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viernes, 9 de noviembre de 2012

Vuelve el PAN a doblegarse ante el PRI; juntos mutilan el tema sindical




Vuelve el PAN a doblegarse ante el PRI; juntos mutilan el tema sindical
Las modificaciones a las que antes se oponía el blanquiazulterminaron por definir la sesión en San Lázaro
Foto
Desahogo de partidos de izquierda, durante la sesión en la Cámara de DiputadosFoto José Antonio López
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 3
El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados secundó al bloque PRI-PVEM-Panal para volver a incluir en la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) la elección a mano alzada de los dirigentes sindicales y suprimir el derecho de los trabajadores a decidir qué sindicato los representaría para la firma de un contrato colectivo.
También esas cuatro bancadas autorizaron que el Senado pueda publicar la reforma laboral, si en la revisión de la minuta hay nuevos cambios en los artículos 371 y 373; este último obligaba a los sindicatos a entregar información sobre el manejo de las cuotas.
Aun cuando manejó el discurso de que mantuvo el bloque con la izquierda hasta el final, Acción Nacional aceptó modificar el artículo 371 para que el mecanismo de elección de líderes por el voto libre, directo y secreto no fuera el único, y en una cerrada votación para dejar fuera los artículos 388 y 390, relacionados con la atribución de los trabajadores para elegir sindicato, se evidenció el doble juego panista.
Votos bajo la manga
En la votación de estos dos artículos, PRI, PVEM y Panal votaron por desecharlos, pero para ello contaron con el voto de ocho panistas, entre ellos empresarios como el ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruiz; del líder transportista y presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Muñoz Márquez; del textilero José González Serna; del dueño de maquiladoras en Ciudad Juárez Carlos Angulo Parra, y del vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz, Humberto Alonso Moreli.
Con esos ocho sufragios prestados, el PAN garantizaba la eliminación de los citados artículos, ya que PRI, PVEM y Panal sumaron 250, pues el ex secretario de comunicación de la dirigencia del Partido Verde, Enrique Aubry, no asistió a la sesión. Su ausencia forzaba un empate en esta decisión con el Frente Legislativo Progresista que, sin embargo, habría perdido aun con todos los votos de Acción Nacional, debido a que tampoco estaban cuatro legisladores de Movimiento Ciudadano: Beatriz Córdova Bernal, Juan Luis Martínez, José Martínez Soto y Aída Fabiola Valencia Ramírez. De esta manera, el pleno desechó ambos artículos con 258 votos en favor y 237 en contra.
La forma en que el PAN secundó al PRI fue objeto de una amplia crítica desde el Frente Legislativo Progresista, que le reclamó haber roto el compromiso de avalar juntos el cambio que hicieron los senadores para obligar a elecciones libres, directas y secretas en los sindicatos.
El dirigente panista, Gustavo Madero, dijo hace unos días que ojalá los perredistas no se cuartearan en el acuerdo. Pero quien se cuarteó fue el PAN, señaló el diputado Martí Batres.
En un agrio intercambio, Rubén Camarillo (PAN) expresó: “Dicen en mi pueblo: ‘no te pelees con un cerdo, porque al final ambos quedarán enlodados, con la diferencia que a él le va a encantar y a ti no”’.
Los perredistas Alejandro Carbajal y Miguel Alonso Raya respondieron que las cúpulas del sector obrero afiliadas en el Congreso del Trabajo se opusieron a que se avalara el 388 bis, porque “controlan 88 por ciento de los 92 mil contratos colectivos registrados en el país, pero además sus juniors son los que extorsionan a los patrones con contratos de protección”.
Antes, una vez que se definió la votación en lo general del dictamen, con 361 votos en favor y 129 en contra, el diputado Silvano Blanco Deaquino (PRD) insistió en que la reforma se aprobó debido a los compromisos de Enrique Peña Nieto con los grandes empresarios y los poderes fácticos. Y advirtió: Aquí lo vamos a esperar como se merece, el primero de diciembre. El pueblo de México sabrá lo que es actuar con dignidad.
Paralelamente, diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano subieron a la mesa directiva con una manta en la que se leía: Quien traiciona a los trabajadores traiciona a la patria. Y desde la tribuna reprocharon el golpe a la clase obrera y lamentaron que Acción Nacional rompiera el bloque que su propio dirigente, Gustavo Madero, promovió la semana pasada con el sol azteca.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, definió:Qué lástima que la alianza haya sido efímera. Una especie de aventura extramarital por un día. Su compañero de bancada Ricardo Mejía afirmó que el viraje de Acción Nacional se debió a una negociación de última hora y preguntó:¿Cuál fue la moneda de cambio? ¿Cómo presionó Peña Nieto a Felipe Calderón para que les doblara las manos? A unos días del cambio de poderes hay una visión cada vez más sofocante del trabajo legislativo.
Ante los reproches, el coordinador del blanquiazul, Luis Villarreal, justificó que perredistas y petistas eligen a sus presidentes a mano alzada y acusó que el PRD nos quiso doblar con sus provocaciones y sus insultos. Anticipó: “Arrieros somos…”
¡No me calle, carajo!
La diputada Esther Quintana subió los decibeles del intercambio. Desde su curul, y cuando se discutía la nueva redacción del artículo 371, exclamó: ¡No hemos reculado! No estoy de acuerdo en eso. Y como el presidente en turno de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), la interrumpió, la panista le espetó: ¡Y no me esté callando, carajo! ¡No hemos reculado!
Luisa María Alcalde (Movimiento Ciudadano) aseguró que al suprimir el 388 bis prevalecerán “el charrismo y las extorsiones a empresarios de sindicatos fantasmas por parte de seudolíderes corruptos que tienen permiso para encabezar sindicatos de membrete

