Atropella grullero de la SSP-DF a niño de 5 años

Un niño de cinco años de edad fue atropellado por el conductor de una grúa de la dirección de Transportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), que se pasó un alto en el cruce de Eje Central esquina con la calle Chopin, en la colonia Peralvillo. El chofer del vehículo oficial, número 84710, pretendió darse a la fuga, pero un taxista lo alcanzó, por lo que algunos vecinos intentaron golpearlo, según testigos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15 horas de ayer, cuando una señora, acompañada de sus dos hijos, cruzaba Eje Central, y la grúa –que circulaba por el carril confinado de Eje Central en dirección al sur– se pasó el alto e impactó al menor, provocándole una fractura expuesta en la pierna izquierda.

Sin embargo, después del accidente, el conductor, identificado como Sergio Guzmán Soto, aceleró e ingresó a la calle Juventino Rosas en sentido contrario, hasta que fue interceptado por un taxista, según versiones de vecinos.

La gente se enojó mucho, ya le iba a pegar al chofer, pero en ese momento llegaron uniformados de la SSP-DF, declaró Hugo Maldonado, testigo.

A la calle de Chopin también arribó una ambulancia que trasladó al menor al hospital Magdalena de las Salinas, donde fue operado. En tanto, fuentes de la SSP-DF señalaron que Guzmán Soto fue presentado ante una agencia del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina señaló que de comprobarse la responsabilidad del operador de la grúa en el accidente, la dependencia cubrirá los gastos médicos

Liberan a tuiteros de Veracruz; el gobierno se desistió de cargos

Liberan a tuiteros de Veracruz; el gobierno se desistió de cargos

María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez, al salir del penal de Pacho Viejo luego que el gobierno de Veracruz sobreseyó el proceso en su contra por terrorismo equiparado y sabotajeFoto Sergio Hernández Vega

Andrés Timoteo Morales

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 22 de septiembre de 2011, p. 34

Jalapa, Ver., 21 de septiembre. “¡Éste es un triunfo de la libertad de expresión, de los tuiteros y de la sociedad!”, gritó la cibernauta María de Jesús Bravo Pagola al cruzar la puerta del penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, tras ser liberada junto con el profesor Gilberto Martínez Vera la tarde de este miércoles, luego del sobreseimiento de su proceso judicial.

Por la mañana, el procurador general de Justicia del estado, Reinaldo Escobar Pérez, se desistió de las acusaciones de terrorismo equiparado y sabotaje por la difusión –mediante cuentas de Twitter y Facebook– de versiones sobre supuestos ataques del crimen organizado contra escuelas públicas el 25 de agosto, por lo cual fueron detenidos el día siguiente.

El retiro de los cargos fue anunciado previamente por el gobernador Javier Duarte de Ochoa en su cuenta de Twitter: Al existir una nueva legislación que tipifica la conducta de las dos personas que causaron disturbios, la PGJE se desistirá de la acción penal.

Al mediodía, el procurador Escobar Pérez remitió a la juez tercera de primera instancia, Beatriz Rivera Hernández, el oficio PGJ/OP/6340/2011, en el cual se desistió de las acusaciones, con fundamento en la buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia y profesionalismo que rigen la actuación del Ministerio Público en el estado.

Escobar Pérez agregó que el desistimiento también obedeció a las recientes modificaciones al artículo 373 del Código Penal del estado. Aunque no lo menciona, el ordenamiento se refiere al delito de perturbación del orden público, que la víspera los diputados locales tipificaron como ilícito que se castiga con pena de uno a cuatro años de prisión.

Los abogados de ambos detenidos, Fidel Ordoñez y Claribel Guevara, aclararon que el desistimiento de los cargos contra sus clientes, a quienes se atribuyó provocar pánico y sicosis en la conurbación Veracruz-Boca de Río el 25 de agosto, no fue un acto de buena fe ni de magnanimidad. Simplemente se reconoció que no había delito que perseguir. Fue una pifia jurídica; el procurador se desistió porque tarde o temprano se caería este proceso ilegal, expuso Guevara, quien aseguró que los dos cibernautas se reservarán su derecho de exigir la reparación del daño moral.

A las 14:35 horas ambos tuiteros fueron presentados en la ventanilla 7 del juzgado tercero de primera instancia, donde el secretario de cuenta Ricardo Morales Carrasco leyó y les dio a firmar el acta de sobreseimiento. Mientras Gilberto Martínez Vera hacía con los dedos la V de la victoria, Maruchi Bravo lloró y agradeció el apoyo de los medios de comunicación, de “los tuiteros solidarios”, así como de la sociedad de Veracruz y del mundo. Una hora más tarde, cruzaron la puerta principal del reclusorio y fueron recibidos por sus familiares

Ocultan gastos de Peña Nieto en difusión

Toluca, Méx. El secretario de Finanzas del gobierno estatal, Raúl Murrieta Cummings, defendió el gasto que la administración de Enrique Peña Nieto hizo en difusión, pero evadió aclarar a los diputados mexiquenses la cifra exacta que se destinó para contratar espacios en medios de comunicación durante el sexenio 2005-2011, especialmente con Televisa y Tv Azteca. El funcionario compareció ayer ante el Congreso local para la glosa del último Informe de gobierno de Peña Nieto y omitió precisar cuánto se pagó a dichas televisoras con el argumento de que la Coordinación de Comunicación Social estatal tiene esos datos

Miles en Cisjordania respaldan la solicitud de reconocimiento como país miembro de la ONU

Miles en Cisjordania respaldan la solicitud de reconocimiento como país miembro de la ONU

Los palestinos salieron a las calles de Nablus para respaldar la solicitud de reconocimiento al Estado palestino ante la ONUFoto Ap

Afp, Reuters y Dpa

Periódico La Jornada
Jueves 22 de septiembre de 2011, p. 3

Ramalá, 21 de septiembre. Decenas de miles de personas salieron hoy a las calles de las principales ciudades de Cisjordania para respaldar la solicitud de reconocimiento de un Estado palestino como miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que el presidente palestino Mahmoud Abbas ofreció presentar este viernes ante el organismo internacional.

