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sábado, 24 de diciembre de 2011

Cuestionario de AMLO va a juicio de revisión en el TEPJF

La próxima semana podría votarse en el pleno

Ratifica el aspirante presidencial su interés en no violar la ley

¿Cómo se garantiza el principio de equidad?, una de las 10 preguntas

Foto
Andrés Manuel López Obrador durante parte de su gira por las 16 delegaciones del Distrito FederalFoto Carlos Ramos Mamahua
Rosa Elvira Vargas
Periódico La Jornada
Sábado 24 de diciembre de 2011, p. 5

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEP-JF) tomó como un juicio de revisión las interrogantes presentadas el jueves por Andrés Manuel López Obrador sobre lo permitido durante la precampaña, comprendida entre el 18 de diciembre y el 15 de febrero.

De este modo, el magistrado Constancio Carrasco se encargará del expediente, elaborará un dictamen con las respuestas solicitadas por López Obrador y lo llevará al pleno de la sala superior del tribunal, donde al parecer la próxima semana se votará.

El aspirante presidencial de la coalición de izquierda hizo llegar el jueves al TEPJF una carta, en la cual solicita aclaraciones sobre la sentencia dictada por la sala superior de este organismo relativa a la impugnación del reglamento de precampañas de Yucatán.

La resolución, emitida el pasado miércoles 21, señala que los precandidatos únicos están impedidos para realizar actos de proselitismo de manera abierta, porque se podrían considerar actos anticipados de campaña.

El instructor y ponente en este caso fue también el magistrado Carrasco Daza.

Dicho fallo –elaborado a partir de una impugnación presentada por el Partido Acción Nacional– fue considerado como sumamente importante por el magistrado Pedro Esteban Penagos, porque recién inició la etapa de las precampañas y debe ser acatado por quienes aspiren a convertirse en candidatos a puestos de elección popular, siempre y cuando no tengan contendientes con los cuales disputar la nominación.

Ante ello, López Obrador elaboró 10 preguntas, todas relativas a su interés por saber exactamente lo prohibido en esta etapa del proceso electoral. Tal escrito fue asumido como un juicio de revisión por el tribunal y en tal calidad se resolverá.

El tabasqueño explicó esta acción por su interés en no violar la ley, y para que todos actuemos en el marco de la legalidad.

Mientras López Obrador presentaba su escrito, el Instituto Federal Electoral (IFE) se pronunciaba sobre el tema. Los consejeros hicieron público un documento donde subrayan: las actividades políticas de los precandidatos son necesarias para el debate democrático y la construcción de ciudadanía, pero también reitera que en esta etapa, su actuación es exclusivamente frente a quienes determinarán sus candidaturas conforme a su método de selección interna.

Frente a ello y en virtud de que durante esta semana él ha realizado actos en plazas públicas de las 16 delegaciones de esta capital y planea hacer lo propio en los siguientes días en su natal Tabasco, López Obrador hizo a los magistrados, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cómo se garantiza la libertad de expresión y de asociación de un precandidato único, a la luz del principio pro persona, previsto en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución?

¿Cómo se garantiza el principio de equidad en relación con precandidatos de otros partidos que sí tienen exposición pública con imagen y nombre ante la población a través de los medios de comunicación y en tiempos del Estado administrados por el IFE?

Al aspirante de la izquierda a la Presidencia le interesa sobre todo que se aclare si puede realizar mítines y encuentros en espacios públicos o cerrados y si esto debe hacerlo sólo con militantes y simpatizantes de los partidos de una coalición

El recorrido por Tabasco no toca Villahermosa

La próxima semana Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Movimiento Progresista, visitará 12 de los 17 municipios de Tabasco, su estado natal.

De acuerdo con la información proporcionada por su equipo de trabajo, el ex jefe del gobierno capitalino iniciará el martes próximo su recorrido con reuniones a partir de las 10 horas en Jonuta, Balancán, Tenosique y Emiliano Zapata. A este último arribará a las seis de la tarde.

Al día siguiente, desde las 11 horas estará en Frontera, Teapa, Tlacotalpa y Jalapa.

Esta vez López Obrador no tiene contemplado acudir al municipio de Centro (donde se encuentra Villahermosa), pues el tercer y último día sus encuentros con la militancia se realizarán en Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán y Huimanguillo

"No dejar espacio a la apatía", premisa de la campaña de AMLO

No perder oportunidad ni dejar espacio a la apatía es la premisa que debe guiar la campaña de proselitismo del candidato de las izquierdas (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Luis Walton. Señaló que durante los días de recorrido del precandidato por el Distrito Federal, fue claro que la ciudadanía está ávida de un cambio real para el país. Walton también advirtió que amplios sectores de la sociedad, como empresarios, profesionistas, comerciantes y organizaciones civiles se están sumando al proyecto alternativo de nación que propone López Obrador. Al comentar sobre los actos efectuados en cada una de las delegaciones de la capital del país, el también senador por Guerrero planteó que fue un acierto iniciar aquí la precampaña, pues puede ser la última oportunidad cívica para lograr los cambios que la sociedad demanda

Proponen reformas para simplificar trámites en casos de desaparecidos

Ante el desconocimiento de la dimensión del problema y la exigencia de organizaciones civiles de que se elaboren protocolos de atención a casos de personas desaparecidas por grupos criminales o consideradas no localizadas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por autoridades federales y estatales, elaborará una iniciativa de reformas a la legislación para simplificar los procedimientos de declaración de ausencia y de presunción de muerte, focalizando su objetivo en beneficio de los familiares.

La Jornada obtuvo copia de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública en que se menciona que en consideración al planteamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se elaboren protocolos de atención sobre el tema, se propondrán modificaciones legales que permitan una mejor búsqueda de individuos no localizados.

Hace unos meses, la CNDH emitió un reporte en el cual registró 5 mil 397 expedientes de personas extraviadas o ausentes –de 2006 a abril de este año–, en el que estimaba que en poco más de cuatro años de gobierno de Felipe Calderón y la guerra contra el crimen organizado, del total de desaparecidos, 3 mil 457 son del sexo masculino y mil 885 del femenino, y en 55 casos no se proporcionó al organismo dato alguno sobre el particular.

Asimismo, en el mismo periodo la comisión contaba con datos de 8 mil 898 fallecidos que no han sido identificados por las autoridades correspondientes, y entre ellos había casos de decesos por actos violentos.

La CNDH, por medio del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, reúne los datos proporcionados por los familiares de individuos extraviados y les brinda orientación. Posteriormente, realiza acciones a escala nacional para contribuir a determinar las causas que propiciaron su ausencia, así como ubicar su paradero.

Sin embargo, durante las dos últimas reuniones nacionales de procuradores de justicia del país, la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, llamó a sus homólogos a crear una base de datos de desaparecidos y personas reportadas como no localizadas, a fin de conocer el tamaño del problema, dado que luego de las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y marzo de este año, con casi 400 víctimas, luego de meses de trabajo, los servicios periciales de la PGR no han podido entregar todos los restos

No ha ganado la Federación ningún caso en que pide aplicar extinción de dominio

Desde que entró en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, el 27 de agosto de 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado 45 averiguaciones previas, de las cuales sólo 14 han concluido en tribunales federales, con la petición de que se aplique esa norma, y hasta el momento no se ha emitido sentencia alguna que sea favorable a la Federación, revelan estadísticas de esa dependencia y del Poder Judicial Federal (PJF)

A pesar de que el gobierno federal buscaba contar con esta herramienta contra el crimen –desde la reforma judicial de 2008–, en un principio no la utilizó para casos de delincuencia organizada.

El 10 de marzo de 2010, la PGR promovió la primera demanda de esta naturaleza contra un inmueble utilizado como narcotiendita en la colonia San Martín Xochináhuac, en la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal.

Inicialmente, la PGR alegó que no recurría a este instrumento legal porque implicaba entregar indagatorias a jueces ajenos a un proceso penal, lo cual rompía con el sigilo y abría información confidencial que podía alertar a otros implicados.

