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Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos Foto: CLAM Córdova, Argentina, octubre 21 de 2010. La objeción de conciencia es esgrimida por sectores reaccionarios para negar el acceso al matrimonio igualitario y al aborto terapéutico. Juristas y organizaciones sociales advierten que los ciudadanos pueden objetar, pero los funcionarios del Estado deben garantizar la aplicación de la ley. La nueva ley de matrimonio igualitario ha suscitado en Argentina reacciones de funcionarios públicos que acuden a la figura de la objeción de conciencia como recurso para impedir que las parejas del mismo sexo accedan a sus derechos. El caso más resonante fue el del Director del Registro Civil de la provincia de Córdoba, Lorenzo Gatica, quien distribuyó un instructivo que autorizaba a funcionarios públicos a incumplir la ley de matrimonio igualitario si alegaban que la celebración de estas uniones estaba en contra de su moral privada. En el documento, Gatica argumentaba que la Constitución provincial considera “inviolables” la libertad religiosa y de conciencia. El accionar del funcionario puede ser leído a la luz de un debate que ganó virulencia durante las discusiones en torno a la ley de matrimonio igualitario: la laicidad del Estado versus la moral religiosa. Frente a esta situación, letrados cordobeses interpusieron una demanda contra Gatica por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder. La abogada Natalia Milisenda, representante de la organización LGBT Devenir Diverse que presentó la demanda, explicó en entrevista con el CLAM que el artículo 42 de la ley de matrimonio igualitario prohíbe expresamente que cualquier otra norma pueda ser interpretada o aplicada “en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones” a personas tanto de diferente como del mismo sexo que buscan tener su unión reconocida legalmente. En la opinión de juristas consultados por el CLAM, el punto clave a tener en cuenta acerca de la figura de la objeción de conciencia es que la misma opera como resguardo cuando un ciudadano está obligado frente a la generalidad del Estado (como sería el caso, por ejemplo, de someter su cuerpo a intervenciones médicas o de integrar las fuerzas armadas). En cambio, una persona nombrada como representante del Estado para determinadas funciones, al ejercerlas está obligada a acatar lo que dictamina la ley. No tiene la capacidad de objetar como particular. Cumplir la ley es su obligación y objetarla, en todo caso, lo inhibiría de permanecer en sus funciones. “Un testigo de Jehová, por ejemplo, si tiene que jurar al recibir un título universitario, puede aducir objeción de conciencia, pero quien le toma juramento no puede recurrir a la misma figura, ya que está actuando como representante de un Estado que tiene esta práctica instituida”, señala Milisenda. “Del mismo modo, nadie está obligado a casarse, pero todo funcionario tiene la obligación de efectuar la ceremonia para quien decida hacerlo, justamente porque este es su deber. El funcionario es el Estado actuando, por lo tanto, si se niega a aplicar la ley, jurídicamente es el propio Estado el que está incurriendo en una falta”, puntualizó la abogada. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en un documento donde analiza la aplicabilidad de esta figura, explica que la obligación de los funcionarios del Estado a cumplir la ley es la única garantía de los derechos de los ciudadanos. Por otra parte, afima que la objeción de conciencia de un funcionario implica “un desprecio por parte del propio Estado, en una suerte de esquizofrenia normativa y simbólica inaceptable, del valor moral de la democracia como un procedimiento a partir del cual se construyen posiciones éticas de convivencia pacífica en una sociedad de distintos. El funcionario público, más allá de su rol, como sujeto moral partícipe del debate colectivo, tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos a través de los mecanismos pertinentes y estos no tuvieron la suficiente contundencia para convencer al resto de la sociedad. El funcionario abusaría de su puesto para lograr, con el ejercicio tergiversado de la objeción de conciencia, aquello que no pudo obtener mediante la disuasión argumental”. El último punto es un elemento importante en la demanda por abuso de autoridad que también pesa sobre Gatica. La misma se ha configurado, según Milisenda “en el momento en que el director del Registro Civil se auto-otorgó funciones de un legislador nacional, al pretender legislar sobre la objeción de conciencia”. Para la Federación Argentina LGBT –FALGBT, la provincia de Córdoba es una arena estratégica, al marcar pautas respecto al actuar público en todas las provincias del centro-norte del país. Por este motivo las organizaciones sociales actuaron en el plano legal con prontitud para ayudar a frenar medidas similares a las de Gatica, que se estaban gestando en San Juan, Tucumán, Salta y Entre Ríos. “El Ministro de Justicia defendió nuestra posición contra la medida de Gatica y declaró que garantizará el cumplimiento de la ley nacional”, asevera Milisenda. La interpretación del investigador Juan Marcos Vagionne sobre la objeción de conciencia brinda una lectura más global, al situar la respuesta del civil y estatal como “la manifestación del éxito del feminismo y del movimiento por la diversidad sexual al mover las fronteras de la legalidad y de la legitimidad de cuestiones como el aborto y los derechos de las personas y parejas LGBT en la región”. En la ciudad de México, por ejemplo, no existe la figura de la objeción de conciencia para la celebración de matrimonios de parejas del mismo sexo ni de uniones en sociedad de convivencia, ni tampoco para los pactos civiles de solidaridad signados en el estado de Coahuila, y hasta la fecha ningún funcionario ha intentado exigirla. El Colegio de Abogados Católicos, la Iglesia y el Partido Acción Nacional (PAN) se han declarado a favor de hacerlo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el DF hizo propuestas al respecto, pero no prosperaron. En palabras de Vaggione esta figura “surge como una estrategia del activismo religioso conservador para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos frente a los logros del feminismo y del movimiento por la diversidad sexual. Una vez que estos movimientos son exitosos no sólo al incluir en la agenda pública la sexualidad y la reproducción sino incluso al lograr reformas legislativas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, la objeción de conciencia es una estrategia política que apunta a vaciar