México DF, noviembre 06 de 2012.
En el informe presentado por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ante la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en julio pasado, se advirtió que el estado de México es una de las tres entidades del país que no ha brindado protección a las mujeres que han denunciado hechos violentos en su contra. La de Mariana es sólo una de esas historias.
"Suicidio" fue la causa de muerte de Mariana Luna Buendía, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. La joven de 29 años fue hallada muerta la mañana del 29 de junio de 2010 por su madre y hermanos, en el domicilio que compartía con su esposo, el policía judicial de la entidad, Julio César Hernández Ballinas.
Vivían en Chimalhuacán, un municipio mexiquense en el que por muchos años hubo brigadas de mujeres que esperaban a todas aquellas que trabajaban en la ciudad de México y regresaban por la noche. Los abusos, violaciones y actos violentos en contra de las mujeres eran una constante, por este motivo, las brigadas trataban de garantizar el regreso seguro a casa de las mujeres que, por diversas circunstancias, debían estar en la calle hasta altas horas de la noche.
En este municipio se registraron 42 feminicidios entre 2005 y 2011, y es considerada la quinta localidad con mayor índice de asesinatos de mujeres, sólo superada por Toluca (45), Tlalnepantla (53), Nezahualcóyotl (78) y Ecatepec (118).
Aquella mañana el sonido del teléfono despertó a Irinea Buendía. Eran entre las 6:30 y las 7:00 horas; la voz de Ballinas, como ella le decía a su ex yerno, le dijo que su hija se había ahorcado en su recámara.
Ella recuerda que fue incrédula en un principio. Su instinto le decía que los hechos no habían pasado así y recordó que cuatro meses antes, el mismo Ballinas, alcoholizado como acostumbraba, le aseguró que algún día su hija aparecería muerta en la cisterna. Inmediatamente comentó a sus hijos sobre la llamada y se dirigieron al domicilio de Mariana. Cuando llegaron no había patrullas y el zaguán estaba abierto. Ingresaron y subieron por la escalera para llegar a la habitación de Mariana. Allí la encontraron tendida sobre la cama y el cuerpo golpeado.
Irinea recuerda que percibió algunos rasguños en el cuello de su hija y moretones en los tobillos. Un aspecto que le llamó mucho la atención fue que las plantas de los pies de Mariana estuvieran arrugadas como si se acabara de bañar, y muy limpios, algo inusual para alguien que pudiera haber caminado descalza sobre un piso recubierto de polvo. Llamaron a la policía y casi de inmediato llegó el esposo.
Las contradicciones
Al llegar a su casa, Hernández Ballinas le preguntó a Irinea por la carta que, según él, su esposa había dejado sobre la cama, pero que ninguno de los presentes dijo haber visto. Minutos después arribó al lugar personal del Ministerio Público de Chimalhuacán. De acuerdo con el reporte que tenían, Mariana había muerto ahorcada, por lo que preguntaron cuál había sido la razón para bajar el cuerpo.
De acuerdo con Irinea, el judicial contestó que como él sabía qué hacer en esos casos decidió bajar el cuerpo y colocarlo sobre la cama. Hasta donde recuerda tampoco había un lazo o algo que indicara que su hija se había colgado, como lo corroboraron en su testimonio los dos hijos que la acompañaron y que pudieron rendir su declaración casi dos años después.
La supuesta carta de Mariana a la que aludió Ballinas apareció casi un año después, escondida entre la ropa interior de ella. Además, no era una, sino dos cartas, que con letra visiblemente diferente, fueron certificadas por el Ministerio Público como auténticas.
La mañana de la muerte, personal del Ministerio Público pidió a Irinea que abandonara el lugar para evitar la alteración de la escena. Sin embargo, nunca se acordonó el área y permitieron a Julio César entrar y salir del lugar en los días siguientes. Incluso, no se realizó la necropsia porque al determinarse que era suicidio, las autoridades lo consideraron irrelevante.
Irinea narra que la mayoría de las pruebas se perdieron y un año después, el 25 de mayo de 2011, cuando se presentó un perito de la Fiscalía de Feminicidios de Tlalnepantla de la PGJEM a hacer una inspección ministerial, Hernández Ballinas ya había quitado todo de la recámara, incluso colocó una armella que no estaba.
De acuerdo con el judicial, la comunicación entre él y Mariana había sido escasa el día anterior a su muerte porque ella estaba borracha "y él se enojó y no quiso contestar las llamadas". Sin embargo, aclara Irinea, los registros de llamadas muestran que habló toda la tarde con Mariana y con otra mujer, que reconoció era su amante y con quien, aseguró, estuvo toda la noche previa a la muerte de su esposa.
La casa de la otra mujer está muy cerca de la vivienda de Mariana, pero en sus declaraciones Hernández Ballinas no deja muy clara su ubicación. Primero señaló que se encontraba trabajando, pero tras verificarse las tarjetas de asistencia, se comprobó que su turno había concluido. Luego aseguró que había estado con su amante, a quien encontró tras una misa realizada en honor a San Judas Tadeo.