Fue hasta finales de 2010 cuando el Ministerio Público Federal comenzó a entablar demandas de extinción de dominio contra bienes relacionados con narcotraficantes, y a la fecha ha promovido por lo menos 14 recursos de este tipo ante jueces especializados en esa materia en todo el país.

El penalista Rogelio Garza, experto en delincuencia organizada, señaló a La Jornada que estos litigios funcionaron en Colombia porque la fiscalía de esa nación dio prioridad a la legislación penal por encima de la civil.

En México –explicó–, es más complejo el asunto, ya que la Constitución tutela los derechos de propiedad al mismo rango que las garantías de seguridad jurídica y legalidad, y en el artículo 16 establece la tutela fundamental a las propiedades.

Otro factor que complica aplicar la Ley de Extinción de Dominio es la falta de conocimiento y de experiencia de los juzgadores mexicanos en esa materia.

Tenemos apenas dos años aplicando estas medidas legales y nuestros jueces francamente no tienen a la mano jurisprudencia en esa materia, por lo que sus interpretaciones se basan en doctrinas jurídicas arcaicas, añadió Garza.

El mes pasado, la PGR pidió a un juez federal declarar en favor del Estado la extinción de dominio de la residencia donde fue abatido el capo del cártel de Sinaloa Ignacio, Nacho, Coronel Villarreal, en Guadalajara, Jalisco, el 29 de julio de 2010.

Roberto Enrique Terrón Sánchez, fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, adscrito a la unidad de indagación de delitos contra la salud, interpuso la demanda ante un juez del Distrito Federal especializado en extinción de dominio.

De acuerdo con el expediente 5/2011, la PGR identifica a Mauricio Navarro Barajas como el demandado y posible propietario de la casa ubicada en calle Paseo de los Parques 1464, en el fraccionamiento Lomas del Valle, también conocido como Colinas de San Javier.

La propiedad requerida es donde en julio del año pasado elementos del Ejército sorprendieron a Nacho Coronel mientras recibía un masaje y estaba desprovisto de su equipo de escoltas.

Coronel Virrarreal era el responsable –en el cártel de Sinaloa– de la denominada ruta del Pacífico, que comprende Jalisco, Colima, Nayarit y parte de Michoacán, informó el Ejército en aquella ocasión.

El fallo que emita la autoridad judicial es apelable, aunque en el caso del demandado debe manifestar desde un principio su interés sobre el inmueble.

Para la PGR, este fue el segundo procedimiento donde reclama un inmueble en el que fue abatido un capo de las drogas, pues tiene en curso otro procedimiento contra el dueño del departamento donde fue muerto Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos

Derechos Humanos: urge capacitar a los soldados

El hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya ocupado de nueva cuenta el primer lugar como la dependencia de gobierno con más demandas por violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos confirma que, en el marco de la guerra contra el crimen organizado, el Ejército no fue capacitado para tratar con civiles ni tiene clara su obligación de apegarse a la ley.

Así lo afirmó el primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis García López-Guerrero, quien también resaltó las malas prácticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entidad que figura en el segundo sitio con más quejas.

El incremento en el número de quejas contra la Sedena, que aparece en primer lugar en el conteo que hicimos de enero a noviembre de 2011, es reflejo de la labor que ha tenido el órgano castrense en tareas de seguridad pública a escala nacional, aseveró en entrevista.

En buena parte de sus operativos las fuerzas armadas han puesto en evidencia que están hechas para el combate y no conocen los protocolos de actuación que están obligadas a seguir para respetar los derechos humanos.

Una cosa es el uso de la fuerza y otra el abuso. El combate a la delincuencia no los exime de conocer la naturaleza de sus actos y saber que en un retén o durante un cateo deben estar en el marco de lo legal. Hay desconocimiento de su obligación de cumplir con la ley, indicó.

Por otro lado, es igualmente preocupante que el IMSS ocupe el segundo lugar como la entidad con más quejas, ya que un servicio médico negligente puede ser tan peligroso y letal como un tema de seguridad pública.

Nos preocupa esto porque ya llevamos 10 recomendaciones dirigidas al IMSS, entidad a la que va a atenderse gran cantidad de personas. Hay que generar más conciencia para que la gente no muera en la sala de espera de un hospital o las diagnostiquen mal, comentó García, quien especificó que en 2011 hubo un aumento de 40 por ciento en el número de quejas recibidas con respecto a 2010.

Al respecto, Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, consideró que el número de quejas contra ambas entidades demuestra el fracaso de las políticas del gobierno federal tanto en el ámbito de la seguridad pública como en el de la social.

Es posible, incluso, que las cifras reportadas por la CNDH se queden cortas, ya que entre la gente hay mucha reticencia a denunciar al Ejército y las policías por miedo a represalias, subrayó.

Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, apuntó que el informe del organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva es reflejo de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, cuya primera víctima es siempre la sociedad civil

Citará la CNDH a Aguirre por los dos muertos de Ayotzinapa

Reiteran normalistas su petición de someterlo a juicio político

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 24 de diciembre de 2011, p. 13

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, citará a comparecer el próximo lunes al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para que aclare la participación de las fuerzas de seguridad en los hechos en que dos estudiantes normalistas fueron asesinados el pasado 12 de diciembre, cuando realizaban una protesta en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo.

Luego de reunirse ayer con un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el ombudsman nacional afirmó que, en por las nuevas atribuciones que se le confirieron luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el organismo a su cargo iniciará una investigación sobre el homicidio de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, supuestamente abatidos por policías ministeriales.

La pesquisa –a cargo del primer visitador general de la CNDH, Luis García López-Guerrero–, tratará sobre el asesinato de dos jóvenes además de la aprehensión de 24, 15 de los cuales habrían sido torturados, e incluirá apoyo sicológico para las víctimas y sus familiares.

Plascencia indicó que en los primeros días de enero se darán algunos avances de la investigación, previa a la reunión con los estudiantes el 5 de enero.

Aunque todavía no se le ha enviado el oficio a Aguirre para anunciarle que debe comparecer ante la CNDH, el ombudsman confió en que el mandatario guerrerense acuda a la cita, o al menos dé una respuesta por escrito.

En el encuentro con Plascencia, el estudiante Pablo Juárez Cruz reiteró a nombre de sus compañeros que seguirán exigiendo tanto al Congreso estatal como al de la Unión que inicien un juicio político contra el gobernador, y recordó que esta herramienta fue viable en el caso de la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, lo que a la postre orilló al entonces gobernador Rubén Figueroa a pedir licencia en su cargo.

El documento que los normalistas entregaron a la CNDH exige que la investigación de dicho organismo tenga carácter de urgente y especial, para que el proceso no culmine con una recomendación más; fije un plazo para dar resultados, y se permita que participen las víctimas en la indagatoria. Por otra parte, aclararon que no se han cerrado al diálogo, como afirma un comunicado de Gobernación, pero que éste debe darse con funcionarios con facultades de decisión

Denuncian Las Abejas que siguen las amenazas de paramilitares en su contra

Las presiones, desde cortes de energía eléctrica a miembros de la organización, acusan

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 24 de diciembre de 2011, p. 14

San Cristóbal de las Casas, Chis., 23 de diciembre. Las Abejas denunciaron: Siguen las amenazas en contra nuestra, porque ya están aquí los paramilitares paseando libres, gozando de sus regalos que les otorgó Juan Sabines Guerrero. A 14 años de la masacre de Acteal no ha habido tranquilidad en nuestras familias; al contrario, los paramilitares que quemaron nuestras casas y masacraron a nuestros papás, hermanos, hermanas y hermanitos, quieren volver a desplazarnos y masacrarnos.

Mencionaron dos casos recientes de hostigamiento. Hace menos de dos semanas en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, cuna de los paramilitares, un compañero suyo fue amenazado por un paramilitar, que le advirtió: Si siguen denunciando a nuestros familiares presos por Acteal, vamos a ver si no huyen otra vez como pasó en 1997.

