Torturan y encarcelan a pareja tzotzil por un secuestro que no se cometió

Alfredo López Jiménez, en huelga de hambre desde el 29 de septiembre en el penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y su esposa, Rosa López Díaz, en ayuno, fueron sentenciados a 27 años de prisión por un secuestro que nunca existió.

Originario de Chimhukóm, municipio tzotzil de Mitontic, Alfredo fue detenido junto con Rosa el 10 de mayo de 2007 en San Cristóbal por hombres que no se identificaron y los torturaron.

Alfredo, solidario de la Voz del Amate, de la otra campaña, narra: “Cuando habíamos pasado por torturas, nos dijeron que nos estaban llevando por prestarle la casa a un amigo, que había ido ahí con Claudia Estéfani Gómez Méndez, a quien mi primo Juan Collazo había enamorado y ‘robado’, que según las costumbres es cuando una muchacha se va con un hombre sin que éste pague el dote a los padres; esto no es un secuestro. La hermana de Claudia anteriormente había hecho lo mismo con otro hombre”.

Le preguntaron por la joven, y contestó que estaba con su marido, Juan. Lo llevaron a la casa y lo dejaron amarrado en el carro. Juan y Claudia estaban comiendo. A él lo detuvieron y a Claudia un policía le dio una cachetada. Después me llevan con los ojos vendados a un lugar donde escuché los gritos de alguien que estaba pasando por la tortura.

Le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y una franela húmeda en la boca para asfixiarlo. Recibió golpes y toques eléctricos para que confesara que obtuvo 600 mil pesos. El mismo 10 de mayo lo trasladan al Ministerio Público (MP). Allí les advirtieron a él y su mujer: Si no se confiesan culpables, los vamos a matar.

Estábamos tan heridos y cansados que nos confesamos culpables, cuenta Alfredo, quien pasó 15 días en cama sin atención médica. El MP lo obligó a firmar hojas en blanco y otras que no leyó. No tuvo abogado ni traductor. El 12 de mayo lo trasladaron al penal de San Cristóbal de las Casas. No declaró ante personal del MP. El médico encargado de su revisión “nunca vio los golpes que traía, ni que mi testículo estaba desbridado.”

Rafael Gómez Santis (padre de Claudia, la supuesta víctima) los acusó de secuestro, ya que su hija era menor de edad. Según Alfredo, ésta optó por irse de casa el 9 de mayo con su novio. Sospecha que Gómez Santis pagó entre 20 y 40 mil pesos para que los sentenciaran. Durante el proceso, Alfredo, Rosa y sus primos Pedro y Juan solicitaron careos y presentaron testigos, recolectando firmas de que son personas honorables. Fue inútil.

El 13 de abril de 2010 se ratificó la sentencia y lo trasladaron sin motivo al penal de Tonalá, donde Alfredo y tres presos más realizaron una huelga de hambre del 4 de noviembre al 6 de diciembre. Así consiguió regresar al penal de San Cristóbal. El secretario de Gobierno Noé Castañón le mandó decir que saldría libre en dos meses. Han pasado diez.

Alfredo y Rosa tienen dos hijos, de cuatro y dos años; el primero, quien vive con familiares, nació en el penal con parálisis cerebral, causada presumiblemente por la tortura. El segundo vive con ella en la cárcel.

Rosa, de 34 años, también fue torturada y golpeada en el estómago hace cinco años. Pidió que pararan porque estaba embarazada pero no pararon. La desnudaron, amenazando con violarla si no admitía el secuestro. Cómo voy a decir algo que no he hecho, les replicó. Uno de los agentes la tiró al piso y otros dos la agarraron. Rosa cuenta que en ese momento dijo: no me violen, estoy embarazada y sus agresores prometieron: Si dices que lo hiciste, no te hacemos nada. Entonces Rosa admitió todo, aunque era falso, ni siquiera conocía a la secuestrada.

Ella ha denunciado en varias ocasiones las condiciones del sector femenil de la cárcel. Ahora la amenazan con quitarle a su hijo menor si no deja el ayuno