Increpa familiar de desaparecidos a Calderón por nulo resultado en pesquisas

Increpa familiar de desaparecidos a Calderón por nulo resultado en pesquisas

José Antonio Román

Enviado

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de noviembre de 2012, p. 19

Ciudad Valles SLP, 13 de noviembre. Ante el súbito reclamo de Edith Pérez porque no ha recibido ayuda para localizar a cuatro familiares que fueron levantadoshace más de dos años en Ciudad Mante, Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón argumentó, a unos días de que concluya su administración, que el gobierno federal no puede solo contra la delincuencia y el crimen organizados.

En un acto que se preveía como muchos otros, sin sobresaltos, de supervisión de un tramo carretero en este municipio potosino, el mandatario fue interrumpido abruptamente por la señora Pérez, quien desde su lugar y con una pancarta en la mano reclamó la situación de inseguridad que se vive en esta región y el abandono de las autoridades de todos los niveles en su lucha por localizar a sus familiares. Nadie, absolutamente nadie, nos ha ayudado. Estamos solos, aseguró.

En respuesta, el Presidente le pidió esperar al término del acto para atenderla personalmente. Incluso, en un aparente intento por cambiarse de lugar le dijo desde el micrófono: No se vaya, nada más, por favor, porque necesito hablar con usted al final, si es que le interesa su familia. Supongo que sí.

Calderón aseguró que ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para hacer frente a los criminales. He echado mano y enviado al Ejército, pero también se requiere que las policías de Tamaulipas y de (Ciudad) Mante se cambien y renueven, porque sabemos que muchos están involucrados en el crimen.

Sostuvo que una de sus peticiones permanentes a los gobiernos locales ha sido el despido y encarcelamiento de los elementos policiacos coludidos con el crimen organizado, porque no puede solo el gobierno federal enfrentar una responsabilidad que es compartida entre los tres órdenes de gobierno.

Dijo que su gobierno ha hecho todopor que a las víctimas no se les abandone a su suerte. Eso es lo que he hecho en medio de mucha incomprensión, ciertamente, pero sé que si el gobierno no asume los costos y los riesgos de enfrentar la delincuencia, nadie lo va a hacer, señaló tras hacer votos por que la lucha por la seguridad continúe en las próximas administraciones.

En el breve diálogo público que en ese momento sostuvo con Edith Pérez, el titular del Ejecutivo se negó tajantemente a firmarle los escritos que llevaba en mano y que daban cuenta de las múltiples denuncias interpuestas ante el Ministerio Público Federal. Finalmente fueron firmados y recibidos por un militar del Estado Mayor Presidencial. Calderón se comprometió a trabajar intensamente en ese caso, aunque sea hasta el último día de este mes, para encontrar a los desaparecidos.

En su intervención, el mandatario dijo conocer bien lo que han sufrido durante décadas los pueblos de esta región de la Huasteca, de Tamaulipas y del norte de Veracruz por el acoso de la delincuencia organizada, ante lo cual se ha impulsado la presencia del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal.

Tras el acto, realizado sobre lo que será el libramiento carretero del tramo Ciudad Valles-Tamuin, Calderón se reunió en privado, durante casi 20 minutos, con la señora Pérez, en una pequeña carpa donde ella relató los hechos de la desaparición.

La gira de este martes por San Luis Potosí no sólo fue trastocada por este hecho, sino por las condiciones climatológicas, que impidieron a los helicópteros del Estado Mayor Presidencial cumplir su itinerario original.

De hecho, a causa de la intensa nubosidad, dos de los tres actos programados en la agenda presidencial fueron cancelados. Incluían las inauguraciones de la carretera Río Verde-Ciudad Valles y del tramo La Laja-Barrio de las Golondrinas-Tanzozob. Calderón tuvo que volar, fuera del programa original, a la ciudad de Tampico, y regresar anticipadamente al Distrito Federal

Sólo 12 especies de plantas aportan 70% de la alimentación

Sólo 12 especies de plantas aportan 70% de la alimentación

Presentan libro sobre cultivos nativos de México

Matilde Pérez U.

 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de noviembre de 2012, p. 22

En el siglo pasado la humanidad perdió las tres cuartas partes de la diversidad genética de las plantas cultivadas durante 400 generaciones y actualmente sólo 12 especies proporcionan más de 70 por ciento de la alimentación, destacaron Francisco Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y Enriqueta Molina Macías, directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), durante la presentación del libro ExpresArte de la Tierra, tributo a los cultivos nativos de México.

Mayorga Castañeda recordó que México es uno de los cuatro países con mayor diversidad en el mundo y uno de los centros de domesticación de plantas más importante, ya que tiene más de 250 especies cultivadas, pero “de nada sirve dicha diversidad si no la conocemos, conservamos y aprovechamos adecuadamente.

Lo que no se usa no se conserva y nadie ama lo que no se conoce; por ello hay que impulsar la divulgación entre la sociedad del valor y contribución de los recursos genéticos mediante talleres, cursos, ferias, muestras gastronómicas y publicaciones dirigidas a distintos niveles de la sociedad, asentó.

La directora del SNICS comentó que en 2002 se creó el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Sinarefi), y científicos, productores y representantes de la sociedad crearon redes para definir un plan estratégico que facilite la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos fitogenéticos y potenciar sus beneficios.

