Abre la UNAM proceso para elegir rector; Narro confirma aspiración

Los interesados comparecerán ante los notables

El nombramiento, a mediados de noviembre

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 40

Este jueves empezó formalmente el proceso para designar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2011-2015, con la emisión por la Junta de Gobierno (JG) de la convocatoria para elegir al universitario que encabezará la institución en los próximos cuatro años.

El órgano de la máxima casa de estudios exhortó a alrededor de 316 mil estudiantes, más de 36 mil académicos, 30 mil trabajadores administrativos y a personas externas –pero que mantengan alguna relación con la UNAM– a participar y manifestar su apoyo por quienes consideren que tienen méritos para ocupar el cargo.

Como informó La Jornada la semana pasada, la JG (conformada por 15 universitarios notables) hizo público el llamado a la comunidad de la institución para este proceso. Fuentes del organismo afirmaron que la noche del miércoles se decidió adelantar la convocatoria, pues originalmente estaba planeado que se diera a conocer el próximo lunes.

El documento difundido por la JG dice que con base en la fracción VII del artículo tercero constitucional, y con apego al artículo sexto, fracción I, de la Ley Orgánica de la UNAM, se hace público que con esta fecha inicia el procedimiento conducente al nombramiento de rector para el periodo 2011-2015, y convoca a los integrantes de la comunidad universitaria a que participen y se expresen con libertad y responsabilidad.

Refiere que la legislación universitaria dispone que para ser rector se necesita ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 años y menor de 70, poseer grado superior al de bachiller, tener cuando menos 10 años de servicios docentes o de investigación en la UNAM, haberse distinguido en su especialidad, gozar de estimación general como persona honorable y prudente, y no ser miembro de la JG ni haberlo sido en los dos últimos años.

Como es costumbre, el proceso se dividirá en tres etapas: un periodo de auscultación entre la comunidad para sondear las preferencias, la selección y publicación de los nombres de quienes a juicio de este órgano cumplan los requisitos, y la comparecencia de quienes aparezcan en ese listado ante los 15 notables para exponer sus proyectos. Después la JG analizará adhesiones y propuestas para designar al rector.

En la primera etapa –que empezará este lunes y concluirá el 26 de octubre–, el órgano de gobierno recibirá las opiniones de los universitarios, quienes podrán hacer llegar sus planteamientos por escrito, firmados y con los nombres de las personas que consideren adecuadas para ocupar el cargo. Dichos documentos deben exponer y argumentar la propuesta.

Asimismo, cinco comisiones –de tres integrantes cada una– de la JG recibirán en horas hábiles a los universitarios que deseen manifestar de palabra sus argumentos y razones por los cuales “alguno o algunos universitarios distinguidos deben ser tomados en cuenta (para el cargo). Los nombres propuestos y las razones expuestas (…) serán comunicados por estas comisiones al pleno de la junta”.

Según se desarrolle el proceso de exploración, la propia JG podría adoptar cualquier otra forma que estime procedente para oír más opiniones. Una vez concluida esa etapa se darán a conocer los nombres de quienes, a juicio del organismo, cumplan óptimamente los requisitos de ley para acceder al cargo, dando paso a las entrevistas con los aspirantes, quienes tendrán que presentar sus proyectos de universidad ante los 15 notables.

Finalmente, a mediados de noviembre el organismo procederá a nombrar formalmente al rector para el siguiente cuatrienio, de conformidad con la legislación universitaria.

Diego Valadés, del IIJ, primero en apoyarlo; tendría respaldo de la mayoría de directores

Emir Olivares Alonso

Una vez publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno (JG) para designar a quien ocupará la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el periodo 2011-2015, el actual rector, José Narro, manifestó su voluntad de participar en el proceso.

El rector José Narro Robles durante su discurso de ayer en el que dio a conocer su aspiración a ser relecto en el cargoFoto Marco Peláez

En un mensaje ante los medios de comunicación, el rector –quien de acuerdo con la Ley Orgánica de la institución tiene oportunidad de ser relecto para otro cuatrienio– aseveró que, de ser designado, pondré todas mis capacidades al servicio de la causa y me esmeraré para disminuir mis limitaciones al máximo.

Exhortó a tanto a quienes lo apoyen como a quienes consideran que es momento de un relevo en la conducción de las tareas de coordinación, a participar en el proceso. Afirmó que en caso de no ser elegido apoyará a su sucesor.

Si me conceden su respaldo, por supuesto que cuentan conmigo. Si piensan en otras opciones, me sentiré orgulloso de formar parte de esa posibilidad. Si se pronuncian por el cambio, quien resulte designado contará con todo mi respaldo; pueden estar seguros de que haré lo que me toca por ser consistente.

Previamente, en un encuentro privado, Narro informó su decisión a directores de facultades, escuelas, centros e institutos, quienes prácticamente en su totalidad se pronunciaron por que continúe en el cargo y le manifestaron su apoyo, de acuerdo con directivos presentes en la reunión.

En su mensaje, Narro recordó que haber sido nombrado rector hace cuatro años representa, por mucho, el mayor honor que se me ha conferido. Durante este tiempo he desempeñado las tareas inherentes a esa responsabilidad hasta el límite de mis capacidades.

Dijo que en meses recientes ha escuchado diversas opiniones y ha realizado un ejercicio de reflexión que lo ayudó a fortalecer su convicción de servir a la UNAM. Por ello, respondo con prontitud a la convocatoria de la JG y expreso mi interés por ser considerado en el proceso que hoy se ha iniciado. Si cuento con el apoyo de nuestra comunidad, con el ánimo de los egresados y de los sectores interesados en la vida universitaria, además de llegar a tener la confianza de los integrantes del órgano colegiado convocante, aseguro que pondré todas mis capacidades al servicio de la causa.

Subrayó que la comunidad y todos los mexicanos pueden tener la seguridad de que lo haría “con las más altas miras en mente y con la condición más acentuada de servir a esta gran institución, que es parte del orgullo nacional; que lo mismo nos identifica a quienes servimos y nos formamos en ella que a quienes se benefician del resultado de su labor.

Hay muchos universitarios y universitarias que reúnen las condiciones para cumplir a cabalidad el cargo, aceptó, por lo que confió en que en las próximas semanas lleguen varias propuestas a la JG.

Saldrá fortalecida

Señaló que en esta etapa de designación la UNAM resultará fortalecida, y se comprometió a que durante la misma cumplirá lo que como rector le corresponde: facilitar la libre expresión de todos los miembros de la comunidad, actuar en el marco de la conducta que el proceso reclama y por ser un digno participante junto a otros universitarios.

Narro –quien es el rector 40 en la historia de la institución– fue designado el 13 de noviembre de 2007, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo ocho años al frente de la institución. El próximo mes terminará las labores de su primer periodo.

Horas después de este anuncio, Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue el primer universitario que abiertamente manifestó su apoyo para que la JG designe nuevamente a Narro.

El constitucionalista, quien hace cuatro años contendió por la rectoría, dijo que Narro ha hecho un trabajo notable y admirable en la defensa de la autonomía, de la universidad pública mexicana y de principios básicos como el Estado secular. Además que ha fortalecido la investigación y la presencia de la UNAM en el ámbito nacional con la creación de la nueva Escuela de Estudios Superiores en León, Guanajuato

En riesgo, nuevos campus del IPN por falta de presupuesto

No hay ningún avance en la inversión pública: Bustamante Díez

El Politécnico destinará 5 millones de pesos para instalar un nuevo sistema tecnológico de vigilancia para evitar robos en sus instalaciones. Imagen de archivo de los laboratorios del Cecyt 6, Miguel Othón de MendizábalFoto José Carlo González

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 41

De no incrementarse en mil 116 millones de pesos el presupuesto destinado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para 2012, estarán en riesgo nuestros principales proyectos de infraestructura, informó Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general de esa casa de estudios.

Agregó que sin una reasignación presupuestal se comprometerían las obras en Zacatecas; el proyecto de un nuevo campus académico en La Paz, Baja California Sur, y el inicio de otro en Hidalgo, además de la conclusión de la sede en Veracruz. Sin recursos, peligra todo lo referente a obras, que es lo único que podemos suspender.

En entrevista, luego de suscribir un convenio de colaboración con la empresa General Motors para impulsar nuevos proyectos de capacitación y formación de ingenieros, indicó que no hay ningún avance en la inversión pública que se destina a educación superior en México, pues enfatizó que estas las instituciones públicas del sector desafortunadamente debemos seguir buscando la comprensión del Legislativo, para que nos apoyen con recursos extraordinarios.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), indicó, ha solicitado a la Cámara de Diputados 9 mil 560 millones de pesos para el sector, cantidad que de reasignarse nos ubicaría en el mismo nivel de financiamiento alcanzado en 2009, esto significa que hubo un decremento (presupuestal) en lo que formalmente nos fue adjudicado.

Luego de reconocer que existen pocas posibilidades que la actual legislatura pueda aprobar la aplicación de presupuestos plurianuales como demanda la Anuies, indicó que las instituciones de educación superior debemos seguir insistiendo en que necesitamos certidumbre financiera. Saber qué podremos hacer las universidades e institutos con los recursos que nos asignan es un reclamo serio, pues la incertidumbre en la que vivimos nos acota y limita.

Sin embargo, enfatizó que es lamentable que tengamos que invertir tanto tiempo y esfuerzo en cabilderar recursos, cuando esperaríamos que desde el principio estuviera claro que la política de apoyo a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación es el camino por el cual este país debe transitar.

Asaltos y robos

Afirmó que incluso para los proyectos en materia de seguridad se requieren recursos de la reasignación presupuestal, pues indicó que son parte de las demandas presentadas para incrementar los recursos públicos al IPN, que este año cuenta con 11 mil millones de pesos.

Bustamante Díez dijo que se estima una inversión de cerca de 5 millones de pesos para instalar un nuevo sistema tecnológico de vigilancia, pues en todas las zonas del Distrito Federal, donde hay campus del politécnico hemos tenido incidentes de asaltos, robos de automóviles y computadoras, aunque muy pocos casos de agresiones personales.