Otro caso delicado y preocupante son los cortes de luz que sufren miembros de la organización. El acuerdo de Las Abejas es resistencia al pago de la luz, pues el gobierno federal nos debe mucha justicia. En la comunidad de Javalton, en resistencia, los priístas amenazan a sus compañeros y realizan cortes de luz y robo de cable. Nuestra mesa directiva y el juez han intervenido como es nuestra costumbre para buscar arreglo. Sin embargo, el agente rural, el juez municipal y el presidente municipal no han hecho caso. La actitud de autoridades oficiales es hacer caso omiso como sucedió en Acteal. El agente rural amenaza a Las Abejas y les reclama que hayan señalado a los autores materiales de la masacre. En estas circunstancias el riesgo es que puedan darse agresiones en cualquier momento. También que la gente se desplace porque no hay respeto ni seguridad.

Tanto el agente rural de Javalton como el paramilitar de Los Chorros mencionan el tema de los presos por Acteal y presionan en dejar de exigir justicia. Está muy claro, agregaron, que no solamente no se ha hecho justicia por la masacre y los hechos previos a ella, sino que pretenden acallarlos. Ahí tienen sus armas, porque nunca el mal gobierno desarmó a los paramilitares. Y dicen que no temen ir a la cárcel, porque el gobierno los libera y, al contrario, salen con regalos y con mucho dinero.

Según Las Abejas, los paramilitares se están reactivando en Chenalhó, mientras en el norte del país hay más muertes por la guerra de Felipe Calderón. Desde Acteal levantamos nuestra voz y gritamos indignados por la muerte del compañero Nepomuceno Moreno Muñoz”, a quien por luchar y exigir justicia en Sonora lo matan también a él. A Trinidad de la Cruz, los policías federales lo abandonaron a su suerte en lugar de protegerlo en Ostula, Michoacán. Y en Guerrero, el gobierno permitió el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

¿Qué se puede esperar de un mal gobierno? Nada justo. Del mal gobierno de Calderón sólo se espera represión, burla, engaño, robo de nuestros recursos naturales y muerte.

Exigimos castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal; investigación y justicia por la muerte de sus compañeros Nepomuceno, Trinidad y demás luchadores sociales asesinados, y castigo a los policías que mataron a los estudiantes de Ayotzinapa. Además, la reconexión inmediata de la luz de su compañero de Javalton y el cese de las amenazas.

La organización indígena se dijo convencida que la justicia no vendrá de arriba, sino que el pueblo organizado es el que va a decir cómo deben ser la justicia y la vida. Aunque personas equivocadas nos difamen y calumnien, añadieron, practicaremos siempre el respeto entre todos para vivir en equilibrio y armonía del hombre, la mujer y la naturaleza

CARTON DE LA JORNADA

Resumen de Noticias en el Tiraderodelbote 24-Dic-11 (Matutino)

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viernes, 23 de diciembre de 2011

El acoso escolar también se da en las aulas de educación superior

Tiene un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes

La investigación, presentada en el congreso de la Comie, se basa en una muestra de 283 estudiantes de un centro de la UdeG

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Otra forma de agresión se manifiesta contra los estudiosos, quienes son tratados como raros o enfermos, situación que puede encubrir el deseo de los agresores de impedir que otro llegue más arribaFoto La Jornada
Karina Avilés
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 41

El acoso escolar (bullying) no sólo es una expresión de la violencia entre niños de primarias y secundarias, también se manifiesta en la educación superior por medio de burlas constantes, insultos, gritos, bromas pesadas, golpes, vandalismo, e incluso acoso sexual, lo cual tiene un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes, quienes no quieren entrar a clase, muestran tensión, miedo y hasta dolor a causa de estas situaciones que ocurren en las escuelas.

De acuerdo con el estudio Bullying en el nivel superior, en el que se presentan los resultados de una muestra aplicada a 283 estudiantes del Centro Universitario de Los Altos (CUAltos) de la Universidad de Guadalajara (UdG), la violencia entre estudiantes ocupa el primer lugar en la percepción de los alumnos que consideran que sí existe un problema en este sentido y la violencia de los profesores hacia los alumnos, ocupa el segundo sitio.

El 19.78 por ciento de los jóvenes consideró que observa violencia en su plantel y 12.36 por ciento respondió que se ha sentido agredido. Las principales formas de violencia entre los alumnos fueron las verbales, como la carrilla, las burlas, las bromas pesadas, el ponerse apodos, los gritos.

En cuanto a los actos que implican violencia física, señalaron el vandalismo, los golpes, el acoso sexual y, la más frecuente, los empujones en el salón de clase o en los pasillos.

El análisis, realizado por los especialistas María Azucena Ramos Herrera y Ricardo Vázquez Valls, del Departamento de Ciencias de la Salud del CUAltos, el cual fue presentado en el undécimo congreso organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), señala que lo anterior demuestra que en el campus se viven situaciones que implican riesgos de daño físico, desde leves hasta severos.

Otra forma de agresión fue contra los estudiosos. Los nerds son tratados como raros o enfermos, situación que puede encubrir el deseo de que si los agresores no sobresalen, impedirán que otro lo logre. También, se detectó la agresión por posiciones ideológicas.

Respecto de la frecuencia de dichos actos, algunos los ubican desde el inicio de la carrera y otros de un año atrás. “Son situaciones de hostigamiento que persisten en lapsos de tiempo prolongados. ‘Es algo continuo, lo veo normal’”, dijeron los jóvenes.

El estudio llama la atención en el hecho de que 4.2 por ciento del total de la muestra se asume como una persona violenta. En ese grupo, 41.66 por ciento dijo que le sirve ser violento para defenderse, 33.33 por ciento señaló que le es útil para protegerse y 25 por ciento apuntó que esa conducta es para que sepan quién manda.

Los alumnos que se aceptaron agresores de sus compañeros señalaron: Sí, soy violento. Soy auténtico porque lo hago por mi voluntad. Expreso mis emociones, no siempre, ni con todos. Soy agresor en forma sutil, pero eso es agresivo.

El impacto de estas situaciones en el aprendizaje, según los propios alumnos, fue el siguiente: falta de concentración, apatía, disminución de la participación en clase, no querer entrar al aula, tensión, miedo, ansiedad y dolor.

Por último, la investigación establece que aunque la mayoría percibió un medio amigable, relajado y poco amenazante, existe un foco estudiantil que requiere atención urgente, pues los actos de violencia son modelos de aprendizaje que es necesario erradicar, por el impacto que pueden alcanzar en toda la comunidad

Oportunidades contraviene la NOM para prevenir cáncer cérvico uterino

Durante la jornada de salud que realizaron en comunidades de Guerrero, organizaciones civiles encontraron que los responsables del Programa Oportunidades, del gobierno federal, indican a las beneficiarias que deben realizarse el Papanicolau a partir de los 45 años de edad, con una regularidad de seis años, lo cual contraviene lo dispuesto por las normas oficiales para la prevención y diagnóstico del cáncer cérvico uterino.

La vida sexual activa de las mujeres en esas comunidades inicia a los 10 o 12 años, no tiene sentido esperar a los 45 años, señaló Jaime Montejo, de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, una de las agrupaciones participantes. Otro problema es que las mujeres que se han hecho la prueba no han recibido los resultados.

El activista explicó que la norma oficial mexicana (NOM) en materia de vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino establece que el perfil de riesgo para ese padecimiento es la mujer de 25 a 64 años, con vida sexual activa o antecedente de haber tenido vida sexual activa.

La NOM indica, además, que la citología cervical se realizará cada tres años en mujeres con dos citologías previas anuales consecutivas con resultado negativo a infección por Virus de Papiloma Humano, displasias o cáncer; mientras que quienes presenten los problemas anteriores deberán acudir a una revisión anual hasta que haya dos resultados negativos consecutivos, señaló Montejo.

La jornada de salud se realizó en las comunidades de Zitlaltepec y Llano de las Flores I (municipio de Metlatónoc), territorio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria a petición de los Comités de Mujeres de esas localidades y organizada por el Colectivo Construyendo Resistencias.