Como parte de la presentación del libro se inauguró una exposición de fotografías y pinturas que aluden a esos cultivos relegados en la sala del auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología

Acapulco se recupera y transforma con obras e infraestructura de primer nivel

Acapulco se recupera y transforma con obras e infraestructura de primer nivel

El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, durante la ceremonia de inauguración del tramo remodelado de la costera Miguel Alemán, donde dijo que se invirtieron 39 millones de pesos. Lo acompañó el alcalde de la ciudad, Luis Walton Aburto

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de noviembre de 2012, p. 21

Acapulco se recupera y se transforma con obras e infraestructura de primer nivel, señaló el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, durante la inauguración del primer tramo de la remodelación de la avenida Costera Miguel Alemán, donde se invirtieron casi 40 millones de pesos para este proyecto de renovación de imagen, que es ya un atractivo turístico más.

Acompañado por el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, el jefe del Ejecutivo estatal refrendó su compromiso con este destino de playa y dijo que seguirá trabajando arduamente a través de la promoción de obras de distintos rubros para ofrecer mejores condiciones de vida a los ciudadanos y con ello ofrecer nuevos atractivos a los turistas que visitan el puerto durante los fines de semana, días de asueto y periodos vacacionales

Persiste el gobierno en inhibir movimientos de resistencia entre comunidades indígenas

Persiste el gobierno en inhibir movimientos de resistencia entre comunidades indígenas

El gobierno no reconoce a los desplazados debido al conflicto y la contrainsurgencia, indica

Hermann Bellinghausen

 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de noviembre de 2012, p. 23

En Chiapas, los desplazados internos por el conflicto armado y la contrainsurgencia no son reconocidos por el gobierno. Además, la militarización sostenida en la entidad pertenece a los escenarios de la estrategia de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), a través de la Iniciativa Mérida, e incluye retenes permanentes e itinerantes que violan el derecho a la libertad de tránsito, con particular presencia en la zona fronteriza y el territorio zapatista, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en una evaluación del conflicto.

Siguen militarizadas las comunidades en las zonas de influencia del EZLN (el objetivo a destruir). A ello se suma la implementación de proyectos sociales del gobierno que, junto con organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ONU, han sido cómplices de la contrainsurgencia en este último sexenio, afirma el estudio, aparecido en el nuevo número de Yorail Maya, publicación periódica del Frayba.

El gobierno busca inhibir a los movimientos de resistencia con programas sociales para la división comunitaria, inmovilizando a los pueblos mediante ocupación militar y acciones de autoridades en complicidad con organizaciones de corte paramilitar y grupos ligados al gobierno de Juan Sabines Guerrero, con la finalidad de golpear a las comunidades en resistencia. Sobre la reactivación de los grupos armados, se identifica un patrón de confrontación directa de organizaciones progubernamentales con historial paramilitar, tal como Paz y Justicia, que agrede a las comunidades del municipio autónomo La Dignidad.

En el curso de los años, las autoridades han negado el desplazamiento a consecuencia de la guerra y la existencia de estos desplazados. Por ende, fue una accióncontradictoria y utilitaria que, por iniciativa del gobernador, el Congreso aprobara el 14 de febrero una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado, con el apoyo del PNUD, con la intención de atender esta problemática históricamente pendiente, que ha dejado una herida abierta, pérdidas irreparables e impunidad”.

Sin embargo, testimonios recibidos por el Frayba señalan que el PNUD y la Unesco han causado división comunitaria, debido a la continuidad de una política contrainsurgente que impulsan los gobiernos federal y estatal para la confrontación y la exclusión de los desplazados internos y los desplazados-retornados. Así responden las autoridades a la exigencia de estos deuna atención bajo los principios rectores del desplazamiento de las Naciones Unidas.

En el Censo de Atención a Desplazados, el PNUD y el gobierno de Chiapas calculan que hay de 24 a 30 mil personas en esa situación. Dicho censo, aclara el Frayba, fue creado por el gobierno con grupos cercanos a él, en realidad solicitantes de tierra con una historia de exclusión y marginación diametralmente distinta a quienes padecieron desplazamiento forzado por la contrainsurgencia del Estado. Las instituciones involucradas buscan tergiversar los crímenes de lesa humanidad cometidos en los Altos y la selva de Chiapas y mantenerlos impunes.

Entre otros, menciona como desplazados no reconocidos a 170 zapatistas de San Marcos Avilés, 87 de Comandante Abel y varias familias de Unión Hidalgo. Además, cuatro familias de Banavil, 36 personas de Viejo Velasco Suárez –donde en 2006 hubo una masacre–, cuatro familias de Busiljá y una menor secuestrada por paramilitares pesar de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Frayba enfatiza que estos desplazados nunca fueron considerados como tales, y concluye: El desplazamiento interno no es un evento aislado, sino manifestación de la estrategia militar y contrainsurgente aplicada en Chiapas, que vulnera directamente el territorio de los pueblos indígenas

Denuncian corrupción de funcionarios de INM

Denuncian corrupción de funcionarios de INM

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de noviembre de 2012, p. 23

Zacatecas, Zac. Trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra el delegado de esa dependencia federal en el estado, Héctor Alfredo Márquez Medina, y otros tres funcionarios de la misma, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio abusivo de funciones. Los empleados, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias laborales y personales, acusaron a Rocío Rodríguez, enlace administrativo; Edna Violeta Díaz Romero, agente federal de migración, y Guillermo David Rivera Valdez, ex delegado del INM. Los inconformes dirigieron una carta al presidente Felipe Calderón, a la procuradora General de la República, Marisela Morales, y al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en la que les piden sancionar a los cuatro funcionarios

