MEXICO OPINA

viernes, 1 de febrero de 2013

Sólo existen 10 defensores en lenguas indígenas

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 9

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó criterios tendientes a garantizar a los indígenas del país su derecho al pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta sus usos y costumbres, condición social y económica, y en general su estado de vulnerabilidad. Sin embargo, los buenos deseos del máximo tribunal chocaron con una cruda realidad: el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cuenta únicamente con sólo 10 defensores ‘‘certificados’’ en lenguas indígenas.

Esta realidad quedó plasmada en los cinco amparos que resolvieron los ministros en los que aprobaron los criterios en materia de justicia para indígenas, luego de pedir al IFDP un informe sobre la cantidad de defensores que reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para que la defensa de los indígenas esté garantizada.

En un informe que envió el IFDP a la Suprema Corte, sobre la situación que hay con los defensores públicos federales que apoyan a los indígenas sujetos a proceso penal, se señala que los 10 defensores están certificados en las lenguas chinanteca, maya, purépecha, rarámuri, tzetzal, tzotzil, triqui, yaqui y zapoteco.

Compleja tarea

El propio instituto reconoce en su texto que hasta la fecha ha sido incapaz de ‘‘encontrar personas hablantes de todas las lenguas que hay en cada estado’’.

Agrega que es ‘‘un poco compleja la tarea de fomar una base confiable de profesionales en derecho certificados en lenguas y cultura indígenas’’, porque lo ideal es que el defensor público hable la lengua natal y conozca las costumbres de sus defendidos.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en su catálogo oficial, señala que hay en el país 68 agrupaciones lingüísticas y 365 variantes (aunque en el documento aclara que cada una debe ser tratada como una lengua distinta).

El pasado miércoles, los ministros de la primera sala resolvieron cinco amparos presentados por indígenas de Guerrero y de Chiapas (sentenciados por delitos contra la salud, homicidio e intento de violación), en los que concedieron amparo para efecto de que se les dicte nueva sentencia, en razón de que fue violado su derecho al debido proceso, entre otras cosas porque no se cumplió con el artículo segundo constitucional, el cual establece que los indígenas deberán contar con un intérprete para su adecuada defensa

Miente Peña Nieto; le urge dar el petróleo a extranjeros: AMLO

El día 5 los consejeros de Morena definirán en el DF el plan de acción

Andrés Manuel López Obrador durante un acto en Minatitlán, Veracruz, donde se eligió el nuevo comité municipal de MorenaFoto La Jornada

René Alberto López y Jesús Lastra

Corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 13

Coatzacoalcos, Ver., 31 de enero. Desde esta región petrolera del sureste, Andrés Manuel López Obrador convocó a una campaña nacional de concientización para impedir la privatización del petróleo, que –aseguró– pretende realizar el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante la renta simulada del hidrocarburo, para entregar 60 por ciento de las ganancias a compañías extranjeras.

Peña Nieto no había hablado del tema; ayer lo hizo porque les urge entregar la renta petrolera, pero miente cuando dice que no van a privatizar, aunque ayuda que hable en ese sentido, porque la gente lo entiende al revés: si afirman que no, es porque lo van a hacer, y la población lo que entiende es que ahí viene el garrotazo.

El líder opositor explicó que,efectivamente, no están privatizando Pemex: quieren privatizar el petróleo, pero lo vamos a impedir con la movilización pacífica y la participación del pueblo.

Aseguró que el próximo 5 de febrero se reunirán en la ciudad de México los consejeros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para organizarse y definir el plan de defensa del petróleo.

López Obrador arribó después de las 13 horas al palenque de la Expo Feria de Coatzacoalcos para encabezar la asamblea municipal de Morena, y por la tarde comenzó prácticamente la defensa del petróleo, pues fue recibido por decenas de hombres y mujeres que portaban pancartas con las leyendas:No a la venta del petróleo, Pemex no se vende, Pemex, patrimonio de los mexicanos.

Ante sus seguidores, advirtió que si se privatiza el hidrocarburo las cosas se pondrán peor en el país, y les preguntó:¿podemos contar con ustedes para defender el petróleo? El sí fue unísono.

El tabasqueño reiteró que es mentira que con la reforma energética habrá crecimiento y más empleo en el país;eso es puro cuento, dijo. Asimismo, afirmó que los gobiernos federales tienen 30 años privatizando y la situación del país sigue igual.

Aunque acusó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de recibir órdenes del secretario de Goberna- ción, Miguel Ángel Osorio Chong, en los temas relacionados con la liberación de la francesa Florence Cassez y la monstruosidad cometida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ex candidato presidencial enfocó su intervención al tema petrolero.

Subrayó que su movimiento tiene dos prioridades: organizar a Morena y la defensa del petróleo. Insistió en que sila mafia en el poder logra la renta de la extracción de crudo, se dejará sin presupuesto al país y estaríamos peor que ahora, porque se dejaría de apoyar programas educativos, de salud y el desarrollo en general, lo mismo que afectaría a comerciantes y productores con los permanentes aumentos en la gasolina.