La directora general del IPN aseguró que las instituciones públicas de educación superior requieren ampliar su financiamiento para garantizar condiciones de seguridad para sus comunidades universitarias, porque el verdadero problema no está dentro de las instituciones, sino afuera de ellas, pero nosotros no podemos contrarrestar lo que ocurre fuera de nuestras instalaciones, por eso requerimos de equipamiento que nos permita ampliar los perímetros de vigilancia

Vulgar oportunismo electorero de PRI y PAN: Batres

El ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, acusó a diputados de PRI y PAN de querer golpearlo políticamente de cara a la contienda electoral de 2012 por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, porque ven en él a su adversario político.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, en la que estuvo acompañado de asambleístas del PRD pertenecientes a Izquierda Social (IS) e Izquierda Democrática Nacional (IDN), el ex servidor público exhortó al priísta Fidel Suárez y al panista Rafael Medina a prepararse mejor, pues de lo contrario harán el ridículo, tras adelantar que procederá jurídicamente en su contra por falsa declaración.

El miércoles pasado, ambos diputados presentaron una denuncia penal en contra de Martí Batres en la procuraduría capitalina, por un supuesto fraude en la entrega de uniformes escolares.

El perredista consideró esa denuncia carente de todo sustento, fundamento y veracidad, y que expresa ignorancia y mala fe.

Llama mucho la atención que no haya habido cuestionamiento alguno de los diputados de PRI y AN, sino hasta ahora, cuando se avecina la coyuntura electoral de 2012, lo cual denota un vulgar oportunismo electorero, puntualizó.

Aseguró que la entrega de uniformes escolares se ha hecho con apego a la legalidad, como se constata en las más de cinco auditorías realizadas a dicho programa, en las que las autoridades de fiscalización no detectaron ninguna anomalía

Sinaloa: cierran 12 cárceles; 250 reos reubicados

Prisiones municipales incumplían requisitos de rehabilitación

Interno ahorcado en Morelia

Internos del penal de Salvador Alvarado, durante una visita de legisladores de Sinaloa, en imagen de archivoFoto Cortesía de El Debate de Sinaloa

Irene Sánchez, Ernesto Martínez Elorriaga y Carlos Camacho

Corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 33

El gobierno de Sinaloa cerró 12 cárceles municipales y reubicó a sus 250 internos en otros penales del estado, informó Francisco Manuel Cordova Celaya, secretario de Seguridad Pública estatal.

En respuesta a la recomendación 37/2011 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), recientemente fueron vaciadas y demolidas las cárceles de los municipios de Cosalá, Badiraguato, Salvador Alvarado, Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Elota, San Ignacio y Escuinapa, dijo el funcionario.

Los penales de Rosario y Concordia se convertirán en museos, confirmaron los alcaldes Édgar González y Eligio Medina Ríos, respectivamente.

Esta medida obedece a la recomendación de mejorar la atención a los internos, lograr la readaptación social y evitar hacinamiento y violaciones los sus derechos humanos, agregó. La cárcel de Concordia sólo tenía siete reos y la de Cosalá ocho, pero en ambas había un número similar de vigilantes, lo que resultaba oneroso.

Los procesos de los internos continuarán en los penales de Ahome, Guasave, Angostura, Culiacán, Navolato y Mazatlán, donde otros 5 mil 798 internos purgan condenas, 30 por ciento por delitos del fuero federal.

Precisó que algunos presidios incumplían los estándares internacionales para la rehabilitación, pues había edificios de más de un siglo de antigüedad; además, existían trabas legales para reducción de penas o libertad anticipada, beneficios disponibles en las prisiones estatales.

Los traslados se hicieron con autorización del Tribunal de Justicia del estado y en coordinación con la la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Juan José Rios Estavillo, presidente de la CEDH, criticó que en Sinaloa no haya una política penitenciaria que garantice respeto a los derechos de los presos, pero consideró un avance que el gobierno de Mario López Valdez haya atendido la recomendación de cerrar 12 de las 18 cárceles municipales del estado.

En Morelia, Michoacán, Vladimir García Andrés, un reo procesado por secuestro en el penal David Franco Rodríguez, fue encontrado ahorcado, informó la procuraduría estatal. Franco ingresó a la prisión en julio y se encontraba en el centro de observación y clasificación.

De la prisión estatal de Pachuca, Hidalgo, un reo se evadió a las tres de la tarde de ayer, justo cuando el gobernador Francisco Olvera Ruiz y su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, firmaban un acuerdo de colaboración en seguridad pública.

Elías Gallo González se fugó por la caseta 17, se supo extraoficialmente. La Procuraduría de Justicia del estado detuvo a dos custodios por su posible vinculación con la fuga, según la averiguación 12/DAP/443/2011s

"Emergencia" en materia de derechos humanos en el país

México vive una grave situación en materia de transgresión a los derechos humanos que resulta ya inaceptable, con impunidad casi generalizada y una opaca delimitación entre las jurisdicciones militar y civil, advirtió el presidente del Grupo de Amistad México-Alemania del Parlamento alemán, Jurgen Klimke.

Incluso, la parlamentaria Heiki Hansel, del partido La Izquierda, aseguró que ya no se puede hablar de un estado de derecho en México. Pidió a las instancias de gobierno tomar en serio los planteamientos y propuestas de las organizaciones en la materia y no criminizarlas.

En conferencia de prensa, siete parlamentarios alemanes, integrantes del grupo de amistad, presentaron algunas de las conclusiones de su visita de trabajo al país, en la que durante una semana fueron a varios estados y se reunieron con funcionarios del gobierno federal –entre ellos la procuradora general de la República, Marisela Morales–, legisladores mexicanos, cónsules alemanes y representantes de varios organismos civiles y de derechos humanos.

Klimke señaló que México es un socio muy importante para su país en todos los ámbitos y sectores, y que la situación de inseguridad, producto de la lucha contra el crimen organizado, no afectará las inversiones previstas por las empresas germanas.

Dijo que desde mayo pasado, cuando el presidente Christian Wulff visitó México, ambas naciones trabajan en la elaboración de un programa de transferencia de conocimiento en materia de seguridad interna, el cual espera que esté listo a finales de año.

Consideró que uno de los temas en que el país debe avanzar, en cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es en la delimitación entre las jurisdicciones civil y militar, tema vinculado directamente con el fuero castrense.

Derivado de los diversos encuentros, Klimke lamentó que en el país se den amenazas masivas contra los defensores de las garantías fundamentales y represalias contra las víctimas. Aquí se da una situación de impunidad casi generalizada, que en el caso de las violaciones a los derechos humanos asciende a 97 por ciento, confirmado por los mismos implicados. Esto es inaceptable.

Hansel se refirió a su encuentro con la procuradora Morales. Nos dijo que gran parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos forman parte de la esfera del crimen organizado. ¿Cómo puede decir que es gente involucrada con el crimen organizado, si 97 por ciento de los casos ni siquiera se persiguen y están sin esclarecer?, cuestionó.

Achacar todo al crimen organizado y criminalizar a las víctimas tampoco puede aceptarse. México –agregó– vive una emergencia nacional en materia de derechos humanos

Hay nexos entre narcos y el gobierno de Colima, revelan agentes destituidos

Quince de los 43 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Colima destituidos la semana pasada por no aprobar los exámenes de control de confianza, amenazaron con revelar vínculos entre la delincuencia organizada y el gobierno estatal, si no son restituidos en sus cargos o liquidados conforme a la ley.

Callados no nos vamos a quedar, alguien tiene que decir las cosas que están pasando en Colima, y si somos nosotros, lo vamos a hacer, y si por esa razón vamos a tener represalias, estamos dispuestos a morir, advirtió Nivardo Padilla Arceo, quien durante 28 años fungió como comandante.

Los ex agentes se manifestaron ayer en el Congreso local, donde pidieron la intervención de los diputados para que los reinstalen en sus puestos o los indemnicen conforme a la ley.

Padilla Arceo aseveró que el subprocurador Marcos Santana no pasó los exámenes de control de confianza, y continúa en la dependencia. Que nos aclare el gobierno del estado por qué están siendo tan tendenciosos si estamos atacando a la delincuencia organizada, demandó.

Señaló que el gobernador Mario Anguiano Moreno no los ha querido recibir, a pesar de el haber solicitado una audiencia en palacio de gobierno.

Recordó que en febrero pasado, cerca de 45 policías fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina; luego recuperaron su libertad sin que les comprobaran nexos con el narcotráfico.

De esos 45 elementos, explicó, 10 fueron dados de baja la semana pasada a pesar de que había una orden de la misma dependencia federal para que ya no fueran nuevamente evaluados.

Después de algunos minutos, los ex policías se reunieron con diputados y el priísta Francisco Zepeda, presidente de la mesa directiva del Congreso, quien aseguró que revisarán el caso y en breve darán respuesta a sus planteamientos.

En este contexto, unos 800 elementos de las 33 corporaciones municipales de Morelos, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la PGJE reprobaron el examen de control de confianza, reveló el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Herrera Chávez.

Entrevistado al término de la sesión extraordinaria del gabinete de seguridad que tuvo lugar la mañana de este jueves en Casa Morelos, de la capital del estado, aceptó que de esos 800 uniformados no aptos, la mayoría sigue en funciones.

De los 8 mil efectivos policiacos que tiene Morelos, hasta ahora ha sido evaluado 70 por ciento. Herrera Chávez detalló que entre los 800 uniformados reprobados se encuentran los 42 mandos y submandos de 26 municipios que resultaron no aptos para desempeñar ese cargo.

A 11 de esos 26 ayuntamientos, la PGJE les inició un procedimiento administrativo porque existe la presunción de que los jefes policiacos reprobados están ligados con la delincuencia organizada.

Seiscientos de los policías que no pasaron las evaluaciones fueron policías rasos de los 33 municipios, de los cuales 200 ya fueron dados de baja o están en proceso de ser cesados.

De los examinados en la SSP –cuya cifra no precisó– 61 reprobaron, mientras que 74 policías ministeriales tampoco resultaron aptos para cumplir su función.

Por otro lado, el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, anunció que se reforzará la seguridad en la Huasteca de la entidad, principalmente en los municipios que colindan con Veracruz, sobre todo en materia de robo de autos y las acciones se coordinarán con la Policía Federal y el Ejército.

El mandatario signó con su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, una carta de intención, para poner en marcha estrategias en materia de infraestructura carretera, salud, educación y seguridad, sobre todo en las entidades del centro del país, afectadas por la delincuencia organizada.

Mientras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, recomendó a la SSP de la entidad iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra el policía estatal Alfredo Morales Ramírez, quien a principios de año hirió de bala a un ciudadano en el municipio de Compostela, e indemnizar al afectado.

Juan Carlos Flores, Rubicela Morelos, Myriam Navarro y Carlos Camacho, corresponsales

Exigen ONG que la reforma sea efectiva

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos urgieron al gobierno mexicano a cumplir con su obligación de emitir una nueva Ley de Amparo, como se comprometió a hacerlo con fecha límite del 4 de octubre.