Las manifestaciones, en las que participaron unas 15 mil personas convocadas por las autoridades palestinas de Cisjordania, tuvieron lugar en Ramalá, sede de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en Nablus, Hebrón, Belén y Jericó, entre otras. Se reportaron algunos incidentes en el punto de control de Qalandia, entre Ramalá y Jerusalén.

En Ramalá, la multitud se reunió en la histórica plaza de Manara, en el centro de la ciudad, bajo un inmenso cartel en el cual se leía: campaña nacional por Palestina, el Estado 194. La ONU tiene 193 países miembros.

Estudiantes, jóvenes, empleados públicos, activistas y representantes de distintas facciones políticas abrieron la demostración en Ramalá con una visita a la tumba de Yasser Arafat, fundador de la ANP. El pueblo pide la liberación de Palestina, coreaban los manifestantes.

En un escenario, se colocó una silla celeste, color de la ONU, que simboliza el asiento 194 que los palestinos esperan obtener.

Exigimos que el mundo reconozca nuestro Estado como nos lo prometió hace más de 60 años, reclamó la gobernadora de Ramalá, Leila Ghanan, en referencia a la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que preveía la creación de un Estado judío y otro árabe en Palestina.

Abil Abu Rudeina, vicepresidente de la ANP, reiteró en Nueva York que el fin de la ocupación es la única vía para la paz. Aceptaremos reanudar las negociaciones cuando Israel reconozca las fronteras de 1967

Acusación en EU a Zedillo por Acteal documenta su intervención en el caso

La demanda contra Ernesto Zedillo por crímenes contra la humanidad, presentada el pasado 16 de septiembre en la corte de distrito de Connecticut, señala que el entonces presidente y el procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar conspiraron para encubrir la responsabilidad del Ejecutivo antes, durante y después de la masacre de Acteal.

La acusación en aquella corte estadunidense se sustenta en los siguientes delitos: crímenes de guerra; crímenes contra la humanidad; castigo cruel, inhumano y degradante, terror y violencia para violar la libertad de asociación, y terror y violencia para violar la libertad de pensamiento, opinión política y libertad para ejercer derechos políticos.

El contenido del amplio expediente documenta que Ernesto Zedillo supo con anticipación de la inminente matanza. El 30 de septiembre de 1997 habitantes del poblado de Chenalhó le entregaron una carta al entonces presidente de la República, y al en ese tiempo gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, en la que denunciaban agresiones en su contra.

Días después, el 18 de octubre, el obispo Raúl Vera López envió una carta a Ernesto Zedillo, por conducto del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor. En aquel documento el obispo Vera advertía al Ejecutivo que un baño de sangre era inminente. Incluso el mismo Chuayffet declaró con posterioridad que él le había entregado la carta personalmente a Zedillo antes de la matanza.

Para el 21 de diciembre, un día antes del homicidio en masa, un grupo de desplazados denunció ante legisladores que visitaban el poblado vecino de Polhó que miembros de su comunidad estaban secuestrados por pobladores contrarios al EZLN.

El 22 de diciembre de 1997, día en que ocurrió la matanza, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, avisó personalmente a Ernesto Zedillo que la matanza se estaba perpetrando en Acteal

Caracol de resistencia hacia un Nuevo Amanecer

Junta de Buen Gobierno el camino del futuro Chiapas, México 19 de septiembre 2011

A los compañeros y compañeras de la sexta internacional

A la sociedad civil nacional e internacional.

A los compañeros y compañeras de la otra campaña nacional e internacional

A los compañeros y compañeras de los medio de alternativos

A los hermanos y hermanas de México y del mundo

Al organismo de Derechos Humanos nacional e internacional consecuentes y honesto.

Hermanos y hermanas. La Junta de Buen Gobierno denuncia a la opinión pública sobre la provocación y el despojo de las tierras recuperadas, por parte de un grupo de personas que son de la ciudad de Ocosingo del barrio Puerto Arturo y San José las Flores y se dicen que no tienen organización que son independiente

1.- el día de ayer 18 de septiembre del presente año, un grupo de 45 personas que se dicen ser independientes, llegaron a posesionarse en el poblado Nuevo Purísima que pertenece al municipio autónomo Francisco Gómez, es un terreno recuperado de 178 hectáreas donde se encuentran trabajando y posesionados nuestros compañeros bases de apoyo zapatista.

Estas personas son gentes organizados por el mal gobierno y se prestan para provocar a los bases de apoyo del EZLN. Incluso estas 45 personas fueron transportados por 2 camionetas de tres toneladas de la presidencia municipal de Ocosingo, que encabeza Arturo Zúñiga Urbina.

Hoy en la mañana un compañero fue a preguntarle bien sobre que organización pertenecen y la señora Angélica Matilde de Ocosingo Chiapas la que encabeza el grupo ella respondió muy amenazante, y todos respodieron que no tienen organización y dijeron que están dispuesto de lo que salga y decian que tienen documentos, todos están armados con machete.