Otro hallazgo es que las mujeres son sometidas por las autoridades sanitarias a tratamientos hormonales de anticoncepción sin tomar en cuenta su condición cardiovascular y otros antecedentes en los que podría resultar riesgoso el uso de esos métodos.

La jornada estuvo dirigida a la población mixteca que habita en dichas comunidades e incluyó consulta general, pruebas de Papanicolau, aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH a hombres y mujeres, y talleres de uso de condón y métodos anticonceptivos, cuyos resultados estarán disponibles en dos semanas, y serán entregados a los pacientes en una visita especial.

La jornada de atención médica –realizada los días 16 y 17 de diciembre– es resultado de una serie de talleres de salud sexual y reproductiva impartidos por el Colectivo Construyendo Resistencias a mujeres indígenas y mestizas de la región.

Montejo explicó que el encuentro, entre otras acciones comunitarias, busca generar procesos de autonomía en materia de salud y que se encuentra en construcción el Programa de Salud Autónomo de la CRAC

El sistema de salud no está preparado para atender al adulto mayor: geriatras

Deben modificarse los esquemas de seguridad social y crear nuevas formas de prevención

Foto
Imagen captada durante la feria Oportunidades para Adultos Mayores, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social en 2010Foto Yazmín Ortega Cortés
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 42

Los sistemas de salud y de seguridad social no están preparados para atender a los adultos mayores y menos aún para enfrentar los retos que plantea el crecimiento de este sector en las próximas dos décadas, cuando se habrá duplicado el número de personas mayores de 60 años en el país, señalaron especialistas.

Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto de Geriatría, comentó que 9 por ciento de los mexicanos son adultos mayores, es decir poco más de 10 millones de individuos, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010. Entre los años 2000 y 2010 este sector reportó un incremento en su tasa anual de 3.8 por ciento, lo cual permite anticipar la forma en que aumentará su presencia en el país, apuntó.

El especialista advirtió sobre la importancia de modificar los esquemas de seguridad social, a fin de que se garantice una mayor protección a los adultos mayores, principalmente en la atención de la discapacidad. Actualmente, dijo, 21 por ciento de los ancianos tiene al menos una deficiencia física, pero la mayoría cuenta con el apoyo de su familia, generalmente numerosa, que se hace cargo de ellos.

Sin embargo, este escenario está cambiando por lo que es importante crear nuevas formas de previsión de servicios ahora inexistentes, como servicios sociales (personales), apoyo a familiares y cuidadores principales y servicios para pacientes terminales, señaló.

Debido a que la seguridad social no cubre el riesgo de la dependencia, es necesario realizar modificaciones legales en salud, así como en la operación y coordinación de instituciones públicas, privadas, lucrativas y no lucrativas que proporcionan servicios dirigidos a los adultos mayores.

En cuanto a los programas sociales como 70 y Más, de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual las personas de esta edad reciben un apoyo económico mensual, Martha María Téllez Rojo, directora de Evaluación de Programas y Bioestadística del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), planteó que la estrategia ha contribuido a mejorar la salud mental de las personas. Entre 2007 y 2009 se redujo 5 por ciento la prevalencia de depresión y aumentó más de 11 por ciento su autonomía económica.

Lo anterior se desprende de una investigación del CIEE que evaluó el impacto de 70 y Más entre 6 mil de sus beneficiarios.

Por el contrario, señaló Téllez Rojo, no existe evidencia de que este programa haya tenido algún impacto en el uso de los servicios de salud, lo cual es relevante porque redundaría en un mejoramiento del bienestar físico y mental, así como la situación nutricional de los adultos mayores.

Los expertos participaron en un foro sobre protección social para adultos mayores organizado por el INSP, en el que Rebeca Wong, investigadora de la Unidad Médica de la Universidad de Texas, también enfatizó sobre la importancia de que los programas sociales favorezcan el acercamiento a la atención clínica con la finalidad de prevenir riesgos asociados a la edad y evitar los costos sociales.

Al respecto, Luis Miguel Gutiérrez comentó que en hogares con personas mayores se consumen hasta 50 por ciento más recursos en salud que en la población general, lo cual está asociado no sólo a la edad, sino a la carga de enfermedad crónica acumulada durante varios años.

Reconoció, sin embargo, que este panorama podría cambiar en el futuro por la acción de programas para prevenir esos padecimientos y las caídas causantes de discapacidad

Disputan cristianos a ateos el espacio para representar la Natividad en Santa Mónica

Los Ángeles, 22 de diciembre. A pocos días de la Navidad, una disputa de espíritu nada festivo se desató entre cristianos y ateos en el balneario californiano de Santa Mónica, donde los escépticos fueron acusados de usurpar a los religiosos su antigua tradición de representar la Natividad.

Muy cerca del mundialmente famoso muelle de Santa Mónica (oeste de Los Ángeles), desde donde los turistas disfrutan de las espectaculares vistas del Pacífico, los cristianos locales están furiosos con los forasteros ateos que han provocado gran indignación en la comunidad.

El centro del conflicto se emplaza en el parque Palisades Park, donde desde hace décadas los cristianos han erigido representaciones de la Natividad a lo largo de la avenida Ocean, que corre entre la autopista costera del Pacífico y el visitado muelle.

Las agrupaciones que desean instalar sus pesebres o belenes deben participar en una lotería. Y el problema comenzó cuando, en el sorteo que decidiría quiénes obtendrían los puestos destinados a la exposición, inesperadamente los ateos ganaron 18 de 21. Eso redujo a los cristianos a solamente dos espacios. No tenemos absolutamente ningún problema en que otros grupos o individuos con puntos de vista diferentes al nuestro, incluidos los ateos, expresen sus creencias en el parque, dijo Hunter Jameson, jefe del Comité de Representaciones de la Natividad en Santa Mónica.

Pero deberían cumplir con el espíritu (de las fiestas), así como con las reglas, agregó Jameson a Afp, acusando a los ateos de usar inapropiadamente los espacios para exposición que habían ganado: la mayoría de los estands ateos estaban vacíos y tenían sólo un poste de madera.

Creemos (...) que nuestros adversarios jugaron con nuestras normas con el principal objetivo de sacarnos del parque, y sin comprometerse con ninguna clase de esfuerzo para armar una representación, como lo exigen las reglas, dijo.

Del otro lado, la Fundación para la Libertad Religiosa (FFRF, por su siglas en inglés) insiste en que el sorteo que derivó en una bonanza para los infieles fue realizada por locales y no por forasteros.

Aplaudimos la libertad de los cristianos para que promocionen su mitología, su superstición sobre este Dios que condena al infierno a todos los que no se arrodillen delante de él: está bien, es su problema, dijo el portavoz Dan Barker. Pero argumentó que las representaciones de la Natividad tienen el respaldo de las autoridades de la ciudad, cosa que Jameson niega.

Los cristianos pueden promocionarse, siempre que quede claro que no es la ciudad la que está haciendo ese trabajo, dijo Barker.

Bajo el sol de Palisades Park, Vikki Hill dijo que sentía mucha lástima por los ateos y defendió las tradicionales escenificaciones, que incluyen estatuas de María y José junto al niño Jesús en el pesebre.

Desafortunadamente, los corazones de los ateos son tan infelices, vienen y despotrican contra mí por estar aquí y se ponen más furiosos aún porque no consiguen ponerme triste, dijo la mujer, sosteniendo un cartel que decía: Feliz Navidad es todo sobre Jesús. Pido a Dios que los bendiga y eso los hace enfurecer. Es la clase de gente por la que tenemos que rezar, dijo a Afp.

Santa Mónica, que se asienta entre el final de la legendaria ruta 66 al oeste de Los Ángeles, atrae a millones de turistas cada año

Pide López Obrador al TEPJF fijar criterios de precampañas

Ante seguidores ofrece ampliar programas sociales a comunidades indígenas

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Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, en un mitin en la delegación AzcapotzalcoFoto Carlos Ramos Mamahua
Gabriela Romero y Ángel Bolaños
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 36

Para actuar con reglas y principios claros, sin transgredir ninguna disposición constitucional o legal, el precandidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, entregó ayer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un escrito con diez preguntas, para saber qué está prohibido y qué está permitido en el periodo de precampañas.

