Leonardo Bastida Aguilar México DF, julio 06 de 2011. Una mujer transexual conocida como “La Thalía” resultó muerta luego de que la madrugada del pasado lunes fuera atacada con armas de fuego por varios individuos, quienes desde un automóvil en circulación, le dispararon en varias ocasiones a ella y a otras mujeres transgénero con quienes se encontraba. El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana en la zona de tolerancia del centro de la ciudad de Chihuahua. En el lugar, además del cuerpo de “La Thalía”, quedaron heridas otras tres mujeres transgénero. De acuerdo con Mercedes Fernández, miembro de la comunidad de la diversidad sexual de Chihuahua, desde el pasado jueves 30 de junio, un grupo de personas llegó a la zona de tolerancia para hablar con las mujeres transexuales e indicarles que en caso de celebrar la IV Marcha del Orgullo Chihuahua 2011, convocada para el sábado 2 de julio, esta se convertiría en la “Marcha de la Sangre”. Ante las amenazas, el comité organizador decidió suspender el evento y sólo leyó un pronunciamiento en la Plaza de Armas, en el que se exigía “leyes iguales para todas las personas” y el respeto a la diferencia. El evento se suspendió con la finalidad de salvaguardar la integridad de los asistentes, entre ellos “La Thalía”. Sin embargo, este lunes, cerca de las cinco de la mañana, un grupo armado que viajaba en un coche blanco agredió al grupo de mujeres transexuales apostado en la esquina de Calle 12 y Libertad. Por el momento, aclaró Fernández, sólo se ha realizado la autopsia al cadáver de la víctima, y las autoridades no han abierto una línea de investigación. Para la activista, este no es un hecho aislado, ya que hace un mes, dos jóvenes homosexuales fueron asesinados con arma de fuego en la entrada del centro nocturno “El Escándalo”, y en lo que va del año se han registrado 19 homicidios de miembros de la comunidad no heterosexual. Fernández comentó que la violencia hacia el colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual puede no tener como origen al crimen organizado, ya que desde el pasado 17 de mayo, fecha en que se decretó el Día Estatal de la Tolerancia y Respeto a las Preferencias, aprobada de manera unánime en sesión ordinaria del Congreso local, los ataques en su contra se han recrudecido, sobre todo por parte de “grupos religiosos”. Añadió que la comunidad transgénero también es víctima de extorsión por parte de las autoridades municipales y estatales, quienes con el pretexto de detener a una persona “por parecer homosexual”, les piden “sexo” para dejarles ir, por lo que en próximos días se presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La defensora de derechos humanos explicó a esta agencia que ante la “preocupante” situación se le ha solicitado al presidente municipal de la localidad, Marco Adán Quezada Martínez, una reunión para exigirle el esclarecimiento de los asesinatos de integrantes de la comunidad y el fin al acoso policíaco del que son parte. Por último, Fernández indicó que a pesar de sufrir amenazas de muerte, se ceñirá al protocolo de protección a defensores de derechos humanos, el cual permite acelerar las investigaciones, además de que en caso de que el gobierno local y federal no resuelva la situación del colectivo de la diversidad sexual se buscará llevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. |
Domingo 10 de julio de 2011, p. 17
El gobierno mexicano sigue sin acatar las recomendaciones de organismos internacionales sobre la seguridad de los trabajadores de minas de carbón, y debido a ello, los siniestros son continuos. Tan sólo en los últimos cinco años, 124 han fallecido en minas de Coahuila, 59 de ellos posteriores al fatal accidente en Pasta de Conchos, advierten familiares de los afectados en un documento que el senador Ricardo García Cervantes (PAN) entregó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Navi Pillay.
En el escrito piden a la representante de Naciones Unidas que se sume a la exigencia que diversas organizaciones han formulado al gobierno de Felipe Calderón para que se rescaten los restos de los 63 trabajadores muertos por la explosión en la mina ocho de Pasta de Conchos y para dar solución a las demandas insatisfechas de 600 deudos, entre ellos 160 huérfanos.
En el documento –que el panista entregó a Pillay durante la reunión que sostuvo con senadores– resaltan el incumplimiento del gobierno federal a convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad en las minas y la poca atención a resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a violaciones a la vida, integridad física e higiene y seguridad laboral y jurídica de los mineros y sus familias.
Advierten que entre 2010 y lo que va de este año casi se duplicó el número de fallecimientos en accidentes en minas, al pasar de 13 a 22 muertos.
Lo más agraviante de estas violaciones y símbolo universal de inhumanidad es la negativa del gobierno mexicano para recuperar los restos de los 63 mineros que aún yacen en la mina ocho, luego de cinco años del percance
, señalan a la alta comisionada de la ONU integrantes de Familia Pasta de Conchos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y otras organizaciones no gubernamentales.
Lo que demandan es hacer valer un derecho inherente a todos los seres humanos: enterrar a sus muertos
y la reparación y rehabilitación fundamental y básica de un daño irreparable
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Hacen notar que desde la conferencia de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que se efectuó en junio del año pasado, fallecieron 32 mineros más. Cuatro en Sonora y 25 en las minas de carbón, en Coahuila: pocitos El Bóker, El Tesoro, Tres Hermanas, y Pozo Tres.
Triste y dolorosamente, un nuevo siniestro ocurrido el 3 de mayo pasado provocó la muerte de otros 14 mineros en Coahuila, en una región que no acaba de reponerse de un siniestro cuando el otro ya toca a la puerta, y ha venido a confirmar lo que hemos venido señalando a los organismos de la OIT.
Los 14 mineros muertos en el pozo tres, que operaba sin notificación alguna, tenían 24 años de edad en promedio y dejan 37 huérfanos y 13 viudas de entre 22 y 23 años de edad en promedio. Este nuevo caso prueba las denuncias que hemos hecho desde hace cinco años, sobre el subregistro de trabajadores en el IMSS, el trabajo infantil, la subcontratación y la minería ilegal
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Anexan a la alta comisionada de la ONU en materia de derechos humanos el quinto informe que elaboraron, a partir del análisis de las actas de inspección de minas de carbón, pocitos, tajos y minas subterráneas, que llevó a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de 2008 a 2010.
“Del mismo se desprende que el deterioro en las condiciones laborales en las minas de carbón es mayor de un año a otro, a pesar de la vigencia de la Norma 032. Señalan que de 32 minas inspeccionadas, en 17 la STPS ordenó restringir el acceso de los trabajadores para extraer carbón debido a que las condiciones en que se está operando ponen en riesgo su integridad y su vida. Sin embargo, en las 17 continúan las labores y en tres han muerto tres mineros.