Más tareas al Instituto Nacional de Migración

Más tareas al Instituto Nacional de Migración

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de noviembre de 2012, p. 24

El Instituto Nacional de Migración tendrá más atribuciones para autorizar trámites, mientras que sus agentes, adscritos a las delegaciones, supervisarán también diversos aspectos administrativos para extranjeros, según el acuerdo publicado ayer en elDiario Oficial de la Federación. Señala que los servidores públicos de las delegaciones federales del INM deberán registrar y recopilar en los sistemas disponibles la información de los trámites y procedimientos administrativos que tienen a su cargo. Este personal, dice el acuerdo, podrán solicitar a los interesados (extranjeros) documentación adicional a la establecida para la resolución de un trámite. Añade que los delegados federales del INM proporcionarán la información que les requieran los directores generales del INM, conforme a la materia que les competa y respecto del ejercicio de las atribuciones delegadas en su favor

CARTONES DE LA JORNADA

SCJN: los jubilados pagarán ISR y reitera exención a militares

SCJN: los jubilados pagarán ISR y reitera exención a militares

Con voto en contra de Sánchez Cordero y Cossío la mayoría niega amparo contra artículo de la ley del IMSS y avala artículo del Issfam, porque obedece a un régimen especial

Jesús Aranda

 

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 40

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer que los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) paguen impuesto sobre la renta (ISR) sobre sus pensiones y declaró que no es inequitativo que los militares en retiro no paguen dicho impuesto.

Con el voto en contra de Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío, la mayoría negó el amparo a jubilados en contra del artículo 109, fracción III de la Ley del IMSS, y estableció que la diferencia entre los pensionados civiles no sólo es constitucional, sino que, además, el gravamen a las pensiones y jubilaciones no constituye una doble tributación ni tampoco genera un trato fiscal desigual.

Arturo Zaldívar, junto con el ministro presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Aguirre, Fernando Franco, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo, Sergio Valls, Luis María Aguilar y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, señaló que los pensionados civiles y los de las fuerzas armadastienen un estatus constitucional diferente, pues desde la misma Constitución se dice que los integrantes de las fuerzas armadas tienen altas finalidades y ciertos beneficios derivados precisamente de las labores que desempeñan.

A pesar de que el ministro reconoció que deja mucho que desear, la argumentación del Congreso al aprobar la legislación referida a que la situación de los militares en retiro es precariarespecto de la de los pensionados civiles, Zaldívar se sumó a la mayoría que negó el amparo que permitirá a la Corte fijar criterios obligatorios para todos los tribunales y autoridades sobre el tema de las pensiones.

Avaló así el artículo 32 del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfam), el cual señala que los militares no pagarán ni un centavo de impuesto en ningún caso.

Zaldívar justificó que obedecen a un régimen especial en el que impera la disciplina, la obediencia, el honor, pero, sobre todo, la regresión a las filas aún estando en retiro, si así lo exige el alto mando de las fuerzas armadas.

Los ministros, quienes al retirarse de la Corte después de 15 años en el cargo reciben 100 por ciento de su sueldo durante dos años (más de 130 mil pesos al mes) y 80 por ciento del mismo durante el resto de su vida, rechazaron que la legislación impugnada viole el Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo, y justificaron la postura de Hacienda de que todos los ciudadanos, excepto los militares, están obligados a pagar impuestos.

Los ministros, quienes han insistido en el respeto a los derechos humanos y a la necesidad de que se apliquen en el país los tratados internacionales firmados por México cuando beneficien a la ciudadanía, ignoraron el Convenio suscrito por México con la OIT en 1985 que establece que las pensiones no causarán impuestos.

Resuelto un primer amparo, el pleno sentó los criterios para solventar este martes otros cuatro juicios para aprobar la jurisprudencia vigente hasta 2002, cuando la exención del ISR favorecía al jubilado que recibía hasta nueve salarios mínimos.

En abril de 2010, la Secretaría de Hacienda comenzó a aplicar el ISR a las pensiones, jubilaciones y haberes de los trabajadores retirados afiliados al IMSS y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, basada en una reforma a la ley del ISR aprobada por diputados y senadores en 1979.

El Congreso reformó hace unos meses el artículo 109 y aumentó la exención del pago del impuesto a quienes recibieran 15 salarios mínimos en vez de los nueve que contemplaba la ley anterior.

Los criterios aprobados sobre pensiones y pago de impuestos serán de observancia obligatoria para todos los juzgados y autoridades del país, una vez que se oficialicen las tesis jurídicas correspondientes

Para adquirir la canasta básica deben trabajar tres miembros de una familia

Para adquirir la canasta básica deben trabajar tres miembros de una familia

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 41

La condición económica de las familias en México se ha deteriorado a tal grado que al finalizar el primer semestre de 2012, 46.88 por ciento de los núcleos familiares generaban en promedio un ingreso mensual de 6 mil 656.67 pesos. Para conseguir esos recursos tienen que incorporarse al mercado laboral tres integrantes por familia.

Así lo señala un diagnóstico reciente del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El reporte agrega que para generar esas ganancias, los tres miembros de la familia deben sumar 150.67 horas de trabajo en dicho periodo (un promedio de 50 cada uno).

Lo anterior, apuntan los académicos universitarios que participaron en el estudio, muestra que la administración de Felipe Calderón Hinojosa concluirá sin haber dado siquiera esperanzas a los mexicanos para mejorar su nivel de vida.

Los datos forman parte de los resultados de la Encuesta de Ingreso-Gasto del CAM, que se llevó a cabo sobre una muestra representativa de las familias en el país. Las cifras muestran que en promedio cada uno de los tres miembros de estas familias obtiene una remuneración diaria de 1.18 salarios mínimos por su labor.

Sólo con el trabajo de tres de sus integrantes, señalan los académicos, las familias pueden adquirir la canasta alimenticia recomendable (CAR) –que comprende los alimentos diarios que debe consumir una familia de cuatro miembros, sin incluir gastos para vivienda, salud, transporte, educación y servicios–, ya que para adquirir esos productos se requieren 183 pesos diarios.