Las organizaciones consideraron preocupante que el Congreso haya incumplido el plazo establecido para llevar a cabo dicha reforma, que serviría para hacer del amparo una herramienta útil y accesible en la defensa de los derechos humanos.

Mediante un comunicado conjunto, ambas organizaciones recordaron que el 6 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifican o adicionan varias disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución mexicana, con el objetivo de reformar de manera integral el juicio de amparo.

Según la mencionada publicación, la fecha límite para aprobar esa reforma y expedir una nueva Ley de Amparo fue el pasado miércoles 4 de octubre.

Por tal motivo, las organizaciones firmantes urgieron al Poder Legislativo a tomar en cuenta las recomendaciones y sentencias formuladas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la reciente reforma constitucional en esa materia sea efectiva.

Señalaron en particular los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, para quienes el amparo no ha servido como un recurso efectivo de defensa.

En agresiones similares a las que sufrieron ambas mujeres, dijeron, esta herramienta legal no ha servido para impugnar la declinación de competencia en favor del fuero militar, ya que el artículo 10 de la Ley de Amparo es sumamente restrictivo.

Por tal motivo, las organizaciones exigieron que en la elaboración de la nueva Ley de Amparo se haga mucho más ágil, efectivo y accesible a este recurso; que pueda ser utilizado en eventos de detención arbitraria; que sea efectivo en casos donde la víctima quiera oponerse a que las autoridades civiles declinen competencia en favor de las militares, y que incorpore mecanismos para hacer plenamente justiciables los derechos colectivos

Se recrudece la persecución contra bases de apoyo zapatistas en los Altos de Chiapas

La ofensiva también pretende obstruir la educación autónoma que se imparte en la zona

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 20

San Cristóbal de las Casas, Chis. 6 de octubre. En comunidades tzeltales y tzotziles de los Altos se ha desatado una persecución contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en particular contra la educación autónoma. Los hostigamientos, desencadenados por primera vez en junio y julio de 2010, se recrudecen ahora como síntoma de una inminente fiebre electoral que está adquiriendo en la región un claro carácter contrainsurgente.

Arguyendo diferentes pretextos, grupos oficialistas, bajo influjo clientelar de precandidatos y partidos, pretenden despojar a los zapatistas de sus tierras. Sucede en la selva, la zona Norte, Chilón y Ocosingo, en la forma de artificiales disputas por las tierras recuperadas por los zapatistas después de 1994.

En los municipios oficiales de Tenejapa y San Juan Cancuc, zapatistas pertenecientes al caracol de Oventic se encuentran amenazados y perseguidos en distintas comunidades. En Las Mercedes (Tenejapa), los priístas amagan con desalojarlos y expropiar sus tierras.

Según reportan las brigadas civiles de solidaridad que recorrieron diversas regiones autónomas en días pasados para recoger testimonios de las comunidades asediadas, en Las Mercedes la agresión fue acordada por miembros de la comunidad, que realizaron la división de las tierras de los zapatistas, a quienes se les ha privado de los servicios de agua y luz.

En junio del año pasado, las familias zapatistas explicaron formalmente a las autoridades de la comunidad y de la primaria oficial el inicio de una primaria autónoma, si bien se comprometieron a seguir cooperando con los trabajos y reuniones en beneficio de toda la comunidad. Días después, Miguel López Girón y dos hijos suyos fueron citados en la escuela oficial para informarles, de manera impositiva, que habían designado a uno de los hijos como comité de obras de educación. Miguel y sus hijos reiteraron que se iba a empezar la educación autónoma. El 13 de julio las autoridades oficiales y los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizaron una asamblea, y acordaron amenazas y persecuciones para desalojar a las bases zapatistas. En agosto demandaron penalmente a estas familias bajo falsos delitos, añade el reporte. Al día siguiente la autoridad municipal intentó, sin éxito, arrestar a López Girón.

La junta de buen gobierno (JBG) de Oventic ha manifestado su disposición a dialogar. No así las autoridades oficiales de la comunidad, quienes agudizaron las provocaciones y levantaron acusaciones ante la Procuraduría Agraria. En abril de este año determinaron “que si ‘el zapatista’ no se presentaba al tribunal agrario, ellos mismos buscarían vigilar, perseguir, secuestrar o tratar de matar a Miguel”, abunda el reporte.

El 8 de julio de 2011, autoridades de Las Mercedes y sus seguidores cortaron los bajantes de luz de López Girón y María Intzin Méndez, a pesar de que la pagan y cuentan con sus recibos. El día 13 de ese mes, un centenar de priístas les cortaron el suministro de agua. Ahora, vigilados y perseguidos, les bloquean la carretera con piedras para impedir la entrada a su casas, en espera de la orden del mal gobierno y el tribunal agrario para dar paso al despojo y repartición de su tierra.

Ante ello, los indígenas zapatistas declararon: Estamos resintiendo que no tengamos luz, agua y tierra, pero vamos a seguir la lucha. Aunque nos quiten las tierras, si se logra de morir se va a morir, si se logra de vivir se va a vivir.

En tanto, en la comunidad de Cruztón, municipio autónomo San Juan Apóstol Cancuc, 13 familias zapatistas sufren represalias tras establecer allí una escuela autónoma. También privadas de luz y agua, los priístas les niegan acceso a la carretera y a los comercios del poblado

CARTONES DE LA JORNADA

Abrirá el IPN lugares en el sistema a distancia

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) suscribieron un convenio para abrir mil lugares de nuevo ingreso en bachillerato tecnológico y mil más en licenciatura, en su modalidad a distancia, cuyas convocatorias se emitirán el próximo 10 de octubre, en la página web.

En el acto, la directora general del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, reconoció que es dramático no poder recibir a los miles de jóvenes que cada año solicitan su ingreso al instituto. En el ciclo escolar más reciente, de las 90 mil 600 solicitudes recibidas, sólo se pudo aceptar a 25 mil en educación superior.

Afirmó que esta modalidad de estudio a distancia no es la panacea, pero es una alternativa.

La ALDF cubrirá 100 por ciento del costo de los estudios durante el tiempo que dure el programa, mientras el IPN otorgará infraestructura, tecnología y tutoría de los maestros, se informó en el acto, realizado en el Salón de Consejo del Poli.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, recordó que el fideicomiso creado por esta instancia de gobierno, aprobado por unanimidad, se conformó con recursos ya asignados a la legislatura. Incluso, llamó a la Cámara de Diputados, al Senado y a congresos locales para que, al igual que la ALDF, impulsen programas en educación.

“Si en este momento todos los legisladores concediéramos un porcentaje de recursos similar, no tendríamos un sólo nini –jóvenes que ni estudian ni trabajan– en México”, afirmó.

En el convenio están incluidas carreras técnicas de nivel medio superior en: áreas de construcción, diseño gráfico digital, informática, administración, comercio internacional, mercadotecnia, administración de recursos humanos, desarrollo de software, computación y química farmacéutica. En licenciatura se ofrecen contador público, relaciones comerciales, negocios internacionales, comercio internacional y turismo

Apoya Chertorivski nueva reforma a la ley antitabaco para desalentar consumoApoya Chertorivski nueva reforma a la ley antitabaco para desalentar consu

El secretario de Salud, Salomón Chertorivski, se pronunció por una nueva reforma a la Ley General para el Control del Tabaco con el fin de hacer más estricta la regulación en las áreas para fumadores dentro de los establecimientos públicos, así como para que en la iniciativa de Ley de Ingresos 2012 los legisladores aprueben otro incremento al impuesto a los cigarros.

Al comentar sobre el proyecto, que, se prevé, presentarán hoy las comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, el funcionario señaló que la Secretaría de Salud (Ssa) siempre estará en favor de reforzar las medidas para reducir el tabaquismo a su mínima expresión, hasta llevarlo a cero.

Ésta, dijo, es una prioridad del sector para combatir las enfermedades crónicas no transmisibles que representan la mayor carga de morbilidad en el país. Explicó que sólo a causa de males relacionados con el tabaquismo, cada año mueren alrededor de 60 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales.

El secretario de Salud, Salomón Chertorivski, durante la presentación, ayer, de la Estrategia de liberación de medicamentos genéricos para el ahorro de las familias mexicanasFoto Guillermo Sologuren

En entrevista al término de la presentación de la Estrategia de liberación de medicamentos genéricos para el ahorro de las familias mexicanas, Chertorivski recordó que aunque en 2010 los legisladores, autorizaron el incremento de siete pesos en el precio de la cajetilla de cigarros, nosotros estamos por que se grave y aumente el monto del impuesto, con el fin de contribuir a la disminución del consumo, pues sabemos que desde el primer cigarrillo hay daño a la salud.

Lo anterior, porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los aumentos en impuestos están entre las mejores alternativas para desalentar el consumo, principalmente entre los jóvenes.

El proyecto de reforma legal de los diputados y senadores del Partido Acción Nacional también plantea aplicar medidas regulatorias que deberán cumplir los negocios que quieran vender cigarros.

Asimismo, propone aumentar el tamaño de los pictogramas y las leyendas sanitarias en las cajetillas, entre otros aspectos

A la semana se reciben 400 llamadas sobre acoso escolar en planteles del DF

Las autoridades federales “nos impiden el paso a las escuelas, pero no impiden el bullying”, afirmó Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Lo anterior en alusión a que, la semana pasada, un niño de tercero de primaria, en una escuela de la delegación Venustiano Carranza, se arrojó del primer piso por sufrir agresión escolar. El funcionario dijo que se darán talleres de apoyo a padres y alumnos, aunque sea afuera del plantel.

Lo que me preocupa es la reacción de la autoridad federal, donde simula que no pasó nada y hay que echarle la culpa a la familia. Tenemos que hablar con los compañeros del niño y con los maestros, con el fin de que tengan elementos para saber cómo tratar esos casos, advirtió

Durante la presentación del sitio de Internet www.hastaaquí.org, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, con el cual se busca prevenir y atender el bullying, el titular del organismo, Luis Wartman, explicó que se buscan diversas herramientas para mejorar este problema.

Por su parte, Delgado informó que cada semana se reciben alrededor de 400 llamadas de reportes de acoso escolar en las escuelas de la ciudad de México, por lo que se espera que por medio de esa página de Internet se pueda detectar en qué escuelas hay mayor incidencia de este fenómeno.

