Aún no define juzgado tercero si liberará a militares; sigue analizando pruebas

Aún no define juzgado tercero si liberará a militares; sigue analizando pruebas

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 16

El juzgado tercero de distrito, con sede en Toluca, estado de México, no ha notificado a la Procuraduría General de la República (PGR) el cierre de instrucción del proceso penal que se sigue a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, así como a otros militares por sus presuntos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Por lo anterior, Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, podría ser sentenciado en marzo próximo, indicaron funcionarios de la institución ministerial.

Revelaron que el Ministerio Público Federal (MPF) continúa el análisis del expediente de los militares, por lo que aún no se define si presentará conclusiones acusatorias o dejará en manos del Poder Judicial que se dicte sentencia o libertad, con las pruebas que obran ya en la causa penal, a pesar de que no fueron corroboradas las imputaciones de los testigos protegidos.

El abogado Ricardo Reyes Sánchez Retana confirmó que el juzgado tercero de distrito no ha terminado de notificar a los coacusados del general Ángeles Dauahare que éste solicitó que se dicte sentencia, lo cual implicaría que su proceso penal se separe de los otros, como si se tratara de un caso aislado.

Asimismo, resaltó que el Ministerio Público puede aportar más pruebas o testimonios acusatorios contra su cliente en tanto no decrete el cierre de instrucción, pero dijo que confía en obtener la libertad del militar.

Los generales Ángeles, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Isidro de Jesús Hernández Soto, y el mayor Iván Reyna Muñoz, fueron señalados por presuntos integrantes delcártel de los hermanos Beltrán Leyva como funcionarios que recibían diversas sumas de dinero para que protegieran sus operaciones.

Los militares fueron detenidos en mayo de 2012, y luego de permanecer bajo arraigo durante 40 días fueron consignados ante el juzgado tercero por delincuencia organizada y delitos contra la la salud, con base en testimonios de oídas, los cuales no fueron confirmados o corroborados