Hasta agosto de 2012, apunta el reporte, en la administración de Calderón el incremento de la CAR es mayor al del salario mínimo. Mientras los precios de los productos básicos crecieron 12.96 por ciento en el primer semestre de este año, el ingreso mínimo sólo aumentó 4.2 por ciento.

Durante el sexenio que está por concluir el poder adquisitivo de los trabajadores cayó 43.1 por ciento. En este periodo el salario mínimo apenas creció 28.06 por ciento, mientras el precio ponderado de la CAR subió 125.37 por ciento. Esto hace que los aumentos al ingreso de los trabajadores sean insuficientes para adquirir los productos de la CAR, señala.

Los universitarios agregan que de continuar la tendencia de los años recientes en el crecimiento de entre 4 y 5 por ciento del salario mínimo, la pérdida de 43.1 por ciento del poder adquisitivo suscitada durante la administración calderonista sólo se recuperará congelando por 47 años los precios de los productos básicos. De esa forma, para el año 2059 el ingreso mínimo sería de 184.42 pesos, y el precio de la CAR, de 183.59, explica.

Para adquirir un kilogramo de aguacate, lechuga, bistec, pollo, frijol, arroz, huevo blanco o un litro de aceite y leche con un salario mínimo actual estos productos deberían costar 2.84, 0.76, 7.44, 2.87, 2.58, 1.44, 2.79, 2.07 y 1.06 pesos, respectivamente. Sin embargo, un kilo de aguacate cuesta 37.50, 10.08 el de lechuga, 98.75 el de bistec, 37.96 el de pollo, 34.17 el de frijol, 19 el de arroz, 36.83 el del huevo, 27.33 un litro de aceite y 14 pesos el de leche entera

En otro intento de solución, llaman a reanudar el diálogo en la UACM

En otro intento de solución, llaman a reanudar el diálogo en la UACM

Paristas y autoridades aceptan la invitación

Debe tener carácter resolutivo, con base en los acuerdos de Casa Lamm, dicen los primeros

Esther Orozco invita al ex rector Pérez Rocha

Guerra de consignas entre paristas y opositores afuera de las instalaciones administrativas de la UACM, ubicadas en Eje 5 Sur Eugenia, en la colonia Del Valle, antes de que ingresara la comisión que liberó el pago de la nómina de mil 810 trabajadores administrativosFoto Carlos Ramos Mamahua

Bertha Teresa Ramírez

 

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 36

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la perredista Dinorah Pizano, señaló que este órgano autónomo y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convocaron para este martes, a las 18 horas, a las partes en conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para instalar una nueva mesa de trabajo, tendiente a poner fin a la crisis en esa institución.

El subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, informó que la mesa de trabajo tendrá lugar en el salón Benita Galeana de la ALDF, durante la cual se leerán los acuerdos pactados en Casa Lamm.

En la reunión participarán las representaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las secretarías de Gobierno y de Educación locales, así como la Comisión de Gobierno de la ALDF, además de la rectora, tres representantes del tercer Consejo Universitario y tres consejeros paristas.

La mediación e invitación de la ALDF y la CDHDF fue aceptada por el llamado Movimiento por la Restitución de la Legalidad, y en voz del estudiante Roberto López, integrante del Consejo Estudiantil en Lucha (CEL), planteó que dicha mesa tenga carácter resolutivo y no de diálogo, pues sería sólo para cumplir los acuerdos que ambas partes suscribieron en Casa Lamm.

Por su parte, la rectora María Esther Orozco Orozco dio la bienvenida a la mesa de diálogo que proponen esas y otras instancias. Solicitó que en la salida a esa problemática se tome en cuenta que muchos de sus orígenes están en la debilidad de la estructura administrativa y en la carencia de una norma suficiente.

Incluso, Orozco invitó al ex rector Manuel Pérez Rocha, quien se ha declarado al frente de la movilización parista, a señalar los cambios que, dice, se han realizado al modelo universitario, y además instruya a sus seguidores para que devuelvan los planteles.

Luego de que una comisión formada por autoridades universitarias, representantes del gobierno capitalino, la ALDF y la CDHDF locales, estudiantes y trabajadores ingresara al edificio de la UACM en Eje 5 Sur Eugenia –tras un acuerdo con el Consejo Estudiantil en Lucha, que lo tiene tomado desde el jueves pasado–, con el fin de liberar el pago de salarios de mil 810 trabajadores administrativos, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, afirmó que, así como se pudo resolver este asunto, es factible solventar muchos otros problemas; lo que se requiere es tantita voluntad de ambas partes.

Durante la mañana, paristas y opositores protagonizaron una nueva guerra de consignas mientras se mantenían a la expectativa de que la comisión ingresara al inmueble. Los primeros gritaban ¡fuera Orozco!, ¡fuera porros!

Los segundos, encabezados por Miguel Ángel del Moral, bloquearon el Eje 5 Sur Eugenia, entre las calles Rebsamen y División del Norte, para acercarse a sus contrapartes, pero en varias ocasiones, con música de The Doors, los paristas acallaron las consignas de ¡liberen los planteles! y ¡fuera porros!

Apremian a detener a golpeador

Apremian a detener a golpeador

Bertha Teresa Ramírez

 

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 36

El grupo de alumnos paristas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) llamado Consejo Estudiantil en Lucha (CEL) solicitó a las autoridades judiciales dar celeridad a las pesquisas para detener a Luis Bravo, presunto responsable de la golpiza que sufrió el jueves pasado el estudiante Pedro Cortés Catorce.

Por la agresión se abrió la averiguación FGAM/GAM-1/T3/01974/12-11 en la coordinación territorial GAM 2, por el delito de lesiones dolosas por golpes.