El Consejo Ciudadano invitó a las escuelas primarias y secundarias a participar con acciones de prevención, entre ellas solicitar la capacitación de su comunidad escolar –alumnos, padres y docentes– con talleres, cursos y actividades lúdicas de convivencia positiva

Grupos sociales convocan a formar bloque de izquierda

Dirigentes de organizaciones sociales como el Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (Musog-GP), el Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos (Monae) y el Movimiento hacia la cuarta transformación de la ciudad de México convocaron a constituir un bloque progresista de izquierda para exigir a los partidos políticos de esta misma orientación incluir a la sociedad civil en la definición de sus plataformas y del candidato a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

En su convocatoria, hacen un llamado a evitar que la izquierda en la ciudad pierda ganando con un candidato afín a la derecha y anunciaron que para el acto constitutivo del movimiento el domingo próximo, confirmaron su presencia como invitados el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, y el ex secretario de Desarrollo Social Martí Batres Guadarrama, ambos aspirantes perredistas a la candidatura a jefe de Gobierno.

Eduardo Miranda, vocero del Musog-GP, explicó que el propósito de la invitación es que expongan sus propuestas y escuchen a las organizaciones. Agregó que la invitación a otros aspirantes de la izquierda es abierta, aunque en lo personal expresó sus reservas con respecto al senador Carlos Navarrete y el secretario de Educación, Mario Delgado, por considerar que no representan los intereses de este sector.

En cambio, plantearon coincidencias con las propuestas que Batres y Mirón entregaron al PRD-DF en el ciclo de conferencias que dicho partido realizó en agosto pasado y en el que Delgado, Navarrete y otros aspirantes, como Alejandra Barrales, Alejandro Rojas y Miguel Ángel Mancera, declinaron participar.

En particular, resaltaron la construcción de una ciudad democrática con participación ciudadana, el fomento al cooperativismo y el empleo comunitario, la lucha contra la corrupción, la universalización de los programas sociales y la creación de la banca social, entre otros.

Benito Bahena Lomé, dirigente de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), en cuyo local sindical se realizará el acto político-cultural para la conformación de dicho bloque de izquierda y en defensa de la ciudad, puntualizó que la convocatoria es abierta tanto a organizaciones sociales como a ciudadanos en lo particular

SACM, CFE, Metrogás y Cablevisión, principales generadores de baches

Sólo parchan las calles que abren para hacer obras, acusa la Secretaría de Obras

Para reparar todas la vías afectadas se necesitan 25 mil millones de pesos, asegura

Según la Secretaría de Obras, la falta de recursos impide dar mantenimiento preventivo a las calles para evitar que se abran baches. Imagen de archivoFoto Alfredo Domínguez

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada
Jueves 6 de octubre de 2011, p. 41

Compañías paraestatales y particulares como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Metrogás y Cablevisión son algunas de las responsables de que cada año aparezcan baches en la ciudad, los cuales son como un virus, al no cerrar bien el área intervenida y sólo parcharla, con lo que causan filtraciones, consideró el director de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios, Luis Rábago Martínez.

Cada año aparecen en la ciudad de México alrededor de 200 mil baches, igual número al que se reparará este año durante el programa emergente. Las causas: falta de recursos para llevar a cabo labores de mantenimiento preventivo y la continua apertura de zanjas para reparar fugas de drenaje o agua potable, conexiones inalámbricas o redes de gas.

Por ello se emitió una norma que obliga a estos organismos a reparar el carril intervenido, no sólo la zanja abierta, lo que implica un área de 3.50 metros, conforme a los lineamientos vigentes, que son meter un tubo y dejar un espacio de siete centímetros para la colocación de asfalto y evitar troquelar la carpeta, pues hasta polines, cables y tierra aventaban para tapar, comentó.

Al hacer un balance del programa de rencarpetado y bacheo 2011, comentó que dichos arreglos provocan hundimientos o chipotes en vialidades que tienen uno o tres años de haber sido intervenidas, lo cual “no se vale, porque la falta de dinero ha provocado que la medida adoptada ante la aparición de baches sea taponar y no efectuar trabajo preventivo. De mil 500 millones de pesos solicitados, la Asamblea Legislativa, sólo nos autorizó 600 millones.

Con esa cantidad, únicamente es posible atender 2 millones 300 mil metros cuadrados de vialidades, de un total de 18 millones de calles primarias, donde cada año aparecen alrededor de 40 mil baches, mientras en las secundarias la cantidad llega a 160 mil. Así que para repararlos se requerirían 25 mil millones de pesos, y no se tienen, reconoció.

Hoy los cambios de tuberías y cables nos generan más problemas, porque no se cubre el área como se debe, por lo cual apenas se están dando los permisos para que trabajen y reparen un carril. Antes las delegaciones daban autorizaciones hasta por un año, sin verificar cómo arreglaban el área, pero ya estamos en eso. Así que a quien no tenga autorización se le presentará ante un juez, quien determinará la sanción correspondiente, dijo.

A seis meses de que comenzó el programa de rencarpetado y bacheo, destacó, se lleva un avance de 71.04 por ciento, lo que representa un millón 633 mil 876 metros cuadrados de vialidades rehabilitadas, equivalentes a 6.75 por ciento arriba de lo programado, y se han cubierto 63 mil baches, de los cuales 26 mil pertenecen al programa emergente en vialidades secundarias.

Mencionó que, mientras en las vialidades primarias se abre un bache, en la vías secundarias surgen tres, por lo que en este rubro se asignó un presupuesto de 171 millones de pesos con una meta de 200 mil socavones a atender; y en breve comenzará el rencarpetado en la parte norte de Periférico, desde Ingenieros Militares hasta Palmas, trabajos a concluirse a fin de año

Demandan a la CNDH investigar violación del Estado laico en Jalisco

María de los Ángeles Moreno y Enoé Uranga instan a la comisión nacional a definir su postura

Los 30 millones de pesos desviados a la obra ya habrían sido reintegrados a las arcas estatales

En el Cerro del Tesoro, al sur de Guadajara, Jalisco, continúa la construcción de Santuario de los Mártires Cristeros. Se calcula que sólo la venta de criptas redituará a la arquidiócesis local ganancias por 3 mil millones de pesosFoto Arturo Campos Cedillo

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Jueves 6 de octubre de 2011, p. 35

La senadora priísta María de los Ángeles Moreno Uriegas y la diputada perredista Enoé Uranga demandaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defina públicamente su posición sobre el Estado laico e investigue la queja prsentada contra el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, por el desvío de 30 millones de pesos, parte de una donación para construir en Tlaquepaque del santuario de los Mártires Cristeros, obra promovida por la arquidiócesis de Guadalajara.

En conferencia de prensa, las legisladoras manifestaron su alarma por la llamada macrolimosna, con la cual el gobernador violó el Estado laico, aseguraron.

Ambas instaron a la CNDH a que atraiga el caso, con base en las facultades que le confirió la reforma constitucional sobre derechos humanos, pues el ombudsman recibió 7 mil denuncias de ciudadanos de Jalisco contra la actuación del gobernador y resolvió que no hubo violación de los derechos humanos.

El 24 de marzo de 2008 González Márquez anunció que destinaría 90 millones de pesos del erario estatal al santuario, donde se rendirá culto a los cristeros canonizados por aquellos días, y ese mismo año entregó los primeros 30 millones de pesos.

Interrogado sobre la pertinencia de usar fondos públicos para esa obra, con la cual la arquidiócesis espera ganar 3 mil millones de pesos sólo por venta de criptas, el gobernador dijo que eso no era problema suyo y que el interés de su gobierno era promover el turismo religioso.

La oposición se generalizó y un mes después las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sumaron casi 5 mil. En un acto público, el gobernador injurió a los opositores al proyecto.

A mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco, dijo a finales de abril, en evidente estado de ebriedad, durante una cena para entregar 15 millones de pesos de recursos públicos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, ligada también a la arquidiócesis de Guadalajara.

“Éste es un cuete (borrachera). No me importa, me cae. Don Juan (Sandoval Íñiguez, el cardenal ahí presente), absuélvame desde allá. Además estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”

Ante las denuncias por malversación de fondos, que involucran a Sandoval Íñiguez, el 23 de junio de 2008 la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires informó que devolvió al erario los 30 millones de pesos, más intereses, que entre el 24 de marzo y el 23 de junio sumaron 563 mil 533 pesos, según Julio García Briseño, tesorero de la fundación.

En la conferencia de prensa estuvieron también los activistas que impugnaron ante la CNDH la resolución de su homóloga estatal: Jaime Hernández, del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo; Laura Campos, historiadora de la Universidad de Guadalajara; la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Dinero Público y el Estado Laico y la Red Jalisciense de Derechos Humanos, quienes exigieron que la CNDH actúe con independencia y siente un precedente en favor del Estado y de la cultura de la legalidad

Edil guerrerense habría ordenado asesinar a diputado federal priísta

Chilpancingo, Gro., 5 de octubre. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alberto López Rosas, presentó este miércoles a dos de cuatro presuntos autores del asesinato del diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Moisés Villanueva de la Luz, y de su chofer, Eric Estrada Vázquez, perpetrado el 4 de septiembre en las inmediaciones del municipio de Huamuxtitlán, en la Montaña alta de Guerrero.

Antonio Jiménez Chino, de 19 años, alias El Fantasma, y Florencio Jiménez Chino, agente de la policía ministerial estatal adscrito al sector Huamuxtitlán, presuntos autores materiales del doble homicidio, fueron presentados en las instalaciones de la PGJE, donde se mostraron retratos hablados de dos sujetos apodados El Gordo, El Geovany o El Pequeño, así como El Pato, señalados como cómplices.

En conferencia de prensa, López Rosas señaló que al parecer un presidente municipal de la región de la Montaña (a quien no identificó) habría pagado 300 mil pesos por el crimen. Se tiene el nombre de un presunto autor intelectual, pero se requiere más investigación. Ya se vigila al edil y en cuanto se requiera se le podría arraigar, dijo.

Reiteró: Sabemos que se trata de un alcalde en funciones; sabemos que pagó 300 mil pesos, pero no podemos precisar cuál fue el móvil, aunque no tuvo que ver con la fiesta (a la que el diputado y su chofer acudieron el día en que ambos desaparecieron, en la ciudad de Tlapa), y tampoco con un asunto pasional. Ya se tiene determinada la causa del homicidio.

Anunció que las pesquisas sobre el presidente municipal se iniciarán en cuanto comparezcan otras personas en Chilpancingo, este jueves.

