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viernes, 8 de marzo de 2013

Violó el Congreso de QR procedimiento al avalar candidaturas independientes: SCJN




Violó el Congreso de QR procedimiento al avalar candidaturas independientes: SCJN
El ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto tendrá que definir si avala la reforma
Presentó dos actas de cabildo con posiciones encontradas
Jesús Aranda y Julio César Solís
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 38
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer el proceso legislativo que aprobó el decreto de reformas constitucionales 170 de Quintana Roo, que avaló las candidaturas independientes en la entidad.
Por ocho votos contra dos, los ministros consideraron que la existencia de dos actas del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto sobre la reforma referida, incluso con puntos de vista opuestos sobre su aval a la reforma, era motivo suficiente para considerar que el Congreso local violó las garantías de certidumbre jurídica y certeza.
Sin precisar los alcances de la decisión, los ministros señalaron que las leyes electorales aprobadas en materia de candidaturas independientes por la Cámara de Diputados de Quintana Roo se mantenían vigentes.
Los ministros adelantaron que el Congreso local tendría que esperar a que el municipio de Felipe Carrillo Puerto decida si rechaza o apoya el decreto 170 para actuar en consecuencia.
Al analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional, los ministros de la mayoría consideraron que las violaciones al procedimiento para validar la reforma son tales que el máximo tribunal no puede mantenerse al margen.
El ministro presidente Juan N. Silva Meza añadió que fueron de tal gravedad las anomalías que no hay certidumbre sobre la postura del municipio referido.
Alberto Gelacio Pérez Dayán agregó que se debe exigir al Congreso de Quintana Roo que en temas tan importantes realice un examen severo sobre las condiciones y requisitos que se deben cumplir en una reforma constitucional.
El 17 de noviembre de 2012 el secretario del ayuntamiento, de Carrillo Puerto, Raúl Be, convocó a seis regidores de partidos diferentes al Revolucionario Institucional (de un total de 11) para rechazar la reforma a la Constitución de Quintana Roo que permitía las candidaturas ciudadanas. La sesión se realizó en el salón de cabildo del ayuntamiento y los concejales difundieron fotos de la votación.
Sin embargo, días después otro grupo de regidores, la mayoría priístas, y el alcalde Sebastián Uc Yam, del Partido del Trabajo (PT), votaron a favor de la reforma y el municipe envió al Congreso como válida el acta de la segunda sesión, con la cual seis de los 10 ayuntamientos aprobaban la reforma (mínimo necesario). Sin embargo, Carrillo Puerto envió dos actas con posturas contradictorias sobre la reforma.
TEPJF zanjó pugna territorial: Alvaro Arceo
Javier Chávez y Lorenzo Chim Corresponsales
Chetumal, QR, 7 de marzo.
En unas horas el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) deberá excluir del padrón que se utilizará en los comicios del 7 de julio –para elegir 10 ayuntamientos y 25 diputados locales– 16 comunidades campechanas donde habitan 20 mil personas, según la cartografía comicial.
Según el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dado a conocer el miércoles, el Ieqroo debe excluir de su reciente acuerdo de distritación las comunidades de Santa Rosa, El Tesoro, Los Alacranes, Nuevo Veracruz, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Arroyo Negro, Hermenegildo Galeana, Justo Sierra Méndez, Felipe Ángeles Segundo, 21 de Mayo, Los Ángeles, Blasillo, Carlos A. Madrazo, Tambores de Emilio Zapata y Nuevo Paraíso.
La superficie de 4 mil 800 kilómetros cuadrados (superior a la de Tlaxcala) ha sido bandera de campaña de candidatos de todas las fuerzas políticas. Incluso los ex gobernadores Pedro Joaquín Coldwell y Félix González Canto prometieron resolver la pugna.
A principios de 1997, el entonces gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar García, impulsó la creación del municipio de Calakmul, lo que inconformó a su homólogo de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Álvaro Arceo Corcuera, director de asesoría jurídica del gobierno de Campeche, comentó que el fallo del TEPJF confirma que esta entidad no sólo tiene la razón histórica y jurídica, sino que a raíz de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado para devolverle a la SCJN la facultad de resolver estas diferencias, el expediente fue archivado en el Senado como asunto concluido. Por ello, dijo, para efectos prácticos, la controversia interpuesta por Quintana Roo ya no existe.
En 2005, recordó, se retiró a la SCJN la facultad de resolver diferendos limítrofes mediante controversia constitucional, y dio al Senado la facultad exclusiva de dirimir esas diferencias mediante decreto

Desaparecidos, 164 adolescentes en Querétaro; 42% son mujeres




Desaparecidos, 164 adolescentes en Querétaro; 42% son mujeres
Mariana Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 40
Querétaro, Qro., 7 de marzo.
En seis años, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro (PGJEQ) reportó la desaparición de mil 762 adolescentes, 91 por ciento (mil 598) de los cuales fueron localizados y falta ubicar a 164, 42 por ciento mujeres.
La dependencia estatal dio a conocer estas cifras luego que la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados federal aprobó un exhorto al gobierno del estado, encabezado por el priísta José Eduardo Calzada Rovirosa, para que aclare informe sobre la desaparición de mujeres en la entidad.
El titular de la PGJEQ, Arsenio Durán Becerra, dijo no tener conocimiento sobre ese exhorto y señaló que se decidió transparentar los datos sobre personas extraviadas porque no se pretende disimular ni ocultar cifras.
Sobre el caso de ocho mujeres migrantes presuntamente secuestradas en el municipio de Tequisquiapan, Durán Becerra informó que en las agencias del Ministerio Público del estado no se ha recibido denuncia formal.
Comentó que la información publicada fue confusa, pues algunos medios destacaban que el presunto secuestro habría ocurrido en 2011 y otros que hace cuatro semanas, por lo cual la PGJEQ realiza una indagatoria.
En cuanto a la ley que tipifica elfeminicidio en la entidad, aprobada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 57 Legislatura local (aún falta que sea aprobada por el pleno), Arsenio Durán señaló que quienes incurran en ese ilícito podrían alcanzar penas hasta de 50 años de prisión y se les impondrían multas de entre 500 y 750 salarios mínimos.
Explicó que la ley respectiva tipifica como feminicidio seis condiciones en la privación de la vida de una mujer: razones de género, signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, actos de necrofilia, así como acoso o amenazas por parte del victimario, además de que el cuerpo de la víctima sea expuesto o abandonado