Protestas e intentos de irrupción




Protestas e intentos de irrupción
Enrique Méndez, Carolina Gómez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 5
Poco antes de que la Cámara de Diputados aprobara ayer la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) excluyendo los aspectos de democracia y transparencia sindical, integrantes de diversos gremios afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y del Congreso Laboral del estado de México, se manifestaron a las afueras del recinto de San Lázaro para expresar su repudio a la reforma laboral.
Luego de los discursos de dirigentes de dichas centrales, algunos de los cuales criticaron que no se permitiera la entrada a la sesión a quienes serán losperjudicados, algunos contingentes buscaron entrar a las instalaciones del recinto legislativo a través de la puerta 6, ubicada en la calle Emiliano Zapata.
Para ello intentaron desoldar la puerta, romper los candados con un martillo y lograron abrir el grueso enrejado. Un cordón de agentes de la Policía Federal y trabajadores de resguardo de la Cámara contuvieron a los opositores, que no lograron ingresar al complejo legislativo.
Desde las 4 de la mañana de este jueves la Dirección General de Resguardo de la Cámara de Diputados estableció un operativo de vigilancia junto a la Policía Federal.
Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del SME, negó que integrantes del gremio hayan causado algún destrozo en la puerta 6. Lo que buscan es desviar la atención de lo esencial y criminalizar la protesta, que aunque sí fue enérgica, no fue violenta; quieren mostrarnos como si fuéramos vándalos, nos quieren desacreditar.
Quienes sí ingresaron al recinto fueron varios dirigentes, entre ellos Martín Esparza Flores, secretario general del SME, y Agustín Rodríguez, líder del Stunam, quienes se reunieron con Carlos Reyes Gámiz, vocero del PRD en San Lázaro, y su compañero Roberto López Suárez, a quienes pidieron que su partido impidiera la aprobación de la reforma laboral.
Los dirigentes dijeron a los legisladores que la Junta de Coordinación política, encabezada por Luis Alberto Villareal (PAN), negó audiencia e ignoró un documento donde refieren el daño que se causará a los trabajadores si se aprueba en los actuales términos la reforma.
Durante el mitin, Esparza aseguró que con los cambios se entregarán en bandeja de plata a los empresarios los derechos de los trabajadores, y afirmó:No podemos permitir que se encierren a negociar nuestros derechos. Insistió en que los trabajadores queremos entrar a esta Cámara de Diputados.
Víctor Enrique Fabela, del sindicato de telefonistas, refirió que “la traición que están consumando los diputados, en la que el PAN y el PRI sin el menor escrúpulo se han vuelto a reconciliar, no es para crear empleos dignos, sino para precarizarlos a través de la legitimación del perverso outsourcing(subcontratación)”.
Óscar Moreno, presidente del Congreso Laboral del estado de México, indicó que los trabajadores hemos sido burlados y eso no se vale, y añadió que nunca se han opuesto a que se hagan las adecuaciones necesarias a la LFT, pero sí hemos dicho que es siempre y cuando se genere certidumbre laboral y no se afecte los derechos.
A su vez, el líder del Stunam, Agustín Rodríguez, indicó que la discusión sobre libertad y transparencia sindical fue sólo un distractor para no abordar aspectos como las formas de contratación y la flexibilización laboral. Democracia y rendición de cuentas para nosotros es un tema intrascendente, porque es algo que la gran mayoría del sindicalisno democrático independiente ya hace.
En la protesta se detonaron petardos y se lanzaron diábolos contra el Palacio Legislativo. Uno de ellos impactó en los cristales de las oficinas del Panal

Realiza el IFE la redistritación electoral




Realiza el IFE la redistritación electoral
Según el censo de 2010, la población creció de 97.4 millones en 2000 a 112.3 millones
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 8
Acorde con las tendencias demográficas en México recogidas en el censo de población, el Instituto Federal Electoral (IFE) se encuentra en proceso de ajustar la dimensión de los 300 distritos electorales en que se divide el país, con el propósito de que cada uno tenga aproximadamente 374 mil 455 votantes. Se tiene previsto un margen de diferencia de 15 por ciento al alza o a la baja, para ajustarlo a otros criterios que deberán tomarse en cuenta.
El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, destacó que de acuerdo con el censo, la población pasó de 97.4 millones de personas en 2000 a 112.3 millones en 2010.
Durante el coloquio internacional sobre redistritación, dijo que cuando surgió el IFE, en 1990, el tamaño ideal de los distritos electorales, para garantizar equidad al votante y su representación en el Congreso, era de 231 mil 270.
En su intervención, el ex consejero electoral Mauricio Merino señaló que si bien la redistritación obligada que debe realizar el IFE periódicamente para ajustarlo a la evolución demográfica es esencialmente técnica, no puede evitarse el componente político, en el que todos los partidos realizan cálculos en cuanto a la fuerza electoral que tienen en cada distrito, lo que llega a convertirse en factor en la discusión.
Por su parte, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Víctor Manuel Guerra, destacó que en 10 años ha habido cambios notables en la distribución demográfica del país y citó el caso del Distrito Federal, que perdió 500 mil habitantes en este periodo (lo que implicaría un ajuste de un distrito a la baja), en tanto que el estado de México ganó 250 mil, y Quintana Roo, por su desarrollo en la costa, 300 mil.
Señaló que, en general, la población ganó 15 millones de personas y se acentuó la tendencia de que la población se concentra cada vez más en localidades com más de 2 mil 500 personas.
Jacobo Molina indicó que el crecimiento poblacional de 13 por ciento en ese periodo ha implicado que, aunado a la movilidad demográfica, 49 de los 300 distritos se encuentren por encima del margen de 15 por ciento recomendado (arriba o debajo de 374 mil 455 ciudadanos), y otros 39 han quedado por debajo de ese margen.
La consejera Macarita Elizondo subrayó que el proceso de redistritación está sujeto a otras condicionantes –no sólo el número de votantes–, como considerar aspectos geográficos (accidentes naturales), la conformación de distritos indígenas que dispone la ley,los nuevos programas computacionales y su impacto político en materia de distritación electoral, que cada entidad cuente al menos con dos distritos.
De acuerdo con la legislación, el IFE está obligado a realizar una redistritación después de tres procesos electorales con base en la información demográfica del censo más reciente. Este ejercicio, que se espera concluir en agosto, serviría para regir las elecciones federales de 2015, 2018 y 2022