Según la PGJE, para la aprehensión de los presuntos implicados se usó el registro de llamadas del teléfono celular del diputado asesinado, entre ellas varias de Antonio Jiménez, lo cual permitió ubicarlo y detenerlo en Tlapa el lunes pasado.

En imagen de archivo, el diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, asesinado el 4 de septiembre junto con su choferFoto Notimex

Agregó que cuando fue detenido, Jiménez Chino tenía en su poder un vehículo Honda City blanco modelo 2010, reportado como robado en la ciudad de Iguala. Ese auto fue usado para interceptar el que usaban el diputado y su acompañante. Además, el acusado también tenía una computadora portátil presuntamente propiedad del diputado federal, así como una pistola Beretta calibre nueve milímetros, utilizada para cometer el doble asesinato, y un reloj Bulova propiedad del legislador.

Antonio Jiménez reconoce haber recibido 10 mil pesos por el homicidio, y acusa a Florencio Jiménez (su hermano) de haber recibido 5 mil pesos por abrirle camino con un vehículo Nissan Tsuru blanco.

Luego de interceptar al diputado y a su chofer, los bajaron del vehículo, los encerraron en la cajuela del Honda y los llevaron a un basurero para darles una golpiza. Luego los metieron de nuevo en la cajuela y los trasladaron al puente donde los mataron, añadió la PGJE.

Señaló que los cuerpos fueron arrojados al río, donde aparecieron días después. Los homicidas fueron protegidos por el policía ministerial Florencio Jiménez Chino y se dirigieron a la ciudad de Tlapa.

De la declaración de uno de los acusados se desprende que el día de los hechos los cuatro involucrados interceptaron al diputado federal a las 10 de la noche en el municipio de Huamuxtitlán, cuando se dirigía con su chofer a la ciudad de Puebla, precisó la fiscalía.

Villanueva de la Luz y su asistente desaparecieron el domingo 4 de septiembre en la carretera federal Tlapa-Huamuxtitlán, procedentes de una fiesta en Tlapa, y se les localizó el día 17 de ese mes.

Piden sancionar muerte de bebé en hospital de Taxco

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 53/2011 para el hospital heneral Adolfo Prieto, ubicado en Taxco, Guerrero, por el caso de una recién nacida que murió por atención médica deficiente.

De acuerdo con el organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva, el médico adscrito al servicio de ginecobstetricia negó atención a una mujer con 39 semanas de embarazo que llegó a la clínica, por lo que una doctora, sin autorización, ordenó extraer el producto sin tomar en cuenta que éste tenía el cordón umbilical enredado en el cuello, lo cual le provocó la muerte.

La CNDH solicitó al gobierno de Guerrero cumplir íntegramente la recomendación 051/2010 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que supo del caso en primera instancia y acreditó violaciones a los derechos a la salud y a la vida.

Asimismo pidió que se diseñen e impartan cursos integrales de capacitación en derechos humanos y observancia de las normas oficiales mexicanas sobre salud, y que se certifique la capacitación del personal médico del hospital.

Entre otras medidas, la CNDH pidió que los empleados colaboren con los visitadores del organismo en las investigaciones

Autoriza Semarnat a CFE construir presa en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 5 de octubre. El subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Mauricio Limón Aguirre, afirmó que la dependencia autorizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el proyecto para construir la presa Chicoasén II sobre el río Grijalva, ya que es viable.

Entrevistado en esta ciudad, dijo que la obra garantiza el salvamento de la fauna y la flora del área y que la paraestatal tiene 42 meses para edificar la presa a partir de la autorización del proyecto.

Agregó que la CFE ya sometió a evaluación de la Semarnat el proyecto y por lo menos el (estudio) de impacto ambiental ya está autorizado; supongo que requerirá de otros permisos que no sé cuáles son, pero el nuestro ya está listo.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la CFE pretende construir la presa Chicoasén II, que sería la quinta hidroeléctrica del Sistema del Alto Grijalva como parte del cual ya operan Chicoasén, Peñitas, Malpaso y La Angostura.

La presa estará entre las de Chicoasén y Malpaso; tendrá un espejo de agua de 180 hectáreas, aproximadamente; es pequeña en comparación con las que ya funcionan y está en una especie de cañón por lo que la superficie afectada no será mucha, en comparación con el beneficio que será mayor, dijo.

Limón Aguirre, quien llegó a esta ciudad para firmar el convenio de coordinación, aseguró que la presa nos permitirá dar el paso de lograr 26 por ciento de energía proveniente de recursos renovables para el país; llegar a 26 por ciento en este gobierno

Dejan compresa en el estómago de anciano

Querétaro, Qro. Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) olvidó en el estómago del derechohabiente Francisco Silva, de 83 años de edad, una compresa que le dejó consecuencias irreversibles, como la perforación de un riñón. Sandra Rodríguez, nuera de Silva, indicó que el 10 de abril de 2010 el octogenario fue operado de peritonitis. La herida se abrió el 20 de abril de ese año, y médicos del IMSS argumentaron que se debió a que Francisco Silva padece diabetes. Parientes de Silva lo llevaron con un médico particular en octubre pasado y el galeno detectó y retiró la gasa. La familia demandó penalmente al IMSS

Arbitraria", detención del jamaiquino Georges Brown

Lance Georges Brown, ciudadano mexicano de origen jamaiquino, fue detenido el pasado martes en la colonia San Rafael por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes lo acusaron de estar de forma ilegal en el país, por lo que fue llevado a la estación de Iztapalapa, donde permanece incomunicado.

Denunció lo anterior el presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (Ccdna), Wilner Metelus, quien exigió la inmediata liberación de Brown; consideró que su arresto puede ser una represalia del gobierno por la oposición que manifestó en el caso de la muerte del nigeriano Isaac Echinedu, atropellado el pasado 10 de mayo.

El inmigrante, músico de profesión, llegó al país hace 11 años y tiene esposa e hijos mexicanos, por lo que su estancia es totalmente regular, subrayó Metelus, quien ya solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Alrededor de las 13 horas del pasado martes, un grupo de agentes del INM detuvo al jamaiquino cuando se encontraba en compañía de su hijo de cinco años, y lo trasladó de inmediato a la estación migratoria de Iztapalapa, donde hasta el momento no ha podido recibir visitas de su familia ni de su abogado.

Si él tiene algún problema con la justicia debe aclararlo frente a un juez, pero su detención fue arbitraria. Además, sabemos muy bien lo que representa la estación de Iztapalapa, que parece un campo de concentración enorme y donde las condiciones de vida son horribles, señaló el activista.

Brown –dijo– no es una persona violenta; es trabajador y ha estado muy activo en el movimiento por la justicia para Isaac Echinedu, y me parece que su detención puede ser una represalia por eso. ¿Cómo es posible que el gobierno hable de justicia para nuestros hermanos en Estados Unidos, cuando trata así a los inmigrantes extranjeros?.

El activista lamentó que los inmigrantes naturalizados mexicanos sufran constantemente actos de discriminación por su apariencia o color de piel, y ello les impida incluso realizar trámites en oficinas gubernamentales

Constante agresión a escuelas autónomas zapatistas: ONG

Las escuelas autónomas zapatistas de comunidades de los altos de Chiapas, como San Marcos Avilés, Tentic y Las Mercedes, son agredidas repetidamente por grupos oficialistas, lo cual impide su funcionamiento normal y afecta no sólo la escolaridad de los niños indígenas, sino la convivencia comunitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Movimiento por Justicia del Barrio –de la otra campaña en Nueva York– convocan a una declaratoria mundial en defensa del ejido San Marcos Avilés (municipio de Sitalá): El Estado mexicano, por medio de los actores políticos y organizaciones progubernamentales, ha tratado de desmantelar el proceso que va en cumplimiento, con su práctica cotidiana, de los acuerdos de San Andrés en su proyecto de autogobierno, justicia, trabajo, salud, tecnología apropiada y educación.

Los convocantes consideran que el avance del Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista ha dado pretextos para atacar a las bases de apoyo del EZLN en San Marcos Avilés, que han padecido amenazas de muerte, hostigamiento, despojo, agresión sexual y desplazamiento forzado a manos de miembros de diversos partidos políticos.

Recuerdan que el 9 de septiembre de 2010, luego de ser construida la primera escuela autónoma del ejido, más de 170 bases zapatistas fueron desplazadas violentamente de sus hogares por un grupo de choque encabezado por Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, así como por personas afiliadas a PRI, PRD y PVEM. Dicho grupo, que cargaba machetes y armas de fuego, irrumpió en las viviendas e incluso intentó violar a dos mujeres del ejido.

Según testimonios de pobladores de la región, los ataques buscan debilitar el proyecto de educación autónoma. Por lo ocurrido, las bases zapatistas pasaron más de un mes a la intemperie. El 12 de octubre del mismo año, a su retorno –acompañados por una caravana de solidaridad– se encontraron con que habían allanado sus casas y saqueado sus pertenencias, animales, maíz y frijol; además, destruyeron sus cultivos, cafetales y árboles frutales.

Los hostigamientos no cesan, y esta situación genera mayores violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos, obstaculizando la vida cotidiana y las labores agrícolas de los zapatistas de San Marcos Avilés.

Las condiciones de salud se han deteriorado. Se registran cuadros graves de desnutrición, y el fallecimiento de una menor de pocos meses. En San Marcos y comunidades cercanas hay una epidemia de tifoidea que ha cobrado la vida de al menos otra menor.

El llamamiento señala que, con la violencia, se pretende aplastar el proceso histórico expresado en la edificación de la nueva institución educativa de los zapatistas, quienes como pueblo indígena tienen derecho a construir su autonomía, defender sus territorios ancestrales y crear un sistema educativo que apoye y refleje sus prácticas culturales e intelectuales.

La declaratoria exigirá el cese inmediato y permanente de amenazas de muerte, saqueo, despojos, agresiones sexuales y desplazamientos contra las bases de apoyo del EZLN, así como respeto a su derecho de libre determinación expresado en su construcción de autonomía de gobierno, justicia, educación, derecho a la alimentación y la salud.

En la comunidad de Tentic, a unos 20 kilómetros del caracol de Oventic, perteneciente al municipio autónomo San Andrés Sakamch’en de los Pobres, los priístas impiden el funcionamiento de la escuela autónoma, incumpliendo un acuerdo de 2004. El gobierno del estado construyó una nueva escuela primaria, mientras los zapatistas conservarían la posesión de la antigua, hoy primaria autónoma Compañero Salvador. No obstante, el pasado 10 de mayo, unos 50 priístas rompieron paredes y pusieron cadenas y candados

CARTONES DE LA JORNADA

Irregularidades en el ejercicio de $4 millones autorizados al Censida por ex titular de la Ssa

En febrero pasado, el ex titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, emitió un acuerdo secretarial por el cual autorizó la asignación de cuatro millones de pesos al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida). Los recursos, adicionales al presupuesto anual del organismo, se emplearían en la contratación de 18 asesores que se encargarían de diseñar y estandarizar acciones integrales de promoción y prevención del VIH/sida en mujeres con alta vulnerabilidad.