2.- El 19 de septiembre como a las 8 horas de la mañana, otro grupo de 100 personas de la rancherias Las Conchitas y el ejido P’ojcol, municipio de Chilón, Chiapas, que son paramilitares, tambien entraron a posesionarse en terreno recuperado, donde trabajan y están posesionados nuestros compañeros bases de apoyo zapatista del poblado Nuevo Paraíso que pertenece al municipio autónomo Francisco Villa.

Estas personas paramilitares están armados con arma de fuego de diferentes calibres. En las horas que llegaron comenzaron a medir los alrededores de los cuatro lados del terreno recuperado. De todo estos hechos ocurridos responsabilizamos directamente a los tres niveles del mal gobierno estatal, federal y municipal, especialmente Juan Sabínes Guerrero. Todo esto sabemos muy bien que son planes, con sus mismas mañas, siempre nos están chingándo, organizando gentes para provocarnos, arreglando escrituras de las tierras recuperadas, o sea mas claro provocando conflicto para obstaculizar nuestra autonomía.

Son los 3 niveles de malos gobiernos los que organiza los paramilitares son los manipuladores de la gente y organiza las provocaciones, son los presidentes municipales, Sabines, Calderón, que los pagan a los dirigentes quienes organizan. Son los mismos que estan falsificando los documentos de tierras recuperadas.

Calderón y Sabines son los principales dirigentes de los paramilitares.

¿Dónde esta la paz que tanto dicen? Que no se canza de decir Sabines y Calderón.

¿Esto es la paz que manda gentes armados para desalojarnos en nuestras tierras? ¿esto es el desarrollo que da las Naciones Unidas?

Claramente esta que el dinero que da la ONU y PNUD es para armar paramilitares en contra de nuestras bases de apoyo, destruir nuestra autonomía. ¿dónde esta el desarrollo que esta diciendo estos malos gobiernos mentirosos ?

Hermanos y hermanas: estamos denunciando y denuncien las agresiones en contra nuestra y nada hace los 3 niveles de malos gobiernos. No hacen nada por que son los mismos organizadores, ellos los planean con el dinero de los impuestos del pueblo de México y de la ONU, gastan por destruir. La paz digna que queremos nosotros los zapatista, no queremos morir pero los malos gobiernos nos obligan a morir, por que vamos a defendernos, por eso que quede claro. Todo lo que pasara es culpable Calderón, Sabínes y los municipales.

La junta de buen gobierno declara públicamente que todas las tierras recuperadas por el EZLN, lo vamos a defender cueste lo que cueste y lo sabe muy bien el mal gobierno que las tierras recuperadas ya an sido pagadas desde el año 1994. Y ya no vamos a permitir que nos vengan a quitar nuestras tierras y tampoco permitiremos a que sigan despojando ni hostigando a nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas.

Atentamente

Junta de Buen Gobierno

Caracol III de la Garrucha

Zona Selva Tzeltal

Walter Ruiz, Macario Lorenzo, Germán López, Darinel Moreno, Feliciano Cortéz y Estela Gómez

CARTONES DE LA JORNADA

CARTONES DE LA JORNADA

Piden al Vaticano colaborar para que sean enjuiciados pederastas en la CPI

Roma, 20 de septiembre. Un grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos pederastras pidieron hoy a trabajadores del Vaticano que colaboren y den a conocer todo lo que sepan sobre este asunto, para hacer posible una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).

El silencio es complicidad, aseguró el miembro de la Red de Supervivientes de Víctimas de Abusos Sexuales por Sacerdotes (Snap, por sus siglas en inglés), Peter Isley, al señalar que quien informe sobre casos de abusos hará posible que se lleve a cabo una investigación internacional.

Cientos de empleados actuales y ex empleados del Vaticano tienen información sobre abusos sexuales a niños, sostuvo.

Hace una semana, un grupo de víctimas de Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Holanda –países en los cuales en los últimos años han sido numerosos los casos notificados sobre presuntos abusos sexuales perpetrados por sacerdotes– presentó en La Haya una querella formal contra el Vaticano ante la CPI. Entre los delitos que se denuncian están abusos sistemáticos, entre ellos violaciones que fueron –afirma al Snap– consentidas por el Vaticano.

El papa Benedicto XVI se reunirá con algunas víctimas de sacerdotes pederastras durante el viaje de cuatro días que realizará a Alemania, una de las naciones más afectadas por este tipo de escándalos, a partir del próximo jueves.

Wilfried Fasselman, quien en su niñez sufrió los ataques de un sacerdote, dijo que hablará con el representante de la Iglesia católica. Le pediré sus disculpas personales y lo interrogare... quiero saber por qué encubrió todo, indicó.

Por lo pronto, en Bélgica, realizará exámenes sicológicos a los seminaristas que aspiren al sacerdocio para impedir que aquellos que muestren tendencias a la pedofilia ingresen a la institución. La Iglesia debe proteger a sus niños, subrayó el arzobispo André Joseph Leonard.

En tanto, la organización católica conservadora Opus Dei se enfrentará en Francia a un proceso judicial el jueves en el Tribunal Correccional de París por denuncias de trabajo encubierto y retribución contraria a la dignidad.

El tribunal juzgará a dos miembros de la Obra y de la Asociación Cultura Universitaria y Técnica (ACUT), luego de que la joven Catherine T. presentó una demanda por manipulación mental, condiciones de trabajo embrutecedoras y situación de dependencia económica desde que ingresó a la escuela Técnica de Hostería Dosnon, que depende de la ACUT, y durante los posteriores contratos de trabajo en organismo o asociaciones que dependían del Opus Dei, afirmó el abogado Rodolphe Bosselyt

Aprueba el Senado que el Estado se obligue a proporcionar la educación media superior

Por unanimidad, el Senado aprobó, con algunos cambios, la reforma constitucional que establece la obligatoriedad del Estado a proporcionar educación media superior a todos los jóvenes y precisa que el plazo para lograr la cobertura total es de hasta 10 años, a partir del ciclo escolar 2012-2013.