En la última jornada de su gira por el Distrito Federal, antes de empezar su primer acto en la explanada de la delegación Azcapotzalco, López Obrador dejó en claro que no quiere violar la ley, y para que todos actuemos en el marco de la legalidad, le estoy haciendo respetuosamente al tribunal unas preguntas, y nos vamos a ajustar a lo que ellos (los magistrados) nos digan.

Ya en el templete, al referirse a la resolución que impide a los precandidatos únicos realizar actos de proselitismo de manera abierta, porque podrían considerarse actos anticipados de campaña, Andrés Manuel soltó: por si las dudas, yo les pregunto si son militantes del PRD, PT o Movimiento Ciudadano, que el notario público tome nota, a ver, levanten la mano. Que los de Gobernación no nos vayan a perjudicar, que vean los que vienen a apuntar o a los que mandan del estado de México.

En el escrito de siete cuartillas que envió al órgano jurisdicicional electoral afirma que es respetuoso de la ley y deseo actuar bajo reglas y principios claros. Al advertir que el Instituto Federal Electoral (IFE) no ha regulado hasta el momento las limitaciones de los precandidatos únicos, consideró que el TEPJF debe establecer los criterios básicos de nuestra actuación.

Subraya que los magistrados de la sala superior no se han pronunciado sobre la legislación federal, que por cierto no prohíbe las precampañas ni las limita en modo alguno para los precandidatos únicos ni tampoco sobre acuerdo o norma alguna del Consejo General del IFE, el que ha sido omiso en la regulación de precandidaturas únicas hasta este momento.

Por la tarde visitó la explanada delegacional de Venustiano Carranza, y cerró por la noche en la Plaza de la República frente al Monumento a la Revolución, donde dirigió su mensaje con su hijo Jesús Ernesto, de cuatro años, abrazado a su pierna. Preguntó también a la multitud, para que conste ante notario, si son militantes y simpatizantes de alguno de los tres partidos y se escuchó por respuesta un ¡sí! unánime, se alzaron brazos y agitaron banderolas, mientras coreaban ¡Obrador! ¡Obrador!

Reiteró que de llegar a la Presidencia, seguirá el ejemplo de Benito Juárez en la integración de su gabinete, sin responder a intereses de partidos, corrientes ni cuotas, sino con las mejores personas. E insistió en la invitación que hizo a Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Rogelio Ramírez de la O.

Dijo que su proyecto permitirá un crecimiento anual de la economía de 6 por ciento y la aplicación en todo el país de programas como la pensión alimentaria a personas adultas mayores (a partir de 65 años en comunidades indígenas), atención médica y medicamentos gratuitos, apoyos a personas con discapacidad y becas a estudiantes de preparatoria. Recordó que como jefe de Gobierno del Distrito Federal cumplió sus propuestas

Desconoce el Congreso de Colima al munícipe suplente de Villa de Álvarez

Colima, Col., 22 de diciembre. El Congreso local desconoció a Enrique Monroy Sánchez como alcalde de Villa de Álvarez luego que rindió protesta ante tres regidores panistas a puerta cerrada para impedir que ingresara el resto de los miembros del cabildo.

El político es suplente de la presidenta municipal Brenda Gutiérrez Vega, quien hace 15 días dejó la alcaldía sin licencia de los regidores para contender por una candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) al Senado de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en su favor un recurso para permitirle contender por la candidatura del blanquiazul.

Cerca de la medianoche del miércoles, Monroy Sánchez realizó el acto protocolario sólo frente a tres regidores de su partido.

El diputado priísta Rigoberto Salazar Velasco señaló que este acto fue ilegal y Monroy Sánchez podría ser demandado por usurpación de funciones, pues sólo el cabildo en pleno puede decidir quién es el presidente municipal en ausencia del titular.

Salazar Velasco subrayó que el pleno del cabildo, integrado por siete regidores del PAN, tres del Partido Revolucionario Institucional, uno del Partido del Trabajo y otro del partido local Asociación Democrática Colimense, estaba convocado para reunirse el miércoles, pero Enrique Monroy se adelantó y tomó protesta ante un grupo de panistas.

Advirtió que si Monroy firma todos documentos en calidad de alcalde será denunciado por usurpación de funciones.

El legislador explicó que el Congreso no puede intervenir hasta que el cabildo sesione y determine quién es el alcalde.

El 9 de diciembre se convocó a sesión extraordinaria para la toma de protesta de Enrique Monroy como suplente de Brenda Gutiérrez, pero ningún regidor asistió.

El 20 de diciembre la encargada del despacho, Alejandra Quintero, convocó una vez más al cabildo para tomar protesta a Monroy Sánchez, pero sólo acudieron tres regidores y la ceremonia no se efectuó por falta de quórum.

Mientras, Monroy entregó tarjetas de nómina a trabajadores que no habían recibido su quincena y ordenó la liberación de recursos para pagar aguinaldos a cerca de 400 empleados.

Además, recorrió las áreas del ayuntamiento, donde se presentó como alcalde interino y conversó con directores y colaboradores en el salón de cabildos

Rescatan a 17 ecologistas de Guerrero, desaparecidos desde el 11 de diciembre

Acapulco, Gro., 22 de diciembre. Autoridades estatales informaron que 17 integrantes de unas tres familias de la comunidad de Cerro Verde, municipio de Tecpan de Galeana, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 11 de diciembre, fueron encontrados en la comunidad de El Porvenir, municipio de Petatlán, en la sierra de la Costa Grande de Guerrero, y posteriormente trasladados a Zihuatanejo para rendir su declaración.

La versión que tenemos es que salieron de sus hogares para esconderse por temor, indicó una fuente castrense consultada, por lo que descartó que se tratara de un secuestro.

La noticia fue anunciada por el vocero del gobierno de la entidad, Arturo Martínez Núñez, quien en compañía del encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, César de los Santos Mendoza, explicó que las 17 personas fueron rescatadas en la sierra del municipio de Petatlán.

Agregó que los afectados rendirían su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a la averiguación previa AZUE/01/1145/2011, iniciada por Ignacio Salto Villa, secretario de la organización Frente Libre Hermenegildo Galeana, quien el pasado lunes denunció que los desaparecidos fueron privados de su libertad el 11 de diciembre por hombres armados con rifles de grueso calibre.

Martínez Núñez señaló que al saber de su ubicación, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno montaron un dispositivo en el que participaron el Ejército Mexicano y la PGR, para rescatar a los ecologistas y trasladarlos a las instalaciones de la Fiscalía federal con sede en Zihuatanejo.

Sostuvo que les podemos decir de manera oficial que están siendo trasladadas, han sido rescatadas, han aparecido con bien, van a dar su declaración ante el Ministerio Público y en estos momentos precisamente se está haciendo el traslado a cargo de la PGR y el Ejército Mexicano. Todo esto en el contexto de la operación Guerrero Seguro.

Martínez Núñez aseguró que las 17 personas, entre ellas nueve menores de edad, están bien de salud, aunque serán evaluados e interrogados para que aporten información sobre quiénes los mantuvieron en cautiverio y en dónde.

Manifestó que la denuncia es por privación ilegal de la libertad. Como ustedes saben para que sea secuestro se debe dar otro tipo de elementos. El hecho de que vayan a declarar es precisamente para clarificar todos los detalles y saber cuál fue su estado y si efectivamente fueron privados de su libertad.

Las familias que estaban desaparecidas responden a los apellidos Salto Flores y Salto Orozco

Comisiones estatales de DH podrían ser cómplices de abusos: activistas

La disfuncionalidad, apatía y falta de compromiso con las víctimas que muestra la mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos en el país puede terminar convirtiéndolas no sólo en elefantes blancos, sino también en cómplices de abusos, advirtieron activistas de organizaciones independientes, a propósito del informe dado a conocer el miércoles pasado sobre este tema por la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Jorge Fernández, encargado del área de defensa integral del colectivo Indignación –con sede en la comunidad de Chablekal, Yucatán–, señaló en entrevista con La Jornada que la comisión de derechos humanos de la entidad se ha caracterizado por no hacer labor de confrontación con las autoridades, ni documentrn agravios contra la ciudadanía, como le correspondería hacer.