El miércoles 14 decide el instituto sobre las boletas




El miércoles 14 decide el instituto sobre las boletas
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 8
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decidirá el próximo 14 de noviembre la respuesta y las acciones que derivarán de la solicitud de medidas cautelares que remitió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, relacionadas con el recurso presentado por la revistaProceso para acceder a las boletas de los comicios de 2006, pues sólo el consejo puede revisar sus decisiones, sostuvo el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina.
Entrevistado después de su participación en el Coloquio Internacional sobre Redistritación, el funcionario señaló que si bien el periodo determinado para destruir las boletas electorales es entre el 12 y el 26 de noviembre, garantizó que no se realizará antes de que los consejeros deliberen sobre la respuesta que se dará al organismo internacional.
El Consejo General adoptó la decisión de dar no un día, sino dos semanas de plazo, porque hay que hacer mucho trabajo de investigación sobre las boletas de la elección de 2012.
El acuerdo original señala que se destruirán las boletas de 2006 y también las de 2012, y en este último caso existe disposición de tomar una muestra para su análisis, con la finalidad de mejorar las estrategias de capacitación y organización electoral.
Si bien el Consejo General decidirá qué respuesta dará a Naciones Unidas, consejeros electorales coinciden en la necesidad de suspender la destrucción de las boletas en atención al recurso presentado, lo cual podría oficializarse el próximo miércoles.
El secretario ejecutivo sostuvo que si se avala la decisión de no destruir las boletas hasta que se resuelva el recurso de Proceso, habrá que adoptar las medidas presupuestarias conducentes.
Para el caso de 2012, Jacobo Molina refirió que existe un recurso para impedir su destrucción y sobre el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se ha pronunciado. Dijo que evidentemente la definición final la adoptarán los magistrados y anticipó que el IFE, como autoridad administrativa, no podrá hacer nada hasta que se resuelva el recurso

Exige #YoSoy132 ingresar al Senado para presentar iniciativa sobre medios




Exige #YoSoy132 ingresar al Senado para presentar iniciativa sobre medios
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 8
Representantes del movimiento #YoSoy132 afirmaron que no habrá verdadera democracia en México mientras impere el actual sistema de medios, oligopólico e hiperconcentrado.
Durante una manifestación frente al Senado de la República, en la que participaron casi 200 integrantes del colectivo universitario, se leyó un pronunciamiento en el que aseguraron que las grandes empresas de medios imponen candidatos a la Presidencia y a legisladores, presionan a los servidores públicos, manipulan la información, diseñan candidaturas y cooptan a miembros de movimientos sociales.
Resaltaron que para evitar que esto suceda, los ciudadanos deben exigir un nuevo sistema de medios que garantice el derecho a la comunicación y a la información, históricamente negados.
Durante el acto, denominado Fiesta por la luz en medios, se proyectaron videos sobre las paredes del recinto legislativo.
Los manifestantes afirmaron que la falta de democracia en el país tiene origen en los abusos de empresas de medios de comunicación, en la gestión de contenidos, en el manejo de la información y “en su evidente actuar como agentes políticos de facto, frente a las cada vez más débiles instituciones del Estado mexicano”.
Señalaron que #YoSoy132 pretende contribuir en los procesos de democratización y con ello reivindicar el derecho a la comunicación y la información. “No más telebancada, no más monopolios mediáticos, no queremos que nos gobierne un títere de los poderes fácticos”, dijeron.
Asimismo, el movimiento solicitó ingresar al Congreso, la casa de todos los mexicanos, para presentar una iniciativa de 14 puntos que tiene como finalidad la democratización del sector mediático. La voz de todos los ciudadanos tiene que ser escuchada en el máximo órgano de representación.
Los jóvenes dieron a conocer los nombres de los 18 legisladores que integran la llamada telebancada y que en su mayoría ocupan cargos en las comisiones ligadas a medios, con el propósito de que la ciudadanía sepa quiénes son, de dónde vienen y cuál es su historia
Se trata, entre otros, de los diputados Jorge Mendoza, vicepresidente de información y asuntos públicos de Televisa; Antonio Cuéllar, ex director jurídico de Televisa; Patricio Flores, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión; Javier Orozco, promotor de la ley Televisa y ex abogado general de esa televisora.
En la Cámara de Senadores ocupan un escaño Emilio Gamboa Patrón, “impulsor de la ley Televisa”; Carlos Alberto Puente Salas, ex director de Tv Azteca y ex asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión; Gerardo Flores Ramírez, ex director de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de Televisa; Ninfa Salinas, hija del presidente de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y vicepresidenta de marketing del Grupo Salinas, y Areli Gómez, hermana del vicepresidente de Noticieros Televisa, Leopoldo Gómez

Los diputados emiten declaratoria de reforma sobre libertad religiosa




Los diputados emiten declaratoria de reforma sobre libertad religiosa
En la ley reglamentaria podrían otorgarse más facultades a los religiosos, advierte MC
Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 9
La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de reforma al artículo 40 de la Constitución, por la que se amplía la libertad religiosa, después que por lo menos 16 congresos de las entidades federativas avalaron los cambios.
En San Lázaro se recibió la comunicación de la Cámara de Senadores que informaba del aval de 16 legislaturas (de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) para que surta efecto y se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Dicha modificación constitucional reconoce la laicidad del Estado y garantiza las libertades religiosas para cada ciudadano. Tal consideración conceptual refrenda que el Estado mexicano continúe siendo República democrática, federal, representativa y laica.
También se garantiza el libre albedrío y se previene que el Estado no tenga ninguna actitud confesional.
El diputado Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano (MC), observó que la reforma conlleva una paradoja:no podemos al mismo tiempo dejar de congratularnos por la declaración de reforma al artículo 40, pero sería irresponsable no subrayar que se está derogando en los hechos el artículo 93 constitucional y se está cometiendo un atropello al Estado democrático de derecho.
Y es que si bien el artículo 40 garantiza la libertad religiosa, una vez que se aborde la ley reglamentaria de éste, se manifiesta la posibilidad de que los partidos representados en las cámaras de Diputados y de Senadores permitan a las organizaciones religiosas intervenir en política y amplíen su participación en los medios informativos