de legitimidad a derechos ya sancionados”. En relación con los reconocimientos a las parejas del mismo sexo, un documento firmado por el actual Papa, Joseph Ratzinger, cuando era Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe sostiene que una vez reconocidos derechos a las parejas, “cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia” en la “cooperación material en el plano aplicativo” (Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las Uniones entre Personas Homosexuales). Sin embargo, este tipo de reivindicaciones pueden ser apeladas por sujetos privados y no, como explicaron los juristas consultados, por sujetos en el ejercicio de su labor como funcionarios públicos. La filósofa y especialista en bioética Cristina Donda, distingue la figura del objetor de conciencia de la del desobediente civil. Para Donda, una de las diferencias centrales reside en el carácter privado o público de la oposición a determinada normativa. La desobediencia civil, explica, es una acción pública y abierta, un acto dirigido a persuadir a la mayoría de la sociedad acerca de la existencia de una injusticia. Esta se materializa en el intento de sustitución de algún aspecto de la legislación o de la política gubernamental, por más que el desobediente “no se vea involucrado personalmente en la misma”. A partir de esta distinción, el accionar de Gatica y de quienes en otras provincias impulsaban la objeción de conciencia se acerca más a la figura de desobediencia civil, al oponerse públicamente a la normativa dictada por el Estado nacional. Aborto: el próximo debate El debate en relación con la objeción de conciencia frente a la aplicabilidad de la ley de matrimonio civil parece estar zanjado. Sin embargo, la discusión de un nuevo proyecto sobre Salud Sexual y Reproductiva que incluya en su articulado el derecho al aborto, continúa la batalla librada desde hace casi una década frente a la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva. La disyuntiva entre objeción de conciencia y el cumplimiento del deber de funcionario público es uno de sus puntos centrales. Angélica Peña, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e investigadora de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT), señala que los programas nacional y provincial de salud reproductiva en Córdoba han sido sometidos a un intenso proceso de judicialización. Peña afirma que Córdoba “es la provincia que más juicios tiene en contra de esa política pública. En la mayoría de los casos se ha fallado a favor de la postura de Portal de Belén (grupo pro-vida), lo que habla a las claras de la postura ideológica de muchos jueces. El programa nacional tiene 14 demandas, 6 de las cuales se interpusieron en Córdoba con relación a la educación sexual en las escuelas, la contracepción de emergencia y, principalmente, contra la consejería para adolescentes. Esto funciona como una barrera al momento de querer implementar este tipo de políticas”. A diferencia del Programa Nacional de Salud Reproductiva, el de Córdoba contempla la elaboración de una lista de profesionales de la salud objetores frente a la aplicación de métodos contraceptivos en el sistema público. “Nosotras sabemos que hay un alto número de profesionales de la salud que serían objetores de conciencia, pero no se han inscripto como tales en el registro que lleva la provincia. Frente a esto tenemos la duda sobre si esta es una objeción concreta, o si lo es sólo en el ejercicio de sus funciones como médicos en hospitales públicos, y que desaparece a la hora de tener que realizar alguna intervención en sus clínicas privadas” explica Gladis Ponte, profesora de la cátedra de ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Córdoba, UNC, y también integrante de CDD. Ponte comenta que en el servicio de ginecología y obstetricia de la UNC existe un listado de objetores, elaborado con el fin de “saber con qué profesionales contamos para realizar este tipo de intervenciones. Sin embargo, en otros servicios públicos se ponen barreras totalmente arbitrarias que les imposibilitan a las mujeres el acceso a los métodos contraceptivos, fundamentadas en concepciones subjetivas de cada profesional, que se alejan de lo que dictamina la ley”. En la provincia de Santa Fe se creó recientemente un listado similar, con el objetivo de disminuir las barreras al ejercicio de los derechos. Tal fue el caso de Ana María Acevedo, quien estaba embarazada y padecía de cáncer. El comité de bioética encargado de dictaminar si el embarazo era incompatible con un tratamiento de quimioterapia le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo, por cuestiones religiosas. El dictamen indicaba que en ninguna parte del territorio de dicha provincia se le realizaría un aborto. A diferencia de lo sucedido en Córdoba, en Santa Fe se inscribieron numerosos médicos en la lista, lo que puso en alerta al sistema de salud, ya que de este modo corre peligro la posibilidad de brindar el servicio. Esta situación trae una vez más a discusión el modo en que puede ser utilizada la figura de la objeción. El Estado es el garante de la aplicación de la práctica médica, por lo tanto, asegura Ponte, los médicos “pueden ser objetores en su casa pero no en el sistema público, ya que son funcionarios que deben cumplir la ley. De lo contrario, incurrirán en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Muchos de los que se declaran objetores lo hacen porque temen ser juzgados por alguna cosa y no porque estén moralmente en contra del uso de determinados métodos. Sin embargo, no se dan cuenta de que en realidad pueden ser juzgados por no atender la solicitud de las mujeres, es decir por no cumplir la ley”, continúa. Vaggione recuerda que el recurso a la objeción de conciencia ha sido una estrategia impulsada por el Vaticano, que se ha implementado posteriormente y de distintas maneras a nivel nacional. “Son diversos los documentos del Vaticano en esta dirección, pero para mí el más interesante es la encíclica Evangelium Vitae, que puede ser leída como una reacción a los avances logrados en las Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995). Frente al avance internacional que implicaron ambas conferencias, el Papa Juan Pablo II dictó en 1995 una encíclica protegiendo el derecho a la vida y llamando a la población a oponerse a leyes favorables al aborto o a la eutanasia mediante la objeción de conciencia”, puntualiza el investigador cordobés. Para las integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, la objeción de conciencia también queda solapada en la opinión de los profesionales médicos, que se basa