México, DF. A sus 30 años, la activista mexicana América del Valle conoce bien la soledad: durante 48 meses vivió escondida, sin contacto con amigos o familiares, y con el único objetivo de "resistir" la persecución del gobierno contra su familia.
"El exilio es un poliedro de muchas dimensiones, no hay manual para llevarlo", reflexionó ahora, en una larga entrevista con IPS, realizada durante una fiesta familiar en San Salvador Atenco, en un cuarto prestado por una prima. "Mis vecinas inmediatas eran la nostalgia, la tristeza, y una pinche derrota que acechaba todo el tiempo", dijo. Pero aclara que "a la derrota nunca le permití entrar. Con las otras, tenía que hacer treguas".
Ella es hija de Ignacio del Valle, líder campesino de San Salvador Atenco, un pueblo de 15 mil habitantes ubicado 30 kilómetros al este de la capital mexicana y que en 2002 impidió la construcción sobre sus tierras de un aeropuerto internacional, para sustituir al de la ciudad de México. Hubiese sido la obra pública más ambiciosa del gobierno de Vicente Fox (2000-2006).
Cuatro años después, cayó sobre Atenco la represión de fuerzas del Estado, cuando el 3 de mayo de 2006 el Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, encabezado por Del Valle, bloqueó accesos al poblado, como reacción a una agresión de la policía a 10 floricultores.
El saldo fue de dos jóvenes muertos -uno por un balazo y otro por el golpe de un tanque de gas lacrimógeno-, 207 personas detenidas y torturadas, incluidas ancianas y parapléjicos, decenas de casas allanadas, dirigentes sociales condenados a penas equivalentes a cadena perpetua y al menos 26 mujeres violadas, según las denuncias, en un operativo en que participaron unos 3 mil policías.
Tanto Fox, como su sucesor, el actual presidente Felipe Calderón, pertenecen al derechista Partido Acción Nacional (PAN), que en 2000 rompió la hegemonía de siete décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La familia Del Valle fue proscrita. El padre fue encerrado en una cárcel de alta seguridad, donde están los criminales más peligrosos, y sentenciado a 112 años de prisión. César, el menor de sus hijos, estuvo preso dos años. Trinidad Martínez, su esposa, tuvo que esconderse seis meses.
Ulises, el primogénito, fue perseguido más de un año. América, quien ni siquiera estuvo en Atenco el día de la refriega, permaneció clandestina los cuatro años de batalla legal.
"Mi tarea central era resistir, no dejarme agarrar, pero eso implicó cero contacto con mis seres queridos y con nadie, desaparecer", dijo.
El día del enfrentamiento, el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que estaba en la ciudad de México como parte de una gira de ese grupo indigenista y rebelde por el país, llamó a sus simpatizantes en la capital a desplazarse hacia Atenco para hacer un cordón humano.
Bárbara Italia Méndez, voluntaria de una fundación que trabaja con niños que sufren violencia, acudió al llamado y, con dos compañeros de la organización llegó al pueblo para documentar la muerte del adolescente Javier Cortés Santiago.
Al día siguiente fue detenida, golpeada, torturada (para que aclarara si era guerrillera) y violada. Durante las seis horas que duró el traslado a la cárcel, los policías fingieron varias veces que se detenían a lanzar muertos a la vía. Ella, aterrorizada, creyó que la iban a matar. Luego estuvo 15 días en la cárcel, acusada, como todos los detenidos, de secuestro equiparado y delincuencia organizada.
Cuatro años después, en un café de la ciudad de México, Méndez dio su testimonio a IPS sobre ese día y lo que siguió para las mujeres agredidas.
"Hemos vivido cosas muy feas, como presentarnos ante el Ministerio Público (fiscalía) y que nos traten como mentirosas. Nos hemos sometido a muchos peritajes y eso significa revivir lo que pasó", contó.
"La sociedad genera un estigma que va desde el 'pobrecita' hasta el 'algo estaría haciendo'. La mayoría hace como que no pasó nada: esto ocurrió mucho en mi familia y en el trabajo. Pero muchas compañeras fueron abandonadas por haber sido violadas. Las castigaron dos veces", añadió.
"En Atenco se estrenó la política de la tortura sexual como una manera de castigo en contra de las detenidas", dice el informe "La cárcel, una forma de criminación de la protesta social en México", publicado el 25 de agosto por el no gubernamental Comité Cerezo México, que documentó más de mil 300 casos de personas detenidas por motivos políticos entre 2002 y 2008.
Méndez, de 31 años, es una de las 11 mujeres que decidieron llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008.
La denuncia fue por tortura, violencia sexual y privación ilegal de libertad y las demandantes contaron con el apoyo de los no gubernamentales Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
"Terminar 2006 y los primeros meses de 2007 fue muy duro. Recibíamos llamadas (para no denunciar). Comencé a recibir psicoterapia. Me di cuenta de que estaba más afectada de lo que pensaba y tuve que cambiar mi rol en la fundación", rememoró.
El 30 de junio de este año, en una decisión considerada histórica, la Suprema Corte de Justicia determinó que en Atenco se criminalizó la protesta social y mandó liberar a los 12 dirigentes presos, entre ellos Ignacio del Valle, uno de los tres condenados como líderes de los manifestantes.
Días antes, América del Valle se había asilado en la embajada de Venezuela. Explicó que "llevaba cuatro años encerrada, sentía que estaba llegando a mi límite, y pensé: 'todavía estoy cuerda y puedo tomar decisiones'. Así que me jugué todo". Dejó la sede diplomática en julio.
La victoria jurídica fue posible gracias a una estrategia audaz y una movilización internacional que incluyó el apoyo de 11 galardonados con el Nobel de la Paz y decenas de artistas e intelectuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue contundente: se los condenó sin pruebas.
Sin embargo, no hay reparación del daño ni responsables sancionados. Atenco es una herida abierta y que supura cuando América del Valle habla de las muertes, durante su ausencia, de su abuelo y un tío.
"El regreso no ha sido fácil. Ni siquiera hemos tenido un reencuentro como familia. No tengo agenda, tengo que retomar lo que pueda retomar", explicó.
A 30 kilómetros de distancia, Méndez dice que el miedo es algo con lo que se tiene que aprender a vivir.
"He intentado retomar mi vida de manera sana. Hasta hace dos años me afectaba mucho, de repente por un olor o una frase estaba de nuevo en el camión (el autobus donde se cometieron las violaciones).Y me sentía culpable de lastimar a mi familia con mi denuncia", rememoró.
"Pero estoy convencida de que tenemos que difundir lo que nos ocurrió, porque no es un caso aislado. Y el trabajo que podemos hacer es de hormiga, en los espacios que nos abren, que no son muchos", precisó.
Absueltos
El Estado mexicano solicitó a la CIDH que no diera trámite a la demanda de las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual, argumentando que las investigaciones fueron diligentes y las denunciantes tuvieron diversas vías y recursos legales disponibles.
Del informe estatal se desprende que hubo 21 policías consignados, pero sólo a cinco se les siguió proceso por el delito de "abuso de autoridad" (no por violencia sexual), que concluyó en abril de este año con una sentencia absolutoria.
"Hay una total impunidad en este caso. Todos los involucrados están libres y las investigaciones están detenidas", dijo la abogada Jaqueline Sáenz, del Centro PRODH.