Violencia contra migrantes, por adoptar en México políticas de EU, denuncian




Violencia contra migrantes, por adoptar en México políticas de EU, denuncian
Ciro Pérez
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 10
El Estado mexicano debe empezar a asumir su responsabilidad en el fenómeno de la violencia contra los extranjeros en tránsito, al que ha contribuido por adoptar las políticas migratorias de Estados Unidos, advirtieron especialistas que hablaron de tema Metodologías y abordajes teóricos en los estudios de migraciones, en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.
De acuerdo con Guillermo Acuña González, del Instituto de Estudios Sociales de Población de Costa Rica, tanto las políticas del gobierno mexicano como los grupos criminales que se han apropiado de las rutas migratorias desde Centroamérica han desplazado en los hechos la frontera entre México y Estados Unidos hacia el sur; ya no es únicamente el muro y la Patrulla Fronteriza.
A su vez, Rafael Alarcón, del Colegio de la Frontera Norte, condenó laligereza con que el gobierno mexicano ha pretendido calificar la reducción de la migración de connacionales hacia Estados Unidos.
Es una gran mentira decir que los mexicanos han retornado en mayor número a su país debido, como asegura Felipe Calderón, a que quieren venir a gozar de los grandes cambios que ha impulsado su administración. La realidad es que (vuelven por) la falta de empleo en Estados Unidos.
María del Carmen García Aguilar, investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sostuvo que al seguir las estrategias migratorias de Estados Unidos, lo que está haciendo el gobierno federal es propiciar la emergencia de una delincuencia que ahora se aprovecha de los migrantes. Un ejemplo es la masacre de San Fernando. Entonces dijo el gobierno de México que no tenía reportes de secuestros, cuando muchas organizaciones, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habían alertado sobre secuestros de migrantes, pero el gobierno de Felipe Calderón se quiso lavar las manos, y lo que ha venido ocurriendo es no aceptar que en estos eventos de violencia hay una clara corresponsabilidad del Estado, que no la ha querido asumir.
Los especialistas señalaron que la frontera sur de México dejó de ser sólo un problema local de colindancia con los países centroamericanos, y que por intereses de Estados Unidos ha aumentado su relevancia. María Da Gloria Marroni, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y otros agregaron que el problema va de la creciente obstaculización a la entrada de los flujos poblacionales legales hasta la criminalización y persecución policiaca de los migrantes indocumentados.
Mencionaron que la presencia femenina en la composición de corrientes migratorias es cada vez mayor, al igual que la de menores de edad no acompañados que intentan cruzar, a pesar de todos los peligros, territorio mexicano para encontrarse con sus familiares en Estados Unidos.
Uno de los muchos peligros que enfrentan los migrantes, sostuvieron, es la criminalización como política pública de los países receptores, lo que ha propiciado que el crimen organizado tomara el control de las rutas utilizadas tradicionalmente por los migrantes, que deriva en repetidas acciones de extorsión, desaparición, secuestro y muerte

Demandan aprobar leyes que obliguen a cumplir las sentencias de la CIDH




Demandan aprobar leyes que obliguen a cumplir las sentencias de la CIDH
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 10
Ante el incumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el presidente de ésta, Diego García-Sayán Larrabure, planteó que los países del área aprueben leyes que garanticen el pleno acatamiento de las resoluciones.
A su vez, el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda Amor, destacó el deber del Estado mexicano de proteger a extranjeros en territorio nacional.
Es una obligación general del derecho internacional público, pero también una obligación consagrada en los textos legales mexicanos, sostuvo el ex canciller en conferencia de prensa.
García-Sayán y Sepúlveda hablaron ayer en la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales –con asistentes de más de 30 naciones–, en cuyas mesas de trabajo hubo coincidencias en la importancia de que los países implementen políticas públicas en sintonía con los valores constitucionales y armonicen los estándares internacionales de los derechos humanos para su plena aplicación.
Sepúlveda agregó que en relación con la seguridad de los migrantes, México tiene una responsabilidad particular para garantizar de manera efectiva que las obligaciones jurídicas en la materia se acaten de manera plena por todos los órganos del Estado.
Destacó la obligación del Estado de garantizar la integridad física y moral de jueces, periodistas y funcionarios públicos encargados de la procuración e impartición de justicia.
Garcia-Sayán comentó que en la gran mayoría de países del área no hay una legislación de operativización de las sentencias internacionales; si existiera,sería un elemento muy útil para cumplir con sentencias que no son privativas del Poder Ejecutivo, sino también de otros órganos del Estado.
Se pronunció por que se aplique un mecanismo similar para resoluciones comerciales o contractuales en las que los países acuden al arbitraje internacional.
Comentó que la CIDH está enperfecta sintonía con las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Rosendo Radilla, particularmente por su decisión de que los militares que violen derechos humanos de civiles o cometan delitos de lesa humanidad sean juzgados por el fuero común.
Sobre el hecho de que el Congreso mexicano no ha cumplido con reformar el Código de Justicia Militar, comentó:siempre hay componentes que pueden a uno hacerlo pensar en que el vaso está medio vacío, pero básicamente está lleno, y hay un esfuerzo muy importante que hay que destacar.
Flanqueado por los ministros de la SCJN Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales, el presidente de de la CIDH destacó que aun cuando ésta no cuenta con herramientas coercitivas para obligar a un Estado a acatar las sentencias, a diferencia de otros tribunales, se encarga directamente de de la supervisión del cumplimiento de sus resoluciones

