Cuestiona investigación programa REDD porque se ha destruido identidad indígena

Cuestiona investigación programa REDD porque se ha destruido identidad indígena

En septiembre se realizará conferencia mundial de gobernadores de los 42 estados miembros

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de mayo de 2012, p. 21

San Cristóbal de las Casas, Chis., 22 de mayo. El programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD Plus), impulsado por Naciones Unidas, fue abrazado por el gobierno de México desde 2010, y su buque insignia es Chiapas, donde, como en otros países, resulta polémico. Para empezar, “el mismo gobierno ha dividido a los pueblos en ‘legales’ e ‘ilegales’, para ‘respetar’ el Convenio 169 de la OIT cuando se trata de pueblos que colaboran con el gobierno, mientras no es válido cuando se trata de otros indígenas: ‘los invasores’”, sostiene el trabajo El Proyecto REDD Plus en Chiapas de la investigadora noruega Ingrid Fadnes.

¿Y los derechos de los pueblos indígenas? Una visión compartida entre la mayoría de éstos, a escala continental, es que los que destruyen su tierra y sus recursos están causando su propia destrucción y la de su identidad como pueblo.

En Chiapas no sólo existe una gran diversidad biológica, sino también una diversidad cultural impresionante, con 12 diferentes pueblos indígenas. Los lacandones, el pueblo más reducido en número y siempre polémico por su colaboracionismo permanente, están otra vez en el centro de la crítica de otros pueblos indígenas y de organizaciones sociales y ambientales.

A los comuneros lacandones que ya colaboran en el proyecto, el gobierno les ha venido pagando una cantidad mensual:Apoyamos a los dueños de la tierra, no estamos contratando a guardabosques o guarda selvas; estamos apostando a que los dueños de la tierra van a resguardar, argumentó el gobernador Juan Sabines Guerrero. Reciben este pago por servicios ambientales habitantes de Lacanjá Chansayab, Nahá, Metzabok, Frontera Corozal y Nueva Palestina (Ocosingo).

La investigación apunta: Los proyectos REDD en México no están formalmente definidos como tales, pero el gobierno de Chiapas comenzó a pagar a selectos comuneros lacandones, para mostrar su voluntad de crear una buena base para los negocios de trasnacionales californianas, con recursos públicos.

Del 25 al 27 de septiembre, presidida por el mandatario chiapaneco, se efectuará aquí la conferencia mundial del Grupo de Trabajo de gobernadores de los 45 estados miembros del programa REDD Plus (una colaboración subnacional singular entre varios estados y provincias que establece las bases para un mercado de compra y venta de bonos de carbono).

Participan diversos actores. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal impulsan un proyecto piloto para capacitar a comunidades en monitoreo, medición de carbono y cálculo sobre la cantidad de carbono que existe en el presente y futuro, y contabilizar reducciones de emisiones. Para ello se estableció el Programa de Acción ante el Cambio Climático estatal, donde participa Conservación Internacional facilitando el desarrollo de las bases científicas, técnicas y de estructura a través de alianzas con las universidades de Ciencias y Artes de Chiapas, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Colegio de la Frontera Sur, UNAM y Colegio de Posgraduados, con la colaboración del Instituto Nacional de Ecología. Además, organismos civiles como Pronatura y a la Cooperativa Ambio, la Comisión Nacional para la Conservación de la Biodiversidad y su programa Corredor Biológico Mesoamericano; la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la embajada británica, el gobierno noruego y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, administrado y controlado por el Banco Mundial.

Para definir lo que se puede vender en indulgencias (bonos) de carbono al gobierno de California y a empresas contaminantes que lo sostienen, la administración chiapaneca intenta, como otras desde hace décadas, abrir una brecha en la selva Lacandona que delimite la zona a comercializar, renovando agresiones y despojos a las comunidades indígenas, concluye la investigadora