Explicó a sus partidarios que deben difundir Regeneración –el periódico que edita Morena–, pues aseguró que ahí se informa de lo que algunos medios no mencionan; refirió, por ejemplo, el caso del avión que compró Peña Nieto en 6 mil 300 millones de pesos: el doble del presupuesto destinado a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El ex candidato presidencial encabezó más tarde la asamblea de Morena en el municipio de Minatitlán, donde insistió en la defensa del crud

Inédito, que 33 organizaciones busquen ser partido político: IFE

No aumentará el costo de financiamiento; la bolsa se reparte entre todos

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 15

El Instituto Federal Electoral (IFE) había recibido hasta ayer 33 notificaciones de organizaciones que pretenden convertirse en partido político, si bien aún no era la cifra definitiva, porque el plazo para el registro vencía a la medianoche. El consejero electoral Lorenzo Córdova dijo que en las últimas horas se recibieron seis solicitudes.

Para el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a partir de hoy empieza la segunda etapa del largo proceso para constituirse en partido político. Reconoció que la cifra es inédita en la historia del IFE, toda vez que en 2007 acudieron 15 organizaciones a realizar los trámites, y en ningún caso se otorgó el registro, por incumplir los requisitos señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Aunque se congratuló de que haya interés por formar nuevos partidos, porque esto es expresión de la pluralidad del país, reconoció que el gran número de organizaciones hará más complejo el proceso para el IFE. Sin embargo, señaló que el despliegue territorial que tiene el organismo a escalas distrital y estatal le permite canalizar los trámites.

La notificación al instituto y la entrega de documentos preliminares es el primer paso de un largo proceso que concluirá en agosto de 2014, cuando el Consejo General apruebe o rechace el registro.

Córdova mencionó que la realización de las 20 asambleas estatales o 200 distritales para acreditar una militancia equivalente a 0.26 por ciento del padrón electoral (220 mil militantes) es el verdadero desafío que tienen las organizaciones para constituirse en partidos políticos, y enero de 2014 es la fecha clave para completar los requisitos, porque es cuando deben efectuar la asamblea nacional de aprobación de documentos.

Afirmó que el IFE está preparándose para el procedimiento, para lo que empezó el proceso de capacitación a sus funcionarios estatales y distritales. El personal del instituto debe supervisar la realización de las asambleas para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos: asistencia de 300 o 3 mil militantes, según se trate de asambleas distritales o estatales, respectivamente, y que quienes asistan sean ciudadanos residentes de dichas demarcaciones.

A pregunta expresa, Córdova subrayó que todas las organizaciones tienen obligación de presentar informes mensuales de los gastos relacionados con la construcción del partido político. El eventual incumplimiento de esta disposición será valorado en su momento por el Consejo General, como parte del proceso de aprobación del registro.

Cuestionado sobre la cantidad de organizaciones solicitantes, el consejero considera positiva esta situación, porque habla de la pluralidad. Precisó que, a diferencia del pasado, el número de partidos con registro no impacta en incrementar el costo de la democracia. La bolsa de dinero entregada y los espacios en radio y televisión no se modifican en función de la cantidad de partidos, sino que es una sola y se distribuye entre los existentes .

Esto obedece a un cambio en el cálculo del financiamiento de partidos, toda vez que hasta antes de 2007, el total de institutos era un factor en el cálculo global de las prerrogativas para todos

PRD no descarta fallas al contar gastos de campaña de Movimiento Progresista

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 16

La dirigencia nacional del PRD no descartó fallas en la contabilidad de gastos de la campaña presidencial de Movimiento Progresista.

Eso no lo descarto; presentamos una parte que se suponía era la información consolidada de toda la coalición, y luego los otros partidos (PT y Movimiento Ciudadano) presentaron informes adicionales, pero que tienen que ver con los gastos de campaña, señaló en entrevista el presidente nacional perredista, Jesús Zambrano.

Retó a que se señalen las fallas técnicas que pudieron haber tenido los tres partidos de izquierda, y se admitirán sin duda alguna. Lo que de ninguna manera acepto es que el PRD y la coalición y su candidato a la presidencia de la República hayan rebasado el tope de gastos de campaña.

En la sede nacional del partido, Zambrano insistió en que el IFE sumó informes de las tres elecciones que hubo en 2012 –para presidente de la República, senadores y diputados– en su informe y criticó el trato desigual que ha dado el órgano electoral a las fuerzas políticas.

Pedimos un trato igual. No estamos solicitamos otra cosa, porque fue evidente el derroche de recursos, el dispendio en la campaña presidencial del PRI. Afirmó que es evidente la actitud de saña con la que se maneja la Unidad de Fiscalización (del IFE contra el Movimiento Progresista) en su juicio final.

Pero, dijo, una cosa es que pueda haber fallas técnicas, problemas de presentación de documentación (y) otra cosa es el fondo del asunto, que tiene que ver con que se invirtieron los papeles: los violadores de la ley son los únicos que cumplieron con la misma, y los que sí cumplimos con ella somos los únicos que habríamos violado el tope de gastos de campaña, reiteró.

Dijo que ya instruyó a la secretaría de finanzas del PRD para que realice un análisis minucioso de los gastos de campaña reportados, además de que ya escudriñan el informe de la Unidad de Fiscalización, que apuesta por que se les sancione.

No obstante, en breves declaraciones, el secretario de Finanzas del partido, Xavier Garza, rechazó que incurrieran en irregularidades al presentar los gastos de campaña de su ex candidato presidencial.

Dijo que presentará informes en conferencia de prensa posterior

El diálogo de Gobernación con el SME, sólo en el marco del fallo de la Corte: Navarrete

Los empleados de LFC son especializados, y siempre podrán ser recontratados en distintas áreas

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 17

El gobierno federal tiene una propuesta de indemnización muy alta, superior a la que la ley hubiera determinado para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no han cobrado su liquidación, señaló ayer el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.