en un mandato paternalista sobre quiénes están capacitadas para solicitar esta práctica. “El problema es que en los servicios públicos para realizar esta intervención piden requisitos adicionales que no figuran en la ley, como el consentimiento escrito del esposo, la intervención de un juez, haber tenido una determinada cantidad de embarazos o que la paciente tenga una edad mínima”. En Río IV, ciudad del interior cordobés, en el año 2008 el servicio de ginecología de un hospital público redactó el Consenso de razonabilidad para ligaduras tubarias. Este documento decretaba que para acceder a este procedimiento contraceptivo las mujeres debían haberse practicado por lo menos tres cesáreas y tener como mínimo 35 años. La ley dictamina que toda mujer mayor de edad está capacitada para solicitar la contracepción, ya sea por ligación tubaria, píldoras anticonceptivas (incluida la del día después), o algún dispositivo intrauterino. “Obviamente este Consenso de Río IV escapa completamente a la ley, y fue necesario que lo lleváramos a conocimiento de los medios para que el Ministerio de Salud de la provincia tomara cartas en el asunto” subraya Gladys Ponte. El argumento utilizado por los médicos de Río IV deja entrever otra arista del problema: para muchos profesionales de la salud las mujeres son seres reproductivos y la decisión de no querer serlo entra en conflicto con los criterios paternalistas de muchos médicos, que no conciben el hecho de que haya mujeres que tomen la decisión de no tener hijos. “Por este motivo nosotras apuntamos a la formación de los profesionales en temas de género y salud sexual y reproductiva, creemos que esta es una de las pocas vías posibles para poder acercarlos lentamente a otras perspectivas de abordaje”, argumenta Peña. En otros países de América Latina la situación no es muy diferente. En Colombia se ha aclarado permanentemente que la objeción de conciencia es personal y no institucional. Sin embargo, sectores conservadores quieren pasar por alto el cumplimiento de la ley respecto a medidas como el aborto. Recientemente el procurador Alejandro Ordóñez presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho de objeción de conciencia en el ámbito médico-sanitario, educativo y en el ejercicio de las funciones públicas. El proyectó surgió luego de que la Corte Constitucional de ese país le negara al magistrado la anulación de la tutela T. 388, que ordena la inclusión de información sobre las circunstancias de aborto legal dentro de las campañas de derechos sexuales y reproductivos. En la ciudad de México existe la figura de la objeción de conciencia respecto a la práctica del aborto. No obstante, el gobierno local mantuvo la postura de que en caso de que existiera algún médico que se negase a practicar abortos, el propio gobierno debe garantizar el servicio sin excusas ni distinción. El artículo 16 BIS 7 de la Ley de Salud del DF expresa: "Los prestadores de los servicios de salud a quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo en los casos permitidos por el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, debiendo referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia en la materia”. |
Las responsabilidades del fundador no pueden ser transferidas a la congregación: delegado
Velasio de Paolis: se conformará otro grupo de trabajo para analizar el reglamento de la orden
Ciudad del Vaticano, 21 de octubre. El delegado papal ante la Legión de Cristo, Velasio de Paolis, anunció el establecimiento de una comisión interna para atender a personas que eleven reclamos contra el instituto religioso, entre ellos las víctimas de Marcial Maciel.
En una carta remitida a todos los miembros de la Legión, el enviado pontificio hizo una serie de precisiones sobre su labor y anticipó la conformación de otro grupo de trabajo que analizará la constitución de la orden, es decir su reglamento interno.
Se proyecta la necesidad de una comisión de acercamiento de quienes, de diversas maneras, elevan pretensiones en relación con la Legión y de una comisión para los problemas de orden económico
, indicó De Paolis en la carta difundida en Roma este jueves.
El texto, de siete páginas y con fecha 19 de octubre, dio un espaldarazo a los actuales superiores de la congregación, a quienes pareció exonerar de haber conocido los crímenes cometidos por el fundador, cuyas culpas, dijo, no pueden trasladarse a sus seguidores.
La mayor parte de los legionarios, ante la situación del fundador, ha reaccionado positivamente. La Legión ha sido aprobada por la Iglesia y no puede no ser considerada como una obra de Dios. Las responsabilidades del fundador no pueden ser transferidas a la congregación
, argumentó.
De Paolis reconoció que algunos legionarios consideran que sus actuales superiores no podían desconocer las culpas de Maciel y, al callarlas, habrían mentido, pero agregó que “el problema no es tan simple.
Las distintas denuncias publicadas en diversos medios desde los años noventa eran bien conocidas, también para los superiores de la congregación
, aceptó.
“Pero otra cosa –agregó– es tener las pruebas de lo fundado de tales denuncias y más todavía la certeza de ellas. Ésta llegó sólo mucho más tarde y gradualmente. Se impone la exigencia de rencontrar la confianza, para la necesaria colaboración”.
En otra parte de la misiva, De Paolis ofreció un apoyo abierto al director general, Álvaro Corcuera, y al vicario, Luis Garza Medina, al aclarar que la Legión no fue puesta bajo la autoridad de un comisario
, sino de un delegado
que acompañará la renovación.
Explicó que en el decreto de su nombramiento se reconoce y confirma
a los superiores actuales quienes son la primera instancia
para tratar los problemas de la Legión y pidió a todos los religiosos a dirigirse con ellos para expresar sus inquietudes.
Ellos, subrayó, deben organizar, estimular, suscitar y comprometer a todos, activa y ordenadamente, en esta renovación que deberá concretarse en la realización de un Capítulo Extraordinario
, una asamblea general donde se decidirá el futuro.
Según el delegado pontificio de este Capítulo, que debería llevarse a cabo dentro de dos o tres años, deberá salir un nuevo texto de reglamento interno que debería someterse a la aprobación de la sede apostólica.
Además invitó calurosamente
a todos los legionarios a abandonar sospechas y desconfianzas
y a obrar concretamente para el bien de la congregación, sin quedarse en el pasado y sin alimentar divisiones
.
De hecho en varias partes de la carta, el enviado papal alertó contra el peligro de la división interna a causa de un posible “actuar arrebatado.