Hemos denunciado casos de tortura, pero ellos los recatalogan. Además, sus recomendaciones son totalmente vacuas, no exigen medidas de reparación del daño, ni castigo a los responsables ni garantías de no repetición. Cuando llegan a emitir alguna, es luego de uno o dos años de que ocurrió una violación a las garantías individuales, y para entonces ya es irreparable, lamentó.

En este escenario, lo menos grave es que terminen siendo elefantes blancos, porque en el peor de los casos se han vuelto cómplices de los abusos, avalándolos por inacción.

En el caso de Yucatán, la comisión estatal no ha emitido recomendaciones por el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, y se negó con argumentos eclesiales a emitir una acción de inconstitucionalidad por las reformas contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, recordó.

Por separado, Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), asentada en Monterrey, indicó que la comisión estatal de Nuevo León hace mucha publicidad de los cursos que imparte a policías y estudiantes, pero ante problemas tan graves como las 60 muertes en penales que hemos documentado este año, los 128 casos de desaparición forzada y los actos sistemáticos de tortura, ni una palabra.

Aunque admitió que no conoce los detalles de la labor del actual ombudsman de la entidad, porque simplemente no hay información sobre ella, la religiosa afirmó que en los 18 años de existencia de Cadhac, sólo uno de los titulares de la comisión estatal de derechos humanos se atrevió a alzar la voz ante los abusos de un grupo de policías ministeriales, y le fue muy mal.

Ambos activistas coincidieron en que, para adoptar un rol verdaderamente activo, los organismos públicos de derechos humanos deben tener una autonomía real frente al Ejecutivo y el Legislativo locales, nombrar como titular a un personaje con capacidad y experiencia en la materia, e iniciar una relación más cercana con los diversos sectores de la sociedad civil

Ni Calderón ni Sabines quieren hacer justicia por la masacre en Acteal, señala Las Abejas

Después de 14 años de los 49 asesinatos no se ha castigado a ningún autor intelectual ni material

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Integrantes de la organización civil Las Abejas marchan hacia Acteal para conmemorar 14 años de la matanza de 49 indígenas a manos de paramilitares, perpetrada el 22 de diciembre de 1997Foto Moysés Zúñiga Santiago
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 11

Acteal, Chis., 22 de diciembre. Al conmemorarse la masacre ocurrida en este paraje de las serranías de Chenalhó un día como hoy hace 14 años, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que defender la justicia es el único camino que nos puede llevar a la paz. Recordó que en esos años, mientras el presidente Ernesto Zedillo tendía una mano a los insurrectos zapatistas con los diálogos de San Andrés, con la otra organizaba muerte y destrucción para las comunidades indígenas de Chiapas.

A su vez, la organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas, declaró en su mensaje durante la concurrida ceremonia civil y religiosa que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Juan Sabines Guerrero no han hecho justicia, más que burlarse de nuestra organización y lucha. Ellos para nada quieren la justicia, la paz, la libertad, y continúan con las políticas de los gobiernos anteriores, y todavía peor.

Homenaje al jTotic

Vera López, quien recibió un homenaje especial de Las Abejas, que lo llaman jTotic (en tzotzil), expuso con nitidez: “Ante el panorama que vivimos en el país, de una guerra abierta por el Presidente en turno, donde las principales víctimas las pone el pueblo mexicano nuevamente, como aquí en Chiapas, no importa la justicia. En esta supuesta guerra contra el crimen organizado se vuelve a utilizar al Ejército, que sigue violando derechos humanos y realiza ejecuciones extrajudiciales, y sus crímenes permanecen impunes”.

Las policías –continuó– son cómplices de quienes cometen robos, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas; los criminales tienen aliados dentro de los tres niveles de gobierno: federal, estatales y municipales; de lo contrario no contarían con la protección que mantiene impunes 98 por ciento de sus crímenes.

El prelado católico de Saltillo, quien era obispo aquí junto con Samuel Ruiz García en el momento de la masacre, resumió que hace 14 años, víctimas de la guerra de baja intensidad del gobierno mexicano, que tenía como principales actores a los grupos paramilitares, armados y pagados por él mismo y entrenados por el Ejército, fueron asesinadas 49 personas: nueve varones, 16 niños y adolescentes, 20 mujeres y cuatro no nacidos, en el vientre de su madre.

Acompañado por el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, Vera habló este mediodía teniendo a un lado dos grandes lonas con los nombres impresos de todos los asesinados el 22 de diciembre de 1997, y la otra, de los autores intelectuales y materiales del crimen: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Gálvez, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Antonio Pérez Hernández y los generales Enrique Cervantes y Mario Renán Castillo. Son los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal, había afirmado Las Abejas minutos antes.

Según el prelado dominico, la averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR) fue preparada de tal manera que aún ahora no se puede juzgar a los autores intelectuales, y los materiales lograron su excarcelación con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El crimen permanece impune –dijo– pues la PGR consideró que cada uno de los asesinos vino por su cuenta, y no como delincuentes asociados constituyendo un grupo paramilitar”. Además, la indagación de la SCJN en 2010, que permitió la excarcelación de más de 40 paramilitares, solamente se basó en los expedientes de la PGR, pues no fueron convocados los sobrevivientes.

Esos grupos armados atacaban los pueblos para expulsarlos de sus parajes, saqueaban e incendiaban sus casas, robaban sus pertenencias, el producto de sus cosechas y sus escasas cabezas de ganado. Destruían sus dispensarios y hacían gala de violencia contra sus templos. De los saqueos, desapariciones forzadas y asesinatos de los paramilitares también fueron responsables los militares y la policía estatal, que se establecían en las comunidades con la excusa de que en esos parajes había violencia.

Vera López explicó que la estrategia de comntrainsurgencia gubernamental pretendía “quitarle el agua al pez’”, siendo el pez los insurrectos, milicianos y bases zapatistas, y el agua el tejido social. La acción paramilitar, conducida por el Ejército, buscaba impedir que las comunidades proporcionaran cualquier tipo de apoyo a los insurrectos, por eso no podían producir alimento ni conformar cualquier clase de organización que potenciara al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Dicha estrategia se proponía anular cualquier organización que fortaleciera a los insurrectos, por eso se fueron contra Las Abejas, que ni eran bases zapatistas ni estaban en una actitud violenta, sino que eran pacifistas, y no obstante vivir como desplazados, estaban organizados para reivindicar derechos y generar conciencia ante las injusticias que aquí se vivían desde antes del inicio del movimiento armado.

Agradeció a Las Abejas porque sigue resistiendo los abusos tanto del gobierno estatal como del federal, conserva la memoria de este crimen abominable y reaviva nuestra conciencia para, el día de hoy, defender la justicia.

La mesa directiva de la organización tzotzil, adherente de la otra campaña, puntualizó que la conmemoración no es un teatro o un acto político con intereses electorales y económicos, sino por los caídos de Acteal y las víctimas de guerra de un gobierno represor y antidemocrático.

En referencia al proceso civil que se sigue contra el ex presidente Zedillo en cortes estadunidenses, aclaró que Las Abejas sí quiere que sea castigado por su responsabilidad en este crimen de Estado, pero no que se profanen el respeto y la memoria que merecen los mártires, con intereses oscuros, electoreros y económicos. En el acto entregaron a Vera López un bastón de poder al servicio del pueblo, un poder no corrupto ni impune

La Cámara de Diputados dará entrada a solicitud de juicio político contra Aguirre

Confía PRD en labor de luchadores sociales

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Cientos de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México marchan del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación en solidaridad con los normalistas de AyotzinapaFoto Roberto García Ortiz
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 12

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ofreció ayer dar entrada y analizar la solicitud de juicio político que presenten los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

El compromiso se dio ayer en una reunión entre diputados de PRI y PRD con un grupo de al menos 30 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. También, pese a que el gasto federal del próximo año ya está aprobado, les ofrecieron analizar la situación de las escuelas normales del país, para garantizar la suficiencia presupuestal que asegure su buen funcionamiento.