El CEL informó que el parte médico preliminar no es favorable, pues al ser revaluado el estado del ojo derecho se encontró un fuerte derrame en el centro.

Tras descartar la cirugía, por el peligro que implica, se le inyectó una burbuja de gas para desplazar la hemorragia a los puntos ciegos naturales. Debido a la inflamación, no se encontró el lente de contacto que usa el estudiante.

El médico que lo atendió informó que el daño causado es permanente, pero hasta esta semana se podrá valorar la gravedad.

El bienestar de nuestro compañero, de 21 años, quien estudia creación literaria, se torna más difícil, pues sufre debilidad visual. Lamentablemente, hace un año y medio le diagnosticaron una extraña enfermedad congénita que le quitará gradualmente la vista, e incluso puede perderla en cualquier momento, según un comunicado del CEL.

Indicó que el jueves 8 de noviembre, a las 20:30 horas, Cortés Catorce se encontraba en el café Internet cercano al plantel Cuautepec cuando, sigilosamente, Luis Bravo, integrante de un grupo estudiantil violento ligado a la rectoría llamado RED, lo sorprendió por detrás con un golpe en el rostro que lo tiró al suelo, donde lo pateó y golpeó durante algunos minutos, sobre todo en la cara.

En un comunicado, la rectora Esther Orozco dijo que la institución a su cargo no puede hacer frente a grupos entrenados para la violencia, ya que las armas universitarias para resolver problemas son el debate, el conocimiento, el respeto y la tolerancia, las ideas y el apego a la legalidad

Operativo sorpresa contra la trata de personas en La Merced

Operativo sorpresa contra la trata de personas en La Merced

Intervienen autoridades de la Venustiano Carranza 11 negocios, entre ellos 5 hoteles

No habrá tolerancia para quienes cometan delitos: Ballesteros

No hubo detenidos

Autoridades de la delegación Venustiano Carranza, en coordinación con personal del INVEA y policías auxiliares, realizaron un operativo sorpresa en varios hoteles y establecimientos irregulares de La Merced contra la trata de personas y explotación infantilFoto Alfredo Domínguez

Operativo sorpresa en varios hoteles y establecimientos irregulares de La Merced contra la trata de personas y explotación infantilFoto Alfredo Domínguez

Mirna Servín

 

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 37

Un total de 11 hoteles y establecimientos adaptados para ejercer el sexoservicio en La Merced fueron intervenidos de manera simultánea en un operativocontra la trata de personas y la explotación de menores de edad, sin que hubiera personas detenidas.

En la acción se clausuraron seis locales irregulares conocidos comocortinas, que fueron adaptados con camastros de cemento para ejercer la prostitución. Sin embargo, a la llegada de la autoridad unos estaban vacíos y otros cerrados.

En el operativo, encabezado por el jefe delegacional de Venustiano Carranza, José Manuel Ballesteros López, se desplegaron 50 trabajadores del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, policías auxiliares y trabajadores de la delegación, así como elementos de la Procuraduría General de Justicia capitalina.

El gran despliegue de vehículos llenos de uniformados y verificadores llamó la atención inmediata de vendedores, locatarios y transeúntes de La Merced, quienes preguntaban infructuosamente qué sucedía.

Poco antes de las 16 horas, al menos una decena de camionetas tipo pick upllegaron al corazón de La Merced y se desplegaron por calles como General Anaya, Santa Escuela, San Antonio Tomatlán y Zavala.

–¿Qué es lo qué pasa, señor?, ¿qué es lo qué buscan?, qué se les ofrece aquí? –interrogaban varias mujeres a los verificadores, acompañados de la policía, quienes daban vueltas por laberintos oscuros atrás de los locales comerciales.

–Aquí no es. Seguro es otra la dirección. Aquí no hay nada –comentó un funcionario, quien revisaba una y otra vez su mapa y preguntaba por el número 17.

Es que son negocios irregulares que se esconden tras fachadas distintas, explicó uno de los encargados de ese grupo.

La incursión en los hoteles tuvo más éxito, pues las autoridades pudieron revisar, tras la suspensión temporal de los servicios, que entre las sexoservidoras no hubiera menores de edad.

Los hoteles revisados fueron el Jerez, Antas, San Antonio Tomatlán, Real, Necaxa, Gran Hotel Veracruz, Liverpool y Tampico, donde una funcionaria pidió a los fotógrafos y cámarógrafos que no expusieran el rostro de las trabajadoras sexuales.

“No es un operativo contra el sexoservicio, sino contra la trata de personas, ya que éste es un foco rojo de la delegación y su revisión se ha convertido en una demanda vecinal”, aseguró José Manuel Ballesteros.

Sin embargo, al paso de las autoridades, algunos vendedores informales reclamaban: mejor capturen a los delincuentes, no a ellas, que buscan trabajar. Ninguna mujer fue detenida por ofrecer servicios sexuales en los hoteles mencionados.

“Estos operativos continuarán a lo largo de mi gestión, por lo que tengan la certeza de que no habrá tolerancia para personas que ejerzan algún delito en la Venustiano Carranza, llámese trata de personas, robo, venta o consumo de drogas, así como extorsión o explotación laboral”, subrayó el jefe delegacional. Añadió que los operativos sorpresas cumplen con acciones preventivas y significan un mensaje a todos los que intenten delinquir en dicha zona

Acapulco, al borde de la quiebra; alcalde pide ayuda a la Federación

Acapulco, al borde de la quiebra; alcalde pide ayuda a la Federación

Asegura que recibió un desastre financiero y que los pasivos se cuadruplicaron

Para enero sumarán 2 mil 100 millones, cifra mayor a sus ingresos

PRD, PT y MC promoverán auditoría

El senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado; el alcalde de Acapulco, Guerrero, Luis Walton; Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, y Ricardo Cantú, diputado federal del PT, afirmaron ayer que ese municipio está prácticamente en quiebra y pidieron rescatarloFoto La Jornada

Alonso Urrutia y Héctor Briseño

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 32

El alcalde de Acapulco, Guerrero, Luis Walton, sostuvo que recibió un desastre financiero debido a los manejos irresponsables de la administración 2009-2012 y que el puerto está al borde de la quiebra.