Cuestionado respecto a la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarles el amparo a los afiliados al SME para que fueran recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como patrón sustituto, luego de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el funcionario reiteró que dicho fallo ya no es un tema a discusión; debe acatarse.

En este sentido –dijo–, la STPS tiene una función importante, que es garantizar que todos los trabajadores que son objeto de esta resolución reciban la liquidación correspondiente en los términos legales. Insistió en que hay un ofrecimiento de indemnización superior a lo que marca la ley.

Asimismo, planteó que la liquidaciónes un derecho para cada uno de los trabajadores que componían el Sindicato Mexicano de Electricistas. No obstante, reiteró la voluntad de diálogo del gobierno federal con el SME; dijo que en la reunión a que fueron convocados los dirigentes del gremio con el secretario de Gobernación, la discusión deberá estar enmarcada en las decisiones judiciales emitidas, ya que dentro de la civilidad democrática y del respeto a las instituciones se pueden encontrar salidas a cualquier problema social.

A pregunta expresa sobre si ofrecen otra vez bonos adicionales a los electricistas para que cobren su liquidación, dijo que lo que hay es una propuesta de indemnización muy alta, superior a la que la ley hubiera determinado, y en este momento es lo que nosotros podemos respaldar. ¿Qué más se puede dialogar con el gobierno federal? Esto implica un ejercicio de dos partes.

Entrevistado en el contexto de la revisión del contrato de ley de la industria de la radio y la televisión, Navarrete Prida planteó que el personal de la extinta Luz y Fuerza del Centro es especializado. En el transcurso de su vida siempre tendrán posibilidades de recontratación en distintas áreas de la industria. Agregó que la dependencia, a través del Servicio Nacional de Empleo, está dispuesta a apoyar en todo lo que se pueda a los miembros del SME, no de dientes para afuera; la dependencia mantendrá las puertas abiertas para ellos.

En cuanto a las movilizaciones anunciadas por el gremio, expuso que este es un derecho constitucional de libre manifestación, siempre y cuando se haga en el marco de la ley, no se lesionen derechos de terceros y que detrás de la marcha haya voluntad de diálogo para llegar a acuerdos.

Sobre las revisiones salariales y contractuales que llevan a cabo diversos sindicatos, expuso que México tiene un saldo positivo, sin huelgas; precisó que ayer se firmó el acuerdo con el gremio de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que obtuvo 3.9 por ciento de aumento; que la negociación con el Sindicato del Colegio de Bachilleres va caminando muy bien, igual que la de los trabajadores de Chapingo, e incluso la que se lleva a cabo con el sindicato de Notimex.

También se refirió al programa de 100 días de inspecciones en la zona carbonífera de Coahuila; dijo que van 100, como resultado de las cuales se han cerrado cerca de 20 de los llamadospocitos, y que se está buscando la transformación de las condiciones laborales en los mismos

Sindicalistas crearán frente para exigir juicio político contra la Suprema Corte

Trabajadores organizan marcha del Ángel al Zócalo y manifiestan su apoyo al SME

Según los organizadores, 60 mil personas participaron en la marcha de trabajadoresFoto Yazmín Ortega Cortés

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 18

Organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Mexicano, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y decenas más de gremios sociales determinaron anoche agrupar sus luchas en un gran frente de unidad, demandar al gobierno priísta un cambio de rumbo económico y político, cese de la represión y del golpeteo contra los sectores democráticos e iniciar juicio político contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En una amplia movilización que llevaron a cabo ayer, en la que marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México y culminaron con un mitin al frente de Palacio Nacional, los gremios agrupados en el Frente Amplio Social señalaron que el gobierno priísta continúa la política antiobrera del anterior sexenio, tiene cooptadas las instituciones de justicia y repudiaron las reformas laboral y educativa.

Los sectores calificaron en pancartas y consignas de nefasta la actuación de la SCJN, y dieron su apoyo unánime a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de Mexicana de Aviación y del sindicato minero.

Descontento de clase

Marcharon tanto los pilotos de aviación con sus uniformes, que los electricistas con sus clásicas camisetas rojas –en las que ahora se leía la palabra Justicia–, amplios contingentes de campesinos tuvieron presencia, con un enorme listado de demandas. El mayor número de trabajadores lo aportaron los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el del SME, Telefonistas, a los que se sumaron agremiados de decenas de organizaciones. Asimismo, estuvieron presentes los del movimiento de Atenco con su dirigente, Ignacio del Valle, y los infaltables del Frente Popular Francisco Villa, así como líderes del magisterio democrático.

En el mitin, los gremios acordaron fomentar la unidad, hacer a un lado los protagonismos y defender en un frente los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad que están siendopisoteados por el régimen, según plantearon dirigentes como el del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez; del SME, Martín Esparza; de la Conorp, José Jacobo Femat, de Telefonistas y también de la UNT, Francisco Hernández Juárez, líderes de la Coordinadora Plan de Ayala, entre otros muchos oradores que tomaron la palabra.

