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viernes, 2 de julio de 2010

Liberan a participante en marcha gay

Liberan a participante en marcha gay
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 34

La juez 69 penal determinó dictar auto de libertad en favor de Arianna Dávila Silva, una de las tres jóvenes detenidas durante la marcha del orgullo lésbico-gay acusadas de robar a dos elementos de la policía bancaria e industrial sus gafetes y un reloj. Sin embargo, dictó formal prisión contra las otras dos estudiantes por robo con el agravante de violencia moral.

Finalmente no se acreditaron los agravantes de violencia y en pandilla, que en principio se les había tipificado, pero aun así Beatriz Corona Hernández y Carmen Fabiola de Jesús González no alcanzaron el beneficio de la libertad bajo fianza por supuestas agresiones verbales contra los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal explicaron que a las dos jóvenes que continúan presas en el penal femenil de Santa Martha se les seguirá un juicio sumario para que a más tardar en tres meses se emita sentencia.

Señalaron que cambiar las agravantes de violencia y en pandilla por violencia moral abre la posibilidad de que, de ser encontradas culpables, se les dicte una pena menor de cinco años de cárcel, con lo cual podrían acceder a la libertad bajo fianza.

La juez Nelly Ivonne Cortés Silva ordenó la liberación de Arianna, pues no encontró elementos de prueba que acreditaran el supuesto robo a los policías Noé Mendoza de la Torre y Gabino Mejía Martínez; pero en el caso de Beatriz y Carmen Fabiola fue distinto, pues, según la denuncia de los policías, ellas tenían los gafetes y el reloj.

Mientras, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal comenzó una investigación con el propósito de determinar si hubo abuso de autoridad de los elementos policiale

Exigen frenar la ola de delitos sexuales que desató la "guerra contra el crimen"

Protestan en Querétaro por la clausura de siete espectaculares

Exigen frenar la ola de delitos sexuales que desató la guerra contra el crimen
Miroslava Breach, Mariana Chávez y Ángeles Mariscal
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 30

Decenas de mujeres, principalmente estudiantes y amas de casa de clases media y alta, marcharon por la ciudad de Chihuahua para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno acciones concretas y políticas públicas que frenen la ola de violencia de género, en particular los delitos sexuales, cometidos durante asaltos y robos de autos, en los que no pocas víctimas han sufrido violaciones tumultuarias, cuyos índices se incrementaron en meses recientes.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Diálogo y Acción Ciudadana encabezaron la marcha que denominaron Mujeres Libres y Seguras, la cual partió del monumento a Francisco Villa al palacio de gobierno, luego se dirigió al Congreso local y concluyó ante la presidencia municipal.

Las manifestantes exigieron seguridad inmediata, ya que son tratadas como botín de guerra, debido a la ola de violencia que se acrecentó contra las mujeres desde que Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, lo que ha dejado un saldo de 280 mujeres asesinadas en el estado; en el primer semestre de este año, dijeron, han sido violadas 82 mujeres sólo en la capital.

Por más de dos horas, las mujeres caminaron bajo el fuerte sol de las 10 de la mañana, para ir de puerta en puerta en las oficinas gubernamentales, exigiendo que se escucharn sus demandas. No encontraron a nadie.

El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, envió a un funcionario de tercer nivel a recibir el manifiesto elaborado por las inconformes. De los 33 diputados del Congreso, sólo el perredista Víctor Quintana estuvo presente; mientras en el ayuntamiento local el alcalde Álvaro Madero envió un representante.

En Querétaro, 70 mujeres de diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en la sede de la delegación del Centro Histórico, en protesta porque al gobierno municipal, encabezado por el panista Francisco Domínguez, clausuró siete de los nueve espectaculares que difunden la campaña La otra mirada católica sobre el aborto, con la frase: La Iglesia católica no condena el aborto en algunas condiciones.

Dicha campaña, promovida por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, dio inicio el 31 de mayo en entidades donde se aprobaron leyes que penalizan a las mujeres que abortan

Amenazan federales a periodistas en Juárez

Amenazan federales a periodistas en Juárez
R. Villalpando y M. Breach, corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 29

Ciudad Juárez, Chih. Unos 30 policías federales encapuchados irrumpieron ayer por la tarde en las oficinas de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez, supuestamente en busca de un grupo de secuestradores. Reporteros y editores fueron encañonados y amenazados por los agentes, quienes no se identificaron y advirtieron que dispararían si alguien oponía resistencia. Luego de 20 minutos, los uniformados se retiraron, pero 10 minutos después llegaron tres camiones con más federales, quienes intentaron llevarse al reportero gráfico Alejandro Bringas en represalia por haberles tomado fotografías, pero llegaron más periodistas y lo impidieron.

QR: llaman seguidores de AMLO a anular voto

QR: llaman seguidores de AMLO a anular voto
Hugo Martoccia, corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 28

Cancún, QR. Las redes ciudadanas del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo invitaron a los votantes a escribir en las boletas una letra R, en señal de reprobación a las campañas y el proceso electoral en el estado. Estos políticos desdeñaron a la sociedad, la aturdieron con su propaganda, sus fotos y sus nombres, la llenaron de frases huecas, sin contenido, que repitieron en volantes y folletos, pretendiendo engañarla otra vez, haciéndole creer que la sociedad les importa, dijo Max Vega Tato, de la red Ciudadanet.

En Puebla, disputa electoral Marín-Gordillo, reitera AMLO

Sobre candidatos, señala: unos son rateros y otros son ladrones

En Puebla, disputa electoral Marín-Gordillo, reitera AMLO
Martín Hernández Alcántara
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 10

Puebla, Pue., 1º de julio. En vísperas de los comicios en los que se renovarán la gubernatura, los ayuntamientos y el Congreso de Puebla, Andrés Manuel López Obrador reiteró que la contienda en la entidad se ha reducido a una lucha entre el poder del gobernador priísta Mario Marín Torres y el de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales.

Añadió que los candidatos de dichos actores políticos, el priísta Javier López Zavala y el panista Rafael Moreno Valle Rosas, no son opciones reales para la democratización de la entidad.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal visitó este jueves la capital poblana con el fin de presentar su libro La mafia que se adueño de México... y el 2012, antes de lo cual ofreció una entrevista a medios locales.

Al preguntarle sobre la incorporación de su hermano Arturo a la campaña de López Zavala –abanderado de la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México–, López Obrador respondió que no compartía esa adhesión, pero la respetaba.

Foto
Andrés Manuel López Obrador presentó en Puebla su nuevo libroFoto La Jornada

Aseguró que no hay diferencias sustanciales entre López Zavala y Moreno Valle: unos son rateros y otros son ladrones.

En el auditorio del Sindicato Nacional de Telefonistas, abarrotado por sus seguidores, el ex candidato presidencial insistió en que la organización de la sociedad civil es el instrumento fundamental para vencer a la oligarquía que al margen de la institucionalidad se ha impuesto en México.

Criticó a quienes pregonan que lo mejor que puede pasar es el regreso del PRI a la Presidencia, cuando ese partido es el causante de las calamidades que sufre el país, principalmente de la injusta repartición de la riqueza.

Consideró que el vergonzante enriquecimiento de un grupo de 30 personas –la mafia– beneficiadas por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari ha cerrado las expectativas de vida a millones de mexicanos, por lo cual es comprensible la descomposición social y la incorporación de miles a la espiral de la violencia que cunde en el país.

Estos graves hechos no deben quedar en la impunidad, dice Amnistía Internacional

Severos cuestionamientos de ONG a la obstinación oficial por desacatar fallo de la Corte

Estos graves hechos no deben quedar en la impunidad, dice Amnistía Internacional
De la redacción
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 3

En medio de versiones encontradas sobre la liberación de los líderes de Atenco, ordenada la víspera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diversas organizaciones civiles pasaron de una primera celebración a fuertes y severos cuestionamientos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, que durante el día pretendió imponer objeciones jurídicas para liberarlos de inmediato.