De acuerdo con el acta de la reunión, distribuida por el grupo plural de diputados que dará seguimiento al caso, los estudiantes presentaron un amplio panorama sobre la situación que enfrenta la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, destacando la ausencia de diálogo por parte del gobierno de Guerrero.

Esa falta de negociación, se señala en el documento, desembocó en los lamentables hechos del 12 de diciembre, donde fueron privados de la vida arbitrariamente dos estudiantes, cometiéndose diversas violaciones graves a los derechos humanos.

La comisión de estudiantes también entregó un pliego petitorio con tres puntos: que se investiguen los acontecimientos de ese día, que se atiendan las causas estructurales del conflicto y la demanda de juicio político contra Aguirre Rivero.

Los legisladores explicaron que el miércoles la Comisión Permanente acordó constituir un grupo plural que dará seguimiento al caso, el cual se instalará hoy a las 11 horas, y que presidirá el diputado Francisco Moreno Merino (PRI).

El propósito del grupo, indicaron, es coadyuvar en la investigación de los hechos, el castigo de los culpables y la atención a las causas del conflicto. Respecto del reclamo por la violación a los derechos humanos de los alumnos, la Mesa Directiva y Moreno Merino, presente en la reunión, negociaron una audiencia para los normalistas, hoy por la noche, con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.

Entre los acuerdos con los estudiantes, resalta el citar a una reunión de trabajo a funcionarios federales y estatales, en la que estén presentes los normalistas.

Respecto de la petición de juicio político, se convino que la Cámara de Diputados, mediante el proceso legislativo correspondiente y por conducto de la Mesa Directiva, instruirá formalizar la presentación de la solicitud y la respectiva ratificación, del juicio contra Aguirre Rivero.

Manos limpias

El Partido de la Revolución Democrática saludó la iniciativa del gobernador Heladio Aguirre de conformar una comisión de personalidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos para coadyuvar y dar seguimiento a la investigación del asesinato de los dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En un comunicado de prensa Jesús Zambrano, presidente del organismo político, confió en la participación de Javier Sicilia, Emilio Álvarez Icaza y Javier Morlett, así como ex guerrilleros que han estado pendientes de este caso, como Octaviano Santiago Dionisio.

Exigió se encuentre al verdaderamente culpable de los asesinatos de Gabriel Echeverría y de Jorge Alexis Herrera. Zambrano también puntualizó: el PRD no tiene las manos manchadas y no vamos a permitir que gobiernos de este partido estén involucrados en actos de represión y sangre contra dirigentes de movimientos sociales.

Poiré se niega a recibir a los normalistas

Emir Olivares Alonso

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, marcharon ayer del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (SG) para demandar la destitución y juicio político del mandatario estatal, Ángel Aguirre Rivero, y la intervención de las autoridades federales para sancionar a los responsables del asesinato de dos de sus compañeros, el pasado 12 de diciembre.

Al llegar a la dependencia, los jóvenes solicitaron audiencia con el titular Alejandro Poiré o con el subsecretario de Gobierno, Obdulio Ávila. Esto debido a que tras la movilización que realizaron la semana pasada, del Hemiciclo a Juárez al Palacio de Cobián, sólo fueron atendidos por funcionarios menores que no resolvieron nada. Sin embargo, su petición no fue resuelta y decidieron romper el diálogo con el gobierno federal.

Demuestran cerrazón para escucharnos. Una negativa como la que hoy (ayer), nos orilló a bloquear la Autopista del Sol hace un par de semanas, pues Aguirre no atendió nuestras demandas. Y fue durante aquella protesta que nos reprimieron y asesinaron a nuestros compañeros, declaró Eduardo Meza Gómez, integrante de la comisión de prensa y propaganda de la normal rural de Ayotzinapa.

Una vez que Gobernación demostró no tener disposición al diálogo los normalistas, quienes fueron acompañados por estudiantes de las 16 escuelas normales del país que se agrupan en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), advirtieron que valorarán sus próximas acciones.

Antes de que los manifestantes se retiraran del lugar, el vocero estudiantil explicó que al negociar la entrada de una comisión a la dependencia, personal de ésta nos aseguró que ni el secretario ni el subsecretario estaban disponibles, nos dijeron que sería otra persona la que nos recibiría, pero nunca nos dieron su nombre ni su cargo. Decidimos entonces no negociar con alguien que no sabíamos ni quién es ni qué autoridad tiene dentro de Gobernación para resolver nuestras demandas.

A la movilización, que transcurrió de manera pacífica y en la que participaron unas mil personas, se sumaron también integrantes del magisterio disidente y de organizaciones sociales, estudiantes de diferentes instituciones de educación superior y ciudadanos en general, quienes manifestaron su solidaridad y apoyo a las demandas de la normal rural de Ayotzinapa.

Diego Castro Domínguez, estudiante de esta escuela, indicó que la demanda de juicio político contra el mandatario de Guerrero es inamovible, por ello exigimos solución al gobierno federal.

Los normalistas lamentaron la falta de transparencia que hay en los procesos judiciales emprendidos por las procuradurías estatal y General de la República en torno a la represión de que fueron objeto por parte de policías estatales y federales.

Desestimaron que con el arraigo de 12 policías (seis estatales y seis ministeriales) los crímenes de sus dos compañeros tengan la sanción correspondiente. Hay fotografías en los medios de comunicación que son contundentes, en ellas se ve quiénes son los policías que dispararon en nuestra contra.

Gobernación da su versión

A lo largo del trayecto, con decenas de mantas y consignas, los manifestantes mostraron su sentir: No más sangre, Pedimos educación y recibimos balas, El diálogo con armas no lo entendemos, Ayotzinapa, este chilango los apoya, Al gobierno no le importa al pueblo educar, sólo le interesa la policía y la fuerza militar, Ni perdón ni olvido, Es cierto, nos golpearon, pero no nos derrotaron.

Por la noche, en un comunicado, Gobernación afirmó que ofreció a los estudiantes un espacio de atención y diálogo respetuoso, con el propósito de escuchar sus inquietudes y propuestas para poder coadyuvar en la gestión de las mismas por los canales institucionales correspondientes.

Sin embargo, ante la reiterada disposición de esta secretaría por establecer un puente de comunicación directo, los estudiantes no manifestaron reacción favorable

IFE exhorta a López Obrador y Peña Nieto a la prudencia y compromiso democrático

El Instituto Federal Electoral (IFE) hizo un llamado a la prudencia y compromiso democrático de todos los precandidatos y los partidos, para que sus actos se apeguen a los límites impuestos y no anticipen las campañas electorales.

Después de más de cuatro horas de reunión, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, acompañado de los ocho consejeros que integran el consejo general, refirió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el pasado miércoles resolvió que “un proceso de precampaña con un solo precandidato o candidato electo por designación directa, vulneraría la igualdad del proceso comicial para la elección constitucional a cargos de elección popular, en tanto generaría en la práctica que dicho candidato inicie anticipadamente su campaña electoral en relación con el resto de los contendientes.

Debe puntualizarse que las circunstancias de que los precandidatos únicos o los candidatos designados de manera directa no pueden realizar pre- campañas, en modo alguno significa que estén impedidos para interactuar o dirigirse a los simpatizantes, militancia del partido político al cual pertenecen, durante ese periodo, o bien, con las instancias partidistas a las que corresponde determinar si habrán de ser postulados por el instituto político a los cargos de elección popular, tomando en cuenta que la proscripción en comento sólo está referida a difundir hacia el exterior actos proselitistas para obtener la nominación de una candidatura.

El IFE fijó su postura respecto a lo que pueden hacer los precandidatos únicos, después que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los precandidatos únicos no pueden hacer actos de proselitismo de manera abierta.