También manifestaron rechazo unánime a la política económica y social del presidente Enrique Peña Nieto. Señalaron que su gobierno está llevando al país a una mayor situación de apremio económico. Además, ratificaron su compromiso de agotar todos los recursos legales, políticos y de movilización social para revertir las reformas laboral y educativa, y prevenir la imposición de más proyectos neoliberales. También subieron a tribuna dirigentes como el de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Juan Carlos Díaz Chávez Morineau, para demandar una solución de parte del gobierno federal a su conflicto y que no se deje en la calle a 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación.

Esparza, a su vez, preguntó a los miles de trabajadores electricistas ahí reunidos si iban a acatar la resolución de la SCJN, a lo que el respondieron con unNo unánime. Les cuestionó acerca de si iban a aceptar las nuevas liquidaciones que les ofrecían y la respuesta multitudinaria fue la misma. Luego de calificar a la Corte como la más corrupta del mundo, señaló que se someterá a este tribunal a un juicio político-popular para que el pueblo juzgue su actuación.

La resolución de este tribunal contra el SME, abre la puerta para que en el futuro, por una decisión administrativa del Ejecutivo federal, también se extingan o privaticen la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la educación pública y se mande a la calle a todos los trabajadores.

Al arranque de la movilización, el dirigente del comité ejecutivo nacional democrático de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, Artemio Ortiz, dio lectura al pronunciamiento que acordaron todos los gremios, en el que proponen que para salir de la postración del país, se tiene que transitar de un pacto político a uno social, que tenga un compromiso con la sociedad, así como crear un mecanismo de diálogo social incluyente en que estén consideradas todas las voces y que se reflejen en un Plan Nacional de Desarrollo.

En la movilización, que según sus organizadores aglutinó cerca de 60 mil trabajadores y fuentes de Seguridad Pública dijeron que eran 11 mil, marcharon gremios de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central Campesina Cardenista, de los sindicatos Nacional de Mineros, Trabajadores de Nacional Financiera, la Alianza de Tranviarios, del Monte de Piedad, de Unorca (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas ), el Sindicato Independiente de Tornel, del Colegio de Bachilleres, del movimiento #YoSoy132, entre otros muchos.

Al final, quedaron en el Zócalo pancartas en las que se leía La SCJN libera a una secuestradora y condena a 16 mil 599 trabajadores

Viola multinacional amparo en Oaxaca

Octavio Vélez A.

corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 20

Oaxaca, Oax. La multinacional Mareña Renovables intentó continuar el miércoles con las obras del parque eólico San Dionisio, en la Barra Santa Teresa, no obstante que está impedida de hacerlo desde el 6 de diciembre pasado, luego de una suspensión otorgada por el juzgado séptimo de distrito, tras una demanda de amparo que presentó el pueblo ikojts de San Dionisio del Mar, informó el coordinador general de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas. Indicó que empleados entraron al terreno, apoyados por policías estatales, pero fueron interceptados por pobladores de Álvaro Obregón, Juchitán de Zaragoza y San Dionisio del Mar, quienes les exigieron retirarse

De forma recurrente, se negó la SSP a aceptar recomendaciones

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 25

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno durante 2012. Las instancias de gobierno que no aceptaron las observaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno del estado de Sonora, los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y el ayuntamiento de El Salto, en Jalisco.

Raúl Plascencia, presidente de la CNDH expuso ante el Congreso Federal que Secretaría de Seguridad Pública Federal se negó de forma recurrente a aceptar y cumplir las recomendaciones del organismo nacional.  “En el periodo que se informa, dicha Secretaría no aceptó una recomendación referente a la detención arbitraria de dos personas, desaparición forzada y privación de la vida de una de ellas en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

“Asimismo, no ofreció evidencias suficientes que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a los derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.  Por ello, en ejercicio de la reciente atribución derivada de la reforma constitucional al artículo 102, solicité al Senado de la República citara a comparecer al secretario de Seguridad Pública para que explicara puntualmente los motivos de su negativa.”

Resolvió 4 mil 781 asuntos

El contenido del documento leído por el funcionario, señala que es preciso regular en la ley secundaria como un moderno mecanismo de rendición de cuentas que propicie una mayor observancia de los derechos humanos, pero que también que deje muy en claro, de cara a la sociedad, cuál es el compromiso que tienen los servidores públicos de observar la Constitución y particularmente de respetar los derechos humanos.

El informe que el ombudsmanpresentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también refiere que en 2012 se resolvieron 4 mil 781 asuntos en los que la autoridad asumió plenamente la responsabilidad sobre violaciones a los derechos humanos y adoptó medidas eficaces para su reparación.  También en ese año, la comisión implementó diversas acciones encaminadas a promover el conocimiento de los derechos humanos en las diferentes regiones del país, buscando orientar el trabajo institucional hacia un contacto más cercano con cada persona y con cada grupo social, y cómo fortalecer a las instituciones públicas del Estado mexicano.  El informe denuncia que el delito de criminalizar a los migrantes es práctica insostenible, pero aún más, es grave en México.

La condición de migrante no limita el debido respeto a sus derechos humanos, por ello las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a protegerlos y hacerlos valer, sin importar razones de género, edad, lugar de origen, nacional o condición migratoria.  Por ello, en esta materia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó 2 mil 625 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración, en los cuales se dio atención a 62 mil 403 personas y se llevaron a cabo 7 mil 59 gestiones con las autoridades y se realizaron más de mil 300 actividades de promoción, capacitación y enseñanza.

