Leonardo Bastida Aguilar
“México ha llegado tarde al tema de la no discriminación”, aseguró Carlos de la Torre, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al participar en el Foro Nacional Avances y desafíos en materia de leyes antidiscriminatorias en México, el experto mencionó que en países como Estados Unidos, el debate sobre discriminación se abrió en la década de los años 50, mientras que en México se inició en 2001 con la inserción de la cláusula de no discriminación al artículo 1 de la Constitución y fue parte de las reformas en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Agregó que para la clase política, esta medida pasó desapercibida debido a que se negaba a reconocer la discriminación, pero contó con un gran respaldo social que permitió la introducción del derecho fundamental a no ser discriminado.
De la Torre señaló que se debe reconocer a la discriminación como un problema estructural ya que sólo 12 estados han incluido el término en sus constituciones, 16 entidades tienen leyes contra la discriminación, tres la han tipificado como delito y no ha sido tomado en cuenta en los órganos de impartición de justicia.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mencionó que uno de los grandes problemas de la lucha contra la discriminación es que se ha normalizado y no se ha buscado la manera de revertirla porque “todos discriminamos y somos discriminados”.
Añadió que los avances en la materia se han dado gracias al impulso de los grupos de la sociedad civil como las feministas, la comunidad de la diversidad sexual, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad pero nunca de los provenientes de las instituciones públicas.
El experto en derechos humanos comentó que si México desea ser un Estado democrático, debe garantizar los derechos de las minorías ya que no es suficiente la igualdad ante la ley sino que se debe evaluar la situación en la que se ejercen los derechos humanos pues ahí comienza la discriminación.
De esta manera, advirtió el ex ombudsman capitalino, se debe dar prioridad al fortalecimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y su autonomía, armonizar las leyes federales con los derechos humanos, realizar acciones en el ámbito público y el privado, llevar a cabo un plan nacional contra la discriminación y armonizar las leyes de los estados con las legislaciones federales.
Ricardo Raphael, analista político, aseveró que las políticas públicas son la principal arma para luchar contra la discriminación pues existen graves problemas en el ámbito general que en el campo de la no discriminación son perceptibles en la falta de un diagnóstico y evaluación sobre el problema, así como de una “pereza legislativa” para trabajar en la elaboración de leyes antidiscriminatorias.
El titular del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, señaló que las políticas contra la discriminación existentes no se han enfocado a garantizar a los grupos vulnerables el acceso a todos sus derechos sino sólo a un cierto número de ellos.
En coincidencia con Ricardo Raphael, Bucio Mújica indicó que los cambios en la materia se deben dar desde el ámbito educativo ya que “no son las condiciones de las personas las que provocan la discriminación sino el entorno cultural y el desconocimiento de lo que es la discriminación”.
