Solapa el gobernador de Guanajuato corrupción de parientes, denuncian

La fracción del PRI en el Senado denunció en tribuna los escandalosos actos de corrupción en el gobierno de Guanajuato, en el que están involucrados familiares directos del mandatario de la entidad, Juan Manuel Oliva.

Dos empresas de parientes del gobernador recibieron contratos por más de 150 millones de pesos, sin licitar, acusó el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra. Una de ellas, Impulsora Estrella, vendió al DIF 440 mil latas de atún echadas a perder, agregó.

En lo que pareció una respuesta del PRI a las denuncias del PAN contra Humberto Moreira, presidente del CEN del PRI, por la exorbitante deuda que contrató cuando fue gobernador de Coahuila, Arroyo Vieyra expuso que una auditoría corroboró que la consuegra y otros parientes de Juan Manuel Oliva y del jerarca más poderoso del PAN y del Yunque, Elías Villegas, han sacado recursos millonarios del DIF estatal, a través de empresas fantasmas.

Destacó que la empresa Impulsora Comercial Estrella, SA de CV, tiene como accionistas a cinco hermanos; uno de ellos es Bárbara Elena Martínez Díaz, y su hermano es esposo de la diputada Leticia Villegas Nava, hija del jerarca más poderoso del PAN y del Yunque, Elías Villegas Torres.

A esa empresa, subrayó el priísta, se le asignaron seis contratos por un total de 84 millones 472 mil 320 pesos.

En tono sereno pero mordaz, Arroyo Vieyra dijo: entre otros chistoretes, esa empresa le vendió al DIF 440 mil latas de atún en mal estado, que fueron distribuidas en los desayunos escolares.

Añadió que a la empresa Impulsora Comercial la Espiga SA de CV, cuya accionista principal, con 80 por ciento del capital es Bárbara Elena Martínez Díaz, mientras Mildred María Gaona Gutiérrez tiene 5 por ciento y Laura Guadalupe Díaz Cortés 15 por ciento, se le asignaron contratos por 66 millones 174 mil 563 pesos.

El legislador priísta Francisco Arroyo Vieyra, quien denunció en el Senado presuntos actos de corrupción en GuanajuatoFoto La Jornada

Abundó: la presidenta del DIF, una apreciada dama guanajuatense, le ha comprado a su consuegra más de 2 millones de pesos en miel de abeja. Se adjudicó de manera directa a la consuegra del gobernador, Elia Margarita Lona Calvo, un contrato por la compra de un millón 807 mil 651 pesos.

Continuó: la presidenta del DIF le ha comprado a su hija más de 300 mil pesos en servicios gastronómicos, y luego obligaron a la adolescente a regresar el dinero. Se trata de la operadora Gastronómica a Fuego, cuya principal accionista es la hija del gobernador.

Afirmó que se adquirieron paquetes de útiles escolares por 5 millones 58 mil 766 pesos a una papelería cuya propietaria es Leonor Berenice Martínez Díaz, hermana de Bárbara Elena Martínez.

El senador Arroyo dijo desde la tribuna que el escándalo ha llegado a tal grado que los diputados locales no tuvieron más que ordenar una investigación. Esa auditoría concluyó que el precandidato del PAN al gobierno de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, era secretario de la Función Pública y nunca dijo absolutamente nada.

Denunció que “el Congreso del estado, utilizando la mayoría del PAN, exoneró al DIF e impuso sanciones muy ligth, y las sanciones que pudieron haber sido muy graves, declara que (las presuntas irregularidades) ya están prescritas

"Símbolo de fe", las 33 centroamericanas que buscan a sus hijos: párroco de Saltillo

Les pide no cejar en el intento de hallar a sus familiares; dejan en el Semefo pruebas de ADN

Símbolo de fe, las 33 centroamericanas que buscan a sus hijos: párroco de Saltillo

Algunas de las 33 madres de migrantes hondureños y nicaragüenses desaparecidos en México, ayer en la capital de CoahuilaFoto Alberto Puente

Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 5 de noviembre de 2011, p. 9

Saltillo, Coah., 4 de noviembre. Quizá necesitaban sentir un abrazo aunque fuera entre ellas. Cuando se iban apretando, cuando la solidaridad se empezó a desparramar, ninguna pudo aguantarse el llanto.

Hoy, las 33 centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México visitaron la catedral de Saltillo. Esperaban encontrarse con el obispo Raúl Vera, pero no les fue posible porque el prelado atiende un asunto en Noruega.

Pero eso no importó. Pedro Pantoja se hizo cargo y les pidió, con tono de súplica, que no abandonaran el intento de encontrar a sus familiares, pues se han convertido en símbolo de fe y esperanza para muchas otras madres.

Frente al altar acomodaron con cuidado las fotografías de sus hijos. Hubo cánticos religiosos. Tomadas de las manos formaron un círculo y rezaron con la guía del párroco que coordina el albergue para migrantes Belén, en esta capital.