Otro fenómeno que en muchas ocasiones se asocia a la propia condición de los migrantes es la trata de personas, que constituye una agresión directa a la libertad y dignidad del ser humano. Desafortunadamente esta práctica, que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas, se ha expandido. A lo largo del año que se informa se organizaron más de 200 acciones de capacitación con las que se benefició a 21 mil 936 personas y se distribuyeron 32 mil 802 materiales informativos vinculados con este tema.

Atrapan a cómplice del asesino de Marisela Escobedo

Miroslava Breach y Rubén Villalpando, corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 25

Chihuahua, Chih., 31 de enero. Policías ministeriales detuvieron ayer a José Arturo Barrón Rodríguez, a quien se le vincula como cómplice en el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, perpetrado el 16 de diciembre de 2010, frente a las puertas de palacio de gobierno, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con la detención de Barrón Rodríguez –quien tiene una herida de bala en la espalda producto del enfrentamiento que sostuvo con los agentes que lo aprehendieron–finalmente se cierra el tema relacionado con la señora Escobedo, ya que se han arrestado a todos los que participaron en dicho acto violento, expresó el gobernador César Duarte Jáquez.

A El Gordo, como se le conoce, lo involucran también en la masacre ocurrida en el bar El Colorado, el 20 de abril pasado en la capital del estado, donde murieron 16 personas, entre ellas los periodistas Javier Salinas y Javier Loya, y el homicidio de Refugio Ruvalcaba, entonces director de la policía municipal de Chihuahua. La FGE está acreditando la participación de este supuesto delincuente en ambos casos.

Junto con Barrón Rodríguez fue detenido otro individuo, quien no tiene investigaciones en su contra, pero será consignado por el enfrentamiento en el que participó durante su arresto. Barrón Rodríguez fue presuntamente chofer de José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, presunto autor material del asesinato de Escobedo Ortiz. El Wicked fue detenido el 4 de noviembre de 2012 en un centro comercial de la ciudada de Chihuahua

Niegan amparo a ejidatarios de San Sebastián Bachajón

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 27

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 31 de enero. Un juez federal negó el amparo promovido por ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, quienes llevan dos años demandando la devolución de tierras ocupadas por autoridades gubernamentales y grupos oficialistas locales. Los ejidatarios, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, fueron despojados violentamente por civiles con el respaldo de la fuerza pública, de tierras de uso común, para favorecer el proyecto turístico de las cascadas de Agua Azul, municipio de Tumbalá, el 2 de febrero de 2011.

Los abogados Ricardo Lagunes Gasca y Maribel González Pedro, representantes legales de los ejidatarios, señalaron hoy que las consideraciones arbitrarias del juez José del Carmen Constantino Avendaño constituyen inequívocamente una falta de imparcialidad e independencia en su función jurisdiccional y denotandesprecio por los pueblos indígenas y por las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos.

El día de hoy, como juez séptimo de distrito, Constantino Avendaño hizo pública la sentencia definitiva, dictada este jueves, dentro del juicio de amparo promovido por el indígena Mariano Moreno Guzmán con la figura jurídica derepresentación sustituta de los bienes ejidales, por la privación parcial y definitiva de tierras de uso común de San Sebastián Bachajón, por parte de autoridades locales y federales, con la complicidad del Comisariado y Consejo de Vigilancia oficialistas usurpando sus funciones.

Según Lagunes y González Pedro,esta determinación es paradigmática para evidenciar que algunos juzgadores ceden ante las presiones de las autoridades que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios, y plantea el gran reto del Poder Judicial de la Federación para garantizar un cambio de mentalidad en sus funcionarios de todas las jerarquías, que permita una forma diferente de aplicar el derecho desde la perspectiva más amplia, progresista y protectora de los derechos humanos.

Moreno Guzmán, abundan los defensores, claramente señaló en su demanda que los actos reclamados constituyen una privación parcial y definitiva de tierras de uso común, es decir de derechos colectivos, precisando que la Asamblea General, máximo órgano del ejido, no otorgó su consentimiento para que los gobiernos federal y estatal tomaran posesión de las tierras en litigio, por lo que la interposición de la demanda no se sujeta a plazo alguno de conformidad al artículo 217 de la Ley de Amparo. Ello, porque el juez consideró extemporánea la demanda.

Moreno Guzmán exhibió ante el juez el convenio del 13 de febrero de 2011 en el que las autoridades ejidales de San Sebastián, sin autorización ni consentimiento de la Asamblea, hicieron entrega de las tierras de uso común. Aunque, de facto, dichos predios “ya estaban en posesión del Estado desde el 2 de febrero, tras el desalojo violento de indígenas adherentes de la Sexta por un grupo de civiles armados”.

Durante la tramitación del juicio de amparo, la Secretaría General de Gobierno y el presidente oficialista del Comisariado Ejidal, Francisco Guzmán Jiménez, entregaron un documento que denominaron acta de asamblea. Esta fue objetada en tiempo y forma al no cumplir con los estándares establecidos por la legislación agraria y los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Fue “elaborada para simular la legalidad del ‘convenio’”.

A juicio de los defensores, dichos documentos no cuentan con validez ni constituyen un consentimiento libre, previo e informado del máximo órgano del ejido respecto de los actos de despojo. Asimismo, la actuación previa y posterior de los representantes oficialistas demuestra que no representan los intereses colectivos de su comunidad, sino que velan por los intereses del gobierno para apropiarse de ese territorio indígena y mermar el movimiento social que lo defiende

CARTONES DE LA JORNADA

jueves, 31 de enero de 2013

Libre acceso a Internet y a información de red, garantes de derechos humanos

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 44

El libre acceso a Internet y a la información que circula en la red es un instrumento para la democratización de la sociedad y garante de derechos humanos, señalaron especialistas reunidos en la Universidad Iberoamericana, quienes discutieron sobre la iniciativa de Internet libre promovida por 70 organizaciones de la sociedad civil.