En el inicio del día de ayer, cuando se daba por hecho la excarcelación, y antes del primer comunicado de la SSP federal, que la ponía en riesgo, Amnistía Internacional (AI) y varios organismos de derechos humanos celebraron la decisión de la Corte de ordenar la liberación inmediata de las 12 personas detenidas desde 2006 por el supuesto secuestro de funcionarios y policías en San Salvador Atenco, estado de México.

Reparación de daños

Todos expresaron beneplácito por la decisión de los ministros de la primera sala del máximo tribunal, pero también demandaron reparar a las víctimas el daño por el indebido uso del sistema de justicia y que se garantice que los funcionarios responsables rindan cuentas. Estos hechos tan graves no se pueden dejar en el olvido y la impunidad, subrayó AI.

Apuntó también que el mandato de la Corte no debería significar el fin de este caso, sino que debería servir de plataforma para resarcir a las víctimas por el uso indebido del sistema de justicia y para garantizar que los funcionarios responsables de esta grave injusticia rindan cuentas.

Sostuvo que es hora de garantizar una investigación imparcial y a fondo de todos los funcionarios implicados. Terminar con la impunidad en casos como éstos es esencial para que el sistema de justicia deje de ser instrumento para reprimir activistas sociales, opositores y defensores de derechos humanos.

Ya por la tarde, tras el comunicado de que ninguno de los tres líderes del FPDT –Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo– saldría libre, porque tenían procesos judiciales pendientes, distintos al que había citado la Corte, las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron la decisión del gobierno federal, particularmente la posición obstinada de la SSP federal de querer mantener bajo castigo a los luchadores sociales.

Dichos cuestinamientos fueron expresados por el sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMD HD); Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El padre Concha subrayó que, en el fondo, lo que sigue presente es la intención de castigar y penalizar la protesta social. Hay la voluntad política de criminalizar la protesta social y no respetar el estado de derecho. Ese es el fondo: amedrentar y perseguir a quienes protestan; continúa la venganza.

En tanto, Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la liberación de las 12 personas que aún estaban presas por los hechos ocurridos en Atenco –el 3 y 4 de mayo de 2006– no pone punto final al clamor de justicia por las violaciones a derechos humanos en ese municipio. Aún hay pendientes, como el castigo a los responsables de la represión y violaciones sexuales contra mujeres, a los funcionarios que integraron mal las averiguaciones previas y a los jueces que con ligereza dictaron sentencia.

Agregó que en este caso, la criminalización de la protesta social no fue política, sino jurídica, porque de manera irregular, pobre y endeble, se usó el derecho para fines que no son propios y así encarcelar más de cuatro años a una decena de personas, lo que viola derechos humanos.

Carbonell consideró que la resolución de la Corte es congruente y manda un mensaje claro a la PGR y a los jueces que conocieron los casos: Deben ser más cuidadosos al admitir ciertas pruebas en un proceso y ser más responsables para culpar a alguien de un delito. La decisión reflejó falta de pericia y profesionalismo (del MP y juzgadores).

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humaos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la liberación de los líderes representa un acicate al Congreso federal y a la SCJN, porque deja al descubierto que se lleva a juicio a personas que con los años resultan inocentes.

El legislador priísta consideró que se debe hacer una reflexión sobre cómo se imparte la justicia en México, porque aún sin prueba se enjuicia a ciudadanos inocentes y, lo peor, con ello se criminaliza la protesta social: independientemente de que hayan salido en libertad los integrantes del frente, pasaron demasiado tiempo en la cárcel; es un asunto similar al de las indígenas acusadas de secuestrar a policías federales en Querétaro y al de los funcionarios detenidos en Michoacán.

La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, dijo que la retención de los líderes es un acto de revanchismo de las autoridades. Señaló que Ignacio del Valle es una piedra en el zapato tanto para Felipe Calderón como para Enrique Peña Nieto.

Víctor Ballinas, Emir Olivares, Roberto Garduño y Ciro Pérez

Salen del Altiplano los 3 dirigentes, luego de horas de jaloneos

Atenco
Salen del Altiplano los 3 dirigentes, luego de horas de jaloneos

Intervención federal dio fin a zancadillas de la SSP y de Peña Nieto

Estamos bien y más fuertes: Ignacio del Valle

Israel Dávila y Blanche Petrich
Corresponsal y enviada
Periódico La Jornada
Viernes 2 de julio de 2010, p. 2

Almoloya de Juárez, 1º de julio. Las zancadillas entre la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno mexiquense, que estuvieron a punto de echar por tierra la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de excarcelar en forma inmediata y sin excepciones a los tres líderes de San Salvador Atenco fue superada ayer por la tarde mediante la intervención al más alto nivel del gobierno federal.

Finalmente, a las 21:30 horas, en la garita del penal del Altiplano aparecieron las primeras señales: primero Felipe Álvarez y en seguida Ignacio del Valle.

Posteriormente salió Héctor Galindo, sobre quien pesaba aún un proceso penal en un juzgado federal por ataques a las vías de comunicación. Aunque la fianza se pagó esta tarde, trámites administrativos retrasaron su liberación, lo que por un momento enturbió el entusiasmo de todos.

Cuatro años de lucha por la libertad de los presos políticos culminaba con un triunfo del movimiento popular. ¡Se ve, se nota, en Atenco no hay derrota!, era la consigna que retumbaba cada vez más sonora. Con más canas que hace cuatro años, seguramente más curtido, el dirigente campesino que fue considerado enemigo público número uno por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se quitó la sudadera azul reglamentaria del penal y se puso la camiseta negra que le entregó su mujer, Trinidad Ramírez; el sombrero de palma; el paliacate rojo y el machete. Una vez investido con los símbolos de los macheteros, dijo: Estoy aquí, estamos bien y más fuertes.

Fue un día largo; mejor dicho, dos días en vela, en tensión constante por el temor de que la palabra empeñada no fuera al final cumplida. El puñado de simpatizantes que resistió las 24 horas de incertidumbre y espera vio compensada su paciencia con sobredosis de emociones, lágrimas y abrazos.

Entre este miércoles y jueves hubo momentos en que la resolución de los magistrados de la primera sala de la SCJN parecía que iba a naufragar. Al recibir de la secretaría general de gobierno de Toluca la notificación sobre la libertad inmediata de los presos, el director del Cefereso de máxima seguridad del Altiplano, Juan Alberto Montoya Aguado, procedió a revisar de punta a cabo los expedientes. A lo largo de toda la noche, varios funcionarios mexiquenses desfilaron por la garita del penal cargados de voluminosos legajos. A primera hora se supo que Montoya Aguado había enviado oficios a los juzgados de Toluca y Texcoco pidiendo indagar sobre la probable existencia de causas pendientes. Según denunció a primera hora del día Leonel Rivero, abogado defensor, este funcionario no tiene atribuciones legales para proceder de esta manera.

Foto
Festejo afuera del penal del Altiplano, luego del anuncio de la salida de los dirigentes del FPDTFoto Marco Peláez

Para los familiares de los presos y su equipo de defensores, era evidente la intención de bloquear la resolución de la Corte. Trascendió entonces que intermediarios de buena fe en el conflicto de Atenco hicieron una llamada muy tempranera a la Secretaría de Gobernación, poniendo en aviso a ésta sobre la conducta de las autoridades penitenciarias. Un alto personero de la dependencia a cargo de Fernando Gómez Mont prometió intervenir para agilizar el procedimiento. Sin embargo, ocho horas después, un nuevo actor añadía otro obstáculo al proceso de liberación.

A las tres de la tarde, un escueto comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal confirmaba insistentes rumores sobre nuevas causas penales abiertas en el fuero común contra los tres líderes de Atenco, y sus respectivas órdenes de aprehensión.

En tres ocasiones, durante tres días consecutivos, el gobernador Peña Nieto había afirmado categórico que tales causas y órdenes no existían. La SSP lo desmentía abiertamente.

