La Procuraduría General de Justicia del estado reconoce que no da seguimiento a los casos
Sólo se reporta uno de cada cuatro crímenes, y 97% de los denunciados queda impune: ONG
Presentan iniciativa de reforma para obligar a las autoridades a iniciar pesquisas de inmediato
Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 37
Cuernavaca, Mor., 15 de marzo. En sólo tres años (de 2007 a 2010), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos registró mil 299 desapariciones de civiles en la entidad.
El vocero de la dependencia, Efraín Vega Giles, reconoció que algunas de estas personas fueron levantadas y aparecieron asesinadas. Agregó que no se da seguimiento a los casos y por ello tampoco se sabe cuántos levantados aparecieron vivos o muertos.
Casi todas las investigaciones están sin concluir; por negligencia, sobrecarga de trabajo o porque los familiares desisten, señalaron trabajadores de la PGJE.
Según la Carpeta de incidencia delictiva estatal de la PGJE, durante 2007 se registraron en los 33 municipios de la entidad 363 denuncias por desaparición de personas. En 2008 sumaron 350; en 2009 fueron 266, y 320 en 2010.
Para la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos, la crisis del sistema estatal de justicia es devastadora
, porque “sólo se denuncia uno de cada cuatro delitos, y 97 por ciento de los denunciados quedan impunes.
El diputado local priísta Jorge Arizmendi García presentó hoy al Congreso estatal una iniciativa para reformar los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de la PGJE, a fin de que las autoridades no esperen dos días para comenzar la búsqueda de los desaparecidos, como marca la ley vigente.
Arizmendi García dijo que la actual ley no contribuye a esclarecer el paradero de los desaparecidos. La acción inmediata de las autoridades mejorará las posibilidades de ubicarlos y detener a los presuntos responsables
. Asimismo, señaló que la PGJE no ha reportado avances en sus investigaciones sobre levantones y otro tipo de desapariciones.
El tema no ha recibido la atención que merece, coincidieron representantes de organizaciones civiles. José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, pouso en entredicho el trabajo de las autoridades ante este delito. Señaló que no se investigan los casos cuando los levantados aparecen muertos, y tampoco cuendo no se vuelve a saber de las personas reportadas.
Martínez Cruz recordó los casos de Daniel Rueda Becerril, de 16 años de edad; José Arroyo Juárez, de 23; Samuel Terroba Rodríguez, de 19, y Pablo Domínguez Montiel, de 22, a quienes policías ministeriales obligaron a subir a la patrulla 01112 frente a la unidad habitacional Morelos la madrugada del 18 de abril de 2009.
Los cadáveres de estos jóvenes fueron encontrados el 3 de mayo siguiente en el barranco El Mirador del Mogote, municipio de Pilcaya, Guerrero. Debido al estado de putrefacción de los cuerpos no se pudo determinar la fecha de su muerte ni la manera en que fueron asesinados.
Además, contó que el comandante a cargo de la unidad que trasladó a los jóvenes, Miguel Alamilla Cabañas, fue acusado por los familiares de haberlos golpeado y secuestrado. Dos días después del levantón el policía no se presentó a trabajar y su esposa, Rosalyn Martínez Millán, agente de aprehensiones de la PGJE, solicitó licencia al cargo.
Otro caso documentado por la dependencia ocurrió el 14 de abril de 2010. Seis jóvenes, entre ellos tres menores de edad, fueron encontrados estrangulados, en el kilómetro 5 de la Autopista del Sol, en la colonia El Polvorín.
Según testimonios, los seis jóvenes formaban parte de un grupo de 11 que tres días antes habían sido privados de su libertad por presuntos sicarios en un campo de futbol, en la colonia Prohogar, municipio de Emiliano Zapata.
Junto a los cuerpos, que fueron apilados a la orilla de la autopista, sus asesinos dejaron un supuesto narcomensaje.
Familiares de las víctimas identificaron a Víctor González López, albañil; Arturo Corona García, vendedor de ropa; Gilberto Jaimes Lara, albañil; Emmanuel Uribe Candia, albañil; Mario Reza Sotelo, albañil, y Carlos Navarro García, electricista, todos vecinos del municipio de Emiliano Zapata.
La CIDH exigió al gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo investigar los casos, como recomendó Amnistía Internacional, y recordó que la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad
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