Eternizan a Chávez


Eternizan a Chávez
Su cuerpo, al Museo de la Revolución
Tras las exequias, estará 7 días más en la Academia Militar para que el pueblo lo despida
El cadáver será embalsamado, como los de Ho Chi Minh, Lenin y Mao, anuncia Maduro
Foto
Miles de venezolanos visitaron ayer la Academia Militar, en Caracas, para rendir homenaje al fallecido presidente Hugo ChávezFoto Reuters
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 2
Caracas, 7 de marzo.
Para que el pueblo pueda verlo eternamente, el cuerpo de Hugo Chávez será embalsamado. Como Ho Chi Minh, Lenin y Mao, anuncia esta tarde el presidente encargado Nicolás Maduro, quien añade que la finalidad es que quede abierto eternamente, para que el pueblo pueda tenerlo ahí por siempre, en su Museo de la Revolución, en una urna de cristal.
No es exactamente así, porque luego se precisa que los restos del presidente permanecerán en la Academia Militar durante siete días más, con el propósito de que las decenas de miles de venezolanos que bajaron de los cerros, viajaron desde los llanos o dejaron suspueblos petroleros puedan dar el último adiós a nuestro comandante.
Luego se llevará a cabo el traslado de la urna de cristal al Cuartel de la Montaña, el antiguo Museo Histórico Militar, lugar desde el cual el teniente coronel Chávez dirigió las operaciones del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que resultó fallido.
Mientras eso ocurre, tremendos ríos humanos inundan el Fuerte Tiuna durante todo el día. Las filas son de kilómetros y la espera hasta de más de 12 horas. Hay tanta gente que la Policía Nacional bolivariana pierde por momentos el control. Muchos se van, frustrados, pero muchos más siguen llegando.
Frente a esa situación, Maduro aparece en pantalla para calmar los ánimos e informar que una vez que se despida a las numerosas delegaciones extranjeras y a las decenas de jefes de Estado que vienen al funeral, el pueblo tendrá tiempo para la despedida. Luego, los restos serán llevados al cuartel ubicado en el barrio popular 23 de Enero, bastión del chavismo. Eso, mientras llega el momento de dar otros pasos que el pueblo ha pedido.
En días recientes la consigna popular, de la que se han hecho eco altos mandos del chavismo, ha sido ¡Chávez al Panteón, al lado de Simón (Bolívar)!
De mausoleos y disciplina
En el Panteón Nacional reposan los restos de 140 próceres de la independencia, además de intelectuales y políticos de distintas épocas. En años recientes, a espaldas de esa edificación se construye un mausoleo, al cual Chávez pretendía trasladar los restos del libertador Simón Bolívar. La inauguración del recinto, prevista para diciembre de 2011, fue pospuesta tres veces más y hasta ahora los restos de Bolívar no han sido movidos a la estructura de 50 metros de altura, coronada por una escultura que semeja una flor, dedicada esta última a Manuela Sáenz, la pareja del padre de la independencia venezolana.
La Constitución establece que los restos de un venezolano que haya prestado importantes servicios a la nación pueden hallar cobijo en el Panteón Nacional sólo 25 años después de ocurrida su muerte.
La regla, naturalmente, puede cambiar, si el chavismo convence a algunos opositores de modificar el texto constitucional para tal efecto. O si se sigue la sugerencia que el ex ministro de Información, Andrés Izarra, suelta en las redes sociales: Cuando elijamos a Maduro, también consultemos al pueblo si quiere #ChavezAlPanteon.
Y luego dicen que los de la oposición somos los necrofílicos, comienza a circular el mensaje en las redes sociales. Ahí mismo se expresa el historiador Elías Pino Iturrieta, articulista del opositor diario El Nacional: ¿Quién irrespeta el duelo? ¿Quién se burla del cadáver? ¿Quién convierte la muerte en un bochinche lamentable?
Para la oposición, la suerte de la momia de Lenin no enseñó nada, o los chavistas quieren prolongar el efecto duelo, con la mirada puesta en su primera elección sin Chávez.
Él no ha muerto
Rosa Gallegos, una mujer mayor que lleva seis horas en la fila, no tiene duda de que los restos de Chávez merecen el descanso eterno al lado de Simón Bolívar: Chávez es nuestro segundo libertador, y va a seguir siéndolo, porque él no ha muerto.
Detrás de ella, Miriam Cequea, joven trabajadora de Petróleos de Venezuela, dice que aun sin Chávez sus ideales seguirán vivos: Él era muy sabio, siempre encontraba la forma de mantener el equilibrio y por eso puso como sucesor a Nicolás.
Ni Miriam ni Rosa pueden dar el adiós al comandante en jefe. Al menos no este día. Hay varias filas y demasiada gente. El salón de la Academia Militar ya se mira cerca, pero de pronto muchas personas comienzan a salir, desesperadas por los apretujones, al grito de ¡esta vaina es un desorden! Los que siguen formados se unen en un grito:¡Disciplina, disciplina!, pero no consiguen que la fila avance.
¡Señora, devuélvase con esa niña!, grita una mujer mayor a dos jóvenes madres que avanzan penosamente entre la multitud. Les explica que más adelante todo es un desorden, que ya tumbaron unas vallas, que no hay fila que valga. Ellas siguen adelante, como otros que escuchan la advertencia, pelan los ojos dos segundos y siguen su camino.
Muchos son los sorprendidos con el tamaño de la respuesta popular, con el fervor de la gente que quiere mirar los restos de Chávez. Los primeros, si uno se atiene sólo a las palabras de Nicolás Maduro, están en el mismo gobierno, pues todas las previsiones fueron insuficientes.
Los que logran ingresar tienen prohibido hacerlo con banderas, botellas y otros objetos y deben, además, quitar las baterías a sus teléfonos celulares.
Frente al ataúd, los ciudadanos sólo tienen unos cuantos segundos.
El cuerpo yace en un cajón de madera, con su traje verde olivo, corbata negra y su emblemática boina roja. Sobre su vientre, una banda roja lleva bordada la palabra Milicia, en letras doradas.
De arañero a líder mundial
Con todo, la larga espera permite que se armen discusiones sobre el legado de Chávez.
Negli Colina, un ingeniero petrolero que vino desde Paraguaná, lo pone así: “Su logro mayor fue la política de integración. Ya para que lo diga Juan Manuel Santos…”
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y otras iniciativas del desaparecido presidente desfilan en el análisis de Colina. A su alrededor todos asienten, mientras una pequeña multitud de jefes de Estado y delegaciones extranjeras va llegando de a poco para participar en las exequias.
Raúl Castro hace el saludo militar frente al féretro. Cristina Fernández de Kirchner anuncia que deja a su canciller, Héctor Timerman, porque ella ya se despidió del amigo. Evo Morales y José Mujica siguen aquí. El chileno Sebastián Piñera y el príncipe Felipe de Borbón completan el cuadro de los hispanohablantes. Dilma Rousseff llega con su antecesor Lula da Silva.
El canciller Elías Jaua, de quien ya se dice que podría volver a la vicepresidencia, anuncia que asistirán 33 jefes de Estado y de gobierno de Asia, África, América Latina y el Caribe. También, decenas de cancilleres y delegaciones de otros países, algunos europeos, así como representantes de organismos multilaterales.
Presencias destacadas serán, este viernes, la del presidente iraní Mahmud Ajmadineyad, el bielorruso Alexander Lukashenko. Vladimir Putin, informa Maduro, enviará una delegación del más alto nivel.
Los mandatarios extranjeros se habrán ido cuando continúe la polémica sobre el embalsamamiento de Hugo Chávez y el interminable desfile de venezolanos que quieren darle el adiós.
Desde el Palacio de Miraflores, el extinto presidente podía ver todos los días el Cuartel de la Montaña: Casi todos los días en la mañana me asomo al balcón del pueblo o por allá, por otra ventana, y veo el Cuartel de la Montaña; así lo llamé para mí mismo. Primera vez que lo digo a alguien, que me sale del alma, el Cuartel de la Montaña, porque de ahí vengo, de aquella madrugada, le dijo al político y periodista José Vicente Rangel en una entrevista, hace seis años.
En medio de los honores, la prensa venezolana recuerda que varias veces Chávez expresó su deseo de ser sepultado en su pueblo natal. En un libro de memorias titulado Cuentos del arañero (porque de niño vendíaarañas, una golosina a base de papaya), lo dijo así: Cuando yo muera quiero que me lleven allá, a ese pueblo que es Sabaneta de Barinas, y me conformaré con una cosa muy sencilla, como la abuela Rosa Inés

