Siete años impune el crimen en la mina Pasta de Conchos

Siete años impune el crimen en la mina Pasta de Conchos

Familiares y amigos de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos participaron ayer, frente a la sede de Grupo México, en la misa por el séptimo aniversario de la tragediaFoto José Carlo González

Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Miércoles 20 de febrero de 2013, p. 20

Mientras Grupo México da a las viudas de los mineros muertos en Pasta de Conchos apenas una ayuda mensual de 600 pesos, sigue impune el crimen industrial y se persigue al dirigente del sindicato nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien denunció la falta de seguridad en ese socavón y exigió indemnizaciones justas para las familias de los trabajadores.

La dirigencia del sindicato denunció ayer lo anterior en conferencia de prensa en el Ángel de la Independencia, para recordar a los 65 mineros fallecidos en la explosión del 19 de febrero de 2006.

Juan Linares Montúfar, secretario del comité de vigilancia del gremio, recordó que luego de la explosión en Pasta de Conchos se trató de inculpar a Gó­mez Urrutia y de ahí provino la persecución política contra el dirigente, la cual no ha cesado.

Indicó que el gremio demanda que se den todas las garantías para el regreso del dirigente al país, dado que ha sido perseguido político de dos gobiernos, que trataron de acabar con su dirigencia y con la libertad en el gremio minero.

Javier Zúñiga García, secretario del trabajo, indicó que la organización demanda justicia para los deudos, rescate de los cuerpos de los mineros y que se frene la persecución contra Gómez Urrutia. Planteó que Grupo México jamás indemnizó de forma justa a los deudos y que incluso sólo da 600 pesos al mes para apoyar a los hijos de los obreros siniestrados que cursan la primaria y la secundaria, y 800 pesos para los que estudian preparatoria y licenciatura. Es decir, entre 20 y 26 pesos diarios, una miseria.

Dijo que están pidiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto que termine con este conflicto, que resuelva esta herencia maldita que le dejaron los gobiernos panistas, que castigue al responsable de la muerte de los 65 mineros.

José Ángel Hernández Puente, tesorero del gremio, planteó que si se permite rescatar los cuerpos de los mineros se conocerán las causas de la explosión y los responsables, ya que se puede documentar que la empresa ordenó trabajos de soldadura dentro de la mina, la cual presentaba condiciones de inseguridad. Además, hay responsables dentro del gobierno, porque varios inspectores hicieron recorridos por las minas y no quisieron levantar reportes de aspectos que se tenían que revisar y cambiar.

Los sindicalistas demandaron que se reabran las investigaciones, se sancione a los responsables y se actúe para frenar los accidentes y explosiones que ocurren en las minas por las empresas voraces, a las cuales se les permite operar sin los mínimos de seguridad.

Los representantes mineros señalaron que es mentira que el gremio exija 100 mil dólares para terminar con las huelgas de Cananea (Sonora); Sombrerete (Zacatecas) y Taxco (Guerrero), ya que lo que la organización ha planteado es una mesa de negociación para terminar con los conflictos; sobre todo que se revisen las condiciones de seguridad para los trabajadore