Si proceden unidos y respetándose unos a otros, el camino será expedito y seguro; si nos dejamos llevar por la voluntad de prevalecer, y de imponer las propias ideas contra los demás, el naufragio es cierto
, advirtió.
La misiva reveló también que muchos legionarios quisieran agilizar los tiempos de la renovación, pero les solicitó tener paciencia.
Informó que en semanas recientes muchos sacerdotes han expresado sugerencias, perplejidades, dudas y dificultades
, sobre la reglamentación, el ejercicio de la autoridad y el nombramiento de superiores o cambios.
Afirmó que el clamor mediático
en torno a Maciel y sus delitos ha provocado una disminución en el número de aspirantes a ingresar en la congregación, mientras algunos sacerdotes han expresado su voluntad de abandonar la misma.
No se puede negar que no pocas cosas se han de cambiar o mejorar tras una seria ponderación; otras, y son las fundamentales, acerca de la vida religiosa y sacerdotal, se han de conservar y promover
, señaló.
De Paolis dedicó también una parte de su carta a abordar el tema del carisma
, el espíritu de los legionarios de Cristo, el cual –por petición del papa Benedicto XVI– se debe modificar.
En este sentido recordó que la Iglesia ha emprendido una nueva evangelización
y por ello El Vaticano ha establecido un consejo pontificio para ello. Pienso que la congregación encuentra precisamente en este campo su espacio de servicio
, insistió.
El choque provocado por las acciones del fundador fue de un impacto terrible, capaz de destruir la misma congregación, como, por lo demás, tantos vaticinaban. En cambio ella no sólo sobrevive, sino que está casi intacta en su vitalidad
, sostuvo.
A mí me parece que se puede y se debe esperar en positivo camino de renovación. Hay en el horizonte muchos signos que hacen pensar en una meta positiva al término del camino
, sentenció.
La PGJDF confirmó que los directores jurídico y del centro escolar del penal femenil de Tepepan, Ricardo Márquez y Carlos Retana, respectivamente, fueron arraigados por lenocinio y delitos del ámbito de la ejecución penal, pues, según las denuncias, se valían de sus cargos para dar privilegios a internas a cambio de favores sexuales.
Asimismo, la dependencia ha detectado seis casos de reclusas del penal de Santa Martha que fueron requeridas en los juzgados 6, 30, 51, 52, 56, 58, 61 y 65 “sin que se les instruya proceso –en esas instancias–, con el objeto de prostituirse”.
En tanto, Yusmary, una de las internas, que ha denunciado acoso para que se prostituyera y que el pasado viernes fue trasladada del penal de Tepepan al de Santa Martha, manifestó temer por su seguridad, pues las custodias asignadas para su protección son las mismas que ella ha denunciado.
Por otra parte, el Consejo de Judicatura local aceptó ayer la recomendación 4/2010, aunque dijo que ya la atendióLa relatora de la ONU asegura que en los estados la autonomía de los jueces está en riesgo
La reforma en materia penal depende del liderazgo político, señala en informe sobre México
Ginebra, 18 de octubre. El fortalecimiento del estado de derecho y la lucha efectiva contra la violencia sólo serán posibles si el sistema de justicia en su conjunto es sólido e independiente
, afirmó Gabriela Knaul, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados,
Knaul realizó una misión de investigación en México del primero al 15 de octubre.
En un comunicado divulgado este lunes por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la experta consideró que la reforma de 2008 al sistema de justicia penal puede constituir un gran avance para mejorar la procuración, el acceso y la administración de la justicia en el país.
Esta reforma contiene importantes elementos para garantizar los derechos de todas las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal
, expuso.
Sin embargo, enfrenta dificultades y obstáculos en su aplicación y no parece gozar de la decidida, constante y uniforme voluntad política en todo el país para avanzar de manera adecuada
, consideró.
Para la relatora, la reforma del sistema penal depende del liderazgo político y necesita de un fuerte impulso por parte de todas las instituciones competentes
.
Asimismo, manifestó que la independencia de los jueces, especialmente en las entidades federativas, está en riesgo. La vinculación de los magistrados de los tribunales superiores de los estados con el Poder Ejecutivo es un riesgo real para su independencia
, acotó.
Indicó que también es necesario fortalecer y profesionalizar el gremio de los abogados. Hace falta una colegiación obligatoria, así como criterios uniformes de reglamentación del ejercicio de la profesión para garantizar el acceso a una representación profesional calificada
, dijo.
La relatora subrayó también que la justicia militar en México debería ser reformada para que no sea competente en casos de violaciones a los derechos humanos y no pueda juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles
.
Durante su visita, la relatora de la ONU estuvo en la ciudad de México y en los estados de Chiapas, México, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán; además, se reunió con el presidente Felipe Calderón y otros funcionarios de alto rango, así como con representantes de los poderes Legislativo y Judicial.
También tuvo encuentros con integrantes de las comisiones de derechos humanos, asociaciones de magistrados y jueces, y colegios de abogados, así como con académicos y organizaciones internacionales no gubernamentales.
Las conclusiones y recomendaciones finales sobre su visita serán presentadas en un próximo informe de la relatora especial al Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2011Por la masacre de San Fernando han sido detenidas ocho personas, varias centroamericanas
Desde hace 14 meses, autoridades militares y civiles en México tenían conocimiento de que el cártel de Los Zetas secuestra a migrantes y los amenaza para que colaboren con ese grupo criminal a cambio de 5 mil pesos a la semana por realizar robos, asesinatos y participar en los plagios de sus propios compatriotas, revelaron a La Jornada fuentes castrenses y de la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque el gabinete de seguridad nacional conocía bien desde finales de 2009 los métodos que utilizan Los Zetas para reclutar gente donde sea –principalmente indocumentados–, fue apenas en agosto pasado, luego de que efectivos de la Secretaria de Marina descubrieron los cuerpos de 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, cuando las autoridades mexicanas lanzaron una alerta internacional para que países centro y sudamericanos prevengan a sus connacionales del peligro que representa su paso por México.