Indagan si teléfonos a los que habló Raquel Alatorre están vinculados a Televisa




Indagan si teléfonos a los que habló Raquel Alatorre están vinculados a Televisa
Solicita la PGR a Telmex y Telcel datos sobre dichos números, pues ya fueron dados de baja
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 14
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a empresas de telecomunicaciones mexicanas proporcionar datos personales de los usuarios de al menos dos números telefónicos, presuntamente relacionados con Televisa, pues el gobierno de Nicaragua hizo esa petición a la dependencia mexicana, debido a que desde un teléfono celular de de los 18 mexicanos –detenidos en ese país en seis camionetas con emblemas de la televisora– se realizaron llamadas a números al parecer vinculados con la empresa que preside de Emilio Azcárraga Jean.
Aún no tenemos la respuesta de las empresas Telcel y Telmex sobre los registros de dos números telefónicos que tendrían algún vínculo con la televisora (Televisa); estamos en espera de ese informe para enviarlo a autoridades de Nicaragua, reveló a La Jornada un funcionario de la PGR, quien pidió el anonimato.
Este jueves, información publicada por el portal nicaragüenseConfidencial.com refiere que cuando ingresó a Nicaragua, Raquel Alatorre, quien encabezaba el grupo de18 mexicanos detenidos con 9.2 millones de dólares, utilizó un celular desde el cual se habría comunicado con otro móvil cuyos últimos números terminan en 9887 y en su agenda telefónica está registrado a nombre del Lic. Amador Narcia, el cual concuerda con el de Amador Narcia Estrada, vicepresidente de información de Televisa.
En la agenda de la mexicana estaba registrado otro número de Telmex que termina en 7143 como oficina Televisa, al cual también habría marcado, según el informativo nicaragüense.
Hasta el momento, la PGR no ha podido recabar pruebas que aporten indicios al gobierno de Nicaragua sobre la presunta vinculación de Televisa con los 18 detenidos.
Ayer, Alejandro Ramos Flores, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, reveló que ninguno de los aprehendidos era empleado de la empresa televisiva ni las unidades forman parte de su parque vehicular.
El funcionario explicó que, de acuerdo con las documentales obtenidas, Raquel Alatorre –identificada como la jefa del grupo delictivo– fue quien adquirió los seis vehículos, que estaban equipados para realizar transmisiones vía satélite y con logotipos de la empresa.
La información más novedosa sobre el caso Televisa-Nicaragua la dio ayer el diario nicaragüense Confidencial.com.
Según reveló ese medio de comunicación, citando informes ministeriales contenidos en la averiguación que abrió la Fiscalía General de Nicaragua tras el arresto de los mexicanos, el número al que llamó Alatorre, de la compañía Telcel, se ubicó en la ciudad de México, pero fue dado de baja. El informativo nicaragüense sostuvo que dicho número fue desactivado por falta de pago o de uso.
Añadió que en la agenda de la mexicana estaba registrado otro número de Telmex como oficina Televisa. Igual que el otro, este número fue dado de baja.
Al momento de ser retenidos, añadió el reporte periodístico, los mexicanos portaban cinco teléfonos móviles inscritos en Nicaragua. De los mismos realizaron más de 30 llamadas. La mayoría de estos números, alrededor de 98 por ciento, no responden o fueron dados de baja, citó el diario.
De acuerdo con el rotativo, la información sobre los números telefónicos marcados por este grupo de mexicanos desde Managua está en poder de las autoridades nicaragüenses y de la PGR.
La Fiscalía de Nicaragua imputa a los 18 mexicanos delitos relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico internacional de drogas, en un juicio que comienza este viernes ante los juzgados de ese país

Descarta presidente de la Suprema Corte regresión en defensa de derechos humanos




Descarta presidente de la Suprema Corte regresión en defensa de derechos humanos
Reconoce Naciones Unidas que en México se puedan enjuiciar militares en tribunales civiles
Foto
inuaguración de Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y RegionalesFoto Jesús Villaseca
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 16
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, aseveró que los jueces constitucionales estamos facultados para salvaguardar la continuidad del régimen constitucional que, simplemente, no puede existir sin el respeto a los derechos humanos y agregó que no habrá regresión en el avance de la protección de las garantías fundamentales en el país.
Al inaugurar ayer los trabajos de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales, Silva Meza agregó que en México, como país democrático, nada ni nadie debe estar por encima de los derechos de las personas. Los jueces actúan como defensores de éstos cuando ejercen sus funciones de manera independiente e imparcial y defendiendo las garantías de las víctimas.
Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo en un mensaje videograbado que “un ejemplo de la administración de los derechos humanos desde un poder judicial, es la reciente decisión de la Suprema Corte mexicana, cuyo fallo, que establece que la investigación y enjuiciamiento de las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos son de competencia civil, no militar, ni de sus instituciones ni sus cortes.
“El fallo es un ejemplo de interpretación de la Constitución mexicana con base en estándares de derechos humanos –a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla– provistos en instrumentos internacionales y regionales”, indicó la funcionaria de Naciones Unidas.
Silva Meza recordó en su discurso que hace apenas un año, la Suprema Corte declaró el inicio formal de la décima época jurisprudencial en México, en razón de las importantes reformas a la Constitución, modificaciones que han establecido obligaciones expresas para todas las autoridades mexicanas en respeto a los derechos humanos, entre las que se encuentran, por supuesto, los impartidores de justicia.
Ante más de 30 representantes de cortes y jueces de las corte Penal Internacional e Internacional de Derechos Humanos, el ministro destacó la importancia del encuentro y del intercambio de opiniones y experiencias entre iguales.
Sólo una corte constitucional puede hacer recomendaciones, no vinculantes, pero sí sustantivas, con pleno conocimiento de causa a otro órgano similar, dijo
Silva Meza insistió en que quizá, el lenguaje común de los derechos humanos nos ayude a enfrentar nuevos y viejos retos como: hambrunas, consecuencias innegables del cambio climático, el riesgo de epidemias globales, turbulencias financieras, las consecuencias de crimen organizado globalizado y la regulación de los avances tecnológicos.
El interés de hospedar esta cumbre, indicó, radica también en que la función judicial representa el último bastión de defensa de las personas; la mejor garantía de paz, civilidad y armonía entre los pueblos

Juez decide hoy el amparo a ejidatarios contra el despojo de tierras en Chilón




Juez decide hoy el amparo a ejidatarios contra el despojo de tierras en Chilón
No hay constancia de un decreto expropiatorio ni de una donación, señalan abogados
Hermann Bellinghausen
 
