CNDH: murieron 171 reos en penales del país en 2011
De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 26 de julio de 2012, p. 16
Jueves 26 de julio de 2012, p. 16
De acuerdo con datos oficiales, durante 2011 murieron en el país 171 reos en 49 incidentes como riñas, homicidios, intentos de fuga, suicidios e incendios, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tan sólo en los primeros meses de este año, informó mediante un comunicado el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva, se tiene el registro de 75 fallecimientos en dos penales: 31 en el de Altamira, Tamaulipas, y 44 en el de Apodaca, Nuevo León. El total de fallecimientos registrados hasta ahora es de 107.
La CNDH calificó como
preocupanteslos casos de negligencia en la preservación de los derechos humanos ocurridos en algunos centros penitenciarios del país, a pesar de las recomendaciones emitidas por dicha entidad, las cuales tienen la finalidad de hacer del conocimiento de las autoridades y de la sociedad los problemas estructurales que presenta el sistema penitenciario en su conjunto.
El debido control de los centros penitenciarios es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano, a la que no pueden ni deben renunciar las autoridades públicas, porque impacta, de manera directa en la seguridad y en la procuración de justicia, subrayó.
Por todo lo anterior, la CNDH consideró necesario intensificar las acciones orientadas a evitar la comisión de abusos en los centros de reclusión, y salvaguardar los derechos a la vida y a la dignidad, con el propósito de cumplir el mandato constitucional que prevé el segundo párrafo del artículo 18, donde se establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir.
Por todo ello, el organismo llamó a reforzar la atención a las víctimas de los abusos del poder y del delito, así como a supervisar el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario
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