Desecha la SCJN recurso contra la presa El Zapotillo
El estado aún podría alegar derechos sobre aguas del río Verde
Silencio del gobernador
La construcción de la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, lleva un avance de 58 por ciento, según el reporte más recienteFoto Arturo Campos Cedillo
Juan Carlos G. Partida y Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 14 de marzo de 2013, p. 40
Jueves 14 de marzo de 2013, p. 40
Por unanimidad y sin debatir siquiera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer la controversia constitucional en contra de la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco.
Los ministros de la segunda sala rechazaron la demanda presentada por el municipio de Cañadas de Obregón, que pretendía evitar la autorización para construir la presa, cuya cortina tendrá 105 metros de altura e inundará los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Los togados Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco Alberto Gelacio Pérez Dayán y Luis María Aguilar pasaron por alto que se ignoró la opinión de los pobladores de la zona afectada, quienes se oponen al desalojo y a la inundación de sus tierras.
El municipio argumentó infructuosamente que el conflicto radica en que cualquier compensación sería insuficiente para los afectados, dadas las consecuencias sociales, políticas, culturales y ambientales que tendrá la construcción de la presa.
El 20 de julio de 2012, el cabildo de Cañadas de Obregón interpuso ante la SCJN la controversia constitucional contra el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Jalisco por violaciones al artículo 115 constitucional, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Gobierno y de la Administración Pública de Jalisco.
Intelectuales, artistas, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras y diversas personalidades entregaron a los ministros una carta abierta en la cual los llamaron a encontrar
el equilibrio entre los intereses de diversos sectores sociales dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales, evitando así la violación de los derechos humanos.
En el texto, firmado, entre otros, por los académicos Adolfo Gilly, Gilberto López y Rivas y Pedro Arrojo Agudo; los periodistas Paco Ignacio Taibo II y Ricardo Rocha, así como los actores Ofelia Medina, Daniel Giménez Cacho, Bruno Bichir y Julieta Egurrola, además de cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientales de todo el país, se invitaba a los ministros a aprovechar
la oportunidad histórica de reivindicar, con su decisión, a un Estado mexicano que bastante ha vulnerado los derechos y la dignidad de los ciudadanos de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo afectadas por el proyecto de la presa El Zapotillo, que se construye en total ilegalidad.
Persiste la amenaza de desalojo
La resolución mantiene la amenaza de desplazar a los pobladores de Temacapulín y Palmarejo, en el municipio de Cañadas de Obregón, y de Acasico, en Mexticacán. No obstante, el Poder Legislativo de Jalisco interpuso el año pa sado la controversia constitucional 93/2012, que es mucho más amplia que la sobreseída y que considera un nuevo elemento: los derechos de Jalisco sobre el río Verde, donde se construye la presa.
La controversia va dirigida contra el Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos de Jalisco y Guanajuato. En ella se impugna el convenio de coordinación firmado entre Federación y estados el 16 de octubre de 2007, por el cual, a petición del entonces gobernador jalisciense Emilio González Márquez, el tamaño de la cortina de El Zapotillo se ampliaría de los 80 metros originales a 105 metros, diferencia que provocaría la inundación de Temacapulín.
Meses después, y tras la oposición de habitantes de los pueblos afectados, el ex gobernador explicó que la presa ampliada no sólo llevaría agua a los Altos de Jalisco y a León, Guanajuato, sino también a Guadalajara y su zona conurbada.
La base de la controversia interpuesta por los legisladores jaliscienses es rechazar cualquier acto de autoridad que afecte los derechos adquiridos por Jalisco el 17 de noviembre de 1997, cuando se hizo la declaratoria de reserva de las aguas nacionales superficiales del río Verde. El documento otorga cada año 372 millones de metros cúbicos de agua para que Jalisco los destine a usos doméstico y público urbano, y 12 millones 600 mil metros cúbicos para actividades pecuarias.
El 29 de enero, a un mes de asumir la gubernatura de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz envió un mensaje en redes sociales:
Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín.
El primero de marzo, durante su toma de protesta y ante unos 20 gobernadores, entre ellos el de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, Sandoval Díaz dijo:
Habremos de hacer un gran acuerdo para que le vaya bien a los ciudadanosde ambos estados, en referencia a la presa El Zapotillo.
Eso fue lo último que dijo sobre el tema. Después de casi dos semanas en el cargo, no ha nombrado al director de la Comisión Estatal del Agua, no ha presentado alternativas para abastecer a una zona metropolitana de más de cuatro millones de habitantes, que obtiene del lago de Chapala 60 por ciento del líquido que consume, ni ha dicho cómo evitará que Temacapulín sea inundado.
En tanto, la construcción de la presa continúa a marchas forzadas (el reporte más reciente indicaba un avance de 58 por ciento) con los 105 metros de altura de cortina acordados en 2007 por los gobiernos panistas federal y estatales.
El comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que asesoró al ayuntamiento de Cañadas de Obregón para la controversia constitucional sobreseída, anticipó que dará a conocer su postura este jueves, Día mundial de acción contra las presas y en favor de los ríos, los pueblos y la vida.
A su vez, brigadas opositoras a la presa desplegarán mantas en diferentes puntos de Guadalajara y se presentará el libro Temaca en el alma, de Martín Rodríguez, sobre el movimiento de resistencia
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