Grupos de autodefensa cuestionan en Guerrero al titular de CNDH




Grupos de autodefensa cuestionan en Guerrero al titular de CNDH
El ombudsman recibe reclamos en la Costa Chica; ‘‘su comisión solamente defiende a criminales’’
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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (derecha), en Ayutla de los LibresFoto Notimex
Fernando Camacho Servín
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 9
Ahuacachahue, Gro., 7 de marzo.
Ante la indolencia, la inacción o la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, las comunidades guerrerenses se han visto obligadas a garantizar su propia seguridad, no como un acto contra las instancias oficiales establecidas, sino como una medida desesperada para proteger su vida y detener al crimen organizado, señalaron los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), durante una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Por su parte, el ombudsman nacional se comprometió a apoyar y analizar las exigencias de justicia de los pueblos de la región, y aunque lamentó el abandono en que éstos han permanecido durante siglos, insistió en que nada justifica que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano.
En el contexto de una reunión con Plascencia Villanueva, alrededor de 600 personas acudieron a la plaza central de esta comunidad de la Costa Chica de Guerrero –ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres–, para denunciar los abusos de los que han sido víctimas por parte de los grupos de la delincuencia organizada, pero también de las fuerzas de seguridad del Estado, sin que nadie intervenga en su ayuda.
Al hacer un breve recuento de cómo surgieron las guardias comunitarias, Gonzalo Torres Valencia, uno de los coordinadores de dichos grupos, subrayó que las agresiones de los grupos criminales ya eran ‘‘insoportables’’, por lo que las comunidades advirtieron a sus agresores que no tolerarían más esa situación. ‘‘Nos dimos cuenta de que el enemigo principal era el miedo. Parece que cada cien años tenemos que hacer algo para nos volteen a ver’’, lamentó.
Por su parte, Samuel Bello, también integrante de los grupos de autodefensa, indicó que estos colectivos surgieron como una necesidad apremiante para combatir no sólo el crimen, sino también la impunidad que le garantizan las autoridades a los delincuentes al no actuar contra ellos. ‘‘Han dicho que las policías comunitarias son grupos clandestinos. Llámenles como quieran, pero nos han devuelto la tranquilidad’’, afirmó.
Aunque el objetivo de los organizadores del acto era dar a conocer sólo algunos testimonios de las víctimas de la violencia, los pobladores reunidos insistieron en que Plascencia Villanueva se quedara a escuchar a todas las personas que tuvieran alguna denuncia, por lo que el encuentro se prolongó durante más de tres horas y media.
Por el micrófono pudieron escucharse casos como el de Primitivo Urbano Solano, quien a pesar del miedo se decidió a acudir al Ministerio Público para denunciar el asesinato de su hijo Amalinalli, tan sólo para que el presunto responsable fuera a su casa con una copia de la demanda interpuesta unos minutos antes, para quemarla frente a él y amenazar de muerte a su familia.
También se oyó la voz de Armando Vega, originario de Ayutla, quien fue víctima de secuestro sin que ninguna autoridad se ofreciera a ayudarlo; Sabaz Onofre, cuyo hijo fue plagiado y asesinado impunemente, o Celso Martínez, de la comunidad de El Mesón, padre de José Luis Martínez, asesinado en Acapulco sin que las autoridades llevaran a cabo ninguna investigación verdadera para resolver el crimen.
Uno de los reclamos que se escucharon con mayor insistencia fue que los funcionarios de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos únicamente ‘‘defienden a los criminales’’, pero no a las víctimas, y que pese a tener conocimiento de lo ocurrido en la zona, nunca se habían manifestado al respecto. En ese tono, decenas de personas pasaron al frente a denunciar los agravios que han sufrido, mencionando muchas veces como responsables a integrantes de la banda delictiva conocida comoLos Pelones.
Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, recordó durante su intervención que la lucha de los pueblos de la Costa Chica empezó para frenar los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, para después extenderse contra los partidos políticos ‘‘que compran votos por la ignorancia del pueblo’’, y anunció que el próximo domingo se llevará a cabo una reunión para definir los lineamientos básicos de la policía comunitaria.
En su oportunidad, el ombudsmancondenó el aislamiento, las carencias y el abandono en que han mantenido a los pueblos de esta zona del estado de Guerrero desde hace siglos; asimismo, negó que la CNDH se dedique a proteger a los delincuentes y subrayó que ‘‘todas las propuestas que me plantean las asumo dentro de nuestra competencia. Nosotros no somos sus enemigos, sino sus aliados’’.
Antes de partir de la comunidad, Plascencia Villanueva sostuvo que ‘‘todo gobierno debe cumplir con la función elemental de brindar seguridad pública a la sociedad, protegerla y evitar la impunidad [...] Estos grupos (de autodefensa) tienen que llevarse a la ley. Lo que no es válido es que se actúe al margen de la ley y se cometan delitos tratando de proteger a la sociedad. No hay justificación para hacer justicia por propia mano’’, aseveró Plascencia, quien dijo que volvería a esta zona ‘‘cuantas veces sea necesario’’ para darle seguimiento a su visita