A la vista del comunicado mencionado, pareció evidente que, por el momento, los tres presos del Altiplano no alcanzarían su libertad. Trinidad Ramírez y el abogado Rivero convocaron a la prensa para explicar que el escenario más probable sería que la autoridad mexiquense fuera a cumplimentar las órdenes de aprehensión esta misma noche en el interior del penal. Pero que de inmediato se recurrirían. Tenemos plena confianza de lograr el auto de libertad en un plazo máximo de 72 horas, dijo Rivero.

Trini alentó a su gente. “Esto no es una derrota –expresó–; no nos vamos a ir a llorar al pueblo; vamos a volver, vamos a seguir la lucha legal y popular. Y claro que también vamos a arrancarles la libertad de Nacho, Felipe y Héctor”. Todos abordaron los autobuses y emprendieron la triste marcha de regreso a casa.

No habían avanzado más de 500 metros cuando varios telefonazos los hicieron dar media vuelta. Una intervención al más alto nivel del gobierno federal había logrado doblegar el ánimo de quien había intentado boicotear la resolución de la Suprema Corte

Porque sí defender el Municipio Autónomo de San Juan Copala‏

Porque sí y ahora defender el Municipio Autónomo de San Juan Copala

Marcela Romero Juárez y Guadalupe Jiménez López

1. Una autonomía que resiste para todos

El Municipio Autónomo de San Juan Copala, ubicado en el estado de Oaxaca e integrado por comunidades indígenas triqui, representa una de las muchas y diversas formas en que los pueblos indígenas de México están construyendo su derecho colectivo a la autonomía.

Por los trágicos acontecimientos que lo vio protagonista en los últimos meses –las repetidas agresiones de grupos paramilitares contra iniciativas masivas que se solidarizaron con este proceso de autodeterminación indígena- el Municipio Autónomo “rompió el silencio” y su nombre sonó por algunos días en los medios masivos de comunicación.

En este texto, queremos ir más allá de la contingencia que apremia a la población de San Juan Copala –asediada por grupos paramilitares- y de las apariencias, que pintan como estructural e irremediable el conflicto que padece el pueblo triqui.

Nuestra reflexión parte del entendimiento que el proceso de organización y resistencia que ha llevado al pueblo triqui a declararse autónomo es parte de una lucha más amplia; y que las aportaciones de otras experiencias autonómicas han sido fundamentales en la elaboración del proyecto de Copala. Por lo tanto, defender la autonomía en San Juan Copala significa también defender el sistema de seguridad y justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, la lucha para la reapropiación de la tierra de los pueblos nahuas de Ostula, Coire y Pómaro de Michoacán, el derecho a la palabra que practica Radio Ñomndaa-La Palabra del Agua en la región amuzga de Guerrero, los Municipios Autónomos zapatistas de Chiapas…

En distintas partes del país donde se ejerce la resistencia, y en particular en estos lugares donde la autonomía crece, el gobierno emprende todo tipo de estrategias para desgastar e impedir que estos referentes sigan expandiéndose, como la creación de grupos paramilitares y la cooptación de líderes y organizaciones de izquierda.

2. Telón de fondo: conflicto y violencia

El color dominante en las calles de San Juan Copala es el rojo, rojo vivo, el de los huipiles que las mujeres triquis tejen para ellas. “Es por la migración, pero sobre todo porque a los hombres, a los jovencitos y hasta los niños los mataron. Somos puras viudas y huérfanas”. Así explicaron algunas mujeres su presencia mayoritaria en el pueblo, durante el primer aniversario del Municipio Autónomo, el 20 de enero de 2008. En ese entonces, el logro más importante de la organización autónoma era que, desde su institución, ya no se habían registrado asesinatos en las 17 comunidades que lo integraban; y el hecho, tratándose de la región triqui, era sin duda contundente. Lamentablemente, esta situación de “paz”-principal objetivo del Municipio Autónomo- no se pudo mantener, y en 2009 la violencia recrudeció hasta llegar, en estos días pre-electorales, a niveles insostenibles.

La situación de violencia que padece el pueblo triqui es un hecho innegable, pero se ha también transformado en un estigma (al igual que el “Guerrero bronco”) y en una justificación apriorística de la realidad, utilizada con gusto por las autoridades estatales como pretexto para desentenderse de sus responsabilidades en la región[1]. Sin embrago, es necesario tratar de entender –aunque someramente- las raíces y los impactos de la situación de violencia generalizada que desde hace décadas se vive en la entidad, ya que no podemos entender la insurgencia social sin insertarla en tal contexto arraigado de represión, impunidad, relaciones clientelares y discriminación étnica. El racismo es el elemento fundador del mito del triqui violento, y la dominación lo que ha llevado a la descomposición las relaciones sociales internas a este pueblo indígena.

El territorio triqui es enclavado en la más amplia región mixteca, que lo rodea por completo. Pero sobre todo, es sometido política y económicamente a tres ciudades mestizas, históricamente sedes del poder caciquil: Constancia del Rosario, Juxtlahuaca y Putla de Guerrero. Anteriormente, San Juan Copala mantenía por lo menos la independencia administrativa, que perdió en 1948, cuando le fue quitada la categoría de municipio y su territorio repartido entre las tres cabeceras mestizas.

Los grupos de poder regionales acompañaron el desprecio hacia la población indígena con un gran interés hacia sus recursos: las fértiles tierras y el potencial de una fuerza de trabajo muy barata. Así, los conflictos agrarios iniciaron cuando las élites de las ciudades mestizas usurparon tierras comunales triquis; para quebrar la resistencia indígena usaron por un lado el terror y el exterminio de los líderes naturales, y por otro la cooptación de otros líderes más accesibles, fomentando el surgimiento de facciones opuestas para su estrategia de dominación. En el mismo engranaje está la implantación de los cultivos de café y plátano, que rompieron con el autoconsumo introduciendo la acumulación y la diferenciación económica en la región. Este proceso, que se vivió en todas las regiones rurales del México posrevolucionario, en la región triqui se pervirtió: con frecuencia las cosechas no eran pagadas en dinero sino con alcohol, armas y municiones, facilitando que la envidia entre vecinos se resolviera, cuando posible, con el asesinato. Asimismo, se formaron bandas de pistoleros y se fomentó el cacicazgo interno al pueblo triqui.

Esta situación de “violencia”, antes como ahora, es particularmente funcional a los poderes económicos y políticos: sustentándose en ella en los años ‘40 se desmantelaron los dos municipios triquis[2] y en los ‘50 se impuso la militarización del territorio indígena, que fue bombardeado en el ‘56. Al mismo tiempo, el PRI se instalaba con fuerza en la región, imponiendo su autoridad sobre el sistema tradicional de gobierno indígena e impulsando en la región proyectos de “desarrollo”.[3]

En contra de las múltiples vertientes de la dominación, el pueblo triqui inició a organizarse de forma independiente: primeros fueron algunos maestros, luego El Club, que luchaba para el control de los recursos y de la producción, y la defensa de las tradiciones. Violentamente reprimidas, estas organizaciones heredaron sus ideales y proyectos al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), formado en 1981, organización que con valor por una década luchó contra la dominación y resistió a la violenta represión del estado y de los grupos de poder locales. El MULT logró imponerse políticamente en la región, por lo que en 1994 el PRI impulsó la formación de la Unión de Bienestar Social Triqui (UBISORT), organización que entró inmediatamente en conflicto con la otra. Los choques violentos marcaron la historia de las dos organizaciones, en particular la del MULT que reclama centenares de muertos. Cuando los líderes del MULT iniciaron a corromperse y su lucha se limitó a la gestión de recursos, en un rápido acercamiento a la estructura priista que siempre mantuvo el poder en el estado, un grupo de inconformes creó el MULT-Independiente, que se forjó durante las movilizaciones magisteriales de 2006 y participó en la creación de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Apenas dos meses después de la violenta represión que cimbró esta experiencia organizativa estatal, en San Juan Copala se anunciaba la institución de un Municipio Autónomo, “integrado por todas las comunidades y barrios que han roto o en el futuro rompan la subordinación a las organizaciones del gobierno o ligadas a él”.[4]

Cabe señalar que, mientras una parte del pueblo triqui inició a construir espacios de autodeterminación y de dialogo, otra parte, ligada a las dos organizaciones mencionadas, recrudeció el uso de la violencia como arma política, fortaleciendo grupos paramilitares que actualmente mantienen con las armas el control en la región.