Periódico La Jornada
Viernes 9 de noviembre de 2012, p. 18
Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, esperan este viernes la resolución de un juez de distrito en Tuxtla Gutiérrez para la restitución de tierras enajenadas por el gobierno estatal en lo que los indígenas consideran un despojo sin bases legales.
La audiencia constitucional deberá resolver el amparo 274/ 2011, interpuesto por los ejidatarios de la otra campaña por el despojo de una parte de sus tierras por diversas autoridades estatales y federales, con la complicidad del comisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez, para controlar el acceso al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul (municipio de Tumbalá), y fragmentar su organización.
De acuerdo con el abogado de los ejidatarios, Ricardo Lagunes, las autoridades han pretendido justificar sus actos de diversas maneras y de forma contradictoria, argumentando que los actos se están ejecutando en una vía general de comunicación bajo administración federal; que la superficie fue donada al gobierno del estado por los ejidatarios, y que está dentro del Área Natural Protegida (ANP) Cascadas de Agua Azul, según decreto del 29 de abril de 1980, y que la superficie fue donada por la asamblea general de los ejidos San Sebastián Bachajón y su vecino Agua Azul.
Desmintiendo cada argumento, Lagunes apunta: “No se trata de una vía general de comunicación, pues ni el Registro Agrario Nacional (RAN), ni la Secretaría de la Reforma Agraria, ni elDiario Oficial de la Federación han informado al juez que obre constancia de un decreto expropiatorio del camino o que fuera donado por el ejido para tal fin. Los ejidatarios que ‘donaron’ la tierra al gobierno del estado, al no contar con el dominio pleno, de acuerdo con el RAN, no podían enajenar a un tercero”. La carretera en mención, de cuatro kilómetros, conduce al río Agua Azul a través de San Sebastián; sólo el balneario está en el ejido vecino, el cual cobra peaje hace años.
El régimen de uso común de esas tierras, ratificado mediante acta de asamblea ejidal en diciembre de 2004, hace “nula y fraudulenta la ‘donación’, como confirma un peritaje independiente de un equipo interdisciplinario de la UNAM, el cual determinó que la superficie afectada no está dentro del ANP”. Además, el plano oficial exhibido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) fue alterado en sus coordenadas para que abarcara la superficie en litigio, y por tanto no es válido. Tampoco existe un acta de asamblea del ejido inscrita en el RAN sobre la presunta donación al gobierno. La Secretaría de Gobierno estatal y el comisariado oficialista de San Sebastián exhibieron ante el juez un acta firmada sólo por dicho comisariado y algunas autoridades comunitarias, pero se objetó su validez por irregularidades evidentes y por violaciones a los requisitos de la Ley Agraria.
El amparo agrario, promovido el 3 de marzo de 2011, solicitó la suspensión de oficio de los actos reclamados por tratarse de derechos colectivos agrarios. El juez admitió la demanda, pero negó la suspensión. Dos veces se ha ampliado la demanda de garantías: la primera contra la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Conanp, y la segunda contra el Consejo Estatal de los Derechos Humanos por emitir una infundada medida precautoria que derivó en un nuevo desalojo violento en Bachajón por la policía estatal preventiva el pasado 19 de junio.
Respecto del acta exhibida por los pobladores de Agua Azul, los ejidatarios de San Sebastián objetan su validez, ya que, retomando los informes del gobierno, Agua Azul es un asentamiento irregular, no cuenta con título de propiedad ni planos que delimiten su posesión, como corroboran informes del RAN y el Registro Público de la Propiedad de Yajalón. Además, se demostró que la superficie reclamada se localiza en el área de dotación de San Sebastián y por tanto se encuentra dentro de su territorio

CARTONES DE LA JORNADA






jueves, 8 de noviembre de 2012

Piden clérigos y laicos reformas de fondo en la Iglesia católica




Piden clérigos y laicos reformas de fondo en la Iglesia católica
La mesa de presentadores reunió la noche del martes en el Museo Franz Meyer un inusual coro de voces críticas: José Barba, Alejandro Solalinde, Raúl Vera, Pedro Pantoja y Manuel Marinero
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El ex religioso y demandante de Marcial Maciel, José Barba; el sacerdote Manuel Marinero, el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el periodista Emiliano Ruiz Parra, autor de la obra, y el cura obrero Pedro PantojaFoto Jesús Villaseca
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de noviembre de 2012, p. 43
Clérigos y laicos que han destacado por sus trayectorias de disidencia dentro de las instituciones de la Iglesia católica demandaron reformas de fondo en las estructuras y la mentalidad de la jerarquía religiosa. Durante la presentación del libro Ovejas negras; rebeldes de la Iglesia mexicana del siglo XXI, del periodista Emiliano Ruiz Parra, las intervenciones de los protagonistas fueron críticas.
José Barba, ex religioso, teólogo y demandante contra Marcial Maciel –pederasta y líder de los Legionarios de Cristo–, señaló que hoy “la Iglesia se ha hecho ambigua; habla con una lengua bífida, habla varias lenguas –la del poder, la del dinero, a veces la de la mentira–, pero ya no sabe hablar la del espíritu”.
Alejandro Solalinde, diocesano y fundador del albergue para migrantes en Ixtepec, Oaxaca, añadió que el Vaticanosufre esclerosis. Y compartió su visión de una iglesia del futuro, diversa, transparente, desburocratizada, en el camino.
Expresó: En la visión de los cristianos maduros, con capacidad crítica, debe caber la visión, incluso, de una mujer Papa, aunque sea en un futuro que ya no nos toque vivir. Esto podría ocurrir si de veras supiéramos escuchar las enseñanzas de Jesús, que nunca prescribió la exclusión de las mujeres, sino todo lo contrario.
La mesa de presentadores del martes por la noche reunió en el Museo Franz Meyer un coro de voces críticas poco común: el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el dirigente del albergue de migrantes en Saltillo, el cura obrero Pedro Pantoja, el cura casado de Oaxaca, Manuel Marinero –que aun proscrito por su obispo se sigue reivindicando como sacerdote e imparte sacramentos de manera privada–, además de Solalinde y Barba.
Este último, que encabezó hace 18 años una de las querellas de mayor impacto contra un jerarca religioso –Maciel, denunciado por pederastia y otros delitos de corrupción y fraude– aseguró: El caso de Marcial Maciel, a dos años de su muerte, no es cosa del pasado; ha hecho metástasis dentro de la Iglesia, que no lo ha podido superar.
Señaló que en el caso de México, esa cultura del engaño que caracterizó la acción del legionario de Cristo, se expresa en la doblez de vocacionescomo la de Onésimo Cepeda en el estado de México. O en la del propio cardenal Norberto Rivera, que no ha tenido la nobleza de disculparse ante quienes fuimos acusados de mentirosos, cuando el que mintió, a sabiendas, fue él, el papa Juan Pablo II y el propio Ratzinger. Puntualizó: Todos ellos saben que Wojtyla tuvo en sus manos las pruebas de las prácticas pederastas de Maciel desde 1998, no a partir de 2002.
Al referirse a los nuevos liderazgos de religiosos y laicos disidentes, como los que forman la galería del nuevo libro en cuestión, Barba –abusado por Marcial desde la adolescencia y que apenas a los 60 años, junto con otros hombres que en el pasado también fueron víctimas, rompió el silencio y expuso el tema de la pederastia dentro del clero a la luz pública– destacó: “Los disidentes de hoy en día –laicos o del clero– tenemos una ventaja: no conservamos la inocencia de las ovejas del pasado. Y una vez que hemos llegado a la mayoría de edad mental y moral, tenemos la obligación de decir lo que se tenga que decir ante cualquier realidad de injusticia”.
Al calor del debate de lo que Solalinde calificó como una esclerosiseclesial, José Barba –doctor en filología y catedrático del ITAM después de haber sido expulsado de la Universidad Anáhuac, de los legionarios– lanzó la pregunta: ¿Después de cinco visitas del papa Juan Pablo II es mejor México como nación católica? Debería serlo, pero no lo es. Hoy en día la jerarquía ha confiado la conducción de la Iglesia a sus dirigentes de corte empresarial y se ha disociado del pueblo.
Y propuso, finalmente, una reforma para que el Vaticano tenga todas las responsabilidades y obligaciones que tiene cualquier otro Estado con representación en las Naciones Unidas. “Que las normas actuales –que eximen al Vaticano de las obligaciones que tiene cualquier otro Estado– sean revisadas no sólo por canonistas eclesiales, sino también por una contraparte de jurisprudentes”.
Pero para mover la historia en ese sentido –destacó– debe haber una exigencia desde la sociedad. La Iglesia tiene temor de dar un paso hacia la transparencia y no la va a dar, sino hasta que los laicos se lo exijan