Testimonios de dos empleados del SNTE, a la averiguación previa sobre Gordillo




Testimonios de dos empleados del SNTE, a la averiguación previa sobre Gordillo
Se podría citar a Francisco Arriola, Héctor de Jesús Hernández y José Ángel Ibáñez
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El abogado Rigoberto González (izquierda), el pasado 3 de marzo en el Reclusorio OrienteFoto Víctor Camacho
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 13
El Ministerio Público Federal ha integrado a la averiguación previa que se instruye a Elba Esther Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada, dos testimonios de empleados de la Secretaría de Finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y busca confirmar información que ha llegado de manera anónima, en la que supuestamente se aportan datos de la distribución de dinero a dirigentes seccionales y familiares de la ex lideresa.
Las fuentes consultadas refirieron que en la averiguación previa UEIORPIFAM/016/2013 –integrada por personal especializado en delincuencia organizada– ‘‘ya se están determinando las personas a las cuales les resultará cita para que declaren en torno al desvío de recursos, como son Francisco Arriola Urbina, quien se desempeñó como tesorero de la organización y secretario de finanzas; Héctor de Jesús Hernández Esquivel, tesorero; José Ángel Ibáñez, ex secretario de finanzas, y el ex secretario general Rafael Ochoa, por ser las personas autorizadas para el manejo de las dos cuentas’’ de donde se transfirieron ilegalmente más de 2 mil 600 millones de pesos a Gordillo, explicaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.
Las fuentes refirieron que en diciembre pasado Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dio parte a la Procuraduría General de la República (PGR) del descubrimiento de transferencias que partían del SNTE, y entonces la indagatoria se coordinó –por decisión de Murillo Karam– con Alfredo Castillo Cervantes, actual subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, ya que en años anteriores ambos habían trabajado en la procuraduría mexiquense.
Los hallazgos de las autoridades mexicanas se combinaron con solicitudes de información que fueron atendidas por agencias estadunidenses. Los datos de las propiedades de Elba Esther Gordillo en ese país, así como los pagos a sus tarjetas y transferencias internacionales que pasaron por ese sistema financiero, fueron entregadas al gobierno mexicano a través del agregado de la PGR en San Diego, California, y allí también ‘‘encontramos nombres coincidentes en los movimientos de capital’’, dijeron las fuentes consultadas.
En enero ya se tenía identificados a los ‘‘operadores’’ de la dirigente magisterial, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Manuel Díaz e Isaías Gallardo, pero cuando se consignó el expediente y a la fecha, al Ministerio Público le faltan diligencias y pruebas que acreditaran jurídicamente que las personas autorizadas en el manejo de las cuentas 563701000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander, auspiciaron los movimientos ilegales y, por esa razón, quienes se desempeñaron como tesoreros del SNTE, encargados de finanzas y dirigentes seccionales que han sido identificados como beneficiarios deberán comparecer para aclarar su participación en los movimientos financieros, dijeron los entrevistados.
Ayer, durante una entrevista radiofónica, el titular de la PGR fue interrogado en torno a los amparos solicitados por familiares y ex colaboradores de Gordillo Morales, entre ellos Francisco Arriola Urbina y René Fujiwara Apodaca, ex esposo y nieto de la lideresa; el funcionario contestó: ‘‘¿De qué se ampararon si no tenemos ninguna orden de aprehensión en contra de ellos?’’
Asimismo, Murillo Karam señaló que ‘‘tampoco hay, todavía’’, citatorios para declarar, y agregó que éstos se librarían ‘‘en caso de que surgiera y que hubiera algún indicio que nos diese con la pista o que nos pudiera conducir a una evidencia en ese sentido; (en ese caso) los citaríamos de inmediato, pero hasta este momento no hemos citado ni solicitado ninguna otra orden de aprehensión’’.
El procurador también informó que las declaraciones de Nora Guadalupe Ugarte están siendo analizadas: ‘‘Planteamos y fundamentamos evidencias y testimonios y estamos en el análisis de las cosas; apenas se abre el proceso y estaremos en condiciones de ver qué es lo que sucede y qué es lo que consideramos que debe tener la persecución o la solicitud de una orden de aprehensión; no tenemos todavía una opinión’’.
Precisó que la PGR trabaja en la investigación de ‘‘muchos cheques de caja, los cuales tengo que determinar quién los cobró, cuál fue el destino, pues aquí de lo que se trata es saber qué fue al sindicato, qué salió de él, qué es legal, qué es lícito y que es ilícito