3. Raíces y matices de la autonomía para los triquis de Copala

Este brevísimo recuento de la historia reciente de la región triqui baja[5] nos ayuda a entender el significado y la forma particulares que adquieren la reivindicación y la práctica de la autonomía en este contexto, ya que no se pueden abstraer los procesos autonómicos de las situaciones históricas, políticas, económicas y sociales en que se desarrollan, así como de las necesidades que los determinan.

Asimismo, la reflexión sobre otras experiencias autonómicas ilustra trayectorias similares, como el hecho de que la declaración de la autonomía representa una respuesta desde abajo a las diferentes situaciones de violencia que llegan a ser insostenibles para los pueblos.

Territorio e identidad

La primera vertiente de la violencia, como mencioné arriba, es representada por la discriminación y el desprecio. Así, las autonomías son también, y sobre todo, una necesidad para la defensa de la identidad de los indígenas. Repropiándose del poder que tienen, como colectividad, de decidir y construir su futuro, los pueblos afirman su derecho de ser, de existir en tanto pueblo. En este sentido, la lucha por la autonomía es una lucha para la sobrevivencia de la colectividad. Atrapados en una disputa sin límites de violencia entre las organizaciones políticas de la región, los triquis se veían en la perspectiva de perder sus propias formas de gobernarse, crear acuerdos, resolver los conflictos, y dejarse arrastrar en una guerra intestina que terminaría de quebrar el ya fragmentado tejido social.

Elemento fundamental para la reproducción de la cultura y de la identidad, así como para el sustento material, es el territorio. Suelo para la siembra, pacha mama que alimenta, la tierra, definida simbólicamente y culturalmente, se vuelve territorio, cuyo sentido es inextricable de la identidad del pueblo que allí tiene sus raíces, sus mitos, sus fiestas y su alimento. A través de la dominación colonial y de la ocupación de tierras por las élites mestizas, lentamente la tierra ha sido arrebatada al pueblo triqui. La imposición de cultivos comerciales impuso el control ajeno sobre sus recursos. Asignando a tres distintos municipios mestizos la autoridad administrativa sobre el espacio que, politica y culturalmente, para los triquis es de competencia del Chuman’a[6] de San Juan Copala, el estado trató de arrebatar al pueblo el control político sobre su territorio.

Si el territorio es la raíz de la identidad, su defensa implica la autonomía. Recuperar la unidad territorial apuntaba entonces a la reconstrucción integral del pueblo, para sacudirse de la secular opresión de las élites mestizas y de la corrupta clase política estatal.

Organización política vs. Asambleas comunitarias

Sin embargo, las divisiones políticas y partidistas han dividido y enfrentado radicalmente al pueblo triqui, lo que representa la otra vertiente de la violencia, la más desgarradora.

“Antes de formar el Municipio Autónomo, se convocaron a las comunidades triquis de varias organizaciones. El tema de las pláticas era cómo evitar el baño de sangre en la región y avanzar por el bien de la comunidad. En una asamblea muy amplia, en la que participaron concejales de la APPO y lideres naturales de las comunidades, discutimos cómo constituir una nueva organización, éramos puros triquis. Ya en la plática, varios ancianos que participaban dijeron que formar otra organización era seguir dividiéndonos; en un corto tiempo habría que comprometerse con un partido político. Al final de varias discusiones, decidimos no crear ninguna organización, sino mejor rescatar la cultura, los usos y costumbres de la región para construir nuestra propia autoridad, nombrar nuestro presidente. En ese momento no se mencionó la autonomía, solo se decidió trabajar a nuestro modo, e incluir a todas las organizaciones que están en San Juan Copala”, comentó en una entrevista Jorge Albino, vocero del Municipio Autónomo[7].

La autonomía en contextos de violencia implica la construcción de nuevas formas de poder, más horizontal y plural. En un contexto polarizado, en que las relaciones entre las personas se estaban corrompiendo, donde el miedo empezaba a dominar la vida cotidiana, una parte del pueblo triqui decidió romper con la dinámica de las organizaciones políticas, que al reproducirse cada vez generaban más divisiones y conflictos. Entendieron que debían crear una institución más poderosa que las distintas organizaciones existentes.

Para detener la violencia construyeron un nuevo poder, que se impusiera política y simbólicamente como una referencia para el territorio al ser construido sobre el consenso y no sobre la exclusión. El Municipio Autónomo representa una institución que, al menos en sus intenciones, gobierna para todos los que están en el territorio, sin importar su militancia política (en un principio, integraban el Municipio comunidades del MULT-I y algunas inconformes de UBISORT, y había un proceso de dialogo con las bases del MULT). Este poder “alternativo” que construyen las autonomías se basa en el consenso, porque quien lo ejerce son las asambleas –comunitarias o municipales -: espacios colectivos de discusión y tomas de decisiones, donde las diferencias son respetadas en los acuerdos que de ellas emergen.

Como comenta Jorge Albino, esta nueva forma organizativa se pensó en oposición a la que prevalece en la región: organizaciones políticas que, de una u otra forma, dependen de los partidos[8]. UBISORT es una organización de directa filiación priista; por su lado, después de una larga temporada de lucha social, también el MULT optó por la lógica partidista. Este punto merece un esclarecimiento, ya que es fundamental para posicionar el planteamiento autonómico triqui al interno del movimiento indígena mexicano. El debate sobre las formas que debería tener el estatuto de autonomía de los pueblos indígenas tiene ya varías décadas; en México, alcanzó su culmine durante los Diálogos de San Andrés. En ese espacio, se manifestaron dos posiciones: por un lado, los que entendían la autonomía como un cuarto piso de gobierno que había que establecerse al interno de la estructura administrativa del Estado, lo que implicaba la lucha por conseguir espacios de representación indígena en las instituciones políticas, legislativas y de gobierno. Por otro lado, los que concebían la autonomía como una práctica cotidiana, que tiene sus raíces en las comunidades, y afirmaban la imposibilidad de establecer un modelo único para su implementación. El EZLN, junto con varias representaciones indígenas (muchas de ellas oaxaqueñas), sostuvieron esta segunda posición, que a la postre resultó en la práctica de la “autonomía sin pedir permiso”, respuesta obligada a la ceguera del Estado mexicano frente a la demanda de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos.

Por su parte, otras organizaciones optaron por la vía institucional hacia la autonomía, logrando por ejemplo diputaciones indígenas a nivel estatal y federal. En esta coyuntura podemos insertar la decisión de los dirigentes del MULT -ya entrados en confianza con el gobierno priista del estado de Oaxaca que los apoyaba generosamente con “proyectos”- de “dar la lucha desde arriba”, y fundar el Partido de Unidad Popular (según ellos, “el primer partido indígena” del país). Instituido en 2003, apenas a tiempo para poder participar a las elecciones en 2004, el PUP tuvo como resultado más evidente la victoria de Ulises Ruiz para el gobierno del estado, restándole un pequeño pero significativo porcentaje de votos al candidato de la izquierda, según sostiene París Pombo.[9]

Autonomía y recursos

No obstante reivindique una autonomía que se inspira en las Juntas de Buen Gobierno zapatistas[10], el Municipio Autónomo de San Juan Copala no plantea, como aquellas, una ruptura completa con las instituciones del Estado.

