Marginan del beneficio a menores de zonas indígenas
Hubo colusión de autoridades y proveedores: ASF
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 2
En el transcurso del año 2010, miles de niños que viven en alta marginación, los cuales fueron atendidos en albergues escolares a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), no recibieron las vacunas del cuadro básico (incluidas las de influenza estacional), que fueron pagadas con recursos públicos por la dependencia federal con un monto de 69 millones de pesos, a causa de la colusión entre proveedores y funcionarios de la comisión.
En uno de los apartados de la revisión de la Cuenta Pública 2010 del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encuentra –casi perdida en el aspecto de gasto social– la fiscalización a la CDI, en el rubro del Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI).
De él se desprende una conclusión reprobatoria del ente fiscalizador, ya que: el uso ineficiente de los recursos y la falta de supervisión para que los proveedores de bienes y servicios cumplan con las condiciones contratadas que impactan la adecuada atención de la población objetivo, indígenas con alto grado de marginación, a los cuales no llegan los beneficios del programa.
Así, la ASF consideró que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la CDI no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera del Programa Albergues Escolares Indígenas: pagó 69 millones 600 mil pesos para la aplicación de vacunas sin haber recibido íntegramente del proveedor los servicios contratados, lo que ocasionó que la población objetivo no fuera beneficiada.
Tal contrato fue firmado por un servidor público que no estaba facultado para ello.
Sobreprecio de más de $6 millones
Además la CDI adquirió 150 mil dosis de vacuna contra la influenza estacional por conducto de un tercero, por las que pagó en 2009 con un sobreprecio de 6 millones 272 mil pesos; el no haberlas adquirido directamente con los laboratorios Birmex, y pagar sin recibirlas generó al momento un costo financiero de 225 mil pesos.
También inexplicablemente, aduce el informe de la Cuenta Pública 2010 realizado por la ASF, se contrató un estudio por 378 mil pesos que careció de la autorización del titular de la CDI y del dictamen que comprobara que no se contaba con personal capacitado para la aplicación del contrato; tampoco se contó con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; el convenio se fundamentó en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a pesar de ser un servicio de salud.
Y es que el PAEI tiene como objetivo contribuir a la permanencia educativa de niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas dependientes de la SEP, mediante modelos diferenciados de atención, principalmente para aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad, y a quienes se les ofrecen albergues escolares donde se les brinda una alimentación adecuada y hospedaje seguro para que inicien y concluyan el ciclo escolar.
En el estado del ejercicio de los recursos, el programa Albergues Escolares Indígenas ejerció 716 millones 692 mil pesos, lo cual representó 10 por ciento del presupuesto total aplicado en 2010 por la CDI.
No obstante, el órgano interno de control señaló que en la CDI “se observó que en ninguno de los albergues visitados se lleva un control adecuado del equipamiento recibido de oficinas centrales, ya que no hay un control de entradas y salidas de los bienes; además hay irregularidades en la construcción de los albergues (filtraciones y fugas, entre otras), por lo que los becarios utilizan instalaciones inadecuadas, con riesgo de contraer enfermedades por la insalubridad de los sitios en los que se encuentran, además de que carecen del servicio de energía eléctrica
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