Elida Abonza Paéz  Foto: Ceprodehi México DF, julio 08 de 2011. Tras el asesinato de Javier Sánchez Juárez, ocurrido en la localidad de Zumpango del Río, Guerrero, activistas del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi), acudieron al sepelio, ahí leyeron un pronunciamiento en el que exigen al gobernador Ángel Aguirre Rivero, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, y al Congreso estatal, esclarecer los crímenes de odio por homofobia. Los activistas también pidieron al Congreso local “sacar de la congeladora” la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia y tipificar los crímenes de odio por homofobia. Alrededor de las 17:00 horas del martes pasado, cerca de 500 personas se reunieron en una procesión para acompañar a los familiares y amigos de Javier Sánchez en su recorrido hacia el panteón donde fue sepultado el joven gay, cuyo cuerpo fue hallado el día anterior debajo de un puente peatonal. A lo largo del trayecto, se observó por una enorme bandera arcoiris, símbolo de la diversidad sexual, detrás de ella un vehículo engalanado en el cual se transportaba el féretro, declaró a esta agencia Tania Paloma, delegada del Ceprodehi en esa localidad. Explicó que en el cementerio, Felicitas Domínguez, quien habló en representación de los familiares de Sánchez Juárez, dijo que “ya es justo que la sociedad nos apoye, nos reconozca, respete y no nos cierra más las puertas”. Por su parte, Emiliano García Arzate, vocero del Ceprodehi, declaró que esa organización trabaja en la implementación de la campaña “Aguas con tu ligue”, ya emprendida en el Distrito Federal, la cual está enfocada a prevenir a los integrantes del colectivo de la diversidad sexual sobre los riesgos de convivir con desconocidos. La campaña también pretende fomentar la cultura de la denuncia en torno a los delitos cometidos contra personas no heterosexuales. Finalmente, García Arzate subrayó que “Aguas con tu ligue” se lanzará por redes sociales y en los medios de comunicación del municipio, también conocido como Eduardo Neri. |
Sergio Ocampo, Héctor Briseño, Rubicela Morelos y Martín Sánchez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2011, p. 4
Jueves 14 de julio de 2011, p. 4
La Procuraduría General de la República (PGR) deberá citar a declarar a los militares en activo que participaron en las desapariciones forzadas durante la guerra sucia en Guerrero, aseveró Tita Radilla, dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos. Ese ha sido el objetivo de nuestra lucha
, apuntó.
Tras conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringe el fuero militar para que los miembros de las fuerzas armadas que violen las garantías fundamentales puedan ser juzgados en tribunales civiles, apremió a la PGR a agilizar las investigaciones. La procuraduría normalmente ha sido muy lenta en esta materia
, señaló.
La activista, quien desde el 25 de agosto de 1974 empezó la búsqueda de su padre, Rosendo Radilla –detenido y desaparecido ese día por militares en un retén de Atoyac, Guerrero–, consideró que la determinación del máximo tribunal es un logro de esta lucha de tanto tiempo
, por lo que propuso cumplir el fallo y no soslayar las leyes en materia de derechos humanos.
“Debemos estar pendientes no sólo las familias que venimos denunciando (desde hace 37 años) los abusos cometidos por militares en la guerra sucia, porque hoy continúan las violaciones de soldados en contra de decenas de familias, debido a la violencia en el país.”
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña calificó de histórico el resolutivo aprobado por la SCJN, y consideró que ahora el Poder Judicial deberá asegurarse de que sean remitidos a tribunales civiles los casos en que estén implicados militares como probables responsables de violaciones a los derechos humanos.
Entre esos casos señaló los de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, también resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010
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La activista Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada, en imagen de archivoFoto Notimex
Recordó que tanto Valentina Rosendo Cantú como Fernández Ortega fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército en 2002, sin que hasta ahora haya justicia. Desde el 16 de mayo de 2002 la denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar. Un día después, el 17 de mayo, ocurrió lo mismo con la de Inés
.
Agregó que Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad a manos de militares en 1999
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Juliana García Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, aseguró que en esta entidad militares y marinos deben ser castigados por la desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, así como por los asesinatos de Patricia Terroba de Pintado y de Ignacio Aguilar.
De acuerdo con la CNDH, Terroba murió el 11 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, cuando un grupo de marinos realizó una operación para atrapar al jefe del cártel de las drogas Arturo Beltrán Leyva.
A su vez, Ignacio Aguilar pereció el 16 de diciembre de 2009 en un operativo de marinos en el fraccionamiento Altitude, también en la capital morelense, donde fue abatido Beltrán Leyva.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, Alejandro Etienne Llano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal, informó que espera que la SCJN les notifique la resolución para que los 90 juzgados en esa entidad conozcan las demandas que existen en contra de castrenses que hayan vulnerado las garantías individuales.