Afirmó el primer presidente municipal autónomo, José Ramírez: “acordamos en una asamblea que no es necesario reconocer legalmente el municipio, es nuestro municipio, nuestra autoridad, y basta con que nosotros lo reconozcamos, no el gobierno del estado. Pero también dice el Consejo que tenemos que exigir los recursos del estado para las comunidades porque son nuestros”.[11] Una de las demandas principales del Municipio Autónomo es poder obtener los recursos públicos destinados a las comunidades (Ramo 28 y 33); denuncian que dichos recursos, que las cabeceras municipales deberían canalizar hacia las comunidades, nunca les han llegado. Así, reivindican la gestión de estos apoyos y la posibilidad de usarlos para desarrollar proyectos de corte autonómico: “anteriormente el gobierno es el que decide que va a hacer en cada comunidad. Ahora creemos que se deben hacer consultas en las comunidades y así decidir los proyectos que se realicen, según la iniciativa de la gente; la tarea de las autoridades es hacer cumplir estas decisiones”[12].

4. Logros y avances del Municipio Autónomo de Copala

Sin embrago, los logros más importantes que ha tenido el Municipio Autónomo en los primeros dos años de existencia, no se han realizado con los recursos públicos. [13]

Entre los elementos que concretamente representan la autonomía para Copala está la constitución de la policía comunitaria, inspirada en la conocida experiencia guerrerense. Para Copala, instaurar una forma de seguridad propia, controlada por la autoridad autónoma y la asamblea, representaba una necesaria respuesta a la situación de violencia provocada por las varias facciones armadas. La seguridad y la resolución de conflictos son la base de cualquier intento de organización autónoma. Garantizar la seguridad de los propios pueblos, marcar un alto a la violencia, significa restituir la libertad a los individuos y a la colectividad. Una vez que hayan reconstituido las relaciones de convivencia y la confianza, los pueblos pueden edificar su futuro. Pero todo esto no es posible mientras los pueblos estén amenazados en su cotidianidad por la violencia y el miedo que los inmovilizan.

Otro elemento clave de la autonomía triqui es el proceso de rescate de las formas indígenas de organización y gobierno. El presidente y su cabildo (suplente, secretario y alcalde) son nombrados por una asamblea general de todas las comunidades que participan en el proyecto, en la que participan figuras importantes de la estructura social triqui: los líderes naturales o principales, los mayordomos y los ancianos. Lo que destaca de esta tradición organizativa que se está recuperando es el carácter colectivo de la autoridad (Consejo), y la colegialidad en la toma de decisiones (asambleas). En los tres años de gobierno, el primer cabildo no ha gobernado solo: el Consejo de ancianos –dos por cada comunidad- lo acompañó diariamente en su trabajo, lo que confirió gran legitimidad y prestigio entre la población. En los primeros meses del 2010, otra asamblea general eligió el nuevo presidente, que hasta la fecha no ha podido desempeñar a cabalidad sus funciones por la situación de asedio en que vive actualmente el pueblo de Copala.

El tercer fundamental logro de la autonomía triqui ha sido recuperar la palabra y el derecho a la comunicación, instalando la Radio Comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”, en la que se involucraron los jóvenes de las comunidades con el objetivo de dar a conocer los derechos indígenas y fortalecer una cultura de paz y dialogo. Lamentablemente, quienes no aceptan la idea de la pacificación de la región no dudaron en usar, una vez más, la violencia para callar La Voz: a los pocos meses de su instalación (7 de abril de 2008) dos jóvenes locutoras –Teresa y Felicitas- fueron asesinadas en una carretera de la región.

5. Resistir

Las autonomías son una práctica de resistencia, pero esto no ha significado para los pueblos estar inmóviles parando los golpes del sistema, sino un lento caminar hacia un destino propio: preservar, reconstituir y crear formas de gobierno y de resolución de los conflictos, formas de transmitir el conocimiento en la comunicación y la educación, formas de curarse, de festejar y de imaginar el mundo. Asimismo, los procesos de autonomía indígena participan en las luchas nacionales de resistencia y liberación, enriqueciendo con una visión propia los movimientos de transformación social.

El desenlace del conflicto en Copala –conflicto que no involucra solamente las diferentes organizaciones triquis, sino el estado y los poderes fácticos que gobiernan en Oaxaca- puede ser un precedente determinante para otras experiencias que se encuentran igualmente en situaciones críticas. En este sentido, se pronuncia el mismo Municipio Autónomo:

“…quienes somos golpeados por el hecho de buscar un camino distinto, el deseo de vivir con tranquilidad y en armonía se nos condena a vivir falsamente un camino que no decidimos, se nos impone por grupos caciquiles y dirigentes traidores de su pueblo, paramilitares y malos gobiernos que comparten la visión de un estado autoritario, militar, terrorista y que hoy buscan de todas las maneras decir que estamos fuera de la legalidad, de la razón, para preparar el camino de la represión! ¡Una masacre!, que no solo es para el Municipio Autónomo de San Juan Cópala, sino para el pueblo de Oaxaca y de México, porque hoy Copala es emblemático para tod@s los que vemos una guerra donde confluyen todos los escenarios que preparan contra quienes lucha ye buscan justicia, esta es una Guerra de estado, abierta y dirigida sin ninguna moral, sin titubeos para desaparecernos…”[14]

Los primeros años del gobierno autónomo en San Juan Copala demostraron que sí se puede cambiar la realidad a partir de la propia historia, que sí se puede crear otras formas de convivencia, que, junto con otras luchas, sí se puede…

Ahora, es el momento de defendernos a todos.

jueves, 1 de julio de 2010

CARTONES






Revocan en la Corte acuerdo de Valls en torno a las bodas gays

Ordena la segunda sala dar entrada a las impugnaciones de los gobiernos de Jalisco y BC

Revocan en la Corte acuerdo de Valls en torno a las bodas gays

El hecho es considerado inédito

Ocurre la víspera de que el pleno de ministros aborde el tema

Había desechado los recursos por notoriamente improcedentes

Aguirre presentó el proyecto

Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 39

En una resolución inédita, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó ayer la decisión del ministro Sergio Valls de desechar por notoriamente improcedentes las controversias constitucionales que presentaron los gobernadores de Jalisco y Baja California en contra de las reformas al Código Civil del Distrito Federal y ordenó dar entrada a las demandas en contra de las normas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano presentó el proyecto, el cual fue avalado por Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar. Sólo Valls votó en contra.

La decisión se da la víspera de que el pleno de ministros inicie la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR en contra de la reforma al Código Civil del Distrito Federal, en la que el propio Valls es ponente y propone ratificar la constitucionalidad de los matrimonios gays y el derecho de éstos a adoptar.

Después de que Valls desechó por notoriamente improcedentes los recursos presentados por los gobernadores de Jalisco y Baja California, en razón de que las reformas al Código Civil capitalino no tenían aplicación alguna en otras entidades del país, los quejosos presentaron un recurso de reclamación, el cual fue turnado a Aguirre Anguiano, quien se ha distinguido por sus posturas conservadoras y contrarias al aborto.

Aguirre argumentó que las reformas capitalinas que permiten el matrimonio a personas del mismo sexo son susceptibles de afectar el marco jurídico de Jalisco y Baja California, ya que en sus legislaciones se prevén conceptos como el de familia y matrimonio, que difieren de lo regulado en el decreto de reformas combatido, lo que demuestra que no se trata de asuntos de una improcedencia evidente.

La segunda sala resolvió revocar los acuerdos emitidos por Valls el pasado 23 de febrero, lo que obligará a la Corte a entrar al fondo del asunto planteado.

Cabe señalar que este jueves está programada la discusión del dictamen elaborado por Valls sobre la constitucionalidad de los matrimonios gays y el derecho de éstos a adoptar.

Propone sobreseer la demanda respecto del artículo del Código Civil que autoriza la boda civil entre personas del mismo sexo, en razón de que la Constitución no establece la forma en que deben estar integradas las familias.

Y en cuanto a la adopción, plantea que debe ser desechada, en razón de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no reformó el artículo que tiene que ver con los requisitos de la adopción. La ley vigente sólo habla de que los cónyuges pueden adoptar, pero no se refiere tampoco al sexo de los integrantes del matrimonio.

