Consignan ante juez a 40 detenidos de Aquila

Consignan ante juez a 40 detenidos de Aquila

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada
Domingo 18 de agosto de 2013, p. 11

Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) certificaron que personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) no cometió violaciones a las garantías individuales de 40 policías comunitarios del municipio de Aquila, Michoacán, consignados por presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

La dependencia que dirige Jesús Murillo Karam dio a conocer que 16 de los acusados podrían obtener libertad mediante caución si el juez al que corresponda definir su situación jurídica estima que no cometieron delitos graves.

Según la dependencia, 16 de los 40 inculpados fueron detenidos en posesión de pistolas que no son de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y aunque cometieron violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego, podrían obtener libertad bajo fianza porque el delito no se considera grave. Sin embargo, otros 24 policías comunitarios detenidos en posesión de armas consideradas de uso exclusivo del ejército –AK-47, rifles AR-15 y escopetas recortadas– no podrían alcanzar libertad mediante fianza, pues se considera que incurrieron en delitos graves, como delincuencia organizada y acopio de armas y de cartuchos.

El miércoles pasado, miembros del Ejército, de la Secretaría de Marina y policías estatales realizaron un operativosorpresa en el municipio de Aquila y detuvieron a 45 personas, entre ellas un menor de edad.

Cuatro fueron enviados al penal estatal de Mil Cumbres, el menor de edad fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y los otros 40 fueron trasladados de las instalaciones de la Seido en la ciudad de México, donde permanecieron dos días detenidos.

Ayer, los 40 policías comunitarios fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número cinco, en Villa Aldama, Veracruz, donde quedaron a disposición de un juez federal.

Hasta el momento se desconoce el juzgado ante el cual deberán rendir declaración preparatoria y se tendrá que definir si dicta auto de formal prisión o de libertad