Exigió a la Federación que rescate al municipio, pues para enero no tendrá dinero ni para pagar la nómina, la cual esdemasiado voluminosa, pues consta de 8 mil trabajadores, cuando ciudades similares operan con 4 mil.

Acompañado por los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (PC) en la ciudad de México, destacó que en el trienio 2009-2012 la deuda creció casi 400 por ciento, de 396.4 a mil 561 millones de pesos.

Además, recibió un déficit de 311 millones de pesos, al que se suma un pasivo de 270 millones de pesos derivado de laudos de la Junta de Conciliación y Arbitraje en favor de trabajadores. Es decir, dijo el alcalde, para enero próximo Acapulco tendría adeudos por más de 2 mil 100 millones de pesos, mientras sus ingresos apenas ascienden a 2 mil millones.

Sólo en la administración del priísta Manuel Añorve, la nómina creció en más de mil empleados y debería adelgazarse, pero ello implica liquidar a los trabajadores. Señaló que la deuda bancaria asciende a más de 400 millones de pesos a pagar en 10 años, con mensualidades cercanas a cinco millones de pesos.

Jesús Zambrano, dirigente del PRD; Ricardo Cantú, del PT, y Dante Delgado, de MC, anunciaron que promoverán un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para que la Auditoría Superior de la Federación analice el caso y se deslinden responsabilidades. Los tres coincidieron en que no pueden admitirse excesos en el manejo del erario. Zambrano sugirió que parte de esos recursos pudieron haber terminado en bolsillos privados.

Llama Jesús Zambrano a evitar más quebrantos

El dirigente del sol azteca aseveró que lo sucedido en Acapulco es una muestra del acelerado deterioro de las instituciones, que debe revertirse porque de lo contrario surgirán más gobernantes que creen que el cargo es una oportunidad de enriquecerse.

Zambrano aseguró que en Acapulco y en Michoacán (estado que también enfrenta una crisis financiera) debe investigarse cómo se ha manejado el erario y deslindar responsabilidades.

El secretario de planeación y desarrollo económico de Acapulco, Carlos Álvarez Reyes, dio a conocer que la deuda del ayuntamiento suma mil 561.8 millones de pesos, y aumentó 394 por ciento respecto de la que recibió el ex alcalde priísta Manuel Añorve Baños (2009-2012), de 396.4 millones de pesos.

La deuda municipal se integra por tres conceptos: 357.7 millones de pesos de gasto corriente, materiales, servicios públicos, salarios y suministros; 388.7 millones de pesos de recursos federales, rubro en el cual se presume que hubo desvío de recursos y daño patrimonial; 423.8 millones de deuda bancaria de largo plazo, y 392 millones de pesos de pasivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

El renglón de deuda por gasto corriente y salarios se divide de la siguiente manera: 132 millones de pesos de aguinaldos, 52.7 millones de pesos en créditos otorgados a trabajadores por las empresas Consupago, Libertad y Credimex, entre otras, a pesar de que la administración priísta hizo las retenciones correspondientes a los trabajadores.

Los pasivos con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg), su homólogo federal (Issste), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y sistemas de ahorro suman 256 millones de pesos. Por gasolina y otros servicios se deben 12 millones de pesos; por pago de servicios públicos, como recolección de basura, 54.6 millones de pesos, y facturas por reparación de vehículos, 89.1 millones.

El ayuntamiento adeuda además 229.3 millones de pesos del fondo 3 del ramo 33 a contratistas por obras públicas ejecutadas y no pagadas; 32 millones de pesos a proveedores de programas sociales, 11.4 millones de pesos al fondo de pavimentación, 11.2 millones de pesos del subsidio para la seguridad pública municipal, 12.3 millones de pesos del programa Hábitat, 3.1 millones del programa de fertilizantes y 2.5 millones a pequeños negocios, lo que suma un presunto daño de 301.8 millones de pesos de recursos federales.

A lo anterior se suma que la anterior administración pidió un adelanto de participaciones de 34 millones de pesos al ramo 28 y debe 105.1 millones de pesos por factoraje financiero, así como adelantos por 18 millones de pesos, créditos bancarios y deuda heredada de administraciones previas.

Por la noche, Manuel Añorve afirmó en un comunicado que sólo se deben 86 millones de pesos y no mil 561.Sobre el déficit de 311 millones de pesos que señalaron Walton y su secretario de planeación Álvarez Reyes, Añorve señaló: No dicen que de octubre a diciembre recibirán 521 millones de pesos.

El actual diputado federal del PRI dijo que la administración de Walton ha desatendido los problemas de inseguridad y servicios públicos por la búsqueda de reflectores y la multiplicación de lamentaciones; se pretende proyectar un municipio en desastre, cuando lo que se necesita es un trabajo permanente en favor del municipio.

(Con información de Enrique Méndez)

Aguirre se deslinda de la agresión a cinco normalistas de Ayotzinapa

Aguirre se deslinda de la agresión a cinco normalistas de Ayotzinapa

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 35

Chilpancingo, Gro., 12 de noviembre. El gobernador Ángel Aguirre Rivero se deslindó de la agresión de la que alumnos de la Normal de Ayotzinapa fueron víctimas el sábado pasado en la carretera Iguala-Chilpancingo, donde fueron detenidos, golpeados y torturados cinco estudiantes, agresión de la cual responsabilizó a la Policía Federal.