Los senadores hicieron modificaciones a la minuta de la Cámara de Diputados y acordaron que la cobertura total del bachillerato, en todas sus modalidades, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 para terminar, a más tardar, en 2021-2022.

De igual forma, se precisa en el artículo tercero constitucional que para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, los presupuestos federales, los de las entidades y municipios, incluirán los recursos necesarios y establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos multianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para la educación media superior y gastos relativos a infraestructura.

Los senadores eliminaron la facultad que los diputados otorgaban al Ejecutivo federal para determinar planes y programas de estudios de educación media superior, debido a que trastocaría el marco de diversidad y flexibilidad que hoy caracteriza al nivel medio superior.

El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, aseveró que México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con los menores niveles de cobertura, aun por debajo de naciones equivalentes en grado de desarrollo, como Brasil y Chile, pues apenas podemos otorgar 60 por ciento de oportunidades a jóvenes que egresan de la secundaria.

Con esta reforma, subrayó el príísta, estamos otra vez, como cuando Justo Sierra creó la Universidad Nacional Autónoma de México: ante la ocasión de volver a revitalizar el humanismo, como tarea a aprender por la juventud (...) Podemos atajar la peligrosa tendencia actual a formar generaciones de jóvenes-robots, obedientes a los mandatos de los centros comerciales, consumidores manipulados, ajenos a los bienes de la cultura, reacios al ejercicio del pensamiento crítico y al desarrollo de la inteligencia, abundó.

Pablo Gómez, senador del PRD, dijo que en este país, cobrando los impuestos debidos y progresivos a los más ricos, se tendría para garantizar en tres años la educación media superior a todos, ya para pasar del 27 por ciento de jóvenes en educación superior actual a 50 por ciento.

Todos los grupos parlamentaros se pronunciaron en favor de la reforma, y apremiaron a que desde el presupuesto de 2012 se destinen mayores recursos a la educación con la finalidad de lograr la cobertura total de educación media superior antes del plazo estipulado.

La minuta se devolvió con cambios a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión

Llaman a efectuar campaña efectiva contra los males cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, y en México se acentúan, sobre todo porque el sobrepeso y la obesidad siguen al alza, expuso Eduardo Meaney, secretario de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Ateroesclerosis y sus Complicaciones (AMPAC), quien se pronunció por establecer campañas de prevención más intensas, convincentes y persistentes, pero sobre todo por impedir que lleguen a escuelas y hogares los refrescos y la comida chatarra.

El cardiólogo señaló que ante el hecho de que 30 por ciento de las muertes a temprana edad tienen como causa los padecimientos cardiovasculares –la hipetensión, la diabetes asociada y las cardiopatías isquémicas–, y que entre 70 y 75 por ciento de la población urbana tiene sobrepeso y obesidad, hay que ir a la raíz del problema.

Aseveró que los intereses comerciales no pueden estar por encima de los intereses de la salud pública, por lo cual dijo que así como se tomaron medidas draconianas contra el tabaco se deberían tomar medidas draconianas contra la comida chatarra. El también profesor investigador de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acotó que de no desplegar verdaderas acciones restrictivas que hagan que nuestros niños no estén en contacto con dichos productos, estamos haciendo nada más discursos.

El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón, y la Organización Mundial de la Salud destacó que las enfermedades cardiovasculares cobran 17.1 millones de vidas al año. En ese mismo lapso las defunciones de mujeres en México por diabetes, cardiopatía isquémica y enfermedad vascular cerebral suman más de 83 mil.

En conferencia de prensa en la que participaron los directivos de la AMPAC, de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, de la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Fundación Científica AstraZéneca, se destacó que las cardiopatías no sólo matan a personas mayores, sino que cada vez tienen mayor incidencia en población de menor edad. Meaney indicó que aunque los ataques suelen ser fatales en edades avanzadas, ahora debido a los malos estilos de vida las lesiones coronarias que causan los infartos aparecen ya muy tempranamente.

En el país 35 millones de personas mayores de 20 años viven con riesgo de sufrir un infarto. Los principales detonantes son la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes

Seguridad pública

GJDF investiga caída de niño a una coladera

La PGJDF aguarda los peritajes para deslindar responsabilidades en torno a la muerte de un niño de cinco años que cayó en una coladera de drenaje la noche del lunes. Los hechos ocurrieron en el registró ubicado en la esquina de Avenida 506 y Calle 503, primera sección de Aragón, delegación Gustavo A. Madero. Según lo declarado por el padre del menor, Jaime Castillo Rojo, quien es tragafuego en ese crucero, mientras realizaba su labor se dio cuenta que su hijo no estaba en el lugar y sólo encontraron uno de sus zapatos junto a la coladera, por lo que pidió el auxilio de la policía. Luego de tres horas, bomberos encontraron el cuerpo del menor. Al respecto, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que se determinará si hay responsabilidad de alguna autoridad, ya que la coladera no tenía tapa, mientras que el padre del niño se encuentra en calidad de testigo.

