Gobernación destinará 76% de su gasto a tareas policiacas

Gobernación destinará 76% de su gasto a tareas policiacas

Estudio realizado en San Lázaro revela que protección civil está entre los sectores que enfrentarán recortes

El secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional recibirá 10 mil 246 millones de pesos, es decir, 49 por ciento del presupuestoFoto Alfredo Domínguez

Roberto Garduño y Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 3

La Secretaría de Gobernación aplicará una política esencialmente de seguridad nacional y de seguridad pública el próximo año, debido a que sus estrategias en el ejercicio del gasto se enfocarán en esos rubros.

Un análisis del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados explica que 76 por ciento de los recursos que ejercerá la dependencia en 2013 están asignados a asuntos de orden público y seguridad interior, seguridad nacional y justicia, vinculados a los temas de seguridad pública y combate a la delincuencia.

Destaca la partida de mil 500 millones para la creación de la gendarmería, uno de los programas planteados por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En contraste, hay recortes sustantivos en rubros como la preservación y difusión del acervo cultural de nación, el programa de operación del Registro Público Vehicular, la tarjeta de identidad, la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil y la relación con las asociaciones religiosas.

El estudio refiere que aun cuando para el próximo año la Secretaría de Gobernación ejercerá 21 mil millones de pesos, lo que representa una reducción de 14.1 por ciento real respecto al presupuesto de este año, la característica principal del destino de los recursos es el enfoque policiaco.

Por ejemplo, indica, de las 52 unidades sectorizadas a la dependencia, cuatro concentran 81.3 por ciento del presupuesto: el secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, con 10 mil 243.6 millones de pesos, tendrá el monto más alto, con 49 por ciento del presupuesto; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), 2 mil 847 millones de pesos, esto es 13 por ciento; la Oficialía Mayor, 2 mil 195.9 millones, 10 por ciento del total, y el Instituto Nacional de Migración, con mil 895.4, 9 por ciento.

Destaca el hecho de que las tres primeras, que concentrarán 72 por ciento de los recursos, se caracterizan por ejercer atribuciones relacionadas con la seguridad pública y el combate a la delincuencia, afirma.

Por clasificación programática, de los 38 programas a cargo de Gobernación sólo cuatro concentran 75 por ciento del presupuesto: subsidios para los municipios, con una asignación de 4 mil 559.8 millones; servicios de inteligencia para la seguridad, 2 mil 744.3 millones; subsidios para el mando único policial, 2 mil 570 millones, y prevención del delito, de nueva creación, con 2 mil 500 millones.

El objetivo de todos estos programas es fortalecer la seguridad y el combate a la delincuencia, señala.

Los sectores afectados

Por clasificación funcional, los asuntos de orden público y seguridad interior, que tienen por objetivo la prevención de desastres y atención ciudadana por daños, así como prevención del delito y acciones de seguridad, concentran 56.7 por ciento (11 mil 909.5 millones). La coordinación de política de gobierno recibirá 21.3 por ciento (4 mil 473.5 millones), y tiene por objetivo elaborar las estrategias de gobierno, las actividades de enlace con el Poder Legislativo, así como desempeñar los servicios migratorios y la política poblacional.

La función de seguridad nacional, que comprende las actividades del Cisen, tendría 13.6 por ciento (2 mil 847 millones), y a la función justicia se le asignó 5.8 por ciento (mil 215 millones).

Por el contrario, hay un total de recortes por 868.65 millones (75.3 por ciento) en el rubro registro e identificación de población; de 165.1 millones (46.8 por ciento) a la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil; de 51.7 millones (43 por ciento) a preservación y difusión del acervo documental de la nación; de 36.6 millones (31.4 por ciento) en actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social, y de 30 millones (31 por ciento) al programa de operación del Registro Público Vehicular