El mandatario dijo en entrevista colectiva que ignoraba que la procuradora Martha Elva Garzón Bernal presuntamente hizo firmar un documento a los cinco normalistas, y dijo: no tengo conocimiento, es cuestión de que le pregunten a la procuradora.

Aguirre Rivero insistió: Nosotros somos totalmente ajenos, nos deslindamos de los hechos que acontecieron en ese lugar. Yo no di ninguna indicación, ni nadie de mis funcionarios; la información que se tiene es la que ustedes conocen.

Mencionó que la versión de la Policía Federal es que encontró a un grupo de jóvenes que aparentemente pedían cooperación a los conductores que pasaban por la carretera federal Chilpancingo-Iguala, “cosa que no nos consta, y según dicho también de ellos se encontraban ordeñando, robando combustible, gasolina, diesel; tampoco nos consta. Posteriormente los trasladaron a la procuraduría, pero al no encontrar ningún elemento de parte nuestra, y no haber denuncia de por medio se les puso en libertad”.

En tanto, el visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, confirmó que se canalizó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la queja de los cinco normalistas de Ayotzinapa golpeados por policías federales el sábado pasado, y aseguró que el expediente impreso llegará a las instalaciones de la CNDH en la ciudad de México

Comienza el IFE la segunda fase para destruir las boletas de 2012

Comienza el IFE la segunda fase para destruir las boletas de 2012

Se hará a más tardar el 26 de noviembre; sólo se conservarán 25 mil paquetes para estudio

 En acatamiento a la solicitud de la ONU, queda sin efecto el procedimiento para las de 2006

Bodega en Toluca, estado de México, donde ayer dio comienzo la destrucción de las boletas electorales de 2012Foto Agencia MVT

Alonso Urrutia

 

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 3

Al finiquitarse el último recurso que había para impedir la destrucción de las boletas de los comicios de 2012, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la petición de los partidos de izquierda para obtener el acceso a esos paquetes, las 300 juntas distritales del Instituto Federal Electoral (IFE) iniciaron la segunda fase para destruir la totalidad de ese material a más tardar el 26 de noviembre. Sólo se conservarán 25 mil paquetes para que la autoridad electoral realice cinco estudios.

Entrevistada sobre la decisión del TEPJF –y en su momento del IFE– de no abrir los paquetes de 2012 al público, María Marván, consejera electoral y ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), sostuvo: Argumentar que a las boletas electorales se debe tener acceso, como si fuera una factura, es una falacia que ha vendido muy bien, pero es una falacia.

Agregó que ese material electoral es el único documento del Estado mexicano que desde que se imprime hasta el día de su destrucción tiene mecanismos de acceso clarísimos: el día de la votación, la fecha de los recuentos y cuando lo mandata el tribunal; en todos estos casos queda claro quiénes deben estar presentes, esto es, los funcionarios de casilla, los representantes de partido y, si lo desean, observadores electorales.

De cualquier manera, subrayó la consejera, debe quedar claro que la destrucción del material no es una decisión del IFE, sino un mandato de ley.No hay país en el mundo que guarde estos materiales, ni bodega que lo resista, dijo Marván.

Formalmente, el plazo para la destrucción –según el acuerdo del Consejo General– comenzó ayer lunes; sin embargo, sólo en algunos distritos del estado de México se procedió a ello; en las juntas distritales solamente se hicieron procedimientos administrativos y en algún caso comenzó el traslado de materiales a las empresas que se encargarán del procedimiento final.

En principio, ayer comenzaría la destrucción de boletas aunque, en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, se tiene previsto que sea el próximo 21 de noviembre.

En paralelo, ayer circuló el proyecto de acuerdo mediante el cual, en estricto acatamiento a la solicitud del comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que pide al Estado mexicano suspender la destrucción de las boletas correspondientes a 2006 –ante un recurso promovido por la revistaProceso–, se instruye al secretario ejecutivo que comunique a los vocales de las 32 juntas locales dejar sin efecto el procedimiento, por lo que hace a esas papeletas.

La disposición estará vigente hasta que se resuelva la petición del semanarioProceso –lo que se estima ocurra en mayo próximo– y, en su caso, hasta que concluya el procedimiento legal en la instancia internacional mencionada.

De la misma forma, se ordena a la secretaría ejecutiva del instituto proporcione los recursos necesarios a las juntas, en tiempo y forma, para que puedan continuar con la guarda y custodia del material electoral, incluyendo negociaciones sobre arrendamientos, prórrogas de contrato y demás aspectos inherentes.

Al respecto, el consejero electoral Marco Antonio Baños dio a conocer que de julio de 2006 a la fecha el Estado ha erogado 550 millones de pesos en preservar los materiales electorales. Tan sólo las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina han gastado en este periodo 479 millones en los salarios de los 3 mil 652 elementos que han custodiado los paquetes.

A ello se suman los 71 millones de pesos que el IFE ha invertido para preservar las boletas, labor que esencialmente consiste en el arrendamiento de las 32 bodegas donde se encuentran los materiales desde el 14 de agosto de 2008, cuando, ante la prolongada espera para que se desahogaran todos los litigios en torno a ese material, se decidió trasladarlas desde las 300 juntas distritales, dijo Baños.

