Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, informó que derivado de la iniciativa enviada al Congreso del Estado por el gobernador Juan Sabines Guerrero para eliminar la figura del arraigo en Chiapas, el pasado lunes 18 de julio la dependencia a su cargo resolvió la situación jurídica de las últimas personas que permanecían arraigadas en la denominada Quinta Pitiquitos.
El abogado de los chiapanecos sostuvo que, además, ha instruido a todos los fiscales de distrito, especiales y especializados de la Procuraduría de Chiapas a no solicitar más dicha medida cautelar, la cual calificó de desgastada y no acorde a los nuevos tiempos que vive el estado.
Recordó que la iniciativa del Ejecutivo estatal contempla la modificación al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado Siglo XXI, con lo que Chiapas se convertirá en la primera entidad en todo el país en eliminar esta figura, en congruencia con la política impulsada en materia de defensa y promoción de los derechos humanos.
A partir del anuncio que realizara el mandatario chiapaneco, en el marco de la celebración del Día del Abogado, al que asistieron integrantes y presidentes de diversas barras de profesionistas en derecho de toda la entidad, todas las fiscalías que tenían a personas arraigadas se dieron a la tarea de resolver la situación jurídica de los probables responsables.
De esta forma, la noche del lunes 18 de julio la Fiscalía Especializada Contra el Delito de Secuestro consignó ante el juez tercero del ramo penal a seis sujetos que estaban arraigados por el delito de Privación Ilegal de la Libertad, quienes fueron trasladados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 El Amate, desde donde enfrentarán el proceso en su contra.
En este sentido, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que el inmueble conocido como Quinta Pitiquitos, ubicado en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, será destinado al fortalecimiento de diversas actividades de la institución.
Con estos hechos, el gobierno de Chiapas demuestra, una vez más, su firme compromiso con la legalidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distingo alguno
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