Sólo una cuarta parte de los mexicanos opina que desarrollará diabetes




Sólo una cuarta parte de los mexicanos opina que desarrollará diabetes
Realizan encuesta por el día mundial del mal y presentan resultados a equipo de Peña Nieto
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de noviembre de 2012, p. 45
Noventa y cinco por ciento de los mexicanos sabe qué es la diabetes e identifica algunos de sus síntomas, como la necesidad de orinar con frecuencia y el aumento de la sed, así como que la enfermedad está asociada al sobrepeso y obesidad. Sin embargo, sólo una cuarta parte opina que muy probablemente desarrolle esta enfermedad.
El resto, 75 por ciento de la población, dice que es poco probable que presente esta alteración metabólica, a pesar de que más de la mitad reconoció tener un peso corporal por encima de lo que debería, reveló la Encuesta sobre concientización de la diabetes en México.
La investigación se realizó con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) y para presentar sus resultados al equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto. El objetivo es concientizar a la sociedad de la gravedad del problema que representa tener niveles elevados de azúcar en sangre y los costos asociados para el paciente y las instituciones de salud.
Aunque las personas identifican que la diabetes es una enfermedad grave, sus factores de riesgo y principales complicaciones (amputaciones, ceguera, insuficiencia renal), sólo 58 por ciento de los individuos con alto riesgo han acudido a un médico en los pasados seis meses.
Otro dato revelador de la baja percepción de riesgo entre los mexicanos, es que sólo 26 por ciento de quienes podrían presentar diabetes nunca se han hecho un análisis de sangre para determinar sus niveles de glucosa o si ya tienen diabetes. Significa que potencialmente vivenv con la enfermedad, pero sin el diagnóstico, advierte el estudio realizado por la encuestadora Ipsos.
Mediante las entrevistas se encontró que 36 por ciento de las personas que han recibido información sobre su riesgo de presentar el mal, también recibieron el consejo de un médico para cambiar su estilo de vida y de esa manera, prevenir el inicio de la enfermedad.
Los resultados de la encuesta se presentaron ayer en un acto al que asistió Rodrigo Reina Liceaga, coordinador de salud del equipo de transición de Peña Nieto, y la senadora del PRI, Cristina Díaz, quien advirtió sobre la necesidad de que la Secretaría de Salud (Ssa) presente los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2011, pues se requiere actualizar cifras y prevalencias de enfermedades, en particular de diabetes.
La información más reciente es de la Ensanut 2006. En aquel entonces se reportó que 14 por ciento de los adultos tenía este padecimiento y de ellos, la mitad lo desconocía. Información de la Ssa indica que este viernes se presentará la Ensanut 2012, lo que se suponía estaba programado para ocurrir en mayo pasado.
Guadalupe Fabián San Miguel, directora médica de la Federación Mexicana de Diabetes se refirió al impacto del padecimiento en el país. Dijo que al año se reportan 84 mil muertes y 400 mil nuevos casos. Por la falta de información, la mitad de los enfermos ya presentan alguna complicación al momento del diagnóstico, esto es, daño visual a nivel de retina, problemas de circulación sanguínea que eventualmente terminan con amputación de extremidades, y falla renal