Ante la nueva prórroga debida al acatamiento de disposiciones internacionales, el IFE buscará abatir costos y concentrar en una sola bodega todo el material electoral

Las pasadas elecciones fragmentaron las comunidades chiapanecas: Centro Frayba

Las pasadas elecciones fragmentaron las comunidades chiapanecas: Centro Frayba

Destaca la persistente práctica contrainsurgente dirigida al EZLN y sus bases de apoyo

Hermann Bellinghausen

 

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 6

En meses recientes confluyeron en el estado de Chiapas las campañas electorales federal y estatal, con efectos sociales preocupantes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documenta en un amplio informe la presión política que se ejerció en los pueblos y comunidades, con la finalidad de que sufragaran mediante la compra de votos y otros medios clásicos de corrupción electoral, por la alianza de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal), convirtiendo al Verde en primera fuerza política y dejando una profunda fragmentación en las comunidades.

El Frayba ha monitoreado el conflicto armado en Chiapas desde su inicio, dando cuenta de las diversas coyunturas, caracterizadas siempre por una política de contrainsurgencia dirigida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo; ésta se agudiza cuando se trata de cambio de estafeta y reparto del control político.

El abogado Pedro Faro, integrante del Centro Fray Bartolomé, refiere:Hemos ubicado un patrón de violencia recurrente durante los cambios electorales, que desata enconos y conflictos entre los grupos de poder por los puestos de gobierno, y una vez establecido el escenario esencial, se desprenden acciones para golpear al enemigo. En estas circunstancias es específica la disputa por los territorios recuperados del EZLN.

Entre mayo y septiembre de 2012, apunta Faro, hemos documentado la continua estrategia de confrontación comunitaria que el gobierno, en sus tres niveles (municipal, estatal y federal), realiza en las comunidades autónomas zapatistas por medio de grupos de poder local, los cuales se benefician de la protección que se les brinda. Desde 2000 se construye una guerra integral de desgaste, y a la par el gobiernotergiversa en los medios de comunicación los desplazamientos forzados, las agresiones armadas y los hostigamientos que hoy reciben las bases de apoyo del EZLN. Este escenario se corrobora con las hostilidades en curso contra los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las comunidades San Marcos Avilés, Comandante Abel, Jechvó y Banavil.

El doble discurso

Por un lado, el gobierno federal invisibiliza al EZLN, y por el otro, el estatal expresa atender sus demandas, desmarcándose como contendiente y presentándose como administrador de los escenarios y mediador de los conflictos, calificados comointercomunitarios. Sin embargo, el gobierno estatal juega un papel fundamental en la guerra de desgaste, especialmente con el uso de los recursos económicos para confrontar y cooptar organizaciones o comunidades que resisten al sistema.

En los medios de comunicación setrata de bloquear la postura del EZLN y las organizaciones que difieren de las políticas gubernamentales. El gobierno “impone su opinión o desvía la atención con publicidad turística o la difusión de logros de ‘vanguardia’, siendo que da continuidad a la política de descolocar el proceso autonómico y la resistencia civil y pacífica construida a partir del cese al fuego, en la apuesta de dar cumplimiento unilateral a los acuerdos de San Andrés, desconocidos por el gobierno mexicano”.

El Frayba registra que la estrategia de contrainsurgencia se ha operado de manera muy patente en las incursiones armadas de grupos de corte paramilitar de Sabanilla, en la comunidad Comandante Abel, que provocó ya el desplazamiento forzado de 87 personas.

Éstos son los hechos, a pesar de que el gobierno local “trata de ocultar las consecuencias de su política de violencia utilizando un discurso de ‘derechos humanos’ a través de reformas que son leyes muertas, y del Consejo Estatal de Derechos Humanos, que sirve como operador político para avalar y mantener la impunidad

Monreal solicita ante la CIDH que se condene al Estado a invalidar los comicios

Monreal solicita ante la CIDH que se condene al Estado a invalidar los comicios

En la demanda se piden con urgencia medidas precautorias para frenar la destrucción de boletas

Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Martes 13 de noviembre de 2012, p. 8

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que ayer envió por correo certificado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demanda con la cual pretende que se condene al Estado mexicano a iniciar un proceso judicial que invalide las elecciones presidenciales.

Acudimos a la CIDH para intentar que se nos haga justicia, porque en México nos la han negado. En el país la justicia está podrida y por eso recurrimos a otra instancia fuera, declaró.

En conferencia de prensa, Monreal refirió que se pide con urgencia la aplicación de medidas precautorias para evitar que en México se destruyan las pruebas del presunto fraude, en este caso las boletas electorales.

Aclaró que el recurso lo presentó como ciudadano, porque en los próximos días los partidos que formaron la coalición del Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) interpondrán otra de manera colectiva. Por lo pronto, detalló, se envió a la CIDH una caja de pruebas que acompaña a la demanda.

También anticipó que en la sesión ordinaria de hoy en San Lázaro se insistirá en que se constituya la comisión especial investigadora del caso Monex, que se pretende investigue la supuesta triangulación de recursos a la campaña presidencial del PRI.

Creemos que las tarjetas del grupo financiero Monex son la punta de iceberg de la corrupción y del dispendio, que en la triangulación de recursos participaron personajes de gobiernos estatales, algunos del poder económico y recursos de procedencia ilícita o no clara. Pero eso precisamente lo debe determinar la investigación, resaltó.

Respecto de la demanda ante la CIDH, el legislador informó que se sustenta en el principio de violación del derecho elemental de los mexicanos a elegir libremente sus autoridades, al sufragio de manera libre y auténtica, y que las autoridades electorales rompieron los principios de equidad, certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Una parte fundamental de esta última definición se refiere a que los magistrados María del Carmen Alanís y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, debieron excusarse de la calificación de la elección presidencial por presunto conflicto de intereses.

Monreal consideró que de ser favorable el fallo de la CIDH, sería una decisión histórica. La condena es muy importante, moral, política, jurídica y socialmente, porque no puede repetirse ni permitirse que a México lo gobierne la imposición, sostuvo