Sin embargo, la mayor parte de esos recursos se utiliza para pagar salarios de 15 mil a 45 mil pesos mensuales a personas que realizan actividades administrativas, como captura de pólizas e integración de estados financieros.

Uno de los contratos por el que el Censida pagó 228 mil 789 pesos entre el primero de marzo y el 15 de septiembre fue para que la persona en cuestión actualizara el contenido de la carpeta del órgano interno de control y brindara apoyo para solventar observaciones de auditoría a la Dirección de Prevención y Participación Social.

También se encargó de coordinar el apoyo para la organización de actos de prevención, atención y seguimiento a las peticiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai).

El monto autorizado por el ex secretario se debe utilizar entre el 1º de marzo y el 30 de noviembre de este año y, de acuerdo con información proporcionada por el Ifai al activista Luis Adrián Quiroz, hasta septiembre estaban pendientes de ser ejercidos un millón 382 mil pesos.

Una de las personas contratadas al amparo del acuerdo secretarial tiene la responsabilidad de realizar la planeación y gestión de recursos para la compra de antirretrovirales para los afiliados al Seguro Popular, el suministro oportuno de los fármacos y dar seguimiento a la realización de las pruebas de laboratorio de los pacientes, entre otros. Por estas actividades, el Censida pagó 148 mil 291 pesos, un promedio de 18 mil pesos al mes.

El acuerdo del 21 de febrero de 2011 señala que los 4 millones de pesos autorizados son con cargo a la partida 33104, con el concepto Otras asesorías para la operación de programas, y dice que el objetivo es impulsar políticas públicas rectoras en atención integral y prevención de la transmisión sexual del VIH y otras infecciones de transmisión sexual enfocadas a mujeres en alta vulnerabilidad.

Aunque en repetidas ocasiones el Censida ha subrayado que la mortalidad por causa del sida ha bajado en el país, en la justificación del acuerdo de autorización la Ssa admite que a pesar de los esfuerzos y los avances del país en la materia la prevalencia de no atendidos, detectados, diagnosticados y no tratados oportunamente ha derivado ineludiblemente en la muerte de los pacientes.

No aporta más datos y enseguida se refiere a la situación de las mujeres frente al VIH. Es un tema también pendiente desde hace varios años, sobre el cual los especialistas ya han planteado que la causa del crecimiento de la epidemia en el sector es el bajo uso del condón entre las parejas estables.

El documento redunda en este asunto y señala que la vulnerabilidad de la mujer se explica por su limitado acceso a información clara, veraz y oportuna acerca de la sexualidad; por una insuficiente cultura en el uso del condón; por la relación habitual que existe entre el consumo de sustancias tóxicas y el intercambio de relaciones sexuales por drogas o dinero. De ahí la necesidad de impulsar políticas para abatir dicha vulnerabilidad de la población femenina, dice

Regresan con su agresor hasta 60% de mujeres víctimas de violencia, dice la RNR

asta 60 por ciento de las mujeres que egresan de un refugio para víctimas de maltrato vuelve al lado de su agresor debido a que no existe una política pública integral con programas para dotarlas de autonomía económica y seguridad social que les permita reintegrarse a la sociedad, apuntó Rosa María Salazar, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Ésa fue la demanda central de la reunión que sostuvieron la semana pasada responsables de esos centros de apoyo con representantes de instituciones federales.

Con el tema De las buenas prácticas de los refugios hacia una política pública integral, la RNR congregó a legisladoras federales y representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública federal, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Nacional de las Mujeres y el de Desarrollo Social, entre otras dependencias.

Salazar destacó tres compromisos que emanaron de la reunión: el de las legisladoras federales para trabajar en la asignación de recursos en el presupuesto del año que viene, el de las dependencias federales que buscarán institucionalizar los refugios, y la solicitud del Inmujeres a los juzgadores para que otorguen órdenes de protección a las mujeres que llegan a esos lugares.

Plantean institucionalizar asilos

La institucionalización de los refugios, explicó, permitiría que el presupuesto no dependa de un proyecto que al ser aprobado tiene un monto determinado para ocho meses, sino que, al estar insertados dentro de una política pública integral, contarían con un presupuesto por un año completo.

“Desde 1996 cada refugio ha creado su propio modelo de atención, algunos se han convertido en ‘buenas prácticas’ y eso ha ayudado a evitar cientos de feminicidios, pues se ha logrado proteger a las mujeres de la violencia a manos de su agresor”, señaló Salazar.

Agregó que dichos modelos se han reproducido en otros países de América Latina, pero solamente son buenas prácticas; es decir, se dan dentro de los refugios, pero quisiéramos una política pública integral.

Lo anterior significa contar con programas de atención para cuando las mujeres salen del refugio al cabo de tres meses: la posibilidad de contar con un empleo remunerado y prestaciones que les den derecho a vivienda y servicios médicos.

La RNR está integrada por 67 refugios, cuatro de los cuales fueron reconocidos en el encuentro por ser experiencias exitosas en diferentes rubros.

Coahuila fue modelo de seguridad; Tlaxcala, del modelo de atención sicológica; Aguascalientes, de casas de transición; y Nuevo León fue ejemplo de cómo un refugio puede ser autosustentable convirtiéndose en microempresa

Reincidentes, sólo uno por ciento de las mujeres que optaron por interrumpir su embarazo: Ahued

l secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, informó que sólo uno por ciento de las más de 70 mil mujeres que han optado por la interrupción legal del embarazo reinciden, lo que muestra la efectividad de la orientación en la planificación familiar que reciben tras tomar esa decisión.

Indicó que 95 por ciento de las interrupciones se realizan con fármacos, ya que las mujeres solicitan el servicio entre la tercera y séptima semanas de gestación, por lo que procedimientos quirúrgicos como el legrado, que además de traumáticos resultan costosos para la administración pública local, se realizan en un bajo porcentaje.

En la conferencia de prensa para presentar un balance de las políticas de salud en el Distrito Federal, Ahued señaló que este servicio no se limita a las capitalinas, ya que 30 por ciento provienen del estado de México. Indicó que las mujeres salen con un método de anticoncepción y a finales de este año comenzará a operar la tercera clínica especializada en interrupción legal del embarazo en la clínica México España, en Mariano Escobedo.

Indicó que como parte de las acciones para promover la salud sexual y reproductiva, se puso en marcha la campaña Úsalo, con la finalidad de informar a los jóvenes de los problemas de salud sexual y usar su sexualidad de forma responsable. Asimismo, se creó la página www.usalo.df.gob.mx.

Informó que entre otras acciones se han realizado 664 mil 134 mastografías, que se transforman en vidas salvadas, y se han aplicado 333 mil 674 dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a niñas de entre 11 y 13 años que no cuentan con seguridad social.

Con la campaña KO al cáncer de próstata, 30 mil hombres se han realizado la prueba de antígeno prostático. Asimismo, el gobierno de la ciudad de México logró que el Seguro Popular pague el tratamiento para esta enfermedad.

Por primera vez en la historia del país se pesará y medirá a un millón 100 mil niños de escuelas primarias, para tener la radiografía completa de la situación sobre el problema de sobrepeso y obesidad en los menores.

El sistema de salud local atiende a más de 4 millones de personas, brinda medicamentos gratuitos y atiende en centros de salud a personas que no cuentan con seguridad social

Seguridad pública

Policías detienen a ladrón de automóvil

Luego de una persecución y balacera en la delegación Iztacalco, la policía arrestó a un sujeto armado, quien con otros cómplices presuntamente robó su automóvil a una mujer. Los hechos ocurrieron en Eje 6 Sur y Calzada de La Viga, colonia Reforma Iztaccíhuatl, donde varios hombres que iban en Jetta negro, placas 683PGE, interceptaron a la víctima cuando detuvo su auto Volkswagen Bora. Dos hombres armados la despojaron del vehículo. La afectada solicitó apoyo a la policía con lo que se inició la búsqueda, que culminó en el cruce de Francisco Zarco y Juan Álvarez, colonia Campamento 2 de Octubre. Los uniformados fueron tras el Jetta, desde cuyas ventanillas les empezaron a disparar. Sin embargo, la policía repelió la agresión y ponchó una llanta del vehículo. Detuvo a Román Pineda Rivera, de 18 años, quien fue trasladado al Hospital de Urgencias La Villa.

Arrestan a asaltantes de transportistas

Tras una persecución fueron detenidos tres presuntos asaltatransportistas que habían robado un contenedor con productos navideños en calles de la colonia Paulino Navarro, delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con el operador del vehículo pesado, los sujetos lo sorprendieron en avenida del Taller y callejón de La Cruz, trasladaron la mercancía a una camioneta Vanette, placas KV6966, y a él lo abandonaron cuadras más adelante. Los policías descubrieron la camioneta en Xavier Villaurrutia y José Algara, de la citada colonia, pero al aproximarse el conductor se dio a la fuga, mientras un Ford K, placas 771-XTK, impedía el paso a los policías. Sin embargo, con apoyo de otros uniformados detuvieron al conductor de la camioneta. Los tripulantes del automóvil trataron de huir a pie, sin éxito.

Recomendaciones al sistema penitenciario

La CDHDF tiene en trámite 20 recomendaciones dirigidas a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, por diversas violaciones a las garantías de los internos en cárceles de la ciudad de México, lo que la convierte en la dependencia con mayor número de quejas. El organismo manifestó su preocupación porque a más de mes de haber girado dos recomendaciones a dicha instancia, entre otras, por tortura y negligencia médica en agravio de reos del Reclusorio Norte y una presa del penal femenil de Santa Martha, la Secretaría de Gobierno del DF, de la que depende la subsecretaría, no ha dado respuesta. La comisión explicó que desde el pasado 15 de septiembre se esperaba respuesta a las recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos en esos recintos

Loreto, al borde de la quiebra por "tarugadas" del Fonatur: senador

Para rescatar este destino se deberán erogar recursos públicos a fondo perdido y modificar modelo de negocio

El gobierno lo está dejando morir, señala el panista Luis Alberto Coppola

El ex director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, John McCarthy, uno de los artífices de la venta de terrenos en Loreto, Baja California Sur, al grupo español Fadesa y al canadiense Loreto Bay Compañy, que frenaron sus proyectos a causa de la crisis del mercado inmobiliarioFoto José Núñez / Archivo y Raymundo León

Raymundo León

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de octubre de 2011, p. 36

La Paz, BCS, 4 de octubre. Loreto, el cuarto centro integralmente planeado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), está al borde de la quiebra porque las autoridades de ese organismo han hecho puras tarugadas, señaló el presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, el panista Luis Alberto Coppola Joffroy.