Además, según el artículo 105 constitucional, la impugnación de una reforma legal debe hacerse a los 30 días de que ésta es publicada en el Diario Oficial, y resulta que la última reforma al artículo que tiene que ver con la adopción data de hace más de cinco años.

Este jueves se espera una intensa discusión entre los ministros y podría darse el caso de que la resolución se aplace, con el fin de formar un paquete que incluya las demandas de la PGR y de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato

Se castigarán delitos del gobierno de Ulises Ruiz: Cué

Se castigarán delitos del gobierno de Ulises Ruiz: Cué
Agustín Galo Samario, corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 36

Oaxaca, Oax., 30 de junio. Gabino Cué Monteagudo, candidato de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso a la gubernatura, cerró su campaña con la promesa de sancionar a quien haya robado o matado.

El abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Convergencia afirmó que él forma parte de un movimiento progresista que no le puede fallar al pueblo. Por eso, su administración será de participación democrática, un gobierno que maneje los recursos con transparencia y que combata frontalmente la corrupción, que no promueva la impunidad.

Además, dijo, generará condiciones de paz para que regresen las inversiones al estado, y la política social será el eje de su gobierno. Vamos a regresar al pueblo lo que es del pueblo.

Ante miles de personas que llenaron la calle Derechos Humanos y que estuvieron a punto de derribar las vallas que las separaban del templete, Gabino Cué estuvo acompañado por legisladores locales y federales, candidatos a diputados y presidentes municipales y dirigentes estatales y nacionales de los partidos que forman la coalición.

El líder panista, César Nava, pidió al gobernador Ulises Ruiz Ortiz no intervenir más en el proceso y dejar que los oaxaqueños voten con libertad el 4 de julio. No te equivoques: el pueblo ya decidió y Gabino ya ganó, arengó.

Miles de asistentes empezaron a corear la vieja consigna de la Alianza Popular de los Pueblos de Oaxaca: ¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!, voz a la que se unieron Nava, Josefina Vázquez Mota, Manuel Camacho Solís, el propio Gabino Cué y todos los políticos que los rodeaban, incluida Irma Piñeyro Arias, quien en días pasados declinó la candidatura de Nueva Alianza al gobierno estatal.

Camacho Solís, dirigente de Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia), pidió a los ciudadanos no confiarse y estar atentos para asegurar el triunfo de Cué.

Luis Walton, dirigente nacional de Convergencia, dijo que se equivocaron quienes vaticinaban el fracaso de las alianzas

AMLO: la violencia, culpa de quienes alentaron el odio

La desorientación del pueblo retrasaría el cambio

AMLO: la violencia, culpa de quienes alentaron el odio

Presentó su libro La mafia que se adueñó...

Luis A. Boffil Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 22

Mérida, Yuc., 30 de junio. La violencia y la inseguridad desatadas en México las crearon quienes cancelaron el futuro de los mexicanos, quienes alentaron la desintegración familiar, la pérdida de valores y el estallido del odio y el resentimiento, sostuvo Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que hay que estar muy atentos a lo que ocurre en el país y con su gente, pues la desorientación puede prolongar la pesadilla y retrasar la transformación.

Denunció que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari quiere proyectarse más allá de su sexenio al crear un grupo que se repartió los bienes de la nación, pues antes de Salinas no había multimillonarios.

Al presentar hoy su libro La mafia que se adueñó de México y el 2012, el ex candidato presidencial señaló: escribo con el propósito de aclarar lo que ha pasado en México. Si no conocemos la verdad no vamos a poder transformar el país. Es de todos conocido que atravesamos por una situación muy difícil, uno de los momentos más aciagos de la historia nacional, y hay qué saber cómo se llegó a esta situación tan lamentable en lo económico, lo social, lo político y la seguridad pública.

Durante la presentación se dijo que el libro se divide en dos puntos importantes. El primero es una reflexión en torno a la situación que se vive en el país, y el segundo está basado en los recorridos que López Obrador, en su papel de presidente legítimo de México, ha realizado por las zonas marginadas para recoger el sentir de la gente que lo apoya.

En entrevista, el tabasqueño reiteró que estaría dispuesto a platicar con Felipe Calderón, pero sólo si este encuentro diera como fruto un cambio real en México, que incluyera la modificación de la política económica y la creación de más empleos, entre otros puntos.

Durante la presentación del libro, más de 300 personas dedicaron un minuto de aplausos al escritor Carlos Monsiváis

Empleados al servicio de la comisión fueron remitidos al Ministerio Público Denuncian robo de la CFE en perjuicio de la Alianza de Tranviarios de Méxi

Empleados al servicio de la comisión fueron remitidos al Ministerio Público

Denuncian robo de la CFE en perjuicio de la Alianza de Tranviarios de México

Benito Bahena critica que el gobierno federal por permitir este tipo de delitos descarados

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 20

Empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cometieron, el pasado 22 de junio, un robo descarado en contra del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STEDF) en perjuicio de la fuente de trabajo de la Alianza de Tranviarios de México (ATM).

La ATM denunció ayer que dicho atraco fue descubierto por una cuadrilla de trabajadores que hacía una revisión por reportes de falta de energía eléctrica en el tramo de Doctor Vértiz al Eje 3 Sur, y encontraron en la esquina de la calle Cerrada de Brasil a una cuadrilla en una camioneta con placas RA-28-751 de Nuevo León, con brazo y canastilla, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, desde la cual una persona estaba cortando el cable alimentador positivo que le pertenece al STEDF y otras dos más se encontraban enrollándolo para llevarselo.

José Luis Aguilar Venegas, encargado de la cuadrilla, señaló que había recibido órdenes superiores de la CFE para llevar a cabo esta maniobra, hechos de los que tomó conocimiento el segundo oficial Ángel Gutiérrez Martínez, quien en la patrulla P-9418 remitió a los detenidos a la agencia territorial 2 del Ministerio Público.

A la indignación que hay en todo el sector sindical por la ilegalidad con la que se ha conducido el gobierno federal para quitar su empleo a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, se suma ahora la irritación por las acciones que comete la ejemplar CFE, y por el robo descarado que cometen sus empleados contra instalaciones del transporte público, indicó el líder de la Alianza de Tranviarios de México, Benito Bahena.

El dirigente hizo ver que los actos cometidos atentan contra la fuente de trabajo de los tranviarios y cuestionó: ¿por qué se permiten estas maniobras al personal que opera unidades de la CFE, sean estos trabajadores fijos de la paraestatal o terciarios? Apuntó que queda claro que los empleados de la CFE sí son eficientes y cumplen órdenes, pues de tal patrón tal trabajador, ya que si el patrón (Felipe Calderón), con policías y militares se roba el patrimonio del pueblo, cómo no van a robar sus subalternos y empleados, para después acusar al gobierno democrático de la ciudad de México de negligencia e irresponsabilidad en la prestación del servicio de transporte.

La pésima calidad del servicio que presta la CFE, las continuas interrupciones y apagones, los cobros injustificados, la ineficiente operación y la corrupción en la contratación del servicio, son sólo algunos de los supuestos elementos con los que culparon a los trabajadores de LFC y con los que justificaron plenamente su desaparición, pero a la CFE, empresa de clase mundial, como la calificó el espurio Calderón, sus directivos y empleados se los pasan sin ningún problema e incluso los premian, según sostuvo Bahena Lomé.