En su edición de ayer, La Jornada reveló que el cártel de Los Zetas ha encontrado en el secuestro de migrantes su principal método ilegal de recaudación de recursos para la organización delictiva, y ha hecho valer su control de esa actividad criminal en plazas del sureste y el Golfo del país, según consta en datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la PGR.
En esos informes se tiene documentado, por ejemplo, que los sicarios exigen entre 25 mil y 200 mil pesos a las familias de los migrantes secuestrados a cambio de liberarlos de las casas de seguridad que utiliza el grupo criminal en diversos municipios de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Sobre el caso de los 72 migrantes ejecutados por sicarios de Los Zetas, fuentes de la PGR informaron que hasta el momento se ha detenido a ocho personas, varias originarias de Centroamérica, como presuntas responsables de haber secuestrado y asesinado a esos indocumentados, cuyos cadáveres fueron localizados por efectivos de la Marina el pasado 24 de agosto.
Los ocho inculpados se encuentran presos y sujetos a proceso ante el juzgado de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas. Se les imputan los cargos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como corrupción de menores y homicidio calificado.
En su momento, la Marina informó que detuvo a cuatro presuntos sicarios del cártel de Los Zetas durante un enfrentamiento en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, donde se descubrió una fosa clandestina con dos cadáveres, aún no identificados, y fueron liberadas tres personas secuestradas.
No es el único caso de migrantes detenidos que tienen vínculos con Los Zetas. El 4 de septiembre anterior, elementos de Policía Federal trasladaron a seis personas de nacionalidad guatemalteca, presuntamente vinculadas a ese grupo criminal, de la estación migratoria de Iztapalapa a un centro de readaptación social.
Dos días antes, el juez 15 de distrito libró orden de aprehensión contra los seis migrantes que el 20 de abril de 2010 fueron liberados por un comando armado de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.
El intercambio de datos de las autoridades de países centroamericanos con la Sedena precisa que ese grupo criminal tiene controlada la zona fronteriza entre Guatemala, El Salvador y Honduras.
San Cristóbal de las Casas, Chis. 18 de octubre. La confrontación de grupos de pobladores indígenas en el ejido Mitzitón, en la región rural de San Cristóbal, ha entrado en una nueva fase. Los adherentes a la otra campaña demandan la reubicación de los que denominan no cooperantes
(muchos de ellos son miembros del Ejército de Dios, de la iglesia evangélica Alas de Águila), acusándolos de agresiones y diversos delitos. Ante ello, Esdras Alonso González, dirigente de dicha iglesia, dirigió el mes pasado una misiva al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.
En ella solicita al gobierno federal intervenir contra los ejidatarios de la otra campaña y los organismos extranjeros
que los apoyan, en primer lugar
el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), que en los últimos años se ha constituido como vocero incansable del grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional
. Un sector de dicho movimiento, disfrazado
como de la otra campaña, no cesa de provocar y crear desestabilización
.
Según Alonso González, el CDHFBC implementa campañas desacreditando las acciones
del gobierno para contrarrestar
la pobreza. Está empecinado en impedir el avance de los programas de gobierno en los ejidos
. Además, constantemente manifiesta que el Ejército de Dios somos un grupo religioso paramilitar y de choque, que hostigamos a la comunidad prozapatista y nos hemos convertido en grupo delictivo
. Estas declaraciones están causando mucha confusión en el gremio evangélico
.
Manifiesta total respeto a nuestras autoridades federales, estatales, municipales y sus instituciones; somos una organización civil que impulsa el desarrollo social; en ningún momento hemos recurrido a medios violentos
. Niega ser un grupo armado. Sostiene que los conflictos en los Altos obedecen a la presencia de activistas y organizaciones nacionales, así como a la participación de extranjeros agrupados a la red social que coordina el CDHFBC
.
Menciona una decena de organizaciones solidarias con las comunidades, no sólo zapatistas. Según el ex pastor Alonso, éstas aportan los recursos económicos, asesoran, promueven proyectos a los grupos infiltrados para impulsar su proyecto de autonomía, desestabilizando al Estado mexicano, dividiendo a las comunidades, desconociendo a las autoridades plenamente constituidas, tratando de tomar control de las zonas rurales y explotar irracionalmente sus recursos naturales
.
Un ejemplo, añade, son los adherentes a la otra campaña, quienes valiéndose del chantaje, la mentira, la incitación a la violencia y los bloqueos de carreteras condicionan a la autoridad para que no sean sometidos al orden legal
. Considera muy lamentable que se opongan al desarrollo de Chiapas
ante el excelente trabajo
del gobernador Juan Sabines Guerrero, sin distinción partidista
.
Alonso demanda a Blake Mora investigar la calidad migratoria de los activistas y organizaciones extranjeras
que establecen modelos separatistas en las comunidades indígenas, como escuelas y poblaciones autónomas
. También que se investigue el flujo de recursos económicos de procedencia extranjera, que alimenta al CDHFBC y sus redes de organizaciones sociales que tienen como objetivo desacreditar los esfuerzos del actual gobierno
.
alimenta una campaña de odiocontra la iglesia Alas de Águila,
a la que llama grupo paramilitar, utilizando la misma estrategia que en el caso Acteal en 1995(sic). Responsabiliza
de cualquier hecho violentoen Mitzitón a
sus dirigentes, Diego Cadena y el obispo (de Saltillo, Coahuila) Raúl Vera López, y pide a la Procuraduría General de la República acción penal
contra los desestabilizadores
Por la aplicación deficiente de los pocos recursos destinados a las comunidades indígenas, sus habitantes tienen los índices de desarrollo humano más bajos en comparación con el resto de la población; 38 por ciento sigue en pobreza alimentaria, 46 por ciento no ha terminado la primaria y la mitad de los hogares de ese grupo gasta 30 por ciento de sus ingresos en salud, dijo Magdy Martínez Soliman, representante residente en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En la presentación del Informe sobre el desarrollo humano de los pueblos indígenas en México, expuso que a los indígenas se les sigue despojando de sus recursos naturales, de sus tierras no son respetados ni protegidos. Hay que reconocer su capacidad de resistencia.