Emiten juzgados del Edomex criterios novedosos en favor de mujeres divorciadas




Emiten juzgados del Edomex criterios novedosos en favor de mujeres divorciadas
Representa “un triunfo para quienes han luchado por la equidad de género, destaca experto
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de noviembre de 2012, p. 46
Dos juzgados en materia civil del estado de México emitieron criterios novedosos en favor de mujeres divorciadas, al conceder, en un caso, 50 por ciento de pensión alimentaria a una comerciante de 28 años de edad por los bienes obtenidos durante su matrimonio en el que procrearon cuatro hijos y, en otro caso, al otorgar a una integrante de la comunidad judía 25 por ciento de pensión por la misma circunstancia.
Los jueces mexiquenses cuarto y décimo segundo en materia civil consideraron que era procedente dar esos porcentajes de pensión a ambas mujeres, dado que el fruto de los bienes obtenidos en sus matrimonios derivó de la colaboración entre cónyuges.
Para el abogado especialista en derecho familiar Víctor Gamboa Rullán, estos criterios son novedosos y representan un triunfo para quienes han luchado por la equidad de género en México, pues ponen a la vanguardia a los jueces mexicanos, quienes han optado por garantizar la proporcionalidad de los bienes al repartir éstos de manera equitativa.
Los criterios jurídicos novedosos establecidos por los jueces mexiquenses derivan de dos casos emblemáticos de mujeres que habían sido víctimas de sus propios esposos, pues éstos no sólo se negaban a concederles una pensión alimentaria para ellas y sus hijos, sino que les fabricaron acusaciones penales que las llevaron una temporada a prisión.
Se trata de los casos de Elisa Mizrahi Ambe y de Liliana Ortiz Gómez, quienes hasta antes de estas sentencias no tenían casi nada en común.
Por ley tengo derecho a 50%, pero es un avance
La primera, integrante de la comunidad judía, vivía en un penthouse en la exclusiva zona de Interlomas, hasta que su esposo, el empresario Mayer Zaga Romano (dedicado a la industria textil y quien hace dos meses fue expulsado de la comunidad judía derivado de las múltiples quejas que ésta recibió de sus miembros) la acusó de abuso de confianza por haber chocado un automóvil Mercedes Benz de su propiedad.
Viví un infierno: primero soportar por años la violencia verbal y física de este señor; después permanecer algunas horas en prisión por un delito que no cometí y, finalmente, ser privada de la mitad del patrimonio que construimos él y yo durante más de una década de vivir juntos, contó Elisa a La Jornada el mismo día en que supo que el juez 12 de lo civil, con sede en Huixquilucan, Patricio Tiberio Sánchez Vertiz, le concedió 25 por ciento de pensión alimentaria.
No estoy conforme, la ley civil del estado de México dice que tengo derecho a 50 por ciento, pero es un avance; aún pelearé para que la Sala Superior Civil (en esa entidad) me dé la razón y se me otorgue lo que justamente me corresponde a mi y a mis hijos, añadió Mizrahi.
El otro caso es muy similar. Liliana ha vivido la mayor parte de su vida en una colonia popular en el municipio mexiquense de Valle de Chalco.
Estuvo presa en Santa Martha Acatitla, Distrito Federal, pues su concubino la acusó de haberle robado un reloj, valuado por peritos ministeriales en 850 pesos.
La acusada tuvo que vender el reloj para pagar leche y pañales de tres de sus hijos –de dos, cuatro y seis años de edad–, pues su pareja no le dejaba dinero.
Entre los dos invirtieron unos pesos para echar a andar un puesto de fritangas que él atiende. Con esta sentencia, su concubino estará obligado a entregarle cada mes 50 por ciento de las ganancias de ese comercio.

Alistan feministas encuentro nacional para fijar la agenda de género 2013




Alistan feministas encuentro nacional para fijar la agenda de género 2013
Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de noviembre de 2012, p. 46
Colectivos feministas alistan un encuentro nacional para el próximo año con el objetivo de fijar una agenda de género conjunta y crear una sinergia que permita hacer frente a los retrocesos en materia de derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, saldo de 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional.
En conferencia de prensa, Magaly Reyes Chávez, coordinadora general de la red Mujeres por un Milenio Feminista, sostuvo que el proceso de alternancia política se da en un contexto de violencia generalizada, con afectaciones particulares para las mujeres, y que ante ello el movimiento feminista debe reorganizarse y formar un bloque para recuperar los derechos vulnerados.
La activista denunció que en los dos recientes sexenios panistas ha imperado el doble discurso en las políticas dirigidas al sector femenino, pues si bien hubo avances en la creación de institutos y leyes en su favor, en la práctica hubo un retroceso en todos los ámbitos.
Siguen en aumento los feminicidos
De ello da cuenta el incremento enfeminicidios –cifras extraoficiales refieren que a diario se registran alrededor de 20, es decir, unos 7 mil por año–, además de la violencia intrafamiliar y vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Reyes advirtió que no existe articulación entre las políticas nacional y estatales, y que en la República las defensoras de los derechos de las mujeres nos hemos visto rebasadas por los poderes fácticos, como la Iglesia, que sí está trabajando en su agenda.
En materia de violencia, lamentó, no existe una política nacional prioritaria de prevención y la muestra es que nunca se ha declarado la Alerta de Violencia de Género, instrumento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, pese al aumento escandaloso de violaciones yfeminicidios, aunado a la obstaculización de autoridades locales y federales y de los propios institutos de la mujer estatales.
El día 30 se efectuará en Guadalajara, Jalisco, una reunión preparatoria para el encuentro nacional

Rechaza Rosario Ibarra una solución violenta en la UACM




Rechaza Rosario Ibarra una solución violenta en la UACM
Refrendan compromiso de buscar la salida al conflicto en la institución
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El mates pasado, estudiantes, académicos y trabajadores administrativos de la UACM marcharon en demanda de la renuncia de la rectora de la UACM, Esther OrozcoFoto Jesús Villaseca
Bertha Teresa Ramírez
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de noviembre de 2012, p. 40
El movimiento en defensa del voto, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), refrendó su compromiso con Servicios para la Paz (Serapaz) y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para solucionar el conflicto en esa casa de estudios, en apego a los acuerdos de Casa Lamm.
En un nuevo posicionamiento, solicitó al GDF que cumpla los acuerdos a que se comprometió, como pronunciarse en torno a que todas las sesiones del Consejo Universitario orozquista son ilegales y violan lo suscrito para la solución del conflicto.
Asimismo, propusieron al gobierno local, en su papel de coadyuvante y testigo, que convoque a los 49 consejeros universitarios electos legalmente en urnas y a la rectora Esther Orozco, en su calidad de integrante del Consejo Universitario. Asimismo, que se pronuncie por la realización de la primera sesión para la constitución legal del tercer Consejo, como se estipuló en el proyecto de recomendación suscrito y publicado por la rectoría y el GDF el mes pasado.
Por otra parte, Rosario Ibarra de Piedra manifestó su apoyo y solidaridad a la lucha y reclamos del movimiento de la UACM en defensa del voto. En un mensaje dirigido a esa comunidad, rechazó todo tipo de solución violenta.
Consideró necesario que se respeten los derechos democráticos de todos los estudiantes y universitarios, incluso el reconocimiento de los consejeros electos con libertad e independencia de las autoridades.
De la misma forma manifestó su apoyo a los derechos sindicales de los trabajadores y académicos de la UACM.
Recordó que al inicio del conflicto se le propuso, al igual que a otras personas, ayudar en una suerte de comisión mediadora a facilitar un diálogo entre las partes, con la finalidad de tratar de resolver el problema; sin embargo, en ese momento las autoridades subestimaron o despreciaron nuestra propuesta.
Indicó que, como el conflicto continuó y se complicó más, finalmente se aceptó otra comisión de mediación y se inició el diálogo. Las autoridades universitarias nuevamente desprecian ese camino y se empecinan en una posición cerrada