Apuntó que ante estos acontecimientos, los trabajadores tranviarios se mantendrán vigilantes de su fuente de trabajo, para mantener la calidad del servicio con responsabilidad

Electricistas confían en que la Corte fallará a su favor, al igual que en el caso Atenco

Martín Esparza exhortó a Felipe Calderón a no presionar a los ministros de la SCJN

Electricistas confían en que la Corte fallará a su favor, al igual que en el caso Atenco
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Martín Esparza,con cubreboca, visitó a los electricistas en huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de México. En el lugar recibieron con gusto el fallo de la SCJN sobre el caso AtencoFoto Roberto García Ortiz
Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 19

Juristas, asesores laborales, legisladores y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, demandaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que, al igual que en el caso de los presos políticos de Atenco, amparen también a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, víctimas de la ilegalidad y la arbitrariedad del gobierno de Felipe Calderón

Antes de la clausura del foro Análisis jurídico del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, realizado en una de las sedes del Senado de la República, una centena de integrantes del SME se enteró de la resolución la Suprema Corte que ordenó la liberación de los 12 presos políticos de Atenco y rompieron en aplausos.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, dijo que hay una pequeña luz de esperanza para el SME, y pidió a Esparza y los trabajadores asistentes al foro que no cejen en su lucha, en acumular argumentos y razones para ponerlos en manos de los ministros que analizan su demanda de amparo en contra del decreto presidencial que acabó con Luz y Fuerza del Centro.

En su intervención, Esparza resaltó que si el llamado al diálogo que formuló Calderón es sincero, debe abstenerse de presionar a la Corte y permitir que libremente decida, ya que al igual que en el caso de Ignacio del Valle y los demás presos políticos de Atenco, en la extinción de Luz y Fuerza del Centro tampoco hubo el debido proceso y se pasó por encima de la Carta Magna y diversas leyes.

Esparza se congratuló porque hubo justicia para los integrantes del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra y sostuvo que continuarán en el movimiento de resistencia civil, como lo han hecho desde hace ocho meses.

Durante el acto, el presidente de la Asociación de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, expuso que varios integrantes de ese organismo han hablado con ministros de la Corte para demandar que se restaure el respeto a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, violentada por el gobierno federal.

Expuso que contra lo expresado por la juez Coutiño y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que negaron el derecho a la sustitución patronal luego de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, esa figura opera, ya que persiste la materia de trabajo.

Los ministros de la Corte tendrán que observar que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo permite que subsistan los derechos individuales, pero sobre todo también los colectivos, recalcó Fuentes. Dijo que el argumento central de las autoridades de que el interés nacional está por encima de los derechos individuales de los trabajadores del SME se cae, ya que el servicio de generación eléctrica ha sido entregado a empresas privada

Vencimos al gobierno de "tanta pinche injusticia", afirma Inés Rodolfo Cuéllar

Atenco

El papeleo oficial retrasa la salida de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo

Vencimos al gobierno de tanta pinche injusticia, afirma Inés Rodolfo Cuéllar

Nueve atenquenses dejaron por la noche el penal Molino de Flores

Exigen actuar contra los asesinos de Alexis Benhumea y Javier Cortés

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Óscar Hernández Cuéllar al salir del penal Molino de Flores, ubicado en el municipio de Texcoco, estado de México, fue recibido por decenas de atenquensesFoto Víctor Camacho
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 5

Texcoco, Méx., 30 de junio. Los nueve integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que desde mayo de 2006 estaban presos en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, fueron liberados esta noche tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En punto de las 22:30 horas, bajo pertinaz lluvia, las enormes puertas verdes que conducen a la aduana de la penitenciaría se abrieron. Uno a uno fueron apareciendo los nueve atenquenses.

Inés Rodolfo Cuéllar fue el primero en recuperar su libertad, vestido con el uniforme azul de los reclusos. Entre consignas y gritos de libertad fue recibido por unas 200 personas, entre familiares, integrantes y simpatizantes del FPDT.

Se logró vencer al gobierno, de tanta pinche injusticia que nos hizo en cuatro años; son cuatro años que nos quitaron de tu vida, pero que Dios los bendiga a ellos también, ¿por qué no?

Justicia no se hizo, porque falta castigar a los autores intelectuales de la represión. El gobierno nos hizo una injusticia que no tiene nombre, pero cuando uno se propone hacer las cosas se logran, expresó.

Media hora después salieron del penal Óscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales y Narciso Arellano Hernández. Antes de la media noche, los nueve simpatizantes del FPDT ya estaban libres.

Falta la verdadera justicia

Integrantes del FPDT consideraron que no se dan por satisfechos, porque no es un acto gracioso del Estado, no es un acto totalmente de justicia, sino apenas el cumplimiento de una pequeña parte de lo que demandamos.

Falta la verdadera justicia y que se proceda contra los autores intelectuales de la represión y de la muerte de los compañeros Alexis Benhumea y Javier Cortés, que son Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Wilfrido Robledo y Humberto Benítez Treviño, entre otros, dijo Juan de Dios Hernández Monje, abogado del FPDT.

Quién les va devolver el tiempo perdido; perdieron a su familia y no vieron cómo crecían sus hijos. Fueron cuatro años de sufrimiento, de lucha, pero aprendimos que hay que seguir luchando por otros presos, expresó María Leonor Romero Morales, madre de los hermanos Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero.

Pasadas las 13 horas, una vez que los ministros de la Corte determinaron que se les dejara en libertad, en San Salvador Atenco familiares, amigos y miembros del FPDT se reunieron en la plaza principal para organizarse y recibir a sus compañeros.

Una comisión se trasladó al penal Molino de Flores y ahí esperaron la salida de los nueve presos. Familiares y activistas gritaron consignas y golpearon con machetes, piedras y palos barandales y puertas del penal.

El 21 de agosto de 2008, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Édgar Eduardo Morales, Narciso Arellano Hernández, Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero fueron sentenciados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de secuestro equiparado, en la causa penal 58/2007.

El juez Jorge Alberto Cervantes Juárez los encontró culpables de secuestro equiparado en agravio de 14 policías estatales y federales, en hechos ocurridos el 3 y 4 mayo de 2006.

Fiesta de activistas afuera del Altiplano

Blanche Petrich e Israel Dávila Enviada y corresponsal

Almoloya de Juárez, Méx, 1º de julio. Al cierre de esta edición el papeleo oficial para concretar la liberación de los tres líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, no había concluido. A las puertas del penal de máxima seguridad el jolgorio de la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos de Atenco se mantenía a buen ritmo, con la certeza de que los mil 519 días de cárcel habían concluido y de que las causas penales 95/06 y 96/06 se habían cerrado en definitiva.

En el interior de la cárcel, con la asistencia de su abogado Leonel Rivero, los trámites para la excarcelación de los tres dirigentes que hace cuatro años y dos meses fueron detenidos en la casa de un florista en Texcoco se desarrollaban con la complejidad que caracteriza un centro de máxima seguridad.

Ya desde las siete de la tarde el Poder Judicial mexiquense había confirmado la recepción del telegrama oficial enviado por la primera sala de lo penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando la liberación inmediata de los 12 presos políticos atenquenses.

La notificación correspondiente fue girada a la Secretaría General de Gobierno en Toluca para los nueve reclusos del penal estatal de Molino de las Flores, en Texcoco, y a la Secretaría de Gobernación para que procediera a la excarcelación de los tres internos en el Altiplano.

El inicio de este laberíntico trámite en las oficinas de Almoloya coincidió con la llegada de una caravana de cinco autobuses y una decena de vehículos procedentes de la ciudad de México, donde los atenquenses y un centenar de activistas solidarios de la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos habían seguido desde la calle la sesión matutina de los ministros de la Corte.

Celebración con machetes

Apenas descendieron de los vehículos, los machetes volvieron a relucir y a sacar chispas del pavimento, esta vez en son de celebración. Trinidad Ramírez de Del Valle, esposa de Ignacio del Valle, declaró a la prensa: Esta liberación no significa que se haya hecho justicia con el pueblo de Atenco, porque queda pendiente que se castigue a los responsables de las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea, quienes fueron abatidos por proyectiles de uso reglamentario de las policías federal y estatal el 3 de mayo de 2006, durante el avance de las fuerzas de seguridad sobre el pueblo de San Salvador Atenco.

Recordó que para que finalmente podamos hablar de justicia cumplida, también está pendiente una investigación imparcial sobre las agresiones sexuales contra más de 20 mujeres que fueron detenidas durante el asalto del 4 de mayo y el castigo a los responsables.

Y concluyó: el otro gran pendiente es la anulación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre su hija América del Valle, acusada de los mismos cargos por los que en las próximas horas –o minutos– saldrán libres su padre y sus compañeros de militancia.