René Fujiwara despidió a 150 médicos en el Issste




René Fujiwara despidió a 150 médicos en el Issste
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 15
René Fujiwara Apodaca, abogado y ex yerno de Elba Esther Gordillo, fue en el sexenio de Felipe Calderón secretario técnico ‘‘A’’ de la sección 36 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), además de director general de quejas médicas de ese instituto. Durante su gestión emitió dictámenes especializados en cirugía general y otras especialidades, mediante los cuales al menos 150 médicos fueron despedidos, reveló Jesús Alberto Guerrero Rojas, director general del Corporativo Jurídico Sanitario (CJS).
Esa empresa ha defendido a medio centenar de médicos despedidos del Issste a partir de dictámenes elaborados por Fujiwara, en los cuales el abogado firmó como si fuera perito en medicina, pese a que no cuenta con documentos académicos o curriculares que acrediten su conocimiento en esa materia, dijo Guerrero, doctor en derecho y uno de los pocos especialistas en derecho sanitario que hay en México.
El litigante refirió que su despacho está preparando una denuncia penal contra René Fujiwara para que la Procuraría General de la República (PGR) le inicie una indagatoria por usurpación de funciones y abuso de autoridad y lo consigne ante un juez de distrito.
‘‘Unos 150 médicos perdieron su empleo (en el sexenio de Calderón) debido a dictámenes realizados por esta persona que, sin duda, llegó a un alto cargo en el Issste por el apoyo de la maestra Gordillo’’, indicó el director general de CJS.
Fujiwara Apodaca, junto con otros familiares de la ex dirigente –entre yernos, ex esposo y colaboradores cercanos–, solicitó esta semana un amparo por temor a ser detenido y vinculado con el presunto lavado de dinero imputado a Gordillo.
Alberto Guerrero expuso que Fujiwara incurrió en usurpación de funciones porque diversas jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito –además de algunas leyes incluidas en la normatividad sanitaria de México– establecen que sólo un médico puede evaluar las actividades de sus pares, mas no otros profesionistas ajenos a la medicina.
Mencionó la jurisprudencia del tercer tribunal colegiado de circuito en materia civil de la ciudad de México, bajo el rubro ‘‘Pericial médica. Elementos que debe satisfacer para acreditar daño moral’’, en la cual el órgano jurisdiccional ordenó a los jueces de distrito que exijan en sus juicios que cualquier pericial médica ‘‘esté a cargo de un profesional en medicina’’.
Añadió que también el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 346, ordena que los peritos cuya opinión se utilice para sancionar a un profesionista por actos negligentes o inapropiados ‘‘deben tener título en la ciencia’’ que ejerce la persona a juzgar

Gordillo entregó $15 millones a organización de su nieto




Gordillo entregó $15 millones a organización de su nieto
Laura Poy, Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 17
Elba Esther Gordillo utilizó al Partido Nueva Alianza (Panal) para que sus familiares y colaboradores cercanos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) accedieran a cargos públicos y recibieran enormes cantidades de dinero.
El caso más evidente es el de su nieto, el diputado René Fujiwara Montelongo, quien a través de su organización Alianza Joven por la Democracia Participativa recibió del Panal más de 15 millones de pesos entre 2009 y 2011, por servicios de diseño y capacitación.
Otro caso es el de Asistencia Empresarial San Angel, manejada presuntamente por Nora Guadalupe Ugarte, detenida junto con la maestra. La firma apareció en la lista de proveedores del Panal en 2011, con un cobro por 176 mil 31.82 pesos por una serie de asesorías.
Así, los beneficios políticos de la familia Gordillo no se limitan a los pases automáticos que han tenido sus hijas Mónica Arriola y Maricruz Montelongo al Congreso, por la vía plurinominal.
También su yerno, el ex secretario de Educación Básica Fernando González Sánchez, fue postulado al Senado por Sinaloa en las pasadas elecciones, aunque perdió; y el ex esposo de Arriola, Othón Sánchez Vela, fue candidato a la presidencia de Ayala, Morelos, y diputado local en ese estado.
Esos beneficios se extendieron, además, a los colaboradores más cercanos de la maestra en el SNTE, pues de los 57 miembros de su comité ejecutivo nacional, cerca de 50 por ciento fueron candidatos del Panal, representantes del partido en distintas entidades y/o coordinadores de campaña a nivel estatal.
Dentro de esa lista se encuentran los ex diputados Silvia Luna Rodríguez y José Nieves García. También los ex candidatos a un escaño en congresos estatales José Mendivil Zazueta, Erick Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, así como Moisés Armenta Vega, suplente de la nieta de Gordillo en el Congreso de Morelos, Ericka Hernández Gordillo.
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El diputado René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo, ayer durante una votación en San LázaroFoto José Antonio López
Entrevistado en el Instituto Federal Electoral (IFE), en el contexto del foro La cuota de género y los caminos hacia la igualdad sustantiva, el dirigente nacional del Panal, Luis Castro Obregón, rechazó que haya ilegalidad en el financiamiento de las campañas del partido.
Se le preguntó si recibieron dinero de Gordillo. Respondió: Nueva Alianza sólo ha tenido el recurso de las prerrogativas y las aportaciones individuales documentadas y entregadas al IFE, que ya lo revisó y no hubo ninguna irregularidad.
Destacó que en el dictamen de fiscalización de las campañas presidenciales, el Panal fue el menos sancionado, y en todos los casos por cuestiones de forma, y no por aportaciones ilícitas.
Subrayó que existe disposición de su partido a abrirse a la fiscalización para demostrar que no hay dinero ilegal en el financiamiento a Nueva Alianza y, ante versiones de una posible renovación anticipada de la dirigencia, dijo que la gestión del actual comité finaliza a mediados de 2014.
Por otro lado, a través de su blogVerde en serio, el ex candidato presidencial del Panal, Gabriel Quadri, aseguró que debe esperarse que la acción judicial contra Elba Esther Gordillo se lleve con transparencia y apego total a las reglas del debido proceso.
Consideró que la reacción de los medios y de la opinión pública tras la detención de la maestra revela la reparación a un agravio colectivo acumulado durante años, mientras se perciben señales inequívocas de reconstrucción del poder presidencial, algo que en muchos sentidos debe agradecerse después de lustros de erosión, renuncia, vacío y dispersión