Bomberos exigen más presupuesto para equipo

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal se manifestaron frente a las oficinas del gobierno central en el Zócalo para exigir un aumento de presupuesto para abastecer de equipo a las estaciones locales, pues carecen de unidades contra incendio, material, herramientas e incluso personal para laborar. Miguel Sánchez Sánchez, miembro del sindicato de los tragafuego, explicó que hacen falta más de ocho unidades contra incendio en toda la ciudad y nuestro equipo y uniformes no han sido renovados. Exigieron a las autoridades locales no intervenir en las decisiones de su sindicato. Advirtieron que no reconocerán a Ismael Figueroa Flores si la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le entrega la toma de nota.

Capturan a sujeto que robó una camioneta

Tras una persecución, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal capturaron a un sujeto que, junto con una mujer, había despojado a mano armada al dueño de una camioneta Honda CRV en la colonia del Valle. Luego del hurto, la víctima pidió ayuda al número de emergencia 066, llamado al que respondieron los tripulantes de la patrulla P36-22, quienes al ver pasar el vehículo con reporte de robo le marcaron el alto, sin éxito. Por ello empezó una persecución que culminó cuando el delincuente, al querer huir por avenida Monterrey, perdió el control del vehículo y se subió a una banqueta. Diego Antonio Román Sánchez, de 25 años, identificado como el responsable del atraco, intentó huir, al tiempo que pretendía deshacerse de un arma de imitación con la que amagó a la víctima. Su cómplice logró huir

Diputados de Veracruz aprueban reforma para regular información en redes sociales

Diputados de Veracruz aprueban reforma para regular información en redes sociales

No se pedirá libertad bajo fianza para dos tuiteros acusados de terrorismo y sabotaje: abogados

Integrantes de la Red Cívica Veracruzana se manifestaron ayer, durante la sesión extraordinaria en la cual los diputados del Congreso estatal aprobaron, con 33 votos en favor y 14 en contra, la adición al Código Penal para crear el delito de perturbación del orden públicoFoto Sergio Hernández Vega

Andrés Timoteo Morales

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de septiembre de 2011, p. 36

Jalapa, Ver., 20 de septiembre. Integrantes del Congreso de Veracruz aprobaron la modificación al código penal del estado para crear la figura delictiva de perturbación del orden público, con la cual se pretende regular la información en las redes sociales, entre ellas Facebook y Twitter, y se condenará hasta a cuatro años de prisión a quienes divulguen versiones falsas que generen sicosis entre la población.

La iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa fue votada durante una sesión extraordinaria y recibió 33 sufragios en favor de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal), y 14 en contra de legisladores panistas, perredistas y del partido Movimiento Ciudadano.

La reforma adicionó el código penal agregando el artículo 373, según el cual a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.

María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera fueron encarcelados en el penal de Pacho Viejo acusados de terrorismo y sabotaje, luego de que difundieron en sus cuentas de Twitter y Facebook supuestos ataques del crimen organizado contra escuelas públicas de la conurbación Veracruz-Boca del Río el pasado 25 de agosto. Duarte de Ochoa afirmó la víspera que, tras actualizarse el código penal, los dos tuiteros podrían alcanzar su libertad bajo fianza esta misma semana.

Se coarta la libertad de expresión

Los diputados Fernando Yunes Márquez y Armando Méndez de la Luz, consideraron que el nuevo delito pretende coartar la libertad de expresión de los usuarios de las redes sociales y pidieron en tribuna, antes de la votación, regresar la iniciativa a comisiones y no someterla a votación hasta que la ciudadanía se pronuncie al respecto.

Las leyes no se pueden crear o modificar a gusto de nadie. Me pregunto quién castiga la peligrosa manera de actuar de estas autoridades al imputar a estas dos personas delitos que hasta la fecha se admite que no cometieron, y los siguen manteniendo presos para reparar yerros del procurador Reinaldo Escobar y del secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar, dijo Yunes Márquez.

Los abogados de ambos internautas, Claribel Guevara Pérez y Fidel Ordoñez, anunciaron que no solicitarán el beneficio de libertad bajo fianza y esperarán a que el juzgado segundo de distrito resuelva el amparo promovido el pasado 5 de septiembre. Calificaron de aberración jurídica crear un delito para acusar a sus clientes, los cuales fueron aprehendidos ilegalmente.

Integrantes de la Red Cívica Veracruzana repudiaron la tipificación de este delito, pues servirá para amordazar a quienes critiquen o fiscalicen el quehacer gubernamental. Anunciaron protestas en todo el estado con el fin de repudiar dicha modificación legal, digna de la época de Gustavo Díaz Ordaz

La Interpol busca en 188 países a cinco ex funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz

Oaxaca, Oax., 20 de septiembre. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió ficha roja para localizar y detener a cinco ex funcionarios de la administración de Ulises Ruiz Ortiz, en sus 188 países integrantes. Entre ellos se encuentran el ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión por ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado.

Ortega Habib también es investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en una indagatoria iniciada contra sus familiares por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se presume que el ex funcionario desvío recursos públicos del gobierno estatal a la constructora Servi Obra, con sede en Jalisco, propiedad de su hermana Martha Ortega Habib, y de su sobrino Daniel García Teruel Ortega, donde también su empleada doméstica Rosa Orozco Santiago, participaba como accionista.

Tanto la hermana como el sobrino y la empleada doméstica se encuentran presos en Jalisco por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que representan el producto de una actividad ilícita, por un monto de mil 123 millones de pesos.

También aparecen con ficha roja el ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib y Fernando González García, quien igualmente tiene en su contra dos órdenes de aprehensión de los juzgados segundo y séptimo de lo penal del distrito del centro, por ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado

De la misma forma se encuentran el ex secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé, con orden de aprehensión por los mismos delitos en el juzgado séptimo de lo penal del distrito del centro y los ex coordinadores de Comunicación Social, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls, con órdenes de aprehensión del juzgado segundo de lo penal, por ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado.