El activista y empresario Óscar Mondragón señaló que la democratización del país ha estado detenida en gran medida por el control que muy poca gente tiene sobre los medios de comunicación. Hay un malestar como sociedad y como democracia respecto de la incapacidad que tenemos para informarnos.

Agregó que las versiones de los noticiarios de los grandes consorcios televisivos difieren por completo de lo que se lee en redes sociales.

En nuestro siglo, aseguró, el derecho de asamblea está garantizado por Internet. Twitter es nuestra nueva plaza pública, mientras el derecho de expresión también lo habilita Internet, a través de blogs y otros medios.

De abrirse el acceso a Internet, dijo,el bono demográfico puede convertirse en un bono democrático. Cuando las personas que ahora tienen 10 o 12 años de edad y cumplan 18 y hayan sido usuarios de Internet durante seis u ocho años gracias a que esta generación consiguió que el Estado proveyera este servicio, habremos dado un gigantesco paso hacia adelante.

Entre 1994 y 1998 250 pequeñas y medianas empresas trajimos Internet al país y lo hicimos funcionar, mientras las empresas que han acaparado el sector no ofrecen variedad de precios ni buenos servicios.

Entre los participantes se encontraban los impulsores de dicha iniciativa, quienes recordaron que la idea es utilizar los 23 mil kilómetros de la red pública de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, para llegar a los 110 mil kilómetros que se requieren para garantizar el servicio en el territorio nacional.

León Felipe Sánchez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sugirió que los recursos para echar a andar el proyecto podrían salir del impuesto especial a productos y servicios en el sector de telecomunicaciones, de 3 por ciento, pues si nos lo están cobrando, a pesar de que nos opusimos en su momento pueden etiquetar los recursos que se generan con la recaudación de ese impuesto para invertirlos en esta infraestructura en beneficio de la población, pues Internet potencia el ejercicio de derechos fundamentales y el comercio mismo”.

Salomón Padilla, abogado especializado en tecnologías de la información, dijo que la iniciativa debe contener un capítulo de educación y otro de equipamiento, pues no basta con el libre acceso a internet si la población carece de equipos de acceso o de la instrucción necesaria.

Organizaciones feministas se manifiestan por no bajar el perfil del Inmujeres

Exigen que el gobierno dé cumplimiento a recomendaciones internacionales en equidad de género

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 46

Organizaciones feministas especializadas en temas de equidad de género y derechos humanos sexuales y reproductivos, entre otros, manifestaron que no están dispuestas a permitir que disminuya el perfil del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y se pronunciaron porque se impulse una agenda conjunta entre ese instituto y la sociedad civil organizada.

Así lo planteó Daphne Cuevas, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, quien señaló que en reciente reunión celebrada entre unas 50 organizaciones, definieron cuatro ejes prioritarios para trabajar conjuntamente con el Inmujeres.

“Se trata del cumplimiento por parte del gobierno mexicano de las recomendaciones internacionales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y de la Convención Belem do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra el género; el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el fortalecimiento y ampliación de la política de igualdad de género, entre otros.

El cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero está pendiente desde noviembre de 2009. En ese año, la CIDH señaló al Estado mexicano como responsable de las violaciones de los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos (cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001), y por no prevenir la muerte y agresiones físicas y sicológicas.

Cuevas afirmó que el Inmujeres debe fortalecer su rectoría en materia de género y convertirse en un puente con los institutos respectivos de los estados de la República.

“Dichos institutos –subrayó– no son oficinas de gobierno, sino órganos rectores que deben realizar un trabajo coordinado con las dependencias y entidades gubernamentales vinculadas con la atención de las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, y en materia de salud, educación, bienestar y otros”.

La coordinadora de Consorcio para el Diálogo indicó que tras solicitar un encuentro con la titular del Inmujeres, Lorena Cruz, están a la espera de que las reciba para tratar dichos temas y los relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales son de los más vulnerados.

En el encuentro de las organizaciones, detalló, acordamos que no vamos a permitir que se retroceda ni un centímetro en los avances logrados a la fecha por las mujeres; de hecho, ratificamos la viabilidad de la agenda feminista y la irrenunciable labor del Inmujeres de impulsar políticas de igualdad de género y respeto a las garantías individuales.