Cae menor que participó en violación de españolas


Cae menor que participó en violación de españolas
Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 21
Acapulco, Gro. Un menor de edad que participó en la violación de seis turistas españolas el pasado 4 de febrero, en un hotel del kilómetro 16.5 del poblado de Barra Vieja, fue detenido ayer e internado en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en Chilpancingo, donde se encuentra el otro muchacho acusado del mismo delito, informó Martha Elba Garzón Bernal, procuradora de Justicia del estado. Respecto de los seis adultos aprehendidos entre el 11 y el 13 de febrero por este mismo hecho, quienes hasta hoy se encontraban en arraigo, dijo que una vez concluidas las investigaciones y tras haber obtenido los citados dictámenes, esta procuraduría a mi cargo remite el pliego de consignación con ponencia de ejercicio de la acción penal y de reparación del daño, para que un juez del distrito judicial de Tabares libre la correspondiente orden de aprehensión

Prometen agilizar desarrollo de viviendas




Prometen agilizar desarrollo de viviendas
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 21
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló ayer que reunir en una misma instancia la solución de los conflictos de tierra, las garantías de una tenencia legal de la misma y el desarrollo de vivienda va a favorecer con mucho menos burocracia y más agilidad el trato que se da a estos procesos tan tardados y difíciles. En la inauguración del evento Mexican Housing Day, que se lleva a cabo en Nueva York, dijo que garantizar la certeza de propiedades, sobre las cuales luego se desarrollarán viviendas, ahora se hará en un tiempo muy corto, porque se tendrá mayor coordinación, lo que traerá mejores oportunidades para la industria de la vivienda, ya que se aportará a los institutos tradicionales un nuevo mercado de casas habitación para personas que, aunque están en la economía formal, e incluso cobran un sueldo en el gobierno o municipios, como los miembros de fuerzas de seguridad, no tenían acceso a la vivienda

Iniciará 5 caravanas el SME la semana próxima, en busca de recuperar empleos



Iniciará 5 caravanas el SME la semana próxima, en busca de recuperar empleos
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 22
Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizarán del 12 al 18 de este mes cinco caravanas, que recorrerán diversos municipios de Hidalgo, estado de México, Morelos y Puebla, hasta llegar al Distrito Federal, en demanda de que se resuelva ya el conflicto de este gremio.
En estas acciones harán volanteo, colocación de banderas rojinegras en diferentes centros de trabajo, mítines, marchas, y darán información en casetas, según adelantó esta organización.
Una de las caravanas partirá del estado de México, ya que trabajadores de esta zona, en particular de El Oro, Temascaltepec, Tepuxtepec, Toluca y Tenancingo, realizarán diversas acciones desde el próximo martes 12 en dichos municipios, de los cuales marcharán a Toluca y de ahí a la ciudad de México, adonde arribarán el día 18.
De la parte norte del estado de México también partirá otra caravana, que tendrá actividades en Cuautitlán Izcalli, Tepotzo­tlán, Teoloyucan, Lechería y San Ildefonso.
A ésta se sumarán trabajadores de la división de Juandhó, Hidalgo, y marcharán al Distrito Federal, luego de realizar volanteos en casetas y mítines, como uno que se tiene previsto para el 13 de marzo en el jardín municipal de Tepeji.
La caravana en que participará el secretario general del gremio, Martín Esparza Flores, es la que tendrá actividades en Pachuca. En esta entidad se llevará a cabo volanteo, perifoneo y mítines en los municipios de San Salvador, Santiago de Anaya, Actopan y El Arenal; así como en Atononilco el Grande, Omitlán de Juárez y Real del Monte, entre otros. Se colocarán banderas rojinegras en los centro de trabajo Cubitos y Santa Julia.
También partirá una caravana desde Necaxa, pasando por varios municipios, y otra más de Morelos, que tendrá actividades en Cuernavana, Jojutla, Zacatepec, Cuautla, Temixco Tres Marías y otros.
En la etapa actual, el objetivo de ese movimiento es el de alcanzar una salida política al conflicto, ya que “diversos actores políticos se han pronunciado por que la mesa de negociación con el gobierno federal encuentre una salida de fondo, pues la Cámara de Diputados acaba de aprobar un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo federal a considerar la creación de un nuevo organismo público descentralizado que sustituya formalmente a Luz y Fuerza del Centro (LFC), y emplee a los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Del mismo modo en esta organización se reagrupará el gremio en comités de lucha territoriales, con varias tareas, entre ellas, harán un registro de usuarios que han levantado queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor en contra del servicio de CFE, con la finalidad de tener un padrón de ubicación de estos usuarios y poder darles orientación en la defensa de sus derechos y organizarlos.
También identificarán las mesas receptoras de quejas que estén operando en su demarcación, las cuales a partir de la puesta en marcha de la estructura territorial estarán bajo su coordinación.
Se trata, según apuntó el sindicato, de visibilizar la lucha, de que hagan presencia los trabajadores en resistencia de estas divisiones, mostrar que están unificados en la demanda de recuperar su empleo

Ordena el Ifai al INM informar sobre despedidos por violación de derechos




Ordena el Ifai al INM informar sobre despedidos por violación de derechos
Karina Avilés
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 24
El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá revelar el número de sus empleados que han sido sancionados, procesados y dados de baja por violentar los derechos humanos de indocumentados durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo con una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
El INM se dijo incompetente para dar dicha información; argumentó que el solicitante debía acudir a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, el Ifai señaló que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala que al haberse realizado un proceso de responsabilidad administrativa que tenga como consecuencia una sanción, siempre se le notificará al jefe inmediato o al titular de la entidad, que en este caso es el INM.
Así, el instituto de migración es el que ejecuta las sanciones derivadas de procedimiento de responsabilidad administrativa sustanciado por la SFP, apuntó el Ifai.
Por otro lado, en el caso de los funcionarios procesados, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán requerir a las dependencias involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad.
De este modo, el pleno del Ifai revocó la incompetencia expresada por el INM y lo instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de los documentos que den cuenta de los empleados sancionados por violar los derechos humanos de los migrantes.
En dichos informes se deberá detallar el año, puesto, sanción o investigación que se les haya iniciado, de 2006 al 7 de septiembre de 2012.
En cuanto a los servidores procesados, el Ifai también revocó el argumento de incompetencia y ordenó al INM entregar los datos requeridos, en los cuales no podrá omitir a la Dirección General de Administración y a la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia

Lamentan defensores de derechos humanos que la Corte no atrajera el caso de Patishtán




Lamentan defensores de derechos humanos que la Corte no atrajera el caso de Patishtán
Existían elementos suficientes para demostrar que el proceso estuvo viciado de origen, asegurán
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 26
Defensores de derechos humanos lamentaron que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no atrajera el caso del indígena tzotzil Alberto Patishtán Gómez, ya que desde su perspectiva existían elementos suficientes para afirmar que el proceso judicial en su contra estaba viciado de origen, como han considerado organizaciones nacionales e internacionales.
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que si bien no se trata de un caso ni una acusación similar, el asunto de Patishtán no difería en su base (violaciones al debido proceso) al de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y a quien la Corte decidió otorgar un amparo que le dio su libertad debido a irregularidades en el proceso judicial.
Señaló que la tendencia de esta instancia de la SCJN se había caracterizado por anteponer los derechos humanos de los detenidos, ya que el Ministerio Público y las policías de investigación tuvieron una mala actuación, lo que vició de origen los procesos, como en el caso del maestro indígena.
El miércoles, por tres votos contra dos, la primera sala de la Corte decidió no atraer el caso de Patishtán –preso desde hace más de 12 años, acusado de homicidio, lesiones y robo calificado, daños y portación de arma de uso exclusivo del Ejército– ya que para los ministros no reúne los elementos suficientes de importancia y trascendencia.
Al respecto, Cortez afirmó que entre los activistas existía expectativa de que fuera atraído y que por las irregularidades en el proceso se le concediera la libertad. Incluso, recordó, otras personas fueron detenidas acusadas de los mismos delitos y fueron exculpadas.
No es la primera vez que vemos una variación significativa en las decisiones de la SCJN. Éstas deberían llamar la atención de la sociedad, que necesita estar más pendiente de lo que resuelve ese organismo. Esto tiene como consecuencia que no se consoliden los criterios que dan vigencia a la garantía y protección de los derechos humanos, que en este caso sería la protección al debido proceso.
Fabián Sánchez, consultor independiente en derechos humanos y ex integrante de varias organizaciones civiles, consideró que la Corte debería tener cierta congruencia en las resoluciones referentes al debido proceso.
En este caso los ministros antepusieron la cuestión técnica, cuando en el fondo hay una cuestión de justicia. Y, creo que debería primar la segunda. De fondo se trata de un caso muy similar al de Cassez, Acteal, Atenco y al de las mujeres de Querétaro acusadas de secuestrar a policías federales, donde la Corte antepuso la necesidad del respeto al debido proceso.
Para el activista, con este fallo el máximo tribunal estará bajo el escrutinio público debido a que la sociedad había visto como positivo que en los casos antes mencionados privara el respeto al proceso judicial justo, en particular en el de la ciudadana francesa. Con Cassez la SCJN hizo un gran esfuerzo por dar una explicación de la relevancia del debido proceso y ahora, con la resolución en torno a Patishtán, da al traste con lo que había planteado

Debió ser liberado: Velasco Coello


Debió ser liberado: Velasco Coello
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 26
San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de marzo.
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, afirmó que el indígena tzotzil Alberto Patishtán Gómez, preso desde 2000, acusado de varios delitos por su presunta participación en una emboscada en la que murieron siete policías estatales, debe ser puesto en libertad.
En un comunicado, el mandatario estatal aseguró que Patishtán Gómez, quien ha sido sentenciado a 60 años de cárcel y se encuentra recluido en el penal de San Cristóbal de las Casas, debe gozar del reconocimiento de inocencia.
Velasco Coello dijo lo anterior después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el miércoles, por mayoría de votos, no reasumir la competencia para revisar el caso del indígena originario del municipio de El Bosque, ubicado en el norte de la entidad. La decisión (de la SCJN) debió ser a favor de la liberación de Patishtán Gómez, reiteró el gobernador chiapaneco.

Debió ser liberado: Velasco Coello




Debió ser liberado: Velasco Coello
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 26
San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de marzo.
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, afirmó que el indígena tzotzil Alberto Patishtán Gómez, preso desde 2000, acusado de varios delitos por su presunta participación en una emboscada en la que murieron siete policías estatales, debe ser puesto en libertad.
En un comunicado, el mandatario estatal aseguró que Patishtán Gómez, quien ha sido sentenciado a 60 años de cárcel y se encuentra recluido en el penal de San Cristóbal de las Casas, debe gozar del reconocimiento de inocencia.
Velasco Coello dijo lo anterior después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el miércoles, por mayoría de votos, no reasumir la competencia para revisar el caso del indígena originario del municipio de El Bosque, ubicado en el norte de la entidad. La decisión (de la SCJN) debió ser a favor de la liberación de Patishtán Gómez, reiteró el gobernador chiapaneco.

FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MIJER



jueves, 7 de marzo de 2013

CARTONES DE LA JORNADA






Medicamentos ilegales provocan 700 mil muertes al año en el mundo




Medicamentos ilegales provocan 700 mil muertes al año en el mundo
En los próximos meses la Cofepris presentará un programa nacional de farmacovigilancia en colaboración con el IMSS
Propone la AMIIF instrumentar una campaña dirigida al consumidor
Foto
Mikel Arriola, titular de la Cofepris (izquierda); el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, y Sandra Sánchez y Oldenhage, presidenta de la AMIIF, inauguraron el tercer Foro Internacional sobre el Combate al Mercado ilegal de Productos para la SaludFoto María Meléndrez Parada
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de marzo de 2013, p. 50
El mercado ilegal de medicamentos es un problema global que cada año provoca la muerte de 700 mil personas en el mundo. Requiere de una respuesta de la comunidad internacional, afirmó Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México. Sobre la situación en el país, Mikel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló que los productos ilegales representan 6 por ciento de lo que se comercializa a escala nacional.
La mayoría (88 por ciento) son muestras médicas, medicinas caducas y fraccionadas; 1.8 por ciento son sustancias falsificadas. Por eso, México no es un mercado de medicamentos falsos, subrayó.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que 10 por ciento de moléculas que se venden a escala global son ilegales.
Ambos personajes participaron ayer en el Tercer Foro Internacional sobre el Combate al Mercado Ilegal de Productos para la Salud. Ahí, el embajador Wayne habló sobre el riesgo que representa para la salud el consumo de medicinas ilegales que no contienen los ingredientes activos correctos ni en las cantidades apropiadas. Incluso, dijo, pueden estar contaminadas con tóxicos, como arsénico o raticidas.
Así lo indican estudios que también estiman en 700 mil las muertes que se registran en el mundo por esta causa.
En otros casos, el consumo de productos ilegales puede generar resistencia a la medicina verdadera o ser el origen de efectos secundarios en los pacientes, dijo a los participantes en el foro organizado por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
El diplomático también llamó la atención sobre la incursión de los falsificadores en la fabricación o adulteración de moléculas contra el cáncer, las cuales les dejan mayores ganancias. Lo más grave, apuntó, es que estos productos se pueden conseguir a precios módicos, a través de Internet.
Sobre el tema, el titular de Cofepris anunció que en los próximos meses se presentará un programa nacional de farmacovigilancia en colaboración con el IMSS, mediante el cual los médicos de ese organismo incorporarán a su actividad rutinaria los reportes de efectos adversos de los medicamentos.
También informó que entre las medidas para combatir el mercado ilegal, el organismo a su cargo ha cerrado 450 portales de Internet, en los cuales se vendían medicinas y otros insumos para la salud.
Otras acciones son el incremento en el decomiso de estos productos.Seguiremos usando toda la fuerza del Estado en esta tarea, indicó.
En los recientes dos años se incautaron 131 toneladas de medicamentos, de los cuales alrededor de 700 kilos eran insumos desviados del sistema nacional de salud; 31 por ciento eran muestras médicas; 30 por ciento, medicinas caducas; 27 por ciento, fraccionadas, y el resto eran piezas adulteradas, maltratadas y las de instituciones públicas.
Aseguró que una alternativa para combatir este flagelo es mantener el control sobre la publicidad en medios de comunicación y ampliar la oferta de medicamentos legales y de calidad, a fin de que bajen los precios y sean accesibles para toda la población. De esta manera los productos ilegales dejarán de ser atractivos para los consumidores.
Por parte de la AMIIF, su presidenta Sandra Sánchez y Oldenhage, reconoció que ha habido avances en la materia, pero son aún insuficientes. Hace falta un diagnóstico confiable sobre el problema, pues sólo se cuenta con información dispersa. Se sabe que se falsifican medicamentos contra el cáncer, VIH, los que suplen deficiencias hormonales, controlan afecciones cardiovasculares y disfunción sexual, apuntó.
Por lo pronto, la AMIIF propuso realizar una campaña nacional de concientización, orientada al consumidor, con la finalidad de que pueda distinguir entre un medicamento original y uno falso, adulterado o caduco.

Maricón y puñal, términos propios del discurso homofóbico: SCJN




Maricón y puñal, términos propios del discurso homofóbico: SCJN
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de marzo de 2013, p. 51
Las palabras, maricón y puñal, al ser utilizadas en un artículo periodístico constituyen términos discriminatorios y forman parte de un discursohomofóbico hacia las personas homosexuales.
Así lo determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al ordenar a un tribunal colegiado que analice de nueva cuenta una demanda entre periodistas de periódicos del estado de Puebla, quienes utilizaron ese lenguaje para criticar su labor profesional.
Los ministros señalaron que el empleo de esos términos discriminatorios constituyen un discurso homofóbico al hacer referencia a la homosexualidad, pero no como una opción sexual personal, perfectamente válida en una sociedad democrática y plural, sino como un aspecto de diferenciación peyorativa.
La Corte consideró que la preferencia sexual no puede constituirse en un elemento válido para criticar la labor periodística de un determinado grupo de personas, pues tal opción representa una aspecto irrelevante para la realización de esa labor.
Si bien determinadas expresiones pueden considerarse como parte del lenguaje habitual de una sociedad, ello no significa que las mismas puedan ser protegidas constitucionalmente, señaló la sentencia, la cual subrayó que tratándose de medios de comunicación, éstos juegan un papel fundamental en la formación de la cultura pública para propiciar la disminución, y en última instancia, la erradicación de discursos discriminatorios, pues tienen un papel clave que de-sempeñar en la lucha contra los prejuicios y estereotipos y, por lo tanto pueden contribuir a mejorar la igualdad en la sociedad.
Este asunto se originó cuando Enrique Nuñez Quiroz publicó un artículo en un diario poblano en el que criticó la labor periodística de Armando Prida Huerta, quien es propietario de otro medio impreso.
En su texto, Nuñez señaló elementos que a su juicio evidenciaban la falta de recursos del diario para hacer frente a las críticas que se le formulaban, ya que su estrategia de comunicación se basaba encolumnas viejas, libros pagados, escritores pagados, además de hacer mención sobre columnistas maricones.
Añadió el autor que en el diario que criticaba había un periodista “lambiscón, inútil, y finalmente puñal”.
Los ministros consideraron que los términos maricones puñal fueron utilizados como calificativos negativos, además de ser expresiones burlescas hacia las personas homosexuales y asociarlas con aspectos negativos de la labor periodística

Histórica, la resolución de la Corte: Conapred




Histórica, la resolución de la Corte: Conapred
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de marzo de 2013, p. 51
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que las expresiones y discursos homofóbicos constituyen un acto de discriminación y no una extensión de la libertad de expresión son un avance sustantivo en el combate a la homofobia en México, porque esas expresiones son una categoría del discurso de odio.
En un comunicado, el Conapred calificó de histórica la citada resolución y dijo que el complejo debate entre la libertad de expresión y las manifestaciones discriminatorias toma un nuevo rumbo basado en la legalidad y responsabilidades que deberán adoptar autoridades federales, estatales y municipales, medios de comunicación, líderes de culto, de opinión, ámbito académico y deportivo, lo cual permitirá que esta nueva visión permee en la sociedad.
Aseguró que el fallo tiene especial relevancia para la democracia, ya que ambos derechos están ligados a la igualdad de dignidad entre las personas, y deberá ser simultáneamente garantizado por el Estado para que exista posibilidad de igualdad al expresar, opinar y disentir