Reformas de derechos humanos, tema resuelto jurídicamente: Miguel Carbonell

Frenar la ratificación es una estrategia de pánico de los panistas: ILGA En México gozamos de tanta moral que hay doble: Lol Kin Castañeda Guillermo Montalvo Fuentes México DF, febrero 24 de 2011. Luego de que el pasado martes senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se opusieran a dar lectura a la minuta con las reformas en materia de derechos humanos propuestas por la Cámara de Diputados, el experto en Derecho constitucional, Miguel Carbonell, señaló que no tiene sentido que los panistas “se preocupen y saquen argumentos nuevos, pues en realidad, es un tema resuelto jurídicamente”. El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que a finales de 2010 el Senado ya había dado el visto bueno a esta iniciativa. Sin embargo, debido a que los diputados decidieron añadir algunas reformas con respecto a las facultades del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que se encuentra por segunda vez a consideración de los senadores. Entrevistado por esta agencia, Carbonell dijo que el principio de no discriminación por preferencia sexual ya está vigente en México por doble vía, tanto por los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el gobierno mexicano, y expresamente en el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. “Las reformas de derechos humanos lo que hacen es empatar la disposición constitucional con lo que México ya ha suscrito a nivel mundial. El objetivo es armonizar la legislación interna con los tratados internacionales”. El freno a la aprobación del dictamen surgió debido a que los panistas consideraron que los términos “preferencias sexuales” no eran lo más adecuados, pues con esto se podría entender que la Ley Suprema mexicana protege también a los pederastas. Al respecto, Gloria Careaga, co secretaria general de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays de Latinoamérica y el Caribe (ILGA LAC) señaló que el rechazo a la minuta es una “estrategia de pánico moral” utilizada por el gobierno del PAN, encabezado por Felipe Calderón, para obstaculizar los avances en la defensa de los derechos del colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. “Que se haga la modificación que se requiera, pero lo importante es que se despejen los obstáculos que impiden la garantia de protección de los derechos humanos para todos y todas por igual”, concluyó. Por su parte, la activista Lol Kin Castañeda reprobó la negativa de los senadores del PAN, pues dijo, “tienen un compromiso con la jerarquía católica para no facilitar ningún proceso de reconocimiento de nuestros derechos. En México gozamos de tanta moral que hay doble”. La controversia originó también la reacción de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuyos titulares, Ricardo Bucio Mujica y Mauricio Merino Huerta, respectivamente, se pronunciaran a través de un comunicado en favor de la ratificación de las reformas. “La ratificación logrará un mayor reconocimiento de derechos a grupos de población que históricamente han sido objeto de prácticas discriminatorias y que encuentran en esta modificación un instrumento de protección”. De acuerdo con el documento, las reformas a los 11 artículos constitucionales (1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105), “reforzarán el marco jurídico del derecho a la No Discriminación que tiene como principal fundamento la cláusula antidiscriminatoria establecida en el artículo primero constitucional. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó al Senado de la República la pronta aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, a la que calificó como la “más importante que se haya hecho desde 1917”. La CDHDF calificó la iniciativa como un “importante paso” en el reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito constitucional y distinguirlos de las garantías para su protección, además de ser un avance importante en la consolidación del sistema de los organismos de protección de los derechos humanos del país al garantizar su autonomía, y establecer procesos de consulta pública para la elección de sus titulares y consejos consultivos. Subrayó que el documento asienta la obligación para que la autoridad responda públicamente sobre las recomendaciones que presenten los organismos defensores de los derechos humanos, lo que marca un precedente fundamental que contribuye a la rendición de cuentas y a la consolidación del Estado democrático de derecho. La polémica propuesta de reforma al artículo 1 constitucional "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.