Analizan criminalización de la región de San Sebastián Bachajón

Analizan criminalización de la región de San Sebastián Bachajón

Abrir paso a megaproyectos turísticos, el objetivo, aseguran

Otro ejemplo de la violación de derechos humanos a pobladores de San Sebastián Bachajón es el caso de los indígenas tzeltales Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo García Gómez y Domingo Pérez Álvaro, quienes de febrero a julio de 2011, estuvieron presos en el penal de Playas de Catazajá, donde fueron víctimas de agresiones e intimidaciónFoto Moysés Zúñiga Santiago

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Domingo 8 de julio de 2012, p. 19

San Cristóbal de las Casas, Chis. 7 de junio. Ante las reiteradas denuncias del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón) contra la injusticia, la impunidad y la violación de derechos humanos que padecen sus pobladores por acciones de los tres niveles de gobierno, la Red contra la Represión y por la Solidaridad en Chiapas y el grupo de trabajo No Estamos Todos, adherentes (como los propios ejidatarios) de la otra campaña, se sumaron al hartazgo de las comunidades y documentaron la importancia geopolítica de dicho espacio para la dinámica del capital en un contexto de guerra de desgaste al analizar la especulación y la criminalización en la región.

Resaltan que permanecen presosinjustamente tres miembros del ejido: Antonio Estrada Estrada (en el penal de Playas de Catazajá), Miguel Vázquez Deara (en Ocosingo) y Manuel Demeza Jiménez (en El Amate), víctimas de unarecurrente táctica político-policial de contrainsurgencia. Los colectivos subrayan el grado de tortura, hostigamiento y amenazas previas a su encarcelamiento. Como se busca abrir paso a megaproyectos turísticos, “se castiga al ‘enemigo incómodo’ con herramientas jurídicas que criminalizan la dignidad y la resistencia para proteger intereses económicos”.

San Sebastián, en la región autónoma zapatista San José en Rebeldía, es acceso a las cascadas de Agua Azul. La Red contra la Represión denuncia un mecanismo de control territorial por parte del Estado para confinar los recursos (tierra, agua, biodiversidad, conocimientos culturales) en cápsulas de resguardo, como aquellas que se denominan áreas de protección de flora y fauna, espejo de la valorización de la naturaleza por riqueza genética, captación de carbono, abundancia de agua y potencial turístico.

Según el informe, el proyecto turístico data de hace 20 años, como objeto de la especulación financiera para los consorcios hoteleros. La propuesta eracompetir con Cancún con un centro integralmente planeado. El proyecto quedó trunco tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que al aplicar su ley agraria revolucionaria y crear los municipios autónomos definió la configuración geográfica de la resistencia zapatista. En 2008, al asumir la sexta declaración de la selva Lacandona, más de mil 800 ejidatarios no zapatistas decidieron gestionar la caseta de cobro que monopolizaba el oficialista ejido Agua Azul, y así ejercer el derecho al uso y disfrute de su territorio.

En marzo de 2008, las empresas Norton Consulting y EDSA Construction, “obedeciendo al Proyecto Mesoamericano, presentan una propuesta para ‘elevar la economía con base al turismo en la selva de Chiapas’. Sus planes identificaban espacios y proyectos que puedan exaltar la oferta turística”. Se impulsaría “una cadena hotelera que maneje el conceptolounge/retreat para convertir las cascadas en una de ‘las experiencias deresort más especiales en el hemisferio oeste’. Habría hotel, centro de conferencias y campo de golf”. Los operadores a considerar para la inversión son Luxury Collection, Oriente Express y Arman, quienes manejan tarifas por habitación entre 300 y mil dólares la noche (3 mil 800 a 10 mil 800 pesos). Entre las hoteleras mencionadas destacan Sonesta, Barceló, Sol Meliá, Camino Real, Posadas, Marriot, Hyatt y Westin.

El gobierno federal impulsa la estrategia a partir del Fondo Nacional para el Turismo, en colaboración con las secretarias de Turismo federal y de Chiapas, las secretarías de Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Antropología e Historia