Expresó que uno de los peores errores de Fonatur en Loreto lo cometió su ex director John McCarthy, al vender toda la tierra disponible en San Bruno y Nopoló al grupo español Fadesa y al canadiense Loreto Bay Company, respectivamente, los cuales quebraron a consecuencia de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos.

El legislador recordó que en 2005, cuando buscaba la gubernatura de Baja California Sur, advirtió a McCarthy que si vendía esa tierra a ambos grupos empresariales hipotecaría el futuro de Loreto para siempre, pero lo único que consiguió fue que el presidente Vicente Fox, influido por el ex director del Fonatur, negara apoyo a su campaña.

El legislador dijo que Fadesa suspendió su proyecto porque fue el primer grupo constructor español que quebró con la crisis de 2008, mientras TSD Loreto Partners, filial de Citigroup, retiró el apoyo a Loreto Bay Company por deudas.

El grupo financiero con sede en Nueva York hizo arreglos con Fonatur, que entregó Loreto Bay a grupo Homex con tal de que éste se quedara con el hotel Camino Real, del cual se debe todo, porque fue comprado por el grupo canadiense con pura saliva.

Consideró que para rescatar a Loreto Bay Company de la quiebra, la Secretaría de Turismo y Fonatur necesitan invertir recursos a fondo perdido para promover este destino, ampliar su conectividad aérea y cambiar su modelo de desarrollo por uno tipo boutique, más exclusivo.

El legislador deploró que las autoridades mexicanas hayan entregado a un piloto de Fórmula Uno 2.9 millones de dólares para poner el nombre de México en uno de los alerones de su automóvil, mientras a Loreto lo quieren dejar morir. Asimismo cuestionó la participación de grupos españoles en el mercado inmobiliario de Baja California Sur.

Advirtió que el proyecto en el cual participó Fadesa es especulativo, porque el grupo Hansa Urbana tuvo graves problemas financieros, mientras en el proyecto Cabo Cortés, en el municipio de Los Cabos, John McCarthy participó en la venta de tierras para la empresa española.

Mencionó que España está al borde de una crisis financiera peor que la de Grecia, por lo que Hansa Urbana está muy lejos de realizar un proyecto como el anunciado, de 16 mil cuartos de hotel en 20 años. Puedo asegurar que pasarán cuatro o cinco años y no habrá ni un metro cuadrado de construcción, dijo.

Puntualizó que hay que estar pendientes para que las autoridades no otorguen a Hansa Urbana permisos para su proyecto, que además se ubica muy cerca del parque nacional de Cabo Pulmo, donde se encuentra un arrecife coralino vivo, en el cual confluyen 60 por ciento de las especies marinas del mundo.

Loreto, localizado en la parte media de la península de Baja California Sur –de donde partieron misiones religiosas hacia el sur del estado y al norte, hasta la alta California–, tiene 225 kilómetros de litorales en el Mar de Cortés. En la década de 1970 fue designado por Fonatur emporio turístico de calidad mundial.

En 1976 la dependencia adquirió 10 mil 665 hectáreas en Nopoló, Puerto Escondido y Loreto para construir hoteles, condominios y residencias turísticas, marinas y asentamientos humanos. En el gobierno foxista, Loreto fue relanzado para atraer más turistas con inversiones de Loreto Bay Company y Fadesa.

En aquel sexenio, Loreto Bay decidió invertir en un proyecto de mil 600 cuartos de hotel, 6 mil 374 viviendas, 4 mil 571 villas residenciales, campo de golf, marina, spa, centro de pesca deportiva, restaurantes e instalaciones comerciales, recreativas y culturales.

Fadesa inició su proyecto Loreto Paraíso, en el cual esperaba invertir 5 mil millones de dólares en 3 mil hectáreas

Discrimina escuela de Durango a 2 menores víctimas de secuestro

Durango, Dgo., 4 de octubre. Por presiones de una asociación de padres de familia, dos adolescentes vecinas del municipio de San Juan del Río –ubicado unos 90 kilómetros al norte de la capital de Durango– fueron expulsadas de la secundaria a la que acudían, luego de haber sido liberadas de un secuestro.

Guadalupe Fierro Enríquez, madre de las menores, pidió la intervención de las autoridades estatales y señaló que las muchachas no pueden quedar excluidas de la educación básica por haber sido víctimas de un delito.

Fierro Enríquez no ofreció pormenores del secuestro y sólo señaló que ocurrió hace un par de semanas. Indicó que ambas menores estuvieron privadas de su libertad aproximadamente cuatro días, fueron liberadas y, por instrucciones médicas, se tomaron algunos días antes de regresar a la escuela.

Cuando las alumnas llegaron a la secundaria técnica número 24, la dirección de la escuela les negó la entrada, con el argumento de que así lo había decidido la asociación de padres de familia, y no habría marcha atrás.

La mamá de las afectadas acudió este martes a la Secretaría de Educación del Estado en la capital de Durango para pedir apoyo.

El secretario de Educación, Jorge Herrera Delgado, dijo que estudiará el caso porque no hay justificación para prohibir a las afectadas que se reincorporen a sus actividades escolares luego de un secuestro; al contrario, señaló, las escuelas tienen la obligación de reportar esos ilícitos para que se brinde terapia especial no sólo a los alumnos que sean víctimas de privación ilegal de la libertad, sino también a los que han presenciado balaceras o asesinatos

Crean grupo de diversidad sexual en el PRI para promocionar sus derechos

La Unión Ciudadana por la Diversidad Sexual (UCDS)–grupo de priístas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, trasvesti e intersexual (Lgbttti)– surgió de la necesidad de un espacio específico y puntual en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para que el instituto político comprenda y acepte la existencia de la diversidad sexual con todas sus letras, señaló Rafael Ramírez, coordinador general de la agrupación.

Cuestionados sobre la postura de ese partido en temas como el aborto o los derechos de la propia comunidad Lgbttti, Ramírez señaló que “el sustento del reglamento del PRI es la socialdemocracia y está obligado por sus mismos fundamentos políticos a abordar este tipo de temáticas.

Es decir, más allá de cómo los personajes políticos o algunos de ellos se manejan a veces con un doble discurso o con cierta carga moralina, las bases del PRI son socialdemócratas, sostuvo.

En lo que denominaron una presentación informal ante los medios, su coordinador general rechazó que la conformación de la UCDS tenga un afán electorero de cara a las elecciones de 2012: La intención del grupo es generar políticas públicas, iniciativas de ley y generar espacios para la diversidad.

Agregó que no tienen la intención de competir con las comisiones de diversidad sexual de otros partidos políticos sino, por el contrario, sumar esfuerzos y reconoció las labores en otras tiendas por ganar espacios.

En su turno, Pedro Arreola, abogado integrante de la agrupación, señaló que es preocupante la falta de legislación y apoyos jurídicos reales y contundentes hacia el tema (de diversidad sexual), y es labor del grupo pugnar ante los legisladores y autoridades para hacer reformas en beneficio del colectivo.

Ramírez Arana aseguró que hasta el momento no han tenido problemas en el interior del partido y consideró que su presencia en el seno del PRI es un avance histórico y una punta de lanza

Fracasa plan para emplear a electricistas

Naufragó el programa que ofreció el gobierno federal por medio de funcionarios como el secretario del Trabajo, Javier Lozano, para que los trabajadores liquidados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) crearan sus propias microempresas y realizaran servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que no hubo contratos ni apoyo para ellos, además de que se les incumplió la oferta de que otros más serían contratados en la paraestatal.

Luego de dos años de la extinción de LFC, dichas microempresas quedaron en el olvido, sólo les dieron unas cuantas obras al principio y después nada, según relatan José Luis Olivares y Gabriel Aguilar Calvo, ex trabajadores que aceptaron la liquidación y conformaron estas pequeñas compañías, a las cuales no les dieron trabajo, como si se lo dieron y siguen dando a los contratistas privados que no tenían ninguna experiencia en el sector.

En conferencia de prensa indicaron que fracasó el programa del gobierno federal en, que fue sólo un engaño, ya que la CFE nunca más hubo contratos y e incluso ocurrieron irregularidades desde el otorgamiento inicial de recursos que se dieron a los representantes de los trabajadores.

De esta forma, de los más 29 mil trabajadores que aceptaron liquidarse, sólo entre cerca de 2 mil 600 ha logrado reinsertarse a un empleo; incluso de los mil 200 trabajadores que según aseguró hace un año la Secretaría del Trabajo que tenían franquicias, sólo 90 las conservan, es decir, la gran mayoría de los liquidados no tienen un trabajo, según planteó Olivares.

En tanto, Aguilar expuso que en cambio, la CFE otorgó 3 mil 841 contratos a empresas particulares para atender la zona que era de LFC, desde su extinción y hasta finales de 2010, por los cuales erogó 2 mil 940 millones de pesos; por obras públicas hizo otros 728 contratos a privados por 2 mil 36 millones, y a eso se le suman otros mil 926 millones de pesos por viáticos que pagó la paraestatal del personal que desplazó de otras entidades al Distrito Federal para la prestación del servicio. Encima están los más de 12 mil millones de pesos que se pagaron por liquidaciones

Dan a corresponsal de La Jornada premio a la libertad de prensa

Nueva York, 4 de octubre. El comunicador mexicano Javier Arturo Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce, en el estado de Sinaloa, y corresponsal de La Jornada, fue seleccionado hoy entre los cuatro ganadores a los premios internacionales a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El galardón, que reconoce cada año a reporteros que se distinguen por su valor y coraje, fue concedido en esta ocasión a comunicadores que han enfrentado acoso, asalto, secuestro, tortura y censura en el cumplimiento de sus labores informativas. Al resistir las amenazas y los abusos, estos periodistas dan voz a las realidades cotidianas en sus países y aseguran nuestro derecho universal a recibir información independiente y confiable, indicó el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon.