Castellanos Hernández fue diputado federal del PRD y oficial mayor de ese grupo parlamentario cuando Porfirio Muñoz Ledo asumió la presidencia del Congreso federal. El 25 de agosto pasado, Rojas Walls presentó su renuncia al Congreso del estado como comisionada del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, para dedicarse a su defensa legal.

La Interpol publicó la ficha roja a petición de la Procuraduría General de Justicia del Estado pues los ex funcionarios no han sido localizados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, para cumplir las órdenes de arresto en su contra pues aparentemente han cambiado de domicilio en el país o en el extranjero, informó el titular de la dependencia, Jesús López López

Inegi: en 2010, más de 17.8 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de delito

Más de 17.8 millones de habitantes mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito denunciado ante las autoridades entre enero y diciembre de 2010, lo cual significa que 24 por ciento de esta población fue objeto de robo, extorsión, fraude u otros ilícitos del fuero común, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El costo estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito ascendió a 210 mil 800 millones de pesos y representó 1.53 por ciento del producto interno bruto (PIB), calculó el organismo al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2011.

Elaborada con la asesoría metodológica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la encuesta encontró una relación directa entre desempleo e inseguridad, y detectó que 69.5 por ciento, es decir, casi 7 de cada 10 personas de la población nacional mayor de 18 años, se sienten inseguras en su entidad federativa. En 2005 tenían esta percepción 54.2.

A escala municipal o de delegación, mientras hace cinco años 40 por ciento de la población sentía inseguridad en su primera demarcación político-territorial, en 2010 la proporción se incrementó a 60.1 por ciento, lo cual implicó una elevación de 50 por ciento en la sensación de inseguridad en municipios y delegaciones territoriales.

Así también, la Envipe, aplicada en 78 mil 179 viviendas a personas de 18 años y más, detectó que 36 por ciento de los hogares de México, esto es, 10 millones 597 mil 584, reportan un integrante que fue víctima de un delito del fuero común perpetrado en 2010, durante el cual se denunció 12.3 por ciento del total de los ilícitos, pero sólo en 8 por ciento de las querellas inició una averiguación previa, de manera que en realidad 92 por ciento de los delitos quedaron en la impunidad.

Esta última proporción es lo que constituye la llamada cifra negra, la cual en términos absolutos abarcó 20 millones 897 mil 336 delitos que no fueron denunciados o no dieron lugar al inicio de una averiguiación previa durante 2010.

Las principales causas por las cuales las víctimas no presentaron denuncias fueron la desconfianza en las autoridades y la inutilidad de hacerlo; representaron 48.5 por ciento del total de las razones esgrimidas.

La primera razón para no levantar una denuncia por parte de las víctimas de un delito fue la pérdida de tiempo, con 33.1 por ciento; la segunda, la desconfianza en la autoridad, con 15; 10.9 por ciento consideró de poca importancia el delito; en 9.9 por ciento de los casos el motivo fue que no tenían pruebas; en 9.1 por miedo al agresor; por trámites largos y difíciles, 7.7; 6.3, por otro motivo; en 4.6 por ciento fue debido a la actitud hostil de la autoridad; en 2.5 no fue especificado el motivo, y en 0.8 por ciento por temor a una extorsión.

Por lo que se refiere a la distribución porcentual de los nueve principales delitos del fuero común denunciados, la lista es encabezada por el robo o asalto en la calle o en el transporte público, el cual representa 24.2 por ciento, seguido de la extorsión, con 23.7. Muy atrás, con 12.1 por ciento, se encuentra el robo total o parcial de vehículos, y en orden descendente, con proporciones menores a 10 por ciento, siguen: el fraude, las amenazas verbales, el robo en casa habitación, el hurto en forma distinta a las anteriores; otros delitos, como el secuestro o secuestro exprés y los sexuales, y al final figuran las lesiones, con 5.1 por ciento.

Por sus resultados, del total de los delitos denunciados en 28.6 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió; en 35.1 no hubo inicio de averiguación previa porque no procedió o no se específicó; en 17.5 por ciento está en trámite; en 5.7 recuperó sus bienes; en 5.6 por ciento de las averiguaciones se puso al delincuente a disposición de un juez; en 3.2 hubo mediación (nos pusimos de acuerdo) y en 2.6 por ciento hubo otro resultado.

En México hay 23 mil 956 víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes, pero en cuatro entidades federativas se rebasa con amplitud esta media: Aguascalientes, 36 mil 387 personas afectadas por cada 100 mil pobladores; Chihuahua, 34 mil 826; en el Distrito Federal, la tasa es de 32 mil 496, y en Baja California se tuvo un promedio de 30 mil 753 víctimas del delito por cada 100 mil habitantes.

Con excepción de Tamaulipas, en los otros cinco estados que hacen frontera con Estados Unidos se tuvo una media de víctimas de delito superior al promedio nacional. Las entidades con menor proporción de víctimas durante 2010 fueron: Michoacán, con 14 mil 931 afectados por cada 100 mil habitantes; Oaxaca, 16 mil 262; Veracruz, 16 mil 437, y Yucatán con 17 mil 826.