Entre las organizaciones que fijaron una agenda común sobresalen el Grupo de Información en Reproducción Elegida; Colectivo Ciudad y Género; IPAS, México; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Católicas por el Derecho a Decidir, Centro Mujeres, y otras que designaron como vocera a la coordinadora de Consorcio para el Diálogo

Por perjuicios a la UACM, el proceso contra Esther Orozco

Comisión de organización dio entrada a la solicitud del movimiento crítico para revocarle el cargo

En la segunda quincena de febrero deberá pronunciarse el pleno

Piden más cabezas

La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Esther Orozco, se presentó en la Fiscalía de Benito Juárez de la PGJDF, para responder a la acusación de usurpación de profesiones. Orozco, quien llegó minutos antes de las 11 horas rodeada de abogados, se reservó su derecho a declarar y salió una hora después por la puerta trasera de la agencia para eludir a la prensa. Al ser cuestionada sobre su situación jurídica, la funcionaria dijo, sin dejar de caminar a toda prisa, que no contestaría nada por recomendación de su abogado, quien trataba de impedir que los reporteros se acercaran a su cliente. Orozco tampoco contestó sobre el hecho de permitir a una empresa extranjera hacer perfiles de los alumnos de la UACM; por el contrario, se tapó el rostro con su bolso de mano, hasta que apresuradamente subió al auto que la esperaba en doble fila y con el motor en marcha. Podrá presentar su declaración por escrito, posteriormenteFoto Roberto García Ortiz, texto Mirna Servín

Alejandro Cruz

Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 38

En menos de 30 días el tercer Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), legalmente constituido el pasado 29 de noviembre, debe resolver sobre la revocación de mandato a la rectora Esther Orozco.

El procedimiento comenzó de manera formal ayer, luego de que la comisión de organización del CU admitió la solicitud presentada por el llamado Movimiento en defensa de la legalidad en la UACM. Se prevé que el 19 de febrero el pleno de consejeros se pronuncie al respecto.

Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, profesora del plantel San Lorenzo Tezonco, señaló que Orozco ha incurrido en faltas graves en perjuicio de la universidad, como desacatar las disposiciones del CU, ejercer el presupuesto 2012 sin la autorización del máximo órgano de la universidad, violaciones a los derechos humanos y nepotismo.

Asimismo, agregó, es responsable dedesvío de recursos para el pago de prebendas, como el otorgamiento de becas a estudiantes afines a su gestión, por encima de los méritos académicos. Además ha incumplido los acuerdos, que ella misma firmó, del proceso de resolución del conflicto por la integración e instalación del tercer CU.

Las quejas quedaron asentadas en un expediente de 20 páginas, así como 32 anexos documentales con pruebas contra Esther Orozco. También se inició una campaña de recolección de firmas para respaldar la solicitud, que la tarde ayer sumaban 300, dijo De la Vega.

La rectora será notificada del procedimiento en su contra por medio de la página web del CU, en autos que se publicarán en todos los planteles y en medios de comunicación, ante la posibilidad de que la funcionaria rechace ser informada de manera directa, señaló el secretario técnico de la comisión de organización, Carlos Eduardo González.

Señaló que Orozco tiene plazo de tres días hábiles para presentar pruebas en su favor, tiempo en el que una comisión de sustentación deberá revisar el expediente para determinar si laimputada es responsable de los irregularidades que se le imputan.

Una vez concluido ese análisis, una comisión resolutiva tendrá plazo para dictaminar si procede la revocación de mandato u otra sanción. De ser así, se pondrá a consideración del pleno del CU para su aprobación.

De confirmarse la sanción, explicó González, la rectora tendrá cinco días hábiles para presentar un recurso de revisión, que deberá resolver el pleno.

Dicho movimiento anunció que también pedirá la revocación, destitución y, de ser el caso, inhabilitación de funcionarios de la universidad como José de Jesús Ubaldo Izquierdo, abogado general; Verónica Cuenca Linares, contralora general, y Karina Chaparro Alvidrez, tesorera, entre otros

La verificación de antros no será cacería de brujas, señala Miguel Ángel Mancera

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó el convenio para combatir la trata de personas. Rosi Orozco, de Comisión Unidos Contra la Trata, le entregó un reconocimiento por la atención que pone al tema. Los acompaña Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de JusticiaFoto Jesús Villaseca

Gabriela Romero y Josefina Quintero

Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 40

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aclaró que la jornada de verificación voluntaria a establecimientos mercantiles no busca ser una cacería de brujas, por el contrario, queremos que la actividad comercial se realice conforme a la ley”.

Al encabezar la firma del acuerdo para esta jornada entre las delegaciones y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, aseguró: que se sepa que esto no es una cacería de brujas; no estamos emprendiendo una cruzada contra los negocios; al contrario, lo que queremos es el fomento de la actividad comercial en la ciudad, que todo esté conforme lo marca la norma.

Mancera señaló que su administración va por más fomento económico, por más impulso a los comercios; vamos a procurar que la gente sienta confianza de establecer sus actividades mercantiles, que tenga cercanía con las cámaras y que éstas vean en la autoridad un lazo de apoyo, de comunicación.

El presidente del Invea, Meyer Klip, detalló que los establecimientos tendrán hasta 90 días para inscribirse a esta jornada en la áreas jurídicas y de gobierno de sus delegaciones, las cuales posteriormente enviarán a personal especializado en funciones de verificación a los negocios para certificar si se cumplen todos los requisitos.

En caso de encontrar irregularidades, el dueño o representante del establecimiento contará con 30 días para subsanar las irregularidades e informar de ello a la delegación. Sin realizar deligencia alguna se archivará el expediente como asunto concluido.

Contra la trata de personas

Antes, el jefe de Gobierno participó en la firma del convenio por el cual se crea el “call center vs trata de personas”, entre el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y la Comisión Unidos Contra la Trata (CUCT).

El titular del consejo, Luis Wertman, señaló que todo delito hiere, ofende, pero la esclavitud es la que más agrede a la sociedad, porque son tres comportamientos: secuestro, maltrato y violencia.

Rosi Orozco, de la CUCT, reconoció el trabajo que se ha hecho en la ciudad de México, pues se han dictado 29 sentencias en las que 70 personas fueron condenadas y rescatado 324 víctimas de violencia extrema.

