicos, como agua o drenaje, lo que ha provocado el surgimiento de enfermedades, lamentó Amnistía.

Entre los desplazados hay más de 100 niños y niñas y varias mujeres embarazadas, por lo que es urgente dotarlos de condiciones de estancia decorosas, lo que hasta el momento no ha hecho el gobierno mexicano.

Las negociaciones entre la comunidad y el gobierno guatemalteco, subrayó la organización con sede en Londres, han progresado muy lentamente, y hasta ahora el único ofrecimiento a los refugiados ha consistido en darles tierras mucho más pequeñas, y sin otorgarles indemnización por las parcelas y los bienes perdidos.

AI llamó a sus simpatizantes a escribirle de inmediato a las autoridades de México y Guatemala para que se les otorgue ayuda humanitaria urgente a los desplazados, se promueva su retorno en condiciones justas y seguras, y se haga una investigación exhaustiva sobre el desalojo forzoso ocurrido el pasado 23 de agosto

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Cobertura universal del Seguro Popular, en registro, no en hechos: investigadoras

hiapas, Michoacán y Guerrero, entidades que hicieron mal uso de recursos destinados a la salud

Guillermo Montalvo Fuentes

México DF, noviembre 10 de 2011.

Aunque según datos del Ejecutivo Federal 52 millones de mexicanos están afiliados actualmente al Seguro Popular, lo que representa 43 por ciento de la cobertura universal de salud en el país, 29 por ciento de los gastos que hacen las familias, destinados al cuidado de su salud, está relacionado con la compra de medicamentos, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2010. Para especialistas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lo anterior revela que la afiliación por sí misma no garantiza el acceso a los servicios de salud.

“Se habla de un aumento en la afiliación de personas que no tenían seguridad social, pero no de cómo se garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud y medicamentos de quienes ya están afiliados. En este sentido, tenemos dos realidades: por un lado la afiliación, la cobertura universal en el registro, y por otro, los hechos, que nos dan cuenta de algunos problemas de opacidad, falta de rendición de cuentas, falta de infraestructura sanitaria y mal ejercicio de los recursos”, coincidieron Briseida Lavielle, Gina Chacón y Mariana Pérez, investigadoras del área de presupuestos en Fundar.

Explicaron que uno de los problemas de acceso más frecuente es el desabasto de fármacos en clínicas y hospitales, lo que afecta la economía de las familias. Por tal motivo subrayaron que la cobertura universal no se logrará hasta que se reduzca la proporción de financiamiento que ponen las personas de su bolsillo para acceder al sistema de salud y a los medicamentos.

“La cobertura universal demanda una serie de aspectos que en México no se están cumpliendo; no sólo hablamos de calidad en los servicios y accesibilidad, sino también de ver los recursos reflejados en la mejora de las condiciones de salud y de vida de la población afiliada”

A pesar de que existen lineamientos específicos en relación a la compra de fármacos, los estados no los cumplen, pues aunque tienen la obligación de gastar hasta 30 por ciento de las asignaciones en la compra de medicamentos genéricos, y con los precios de referencia que establece la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación, con respecto al Informe de la Cuenta Pública de 2009, demostró que no sucede así.

Para las investigadoras de Fundar esta situación es compleja, debido a que una vez que el dinero va de la federación a los estados, no hay manera de obligarlos a que den una rendición de cuentas de regreso.

“Con base en datos de la Auditoría Superior de la Federación de 2009, los estados más opacos que, si bien no desviaron, sí por lo menos hicieron mal uso de los recursos, fueron Chiapas, Michoacán y Guerrero. El caso de éste último es el más alarmante, pues estamos hablando de 27 millones de pesos como saldo total de irregularidades en compra de medicamentos, un gasto que no es menor si se consideran las carencias que tiene el estado”

Lavielle, Chacón y Pérez mencionaron que los estados sí compran los medicamentos, pero el problema está en el uso de los recursos, pues los adquieren a sobreprecios, lo cual impacta en el abasto de fármacos en clínicas y centros de salud.

Aunque reconocieron que es responsabilidad de los diputados “ser creativos” y encontrar lineamientos específicos que ayuden a llevar un mejor control del gasto y más transparencia, pues son ellos, los legisladores, quienes discuten el Presupuesto de Egresos de la Federación y pueden poner “candados”, no sólo al Seguro Popular, sino a todos los programas públicos, las investigadoras sugirieron como posibles soluciones la intervención, además de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, instancia que tiene las atribuciones para vigilar y controlar el gasto.

EDITORIAL. Presupuesto, galimatías que se enreda más al final del sexenio*

Editorial México DF, noviembre 10 de 2011. Cada año, la repartición de los recursos del presupuesto federal es un galimatías que se enreda aún más al final del sexenio. Con las elecciones en puerta, las prioridades del gobierno obedecen más a intereses políticos que a las necesidades sociales. Todos aquellos programas que no se consideran redituables en términos electorales pasan a segundo plano. Es el caso de programas de salud, como el del control de la epidemia de VIH, o de los programas destinados a equilibrar las desigualdades sociales, como los destinados a paliar las desventajas de las mujeres. La propuesta de Presupuesto Federal 2012 no sólo no propone incrementos en estos rubros sino que en términos reales significa reducciones a las partidas señaladas, como si los problemas que se intentan resolver también se hubieran reducido, lo que no es el caso. Las infecciones por VIH no han disminuido, la mortalidad por sida no se ha abatido grandemente, los índices de violencia hacia las mujeres están a la alza y las tasas de mortalidad materna tampoco se han abatido, por citar sólo algunos casos. No se pueden cumplir metas comprometidas ni enfrentar problemas sociales crecientes con presupuestos reducidos o, en el mejor de los casos, inmodificados. Sólo la sensibilidad de las y los legisladores, como ha ocurrido en otros años, puede enderezar la agenda de prioridades del Ejecutivo federal. De lo contrario, lo que nos espera es la simulación y la retórica declarativa de funcionarios públicos a la hora de entregar cuentas. *Publicado en el número 184 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 3 de noviembre de 2011