La Envipe fue aplicada entre el 14 de marzo y el 22 de abril de 2011; su periodo de referencia abarca de enero a diciembre de 2010; la población objeto del mencionado estudio es aquella de 18 años y más, tiene una cobertura nacional y se llevará a cabo cada año

Captura el Ejército a uno de los líderes principales de Los caballeros templarios

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Saúl Solís Solís, El Lince, uno de los principales lugartenientes del cártel Los caballeros templarios, quien se encargaba de controlar la siembra y cosecha de enervantes, del tráfico de drogas y el manejo de laboratorios clandestinos, así como de extorsiones, secuestros y homicidios en los municipios de La Huacana, Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Tacámbaro y Turicato, Michoacán, y en zonas del estado de México.

El general de brigada Édgar Villegas Meléndez, subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa, dio a conocer que la captura de Solís ocurrió el pasado lunes en una operación de precisión en el municipio de Nueva Italia, Michoacán, en la que no hubo un solo disparo.

Al presentar a los medios de comunicación a Solís Solís –sin que se permitieran preguntas–, el general Villegas destacó que “el detenido participó en la agresión ocurrida en Curácuaro el primero de mayo de 2007, en la que perdieron la vida un coronel del Ejército y cuatro soldados.

También se le vincula con ataques a instalaciones de la Policía Federal en los municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Apatzingán y Morelia, realizados el 9 de diciembre de 2009.

Solís Solís fue candidato a diputado federal por el PVEM en 2008, después de presentar una carta de antecedentes no penales expedida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Sin embargo, en un comunicado, el PVEM se deslindó del presunto líder de Los caballeros templarios. Sostuvo que éste nunca fue militante y que la carta de no antecedentes penales de la SSP federal, además de otra expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, son el único instrumento con el que cuentan los partidos para comprobar que una persona no ha cometido o no ha estado involucrada en actos delictivos.

El detenido, quien fue secretario de seguridad pública del municipio de Turicato, fue presentado en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional junto con Mario Alberto Gordillo Rodríguez, El Mayo (su operador financiero), y José Cuitláhuac Rodríguez Rangel, a quienes les decomisaron dos armas de fuego y dos vehículos.

El militar precisó que también fue capturado un menor de edad.

Solís, indicó el general, es primo de Enrique Plancarte Solís, Kike Plancarte, “quien junto con Servando Gómez Martínez, La Tuta, fungen como líderes de Los caballeros templarios”.

En tanto, la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín, informó que El Lince o El señor del sombrero, fue consignado al juzgado cuarto de distrito en materia penal en Jalisco, por delitos contra la salud, tráfico de narcóticos y colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de algún delito de esa naturaleza.

Agregó que la Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien aportara información que permitiera su ubicación y detención

Rechazan acoso al centro Digna Ochoa y a consejo autónomo

San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de septiembre. Cuarenta artistas e intelectuales y más de un centenar de organizaciones de 16 naciones se pronunciaron en apoyo de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y llamaron al gobierno del estado y a la Procuraduría General de Justicia del estado a desistir de las órdenes de aprehensión contra sus miembros.

El documento, respaldado, entre otros, por Eduardo Galeano, Manu Chao, José Emilio Pacheco, el obispo Raúl Vera, Paco Ignacio Taibo II, Alfredo López Austin, Raúl Zibechi y Marcos Roitman, reconoce en la movilización social, representada en el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, una de las múltiples y legítimas luchas populares mexicanas en defensa de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos.

El consejo autónomo y sus integrantes representan la autoorganización contra las altas tarifas de energía eléctrica y por la construcción de la autonomía de los pueblos y comunidades. Reconoce, a su vez, el trabajo de denuncia y defensa del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de la ciudad de Tonalá.

Es preocupante por ello la política de criminalización, persecución y hostigamiento contra integrantes del consejo y el centro Digna Ochoa. Varios de ellos cuentan con órdenes de aprehensión del fuero federal y estatal, acusados de delitos que no cometieron, por lo cual las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del estado han integrado diversas averiguaciones previas por delitos falsos.

Las personas acusadas son: Nataniel Hernández Núñez, director del centro Digna Ochoa, junto con Roberto Antonio Cruz, Azariel Orozco Cruz, Orlando Gutiérrez Simón, Arturo Villagrán Sánchez, Octavio Vázquez Solís, Bersaín Hernández Zavala y Guadalupe Núñez Salazar. En el caso de los dos últimos, veteranos fundadores del Frente Cívico Tonalteco, se desconoce qué ilícito se les imputa.

Estas acusaciones son utilizadas en Chiapas y en todo el país como mecanismo de control de movimientos sociales y criminalización de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Por todo ello, los firmantes llaman al gobierno de Chiapas y a la PGR a dar marcha atrás a las acciones judiciales y a garantizar las libertades civiles y políticas.

Responsabilizan al Estado mexicano por la vida, la libertad y la integridad de los integrantes del centro Digna Ochoa y de los integrantes del consejo costeño. Condenan los actos represivos del gobierno de Chiapas en contra de todos ellos.

Otros firmantes son: Rogelio Naranjo, Daniel Giménez Cacho, Julieta Egurrola, Ana Esther Ceceña, Bruno Bichir, Magdalena Gómez, Enrique González Rojo, Gilberto López y Rivas, Gloria Muñoz Ramírez, Fermín Muguruza, Guillermo Almeyra, Leticia Huijara, John Holloway, Elvira Concheiro, Claudio Albertani, Massimo Modonesi, Carlos Fazio, Raquel Gutiérrez Aguilar, Francisco López Bárcenas, Gustavo Esteva y Hernán Ouviña. También los músicos Amparo Sánchez (Amparanoia), Rubén Albarrán (Café Tacuba), Roco Pachukote (Maldita Vecindad), Panteón Rococó y Los de Abajo.