¡Qué momento tan especial estamos viviendo!, expresó doña Feli. Apenas un chal la defiende del frío. Ella viene desde el Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán, militante de decenas de causas populares a lo largo de su vida, hoy presente también aquí.

Liberan a los doce presos atenquenses

Liberan a los doce presos atenquenses

La primera sala de la Corte les concede el amparo

La procuraduría del estado de México usó pruebas ilícitas para imputarles secuestro equiparado: ministros

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Sesión de la primera sala de la Suprema Corte en la que se aprobó otorgar el amparo a los 12 presos de AtencoFoto José Carlo González
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 2

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presos desde mayo de 2006, por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado.

En votación dividida (cuatro votos contra uno), los ministros concedieron el amparo en favor de Ignacio del Valle Medina Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sin embargo, José Ramón Cossío, quien se sumó a los votos de Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, aclaró que él votaba en favor del amparo, pero se pronunciaba porque la sala cambiara la tipificación del delito de secuestro equiparado por el de privación ilegal de la libertad, que se dictara sentencia acusatoria y se tomaran en cuenta los cuatro años, un mes y 26 días que llevaban en prisión para que compurgaran su pena y quedaran libres.

Silva Meza y Zaldívar se opusieron al planteamiento de Cossío. Argumentaron que la propuesta no era congruente, porque la mayoría proponía dictaminar el amparo liso y llano, ya que las pruebas acusatorias de la procuraduría mexiquense fueron insuficientes e ilícitas.

Además, le recordaron que la decisión adoptada era consistente con los nuevos estándares del proceso penal fijados por la misma primera sala, cuando resolvió los amparos de los indígenas sentenciados por la matanza de Acteal y determinó la liberación de Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a seis agentes federales en Querétaro.

Cossío reivindicó su derecho a votar como mejor le pareciera, ante la inconformidad de los tres ministros que descalificaron el proceso contra los acusados por haber violado el debido proceso y la garantía de presunción de inocencia.

Sólo el presidente de la primera sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, votó en contra del amparo, al considerar que sí quedó demostrada la acusación de secuestro equiparado, en razón de que los funcionarios retenidos en los hechos ocurridos en febrero y mayo de 2006 en Atenco sufrieron amenazas físicas y verbales como forma de presionar al gobierno mexiquense a cumplir sus demandas.

De esta forma quedó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión contra Ignacio del Valle y de 67 años contra Felipe Medina y Héctor Galindo, respectivamente, por el delito de secuestro equiparado.

En la sesión estuvieron presentes Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle; los actores Bruno Bichir, Ofelia Medina y Julieta Egurrola, del colectivo de apoyo a los presos de Atenco, y Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997.

Los otros nueve acusados, recluidos en el penal de Molino de Flores: Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate recibieron el amparo por votación unánime.

Sin discusión, los ministros descalificaron las acusaciones contra estos nueve activistas –sentenciados a 31 años de prisión– por la retención de funcionarios y policías los días 8 de febrero, 6 de abril, y 3 y 4 de mayo de 2006, en razón de que el Ministerio Público utilizó un álbum fotográfico para que los testigos reconocieran a sus agresores y porque la acusación se basó en la simple circunstancia de que los quejosos se encontraban en el lugar de los hechos donde fueron detenidos, con el argumento de que nada tenían que hacer ahí.

Al defender la postura de la mayoría, Silva Meza aseveró que la ilegalidad de la sentencia reclamada se pone más de manifiesto cuando la autoridad enfatizó la responsabilidad de los quejosos, porque pertenecen a una organización social, como lo es el FPDT, partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas.

Agregó que las condenas reclamadas en los amparos dejan ver una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición, que pone en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la integridad, libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados.

Consideró que el respeto a las libertades es fundamental en un Estado democrático y de ahí la importancia de la concesión del amparo y sentar un precedente para cuando se presentensituaciones como éstas en el futuro.

Subrayó que la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia, en indefectible desdoro de los derechos y libertades del ciudadano.

Silva Meza señaló que los amparos adquieren una significación social superlativa, no sólo por tratarse de los quejosos, de líderes sociales emblemáticos de un grupo que se ha caracterizado por ser fuerte opositor del gobierno del estado (de México) donde fueron sancionados, amén de que también de diversas acciones del gobierno federal.

Subrayó que si bien la práctica de retener personas vulnera el derecho a la libertad e integridad y constituye un desafío y desconocimiento de la autoridad del Estado para obtener algo de éste, lo cierto es que también quedan en evidencia cuestiones como la desmesura y desproporción de la reacción del poder del Estado.

En todos los casos se ordenó notificar, vía telegrama, a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación de los acusados por lo que respecta al delito de secuestro equiparado

Se ampara Fidel!

Se ampara Fidel!

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UYUYUYYYYY

* Vaca: “es la primera vez que un Gobernador se ampara, anda apanicado”
* Podría tratarse de un citatorio por los Fidelaudios, pero pudo declarar sin ampararse, además, no lo pueden detener porque tiene fuero
* Por la mañana se rumoró que secretarios habían sido arraigados


Por Manuel Hernández
Reportero de Notiver


En la lista de acuerdos que publica este día el Juzgado Décimo Quinto de Distrito del estado de Veracruz, aparece que el gobernador Fidel Herrera Beltrán se amparó en contra de la PGR, “es la primera vez que un Gobernador se ampara”, dijo a Notiver el diputado local Sergio Vaca.

Fue en el Juzgado Federal Décimo Quinto o Quinceavo de Distrito que funciona en Xalapa, este julio 30 del 2010 donde se listó el juicio de amparo indirecto 789/2010, el cual se refiere a una demanda de amparo promovida por el licenciado Fidel Herrera Beltrán como quejoso y otras personas con el mismo carácter de quejosos contra diversas autoridades federales, la primera de ellas es el Procurador General de la República.

Vaca explicó, que también aparece listado un incidente de suspensión se entiende que Fidel y los demás firmantes no quieren que se ejecute una orden contra ellos, que en cuanto al Gobernador, puede ser un citatorio para que comparezcan ante una agente del Ministerio Público Federal con motivo de las grabaciones, es decir de los “fidelaudios”, ya que de esas grabaciones se advierte desvío de recursos federales a las campañas políticas del PRI, motivo por el cual se están negando a declarar.

El diputado Vaca señala que sorprende que el Gobernador se ampare porque tiene fuero, es decir que no puede ser aprehendido, pero indudablemente “tiene mello a declarar e involucrarse más”.

Dijo que para que le concediera la suspensión, debieron haber depositado alguna cantidad de dinero, “está apanicado, es la primera vez que un Gobernador se ampara, a lo mejor quien se lo sugirió fue Reynaldo Escobar, ya que podría haber declarado sin necesidad de ampararse, de tal suerte que podría incluso de no tratarse de un citatorio sino de algo más, o bien al tratarse de una instancia federal prefirió no tomar riesgos”.



SE RUMORÓ ARRAIGO DE SECRETARIOS

Como antecedente este miércoles por la mañana el mandatario estatal hizo declaraciones sobre un rumor que calificó de infundios, la entrevista la dio en Xalapa luego de hacer un recorrido por el nuevo hospital Ángeles, que fue inaugurado ayer”.

En la declaración que fue difundida por portales de Internet de la capital del estado, se habló de un rumor el cual advertía que funcionarios estatales habían sido arraigados por la PGR.

En sus declaraciones Fidel Herrera rechazó que funcionarios de su gobierno hayan sido arraigados, y dijo “ese es el mismo demonio del edén que suelta eso; a él le hemos dicho: va de retro, sosiégate espiritualmente ya no requerimos eso, a la par que difundían esos infundios el Secretario de Gobernación comía plácidamente con el Secretario de Gobierno y un servidor, allá con Amadita en la Isla del Amor; creo que hay cosas que no se valen, como dijo ayer Beatriz Paredes, envilecen la política...”