Para ellos no se han conseguido los avances sociales ni la integración política que se prometió y ahora son la población más vulnerable ante el cambio climático; es momento de que México piense saldar la deuda con ellos, pues la desigualdad pasa de una generación a otra; las mujeres están en mayor desventaja, señaló.
Martínez Soliman instó al gobierno para que el gasto público asignado a la población indígena esté mejor focalizado. Xavier Abreu Sierra, director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dijo que se necesita elevar el gasto y aplicarlo mejor para combatir la pobreza.
La vaquita marina, especie endémica del alto golfo de California, en una década redujo su población al nivel más peligroso de riesgo de extinción, ya que pasó de 650 ejemplares en 1998 a 245 en 2009, indicó Eduardo Peters, director de Investigación, Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas del Instituto Nacional de Ecología (INE).
El cambio climático, que provoca el calentamiento del mar, puede ser un factor que llegue a incidir en la conservación de la especie, ya que sale de su zona de confort y se puede afectar la reproducción, explicó en entrevista.
Dijo que si cambian las condiciones de la zona donde se localiza la marsopa, potencialmente se vería afectada, porque no hay conocimiento ni registros de que se haya movido de allí desde que se le conoce; podría haber problemas en términos de reproducción o sufrir enfermedades
.
En 1998 se contabilizaron 650 ejemplares, pero la reducción de la población estaría cerca de llegar a 150, cifra considerada muy baja para cualquier especie.
Destacó que es un animal que vive en una zona muy pequeña y no se ha visto que se mueva de allí, si aumenta la salinidad del mar o la temperatura, la especie no tiene la capacidad de migrar a otro lugar, se podría ver potencialmente afectada
. Apuntó que actualmente su principal fuente de amenaza son las redes agalleras de pescadores.
Recordó que los distintos escenarios del cambio climático ponen al alto golfo de California como la zona más sensible, es donde se junta Sonora con Baja California, donde hay grandes desiertos, donde hay el mayor estrés de temperatura, y estas condiciones pueden llegar al mar. La especie no está a más de 3 mil metros de profundidad
.
En tanto, EarthOcean presentó un documental en el da cuenta del riesgo de extinción que enfrenta la marsopa. La expedición comenzó en 2008 para filmar y fotografiar a la vaquita, que se caracteriza por ser evasiva, y para informar sobre las diferentes iniciativas de conservación.
El documental reportó que las mayores presiones provienen de las actividades humanas que han causado graves estragos a la población de la marsopa, como lo son las redes de arrastre –casi invisibles tendidas en el agua como cortinas para capturar camarones y frecuentemente desatendidas por los pescadores–, las cuales se consideran como la principal causa de muerte de la vaquita marinaDifunde el instituto un informe sobre el derecho a la educación
En México más de 572 mil adolescentes de 12 a 14 años no cursan su secundaria. De ellos, 40 mil no estudian ni trabajan, mientras que otros 389 mil laboran más de 20 horas a la semana, revela el informe El derecho a la educación en México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).
En el análisis, se destaca que entre los jóvenes de 15 a 17 años, 2.3 millones no asisten al bachillerato. De éstos, 80 mil tampoco están incorporados al sistema educativo ni realizan alguna actividad económica remunerada. Además, estima que 83.9 por ciento, es decir, 1.9 millones, labora más de 20 horas a la semana en actividades domésticas, y extra domésticas, como acomodar coches o vender dulces en la calle.
El documento, difundido en junio pasado, destaca que no sólo se trata de una población que enfrenta altos índices de marginación, y que habita principalmente en comunidades rurales, también se detectó que un alto porcentaje se dedica a labores domésticas y fuera del hogar.
En cuanto a sus condiciones de marginación social, revela que de los 389 mil menores de 12 a 14 años que trabajan más de 20 horas a la semana, 39.2 por ciento se ubica en pobreza alimentaria; además, 49.2 por ciento también enfrenta pobreza de capacidades, y 76.9 por ciento se ubica en pobreza de patrimonio, es decir, 403 mil niños en edad de cursar su secundaria enfrentan dichas condiciones.
Respecto de los jóvenes de 15 a 17 años, de los cuales un millón 998 mil laboran más de 20 horas a la semana, 25.5 por ciento sufre pobreza alimentaria; 34.4 por ciento enfrenta pobreza de capacidades, y 62.8 por ciento pobreza de patrimonio. Esto significa, subraya el INEE, que un millón 331 mil menores que deberían cursar su bachillerato no asisten a la escuela y son pobres
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El informe también señala que la inasistencia escolar se incrementa en la población rural, en comparación con la urbana. Destaca que de cada 100 menores 12 a 14 años que no va a la escuela, 58 por ciento reside en áreas rurales, mientras que 52 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años vive en pequeñas comunidades.
Las condiciones de alta marginación que enfrentan menores de 12 a 14 años que habitan, tanto en comunidades urbanas como rurales, afectan a 391 mil menores en este rango de edad. A ellos se suman, un millón 186 mil jóvenes de 15 a 17 años que residen tanto en localidades urbanas como rurales de muy alta marginación, lo que favorece que ninguno de ellos pueda asistir a un bachillerato, revela el informe.