El esposo de Mariana siempre se presentó como comandante de grupo del subprocurador de la Fiscalía de Nezahualcóyotl, y actualmente está adscrito a la ciudad de Toluca, aunque, asegura Irinea, sus vecinos lo siguen viendo en Chimalhuacán.
En las posteriores declaraciones se ha contradicho sobre cómo encontró el cuerpo, ya que primero dijo que estaba colgado y él lo bajo para tratar de revivirla, y meses después aseguró que la encontró sentada.
Hernández Ballinas pretendía cremar el cuerpo de Mariana y quedarse con sus cenizas, pero Irinea se negó, ya que si eso sucedía, no quedaría la mínima posibilidad de probar que su hija murió asesinada.
Las cifras
De acuerdo con el diagnóstico presentado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos al Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), el estado de México presenta la mayor tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio, con un registro de 320 presuntos feminicidios en solo dos años.
En 2008, el Congreso local promulgó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, la cual se homologaba con la Ley General, aprobada en 2007, para garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres en la localidad. A pesar de los cambios legislativos, las organizaciones de la sociedad civil consideraron en su informe como "preocupante" que no se implementen las medidas señaladas por la Ley para erradicar la violencia de género.
Reflejo de la falta de interés de las autoridades es que de los mil 3 feminicidios ocurridos en los distintos municipios de la entidad en los últimos seis años, en 522 casos no se han iniciado las averiguaciones previas.
Además, advierte el documento, el estado de México, junto con Puebla y Morelos, nunca ha girado una orden de protección judicial para mujeres que han denunciado violencia en su contra, a pesar de que en la mayoría de los casos, el agresor cohabita con la mujer violentada o radica cerca del domicilio de la afectada.
Por otra parte, recuerda el informe, las autoridades mexiquenses interpusieron un amparo para no emitir una Alerta de Género, solicitada por organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de identificar las irregularidades en las que ha incurrido el sistema de justicia para detectar el patrón de impunidad y violencia sistemática que imposibilitan y obstaculizan el avance en las investigaciones para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y feminicidio.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que una educación con perspectiva de género es imprescindible para la eliminación de la violencia de género, sin embargo, refiere el informe, la entidad no cuenta con políticas educativas encaminadas a la equidad en la educación, pues en la localidad 35 por ciento de los hombres de 18 a 29 años asisten a la escuela, y en el caso de las mujeres sólo lo hace el 32.9 por ciento.
Casi libre
Julio César siempre dijo que Mariana era de él o de nadie, recuerda Irinea, quien con los ojos vidriosos y rojizos aún piensa que se pudo haber intervenido antes. Desde la tercera semana de casados, él la golpeó. "Y ella nos habló para ir por ella", dice su madre con pesadumbre. La misma situación se repitió cuatro veces.
La última ocurrió un día antes de su muerte. En esa ocasión Hernández Ballinas la había ido a dejar con su madre en medio de golpes y groserías en el automóvil. Mariana pretendía regresar a casa de sus padres después de un año y medio de constantes golpes e insultos, en los que Julio César le decía que no servía para nada.
Aún con lágrimas por el dolor de los golpes, Mariana le dijo a su mamá que ya no aguantaba y quería separarse. Se propuso cambiar de vida. Iba a ir al Centro de Justicia a interponer una denuncia contra su esposo y le iba a pedir el divorcio. Iría a su casa por sus cosas y a las tres de la tarde regresaría a casa de su madre, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl a comer con su familia. Posteriormente se compraría ropa y zapatos nuevos e iría a visitar a una licenciada para volver a trabajar como abogada. Salió de casa de su madre rumbo al Centro de Justicia y nunca regresó. Todos en su familia pensaron que se había reconciliado una vez más, hasta que recibieron la llamada al día siguiente.
Incrédula, llena de tristeza, enojo y frustración por la actitud que han asumido las autoridades mexiquenses que, asegura, protegen a Ballinas, recalca: "no puede ser que un asesino ande caminando por las calles libremente, sobre todo si saben que sus dos parejas anteriores a Mariana murieron en extrañas circunstancias".
La preocupación de Irinea fue tal desde que su hija se casó con el servidor público mexiquense que en marzo de 2009 se presentó a tratar de levantar una denuncia contra el esposo de su hija. La respuesta que obtuvo fue: "Ya está grandecita para que la denuncia la presente ella".
Pero su esperanza no muere, pues confía en que algún día se logrará justicia, sin tener que cumplir con el requerimiento que le solicitan las autoridades mexiquenses para procesar a Ballinas, "el testimonio de alguien que haya estado en el lugar de los hechos y haya visto todo".
*Publicado en el número 196 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 1 de noviembre de 2012
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