En Chiapas, además de diversos organismos civiles, respaldan estos reclamos las comunidades de Oxchuc, Mitzitón, Zinacantán, San Sebastián Bachajón, Santa Anita, Molino Utrilla y Molino de los Arcos, así como decenas de organizaciones y colectivos de todo el país. Y se suman bastantes más de Argentina, Alemania, Austria, Brasil, Estado español, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Italia, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay

Investigará la PGR caso de campesinos torturados

Once años después de que los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueran torturados por elementos del Ejército y obligados a declararse culpables de un crimen que no cometieron, el caso por fin fue enviado a la justicia civil, como ordenó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo destacó Jacqueline Sáenz, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien pese a valorar este avance legal llamó a no perder de vista que todos los abusos cometidos por las fuerzas armadas deben ser analizados fuera de las cortes militares.

Consideramos que, en materia de justicia, es un primer paso importante para Rodolfo y Teodoro, pero no hay que perder de vista el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que todos los casos en que los soldados hayan cometido violaciones a derechos humanos deben ir a la justicia civil, indicó la abogada.

De igual manera, dijo, el Estado mexicano no puede ignorar los resultados de la investigación de la CIDH, que pese a no haber señalado responsables por el acto de tortura contra los campesinos sí puntualiza que éste fue llevado a cabo por elementos del Ejército, lo cual obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a brindar una respuesta clara al respecto.

El envío del caso a la Procuraduría General de la República (PGR) pone de relieve la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar. Es un paso pendiente para ambas cámaras, porque hace un año el presidente Felipe Calderón presentó una propuesta al respecto, aunque sea insuficiente e incluso en sentido contrario a lo dispuesto por la CIDH.

Sáenz afirmó que una vez en manos de la justicia civil, las investigaciones deben ser diligentes, tomar en cuenta la hipótesis del activismo ecológico de ambos como móvil del ataque y no escudarse en criterios legales internos, como la prescripción del delito, para no actuar.

Tras lograr que las cortes civiles atrajeran el caso, es necesario presionar para que otros ejemplos de abusos corran la misma suerte, como la ejecución de cuatro jóvenes en marzo de 2008 en la localidad sinaloense de Santiago de los Caballeros

CARTONES DE LA JORNADA

Se aboca la SCJN a estudiar el proyecto que invalida reformas contra el aborto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió sus sesiones de pleno de este martes y jueves próximos, así como el trabajo de la primera y segunda salas, con la finalidad de que los ministros se aboquen al estudio de los proyectos de dictamen elaborados por Fernando Franco sobre las acciones de inconstitucionalidad que se refieren al derecho a la vida desde la concepción.

El pleno agendó para el lunes 26 de septiembre la difusión de las acciones presentadas en contra de las reformas a las Constituciones de Baja California y San Luis Potosí que prácticamente suprimen el aborto, el uso de anticonceptivos y la fecundación in vitro.

El proyecto de Franco plantea invalidar las reformas referidas, con el argumento de que la Constitución no establece la garantía debida desde el momento de la concepción y que la persona se convierte en tal al momento de nacer.

Por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, la de Baja California que presentó la Procuraduría de Derechos Humanos de esa entidad y la de San Luis Potosí por la misma vía legislativa, se requieren ocho votos para invalidar los artículos impugnados; de no alcanzarse ese número, la norma sigue vigente.

En tanto, a 21 años de una batalla constante de diversas organizaciones de mujeres para la legalización del aborto, se han logrado avances, pero también surgió una ofensiva en contra.

En el Distrito Federal se aprobó la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas, pero se inició una andanada contra la despenalización del aborto para impedir reformas constitucionales en diversos estados, según afirmó el Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres.

Previo al Día Internacional de la Lucha por la Despenalización del Aborto –28 de septiembre–, la organización expuso que a la fecha se han reformado las constituciones locales en 18 estados para penalizar y criminalizar los legrados. Muchas mujeres son encarceladas acusadas de homicidio en razón de parentesco, no se respetan sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el de la salud, pues no hay que olvidar que la suspensión del embarazo es una de las principales causas de muerte.

El Estado sigue simulando que respeta los derechos de las mujeres, pero se mantiene omiso e indiferente ante los cientos de casos de encarcelamiento por aborto. Los proyectos de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas, en relación con las acciones de inconstitucionalidad en Baja California Sur y San Luis Potosí, son una acción de defensa de los derechos de las mujeres.

El fallo favorable de la SCJN representaría la liberación inmediata de las mujeres presas en varias entidades por abortar, así como el acceso y garantía del derecho a la salud, y de los derechos sexuales y reproductivos.

La organización insistió en que el derecho al aborto se fundamenta en la reivindicación de la autodeterminación de las mujeres. Es un derecho inalienable de conciencia, autonomía, libertad y ejercicio de vida. Prohibir a las mujeres tomar decisiones sobre procesos reproductivos que se llevan a cabo en sus cuerpos es un retroceso que deja de lado avances culturales, científicos, legales, políticos, de salud pública y justicia social para las mujeres.

Destacaron que a partir del día 28 llevarán a cabo una campaña nacional para denunciar la acción y omisión de servidores, funcionarios e instituciones públicos que han mermado los derechos de las mujeres desde 2008, y exigieron el respeto al Estado laico.

En conferencia de prensa, Rocío Gálvez de Lara y Jorge Serrano Limón, directivos del Comité Nacional Pro Vida, anunciaron el inicio de una campaña para impedir que avance el proyecto del ministro Fernando González Salas. A partir de este miércoles colocarán un espectacular en el kilómetro 46 de la carretera México-Querétaro, en el que se manifiestan en contra del aborto, y continuarán con manifestaciones frente a la SCJN