Destaca que las condiciones de aislamiento de las localidades rurales son un factorde pesopara que miles de adolescentes no puedan acudir a la secundaria o el bachillerato. Afirma que 58 por ciento de la población de 15 a 17 años que habita en comunidades aisladas no asiste a la escuela, mientras que 19.2 por ciento de los menores de 12 a 14 años enfrentan la misma situació
Cuenta con un refugio y un centro especializado donde apoya y asesora a mujeres y niños
Afirma Susana Franklin, directora de la institución, que la violencia es cada vez más encarnizada
Desde que el refugio de la Fundación Diarq abrió sus puertas, hace seis años, para atender a mujeres víctimas de violencia, el nivel de las agresiones se ha vuelto sicopático
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Antes llegaba una señora con el ojo morado; ahora se han dado casos en los que hay que cambiar la identidad de la mujer porque si el agresor la encuentra, la mata. La violencia es hoy mucho más encarnizada
, relató Susana Franklin, directora de la institución.
Otra situación que se ha modificado con el paso del tiempo es que las mujeres que reciben apoyo en el refugio son víctimas no sólo de violencia, sino también de trata de personas, adicciones e incluso del crimen organizado, ya que muchas son parejas de narcotraficantes.
Para atender a la población femenina que padece estas agresiones la Fundación Diarq cuenta con el refugio Nuevo Día (que es de alta seguridad), el Centro Especializado de Atención a la Violencia y la línea telefónica Nuevo Día.
Franklin explicó que trabajan con un modelo de atención sistémico, es decir, no sólo atienden a mujeres y niños maltratados, sino también a los generadores y/o generadoras de violencia, siempre y cuando no pongan en riesgo la integridad de la mujer o sus hijos.
El refugio cuenta con cinco áreas para el cuidado de las víctimas: trabajo social, legal, médica, psicología para mujeres y niños y desarrollo infantil. En esta última área se ocupan de poner al día a los niños para que no pierdan el año escolar, pues la mayoría de las veces ya no pueden regresar a la escuela para evitar que sean rastreados por su agresor.
Su directora destacó que este refugio es de puertas abiertas, al contrario de la mayoría de centros que hacen esta labor. Consideramos que la mujer debe afrontar sus miedos desde muy pronto. Les damos las herramientas para que puedan salir y saber qué hacer si se encuentran con su atacante
, detalló.
El centro de atención cuenta con las mismas áreas, a excepción de la médica, y su objetivo es por un lado dar seguimiento a los casos de las mujeres que permanecieron en el refugio; y por otro, atender a toda la población que lo requiera mediante terapias y talleres para los miembros de la familia.
Tenemos un grupo de hombres generadores de violencia. Vienen a terapia y ahora van muy bien. Entonces podremos pensar en darle terapia a la familia completa
, aseveró Franklin.
Todos los servicios son gratuitos: pernocta (en el caso del refugio), alimentación, medicamentos, artículos de limpieza, capacitación y asesoría.
La idea es que en los tres meses que pueden permanecer en el refugio, las mujeres sean capaces de tomar las riendas de su vida y conseguir un empleo, un lugar donde vivir, y salir adelante con sus hijos.
También llevan a cabo talleres de prevención. Ahí está la solución
, resaltó su responsable; de lo contrario, el refugio seguirá siendo un paliativo, ayudando a subsanar lo que ya ocurre, pero sin atacar la raíz de los problemas
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La página de la fundación es www.fdiarq.org y la línea de atención es 01800 836 8800.
Más que una cuestión de fronteras y armamento, la seguridad nacional es un concepto que debe descansar en la estabilidad social, porque de ella depende que los conflictos generados por el calentamiento global no sean tan graves en el futuro próximo, advirtió el especialista militar británico Neil Morisetti.
En entrevista con La Jornada, realizada antes de la presentación del informe Impactos relacionados con el clima en la seguridad nacional en México y Centroamérica, elaborado por el organismo británico Royal United Services Institute (RUSI), el funcionario indicó que es vital adoptar pronto acciones contra el calentamiento global.
Aunque subrayó que este fenómeno no necesariamente va a causar un escenario de catástrofe, sí podría ocasionar daños considerables en muchos ámbitos, sobre todo en la agricultura y la disponibilidad de recursos vitales para la subsistencia.
Por ello, es fundamental que los gobiernos entiendan que las amenazas a la seguridad nacional no tienen que ver tanto con un enfrentamiento armado, sino con la escasez de agua y comida, y con las epidemias causadas por el cambio climático.
Si no se empieza a avanzar desde ahora en la mitigación y adaptación, el problema en unos cuantos años será peor y requerirá de hasta 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, dijo.
Debemos entender que en este tema no hay fronteras. Nosotros podemos aprender mucho de México, por ejemplo, porque aquí tienen una organización eficiente en cuanto a desastres naturales
, sostuvo Morisetti.
Aunque admitió que es probable que en la 16 Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cop-16) no se alcancen acuerdos jurídicamente vinculantes, insistió en la importancia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante el uso de tecnologías limpias.
Por su parte, durante la presentación del informe, el director del departamento de seguridad y resiliencia del RUSI, Tobias Feakin, recalcó que hay un riesgo considerable de que los efectos del cambio climático –si el gobierno mexicano no actúa a tiempo– exacerben las tensiones sociales y causen protestas violentas.
Además, al ver mermada su capacidad de respuesta, es probable que las autoridades pierdan control sobre parte del territorio, lo cual brindaría al crimen organizado un margen de acción más amplio para contrabandear armas y personas u obligar a los campesinos a trabajar para ellos.
Al término del acto, Feakin explicó que además del daño a las tierras agrícolas del norte del país, donde habrá más estrés hídrico, el aumento en el nivel del mar afectará a ciudades costeras como Cancún, Veracruz y Puerto Vallarta, entre otrasInsta a la dependencia federal a informar sobre avances del caso
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratuló por la localización, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de dos de los 14 niños desaparecidos del albergue Casitas del Sur que se encontraban con familias que no eran las suyas, pero instó a la dependencia federal a investigar la legalidad de las tutelas y determinar si existe el delito de trata de personas en dichos casos.