Al leer la postura del IFE, Leonardo Valdés resaltó que los precandidatos a todos los puestos de elección popular deben tomar en consideración en esta etapa, que a partir de hace unos días y hasta el 15 de febrero su actuación es exclusivamente frente a quienes determinarán sus candidaturas conforme a su método de selección interna.

Añadió que de acuerdo con los métodos de selección registrados ante el IFE, los precandidatos a la Presidencia de la República deben enfocar sus actividades al interior de sus institutos políticos, atendiendo al marco jurídico y a la interpretación que los órganos jurisdiccionales han hecho de él.

Valdés no aceptó preguntas. Se advirtió que los consejeros sólo darían lectura a un documento.

Valdés destacó que el artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) indica que los partidos que realizan procesos de selección con una pluralidad de precandidatos deben tomar en cuenta que sus precampañas tienen exclusivamente el objetivo de obtener el respaldo necesario para ser postulado a un cargo de elección popular.

El consejero presidente se refirió entonces a la resolución del 21 del diciembre de 2011, en la que se señala que los precandidatos únicos no pueden realizar actos de precampaña, porque vulnerarían la igualdad del proceso comicial.

Los consejeros del IFE, finalmente ayer salieron a fijar su postura respecto a lo que pueden y no pueden hacer los precandidatos, y sobre todo cuando son precandidatos únicos. En los días anteriores ya discutían el tema, pero no lograban consenso, y no fue sino hasta ayer y solo una vez que el TEPJF fijó sus posición cuando el IFE anunció la suya.

El consejero Valdés subrayó que los procesos democráticos, como la vía privilegiada para que la sociedad encauce su pluralidad y legítimas diferencia de manera pacífica y ordenada, “exigen que todos los actores políticos y sociales actúen de manera responsable y apegada a las reglas que se han definido.

Hoy en la etapa del proceso electoral en la que nos encontramos, esa responsabilidad recae eminentemente en quienes aspiran a ser postulados por los partidos políticos y coaliciones a un cargo de elección popular

Proponen campesinos a AMLO un pacto que les borre el estigma de "violentos y flojos"

Integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y de agrupaciones regionales propusieron a Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista –integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano–, que su programa político para el sector agropecuario reconozca a los campesinos como sujetos productivos y de derecho, y fortalezca la propiedad social y la protección de los recursos naturales de ejidos y comunidades.

Ante el acoso que sufren los dueños de la propiedad social por agroempresarios modernos, mineras nacionales y extranjeras, especuladores inmobiliarios y turísticos, que buscan despojarlos de sus tierras, aguas, bosques, playas, semillas, biodiversidad, conocimientos tradicionales y centros ceremoniales, invitaron al tabasqueño a unir fuerzas y lo convocaron a construir, junto con la sociedad rural, el Plan de Ayala del siglo XXI.

Señalaron que la sociedad rural requiere un nuevo pacto, pues se ha desvalorizado económica, política, social y culturalmente a los hombres y mujeres del campo. No se nos reconoce la calidad de sujetos productivos y sujetos de derecho; se nos ha estigmatizado como improductivos, atrasados, localistas, flojos y violentos.

La propuesta –integrada por siete ejes– resalta el compromiso de los campesinos para eliminar el clientelismo y corporativismo en su relación con el Estado y pugnar para que se reconozca su capacidad de organización, autogestión y autonomía.

Sostiene que las familias rurales lucharán para contrarrestar la reforma agraria oficial, motor de la privatización de más de 3 millones de hectáreas hasta la fecha y del saqueo de los recursos naturales de suelo y subsuelo.

Advierte que se ha entregado la soberanía alimentaria de los mexicanos a unas cuantas corporaciones agroalimentarias nacionales y extranjeras, violando el derecho a la alimentación de la mayoría de la población. Asienta que los precios de los comestibles se encarecen cada mes al tiempo que disminuye la cantidad y calidad de éstos, mientras las grandes empresas aumentan sus ganancias y crece su influencia y control sobre los poderes públicos.

Estamos en una democracia simulada; los que verdaderamente deciden son un pequeño grupo de grandes empresarios y asociaciones financieras con la ayuda del duopolio televisivo; se ha impuesto un clima de terror entre la población con la guerra contra el narcotráfico; la soberanía nacional está en riesgo.

Apunta que constituirán la nueva base de las políticas agroalimentarias y de desarrollo rural que contengan un sistema de precios justos para los productos del campo; acceso al crédito e insumos para la producción; revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; fortalecimiento de la agricultura a pequeña y mediana escala; acceso al crédito y seguro agropecuario; asistencia técnica; establecimiento de un fondo de reservas públicas de alimentos y prohibición de la siembra de maíz transgénico.

Las 26 agrupaciones firmantes del documento aseguran que serán portadores de un nuevo modelo de relaciones humanas y de civilización sustentado en el respeto a las personas, cuidado a la naturaleza, sobriedad y en el interés general. Seremos creadores de una nueva cultura social, política y económica para que indígenas y campesinos alcancen el bienestar social y la felicidad

Cierra 2011 con desempleo mayor al 20% y 26 millones de pobres en el agro

Con una tasa de desempleo en el sector rural superior a 20 por ciento, 26 millones de pobres y concentración de los programas con mayores recursos en mil 200 productores de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa, concluye este año, asentó Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac).

Al realizar un balance de las políticas para el campo, expuso que es evidente el abandono del campesinado y la sobreprotección gubernamental hacia las grandes empresas y agricultores exitosos.

Creció la dependencia alimentaria, precarizó la economía campesina y las sequías, heladas y exceso de lluvias en diversos estados dejaron pérdidas de cosechas y un consecuente aumento de precios de la canasta básica. Se están rebasando los límites de descansar la salida de la crisis en los trabajadores, campesinos e indígenas.

Es evidente el fracaso de la política gubernamental: el programa especial concurrente se concentró en algunas regiones y algunos productores; rompieron cadenas alimentarias, como el sistema de la soya, debido a las importaciones; aumento de la inseguridad; violencia contra luchadores sociales; salarios reducidos e incrementos de los costos de producción lo revelan.

Durante los pasados 25 años la economía creció menos de 3 por ciento y este año no fue diferente, pues no se superó el modelo de no más de 2 por ciento anual. El crédito es caro y prácticamente inexistente en el sector rural, su costo es tres veces más caro que en Estados Unidos.

Destacó que hay investigaciones que alertan sobre la enorme concentración de los recursos para el campo en pocos productores. El 10 por ciento de los agricultores más grandes concentran 80 por ciento del programa ingreso objetivo; 60 por ciento de los subsidios energéticos e hídricos, 55 por ciento para el desarrollo rural y 45 por ciento del Procampo.

En el caso de los beneficios que reciben las grandes empresas, el dirigente mencionó, a manera de ejemplo, que hace tres años se destinaron alrededor de mil millones de pesos a Cargill, Minsa, Bachoco, ADM México y Compañía Nacional Almacenadora, subsidiaria de Maseca Gruma.

Esto no cambió en 2011 ni se pretende modificar para el próximo año ya que los programas para apuntalar la comercialización de los productos agropecuarios siguen teniendo un fuerte peso en el PEC.

El también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas al PEC de la Cámara de Diputados sostuvo que la afirmación gubernamental de que en esta administración se ha aprobado el gasto rural más alto de la historia es “una falacia.

El gasto real entre 1990 y 2010 pasó de 402 mil millones de pesos a 269 mil millones (a pesos de 2002), es decir, hay una caída de 33 por ciento que no se recuperará con los 305 mil millones de pesos de presupuesto para 2012.

Advirtió que la solución no es reducir el gasto social y aumentar, como algunos sugieren, el gasto hacia lo productivo. Eso no es garantía de crecimiento, pues los gastos se han orientado a bienes privados. Seguir sacrificando a la población más pobre y cargar sobre su espalda las fallas de los mercados y la falta de astucia de los dirigentes del neoliberalismo es arriesgar la estabilidad social

CARTONES DE LA JORNADA