Mancera Espinosa puntualizó que la trata, la explotación, el sometimiento y la degradación de las personas se deben combatir de manera frontal.

En la ciudad de México creemos que puede darse esa lucha; una lucha que vale la pena con cada rescate de niñas o mujeres víctimas. El compromiso de todos y cada uno de los integrantes de este gobierno es que vamos a defender a las mujeres en todos los ámbitos y apoyar de manera decidida esta tarea valiente, expresó

Determinan que tres perros detenidos sí atacaron a personas

Josefina Quintero

Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 41

Análisis periciales que se hicieron a tres perros de los capturados en el área protegida del Cerro de la Estrella de la delegación Iztapalapa permitieron determinar en primera instancia que los animales participaron en el ataque a cinco personas que perdieron la vida a consecuencia de las mordeduras de los cánidos, según fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). De acuerdo con los estudios se encontraron coincidencias entre las quijadas de los animales y las huellas de las mordeduras en los cuerpos de las víctimas; sin embargo, aún no han identificado la raza a la cual pertenecen. Además el testimonio de Nancy Pacheco, sobreviviente del ataque de la jauría, ayudará a las investigaciones, pues la joven identificó a los perros capturados como los animales que se le echaron encima y le arrancaron pedazos de piel el pasado 24 agosto, por lo cual fue sometida a varias intervenciones

Edificio histórico de Orizaba ya no sirve de asilo, alega fundación

Según la directora general, el inmueble es muy frío por el tipo de construcción y porque carece de calefactores

Apoderada legal rehúsa hablar sobre la transacción con la trasnacional

Patios de la casa hogar Mier y Pesado, donde se pretende edificar una plaza comercial con una tienda Walmart y una de Sam’sFoto Sergio Hernández Vega

Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 31 de enero de 2013, p. 34

Jalapa, Ver., 30 de enero. La Fundación Mier y Pesado, que maneja desde hace 68 años una casa hogar para ancianos en su edificio, ubicado en la avenida Oriente 6 número 1653, en Orizaba, Veracruz, consideró que el inmueble no es idóneo para esa función, pese a que en la página del organismo se dice que la finca se erigió ex profeso para brindar tal servicio.

Durante la presentación del proyecto Patio Orizaba, en diciembre de 2012, la directora general de la Fundación Mier y Pesado, Mónica Balmori García, sostuvo que el edificio que alberga el asilo desde 1944 no es funcional para dar una excelente calidad de vida a los adultos mayores.

Consideró que si bien el edificio es emblemático, para los propósitos de la fundación se ha vuelto obsoleto en términos de la calidad del servicio que tenemos la obligación de dar.

Agregó que, entre otros inconvenientes, el inmueble es muy frío, sobre todo en invierno, debido a que no hay calefacción y los muros son gruesos y los techos muy altos. Además, los sanitarios son compartidos y no hay calefacción.

En esa ocasión, Balmori dijo a periodistas que el edificio es propiedad de la Fundación Mier y Pesado; sin embargo, para que la fundación pueda mejorar y crecer tendrá que venderlo, aunque no puedo hablar de negociaciones.

La Jornada buscó a la apoderada legal del organismo para hablar sobre el interés de la trasnacional Walmart en construir un centro comercial en el edificio, catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes patrimonio artístico del país. A última hora canceló la entrevista.

Por medio de su asistente, Ernestina Salazar, mandó decir: “La fundación tiene conocimiento del artículo publicado enLa Jornada (este miércoles, sobre los planes de Walmart) y no tiene interés en realizar ningún comentario al respecto”.

La casa hogar fue una donación de Isabel Pesado de la Llave, duquesa de Mier, hermana mayor del general José Ignacio Cesáreo de la Luz de la Llave y Segura, por quien el estado tiene el nombre oficial de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su lecho de muerte, Isabel Pesado nombró albacea a su hermana Trinidad Pesado de Rubín, y dispuso que se dieraasistencia social a niños y adultos mayores, indica la página electrónica de la fundación.

El sitio cita un acta de cabildo fechada en Orizaba, Veracruz, el 5 de marzo de 1940, la cual especifica que el proyecto de la casa hogar Mier y Pesado de Orizaba se inició en 1936 y se inauguró en junio de 1944.

La fundación detalla que la construcción cuenta con 100 habitaciones individuales, amplios jardines, capilla y comedor hechos de cantera, piedra labrada y teja lomuda (teja árabe).

La casa hogar se rige por un patronato, con apego a sus estatutos y a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal (donde se registró el domicilio legal de la fundación), en forma directa y a través de la administración general y direcciones subalternas.

Jorge Isaac Sarquís Ramírez, investigador de la Universidad Veracruzana y representante de la organización Los Orizabeños Unidos Pro Conservación del Edificio Mier y Pesado, dijo que con el proyecto Patio Orizaba se comete una arbitrariedad.

La fundación debe apegarse al artículo 39 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, que estipula que al vender un inmueble que se dedica a la asistencia social se debe hacer una oferta a la institución o instituciones que designe el consejo directivo, de preferencia entre las que tengan un objeto análogo, dijo.

La organización pidió que el municipio compre el edificio y le dé uso apropiado. Tenemos entendido que el ayuntamiento hizo una oferta, pero no sabemos por qué la rechazó la fundación. Quizás hay más dinero con Walmart