Asimismo, la CDHDF urgió a la PGR, que desde abril de 2009 atrajo la investigación, a que le informe sobre el avance de la misma, pues consideró que es preocupante que a la fecha no haya atendido las solicitudes que al respecto le ha hecho en el marco de sus facultades de dar seguimiento a la recomendación que emitió sobre ese caso.
El organismo subrayó que quienes entregaron y acogieron a esos infantes no pueden ser vistos como salvadores de niños pobres o maltratados
si se demuestra que violaron la ley para obtener su custodia, por el contrario, se debe proceder conforme a derecho.
Mediante un comunicado, el organismo agregó que pese a que los niños hayan recibido buenos tratos con esas familias, no es razón para desestimar un acto ilegal y violatorio de los derechos de los afectados y sus familias.
De allí que, agregó, se deben deslindar responsabilidades de quienes participaron en los supuestos procesos de adopción, sobre todo si se involucran a autoridades que hubieran resuelto los mismos de forma inapropiada.
La CDHDF destacó que en las resoluciones judiciales sobre el nuevo destino de los niños localizados deberá atenderse su interés superior y tomarse en cuenta su opinión, que prevea la superación de las posibles secuelas de prácticas de adoctrinamiento extremo que pudieran afectar el libre desarrollo de su personalidad.
Asimismo señaló que deben brindarse todas las condiciones necesarias para que los niños localizados y sus familias de origen puedan actuar como testigos protegidos que ayuden a determinar el paradero del resto de los infantes, que aún se desconoce.
El pasado 13 de octubre, una pareja entregó al Ministerio Público Federal a un adolescente, al cual, aseguraron, adoptaron legalmente y que presuntamente es uno de los desaparecidos. Dos días más tarde, en un operativo realizado por la Policía Federal Ministerial en la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, fueron detenidos dos mujeres y un hombre, que tenían a otro de los menores desaparecidosA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO
A LA OTRA CAMPAÑA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
A OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO
Compañeras, compañeros:
La comunidad Triqi de San Juan Copala hoy desplazada de su pueblo por el mal gobierno y sus sicarios se dirigen a las mujeres y hombres que tienen bueno su corazón para denunciar que la maldad y la ambición del poderoso no tiene limites, y no conformes con despojarnos de nuestro pueblo, los habitantes de Copala aun fuera de nuestra tierra seguimos siendo masacrados por paramilitares al servicio de este maldito sistema capitalista, quienes todavía tienen la desfachatez de llamarse gente de izquierda.
Ayer por la tarde fueron brutalmente asesinados en una emboscada en el paraje tres cruces cuando se dirigían a Yosoyuxi Copala los compañeros Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Uvaldo resultando herido de gravedad el compañero Jordán Ramírez Gonzáles. Los últimos informes que tenemos es que Jordán no pudo ser atendido en el Hospital de Juxtlahuaca por que criminales de estos grupos se encontraban a las afueras y no conformes con eso anduvieron patrullando con hombres armados buscando a nuestro compañero para rematarlo mientras la policía hace como que no ve o como que no está, esto se explica porque Jordán es de los compañeros mas comprometidos con la autonomía y por que fue de los últimos en salir de Copala el día 19 de septiembre. Primero quiso estar seguro que ya no quedaba nadie de los compañeros para salir, solo entonces decidió salir él.
Es esa la respuesta del gobierno mexicano a las medidas cautelares que dicto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es esa la respuesta del MULT por no aceptar su dialogo amañado y convenenciero. Lo que para nosotros resulta mas doloroso es que hoy todavía haya quienes se atrevan a ver este genocidio como una lucha interétnica cuando en realidad se trata de terminar con una forma de gobierno diferente al de este sistema criminal. Se trata de un genocidio para sepultar nuestra historia porque le tienen miedo. Se trata de una masacre que grupos PRIISTAS realizan contra nuestro pueblo por no alinearnos sumisamente como lo hizo la dirigencia del MULT con los dos últimos gobiernos de Oaxaca. Para los que no saben la UBISORT nació en el año 1994 y en 2006 prácticamente desapareció pues solo quedaron de ella unos cuantos pistoleros que siempre han trabajado directamente con los gobiernos( toño pajaro, Rufino Juárez...). Nosotros no nos someteremos jamás para permitir el robo de nuestros recursos naturales, nosotros no nos alinearemos jamás para sus campañas a favor del PRI con su partido CARICATURA regalo de José Murat.
Los niños, mujeres , ancianos, todos los autónomos como nos llaman en nuestra región preguntamos: ¿Así se va a un dialogo?. Respondemos a quienes en días pasados de manera por demás cobarde nos invitan a deponer las armas y sentarnos al dialogo: No creen señores que si tuviéramos armas nosotros, por el mínimo sentido de sobre vivencia, los muertos fueran de los dos lados?. Ya basta, infórmense bien y si de veras son adherentes a la otra campaña hagan honor a su militancia.
Llamamos a todos los compañeros de la otra campaña que en verdad lo son y a los que sin ser de la otra son compañeros en verdad a visitar nuestro campamento donde poco a poco van llegando los compañeros desplazados, en el zócalo de Oaxaca, y donde compañeros médicos de esos que este país tanto necesita, o sea de esos médicos que caminan abajo y al izquierda, curan a nuestros heridos ahí se podrán informar por su misma voz quien los hirió y quien masacro a nuestro pueblo.
¡Respeto a la vida y a la dignidad de los desplazados!
¡Basta de silencio cómplice!
¡No más violencia!
R E S P E T U O S A M E N T E
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA
"Quiero que rechaces siempre lo fácil, lo cómodo.
Todo lo que enaltece y honra implica sacrificios.
Cuando un revolucionario se acomoda comienza a descomponerse y deja de serlo, [...]
que siempre veas el bienestar común como único medio de obtener el bienestar propio [...].
Prefiere siempre la verdad por dura que esta sea [...].
Sé siempre el más severo crítico de ti mismo”.
Jesús Suárez Gayol