ONG exigen a Calderón cumplir fallo contra militares violadores

Chilpancingo, Gro., 4 de octubre. La Red Todos los Derechos para Todos (TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y más de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales demandaron al gobierno de Felipe Calderón que cumpla con las sentencias emitidas hace un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas violadas y torturadas en 2002 por efectivos del Ejército Mexicano.

En un comunicado difundido el lunes, la Red TDT y Tlachinollan recordaron que fueron notificacdas “dos sentencias contra el Estado mexicano en los casos de Inés Fernández y otros, y Valentina Rosendo y otra, en las cuales determinó que ambas indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en diferentes circunstancias durante 2002, a la edad de 25 y 17 años.

“Las sentencias impusieron al Estado mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares; asegurar que no vuelvan a cometerse, esto al ordenar reformas de índole estructural. Las reparaciones implican diversas acciones, incluyendo medidas de alcance en el ámbito comunitario, hasta el deber de reformar el Código de Justicia Militar y posibilitar un recurso efectivo para impugnar su intervención; la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras.

Tales medidas son inapelables, como señaló la CIDH ante el intento del Estado de recurrir los fallos al presentar solicitudes de interpretación, carentes de motivación, que a la postre fueron desechadas por el tribunal, precisan.

Este martes, en carta abierta firmada por decenas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, dirigida al gobierno de Calderón, le solicitan su intervención urgente en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, resueltos por la CIDH en agosto de 2010 y notificados el 1º de octubre de ese año. En razón de ello, la corte ordenó al Estado mexicano reparaciones a escala individual, colectiva y estructural.

“Desde el 25 de octubre de 2010, las señoras Fernández y Rosendo entregaron a la Secretaría de Gobernación un esquema de trabajo para guiar y ordenar la implementación de las reparaciones emitidas por la Corte Interamericana. Dicho plan de trabajo se convirtió en acuerdo formal, suscrito el 15 de marzo de 2011 en la Secretaría de Gobernación. No obstante, hasta la fecha no se han presentado avances en la implementación de dichas medidas.

“Los expedientes siguen sin consignarse ante un juez a casi 10 años de ocurridos los hechos, de tal suerte que los militares que atentaron contra las dos me’phaa siguen beneficiándose de la impunidad”, señala la misiva.

Solicitamos que gire las instrucciones que hacen falta para que la implementación de las sentencias sea verdaderamente una prioridad para su gobierno, de modo que las mesas de trabajo se efectúen de conformidad con el Acuerdo de Trabajo signado... Usted (Calderón) refrendó el compromiso del Estado mexicano para cumplir los fallos del Sistema Interamericano y asumir sus responsabilidades ante víctimas de violaciones de derechos humanos.

Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentó la falta de voluntad política de las autoridades para cumplir con sus obligaciones internacionales y promover la reparación del daño, tarea que ha recaído en las afectadas.

La CIDH fijó un plazo de un año para verificar el cumplimiento de la sentencia, y hasta el momento sólo ha habido avances muy parciales. En vez de tener una actitud práctica, hemos visto por parte del Estado una priorización nula de las resoluciones, y una voluntad de dejar en manos de las propias víctimas el proceso de cumplimiento, dijo Aguirre a La Jornada.

El activista recordó que el gobierno federal impugnó las sentencias por el caso de Inés y Valentina el 29 de diciembre de 2010, a través de solicitudes de interpretación muy cuestionables, y cuando dichas resoluciones fueron confirmadas, tardó más de 11 meses en enviar el expediente de los juzgados castrenses a los civiles.

Esto último no fue de buena fe, advirtió Aguirre, sino porque el Ejército se quedó entre la espada y la pared luego de que la Suprema Corte determinó la restricción del fuero militar el pasado 12 de julio, a propósito de otro caso que generó una sentencia de la CIDH: la desaparición del luchador social Rosendo Radilla.

En las próximas semanas, el Estado mexicano deberá informar sobre el avance en el cumplimiento de la sentencia a la Corte Interamericana, y dicho organismo a su vez someterá ese reporte a consideración de Tlachinollan, organización representante de las indígenas agredidas.

Más allá del desacato jurídico del gobierno del país, lo más preocupante es lo que esto implica en términos personales para Inés y Valentina. Ya esperaron nueve años por la justicia, y es desconcertante que Calderón prometa que va a cumplir las sentencias, pero en los hechos se desentienda del asunto, indicó

Suman 6 días en huelga de hambre 7 "presos políticos" indígenas en Chiapas

Cumplieron seis días en huelga de hambre siete presos indígenas en el penal de San Cristóbal de las Casas; Chiapas. Uno más en el penal El Amate, en Cintalapa, Enrique Gómez Hernández, se sumó al ayuno de 12 horas diarias que sostienen otros cuatro presos políticos que exigen su libertad inmediata, pues, insisten, su encarcelamiento es injusto.

Debemos seguir adelante, no podemos aceptar lo que estamos viviendo. Demandamos nuestra libertad o moriremos luchando, declaró a La Jornada el profesor Alberto Patishtán Gómez, uno de los ayunantes y vocero de La Voz del Amate, adherente de la otra campaña.

Denunció presiones del director del penal y de instancias gubernamentales externas contra la acción de protesta, dirigidas en particular a Rosa López Díaz, solidaria de la organización, quien ayuna en la sección femenil del Centro de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) número 5.

Vía telefónica, Patishtán aseguró: Le dicen a la compañera que si no deja su ayuno le van a quitar su hijito de dos años.

Además, este lunes llegó a vernos un asesor de la Secretaría de Gobierno, Ángel Gabriel Pérez Morales, ofreciendo revisar nuestros expedientes. Los presos replicaron que no van a aceptar más de lo mismo; exigimos solución, los expedientes ya los conocen, nos deben liberar.

El argumento para amenazar a Rosa López Díaz con quitarle la custodia de su pequeño es que está desnutrido y ella debe cuidarlo dejando la protesta. Según Patishtán, es falso que el menor esté desnutrido. Sabemos que está bien. Apunta: si fuera cierto sería culpa de las autoridades del penal, pues demostraría que ellos no han alimentado adecuadamente al niño ni a la compañera.

Sobre las propuestas de la Secretaría de Gobierno estatal, los presos indicaron al enviado gubernamental que cualquier ofrecimiento jurídico debían turnarlo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que los representa.

Los presos en huelga total de hambre desde el 29 de septiembre son: Rosario Díaz Méndez y Manuel Heredia Jiménez, de La Voz del Amate; Pedro López Jiménez, José Díaz López, Alfredo López Jiménez y Alejandro Díaz Sántiz, solidarios de La Voz del Amate, y Juan Díaz López, preso político de Voces Inocentes. Además de Patishtán y Díaz López, los ayunantes son Andrés Núñez Hernández y Juan Jiménez Pérez, a quienes se sumó Gómez Hernández en el penal de Cintalapa.

El vocero de los 12 presos reconoció que algunos comienzan a debilitarse. Y de sí mismo, con padecimiento diabético, admite: Se me ha complicado la enfermedad, pero estamos dispuestos a todo. Seguimos en la huelga de hambre y el ayuno hasta salir libres.

Víctor Hugo López, director del Frayba, informó que el centro dirigió comunicaciones personales al gobernador Juan Sabines Guerrero, al secretario de Gobierno Noé Castañón y a la dirección de los centros penitenciarios de Chiapas, demandando la revisión verdadera de los expedientes. Los casos los conocen bien las autoridades; en el caso de Patishtán, incluso hay un ofrecimiento de ayudar a su liberación por parte del gobernador desde el año pasado, recordó López

Descarrilan apretón a telefónicas en el Senado

A punto de votarse el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones, con modificaciones de última hora para obligar realmente a las empresas de telefonía celular a establecer tarifas de cobro por segundo y no por minuto, se retiró del pleno del Senado a petición del priísta Fernando Castro Trenti.

Es brutal que el Senado se arrodille ante intereses económicos, advirtió el senador del PT Ricardo Monreal, quien propuso los cambios encaminados a eliminar el redondeo de tiempo aire que llevan a cabo las compañías de telefonía móvil, al que calificó de un robo en despoblado.

Al final, en entrevista, Monreal aseveró que en media hora los cabilderos de las telefónicas doblaron al Senado. Durante la discusión, otros legisladores aludieron a las presiones que las telefónicas ejercerían, ya que lo que está detrás es mucho dinero, resaltó el ex perredista René Arce.

El senador del PAN Ricardo Torres Origel recalcó ante el pleno que, de acuerdo con cálculos oficiales, las compañías telefónicas se embolsan al año unos 54 mil millones de pesos por el redondeo de llamadas cobradas por minuto, aunque el usuario sólo haya empleado segundos de tiempo aire.

El cálculo, dijo, se basa en que hay 90 millones de usuarios de telefonía celular, quienes sin darse cuenta han venido entregando a las empresas esa cifra millonaria.

La iniciativa del panista Juan Bueno Torio y del priísta Fernando Castro Trenti, presidente de la Comisión de Comunicaciones, sólo establecía la obligación de que las empresas presentaran entre sus planes tarifarios uno con cobro por segundos. Ello, sin perjuicio de que los concesionarios también podrán ofrecer los mismos servicios o compromisos mediante contratos o planes tarifarios donde la tarifa y el cobro sea por minuto.

Monreal pidió eliminar este párrafo del dictamen, ya que, sostuvo, es un engaño para los usuarios, y propuso otra redacción: Sin perjuicio de que los concesionarios podrán ofrecer los mismos servicios o componentes mediante contratos o planes tarifarios, donde la tarificación y el cobro sea por minuto completo y segundos.

El senador del PRD Pablo Gómez propuso otra modificación, encaminada a precisar que las tarifas de telefonía móvil siempre tendrá al segundo como unidad de medida. Arce, en tanto, planteó que en el dictamen se especificara que la disposición se considera de orden público y los planes o contratos aceptados por los usuarios serán de carácter voluntario.

Hubo otra propuesta, de la panista Teresa Ortuño, quien pidió especificar que los concesionarios en ningún caso podrán cobrar servicios no solicitados expresamente por el titular de la línea.

Ante tales cambios, que modifican de fondo el dictamen, Bueno Torio pidió 15 minutos para analizar los textos (...) y hacer la redacción adecuada. El presidente de la mesa directiva, Ricardo García Cervantes, decidió mientras pasar a otros temas. Sin embargo, ya no se votó el dictamen, porque poco después Castro Trenti pidió que se retirara y se regresara a la comisión que él preside. Se comprometió a que el próximo jueves presentarán el dictamen, ya perfeccionado