Busco a mi hijo. No traigo una foto porque lo único que tengo de él es el recuerdo y la esperanza de encontrarlo. Nuestros hijos tienen que aparecer vivos, manifestó la nicaragüense Guadalupe Ríos.

Ellos no vinieron a robar ni a hacer maldades, sino a buscar nuevos horizontes, por eso le pedimos al gobierno mexicano que les permita pasar el país con seguridad. Las fronteras no deben existir porque la tierra no es de nadie, es de todos, expresó Juventina, madre de dos hijos desaparecidos.

La señora María Monsimina Girón, de Honduras, quien busca a su hijo desaparecido desde hace tres años, ayer afuera del Servicio Médico Forense, en SaltilloFoto Miguel Ángel Reyna

El franciscano Tomás González Castillo se refirió a la tragedia cotidiana que enfrentan los migrantes a su paso por México, pero rechazó que las agresiones formen parte de acciones sistematizadas de la sociedad.

México no es un país asesino, sino generoso, que abre los brazos para recibir a quien lo necesite. México es un país solidario, desafortunadamente el mal gobierno no hace su trabajo como es garantizar la seguridad y los derechos de los migrantes, expuso.

Pantoja animó a las mujeres a mantener el movimiento. Cuando se busca a los desaparecidos no hay locura en quien lo hace, sino esperanza de vida, les dijo.

Por la mañana, las 33 integrantes de la Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en tránsito acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde les tomaron pruebas de ADN que se compararán con muestras de cadáveres encontrados en la entidad que no han sido reclamados.

El lenguaje de los muertos es importante y la visita al Semefo era necesaria. Ellas saben que algunos [de sus familiares] murieron, pero quieren tener una señal, anotó el religioso.

Hace más de una semana, las mujeres comenzaron su periplo en Centroamérica. Este viernes se abrazaron y lloraron. Tras ese episodio, sobreponiéndose al dolor, salieron tranquilas, en paz, desahogadas

Festejan AI y la CIDH condenas a militares

Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebraron las sentencias que un tribunal militar dictó en contra de 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con penas de 16 a 40 años de prisión, por su responsabilidad en la muerte de dos mujeres y tres niños, quienes viajaban en un vehículo que no se detuvo en un retén de Sinaloa.

Esta es la primera condena por abusos cometidos por militares contra civiles en la campaña para abatir el crimen organizado emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, lo cual es positivo porque en reiteradas ocasiones se ha recomendado al Estado mexicano juzgar y penalizar a las personas que cometan violaciones a los derechos humanos, dijo Rodrigo Escobar, comisionado de la CIDH para México, de acuerdo con la agencia Dpa.

La estrategia calderonista contra los cárteles del narcotráfico tiene su sustento en las fuerzas armadas desplegadas en varios estados de la República, e incluso han sustituido a policías locales, pero también se ha traducido en abusos y violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Aunque AI también destacó que las sentencias representan un importante avance hacia la justicia, señaló que estos casos deben ser juzgados en tribunales civiles y no militares, pues quedan serias dudas respecto a los pormenores de las sentencias y realmente cuánto tiempo permanecerán en prisión los soldados.

La Sedena informó el pasado jueves que resultado de lo acontecido en julio de 2007 en un retén militar cerca del poblado La Joya, el comandante de la operación fue condenado a 40 años de prisión; el oficial a cargo del retén, a 38 años, y los 12 soldados que lo realizaban estarán 14 años en la cárcel. Otros dos integrantes de la milicia fueron absueltos y tres más aún están en proceso.

Por los disparos que se hicieron desde el retén en contra de la camioneta en que se transportaban las víctimas, otras tres personas resultaron heridas. Eran miembros de una familia y el problema fue que no se detuvieron donde estaban los soldados.

Los hechos se derivaron de un lamentable error pero la justicia militar actuó de manera transparente e imparcial, señaló la Sedena.

AI resaltó que desde el inicio del gobierno calderonista y su lucha contra el crimen organizado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 6 mil quejas de abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas, y hasta ahora no ha habido juicios y sentencias en contra de militares.

Es positivo que los responsables de este crimen hayan sido identificados y procesados. Sin embargo, serias dudas continúan con respecto a los pormenores de sus sentencias dijo Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Agregó que dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permanecerán en prisión.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una serie de sentencias en contra de México en las cuales ordena que todas las violaciones a lar garantías cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en instancias civiles

Pesan más las amenazas de policías que los golpes sufridos: activistas de Juárez

Con apoyo de varias organizaciones, los arrestados preparan denuncia ante la CNDH

Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Sábado 5 de noviembre de 2011, p. 14

Los hematomas, los ojos hinchados y las costillas adoloridas de los 29 detenidos en Ciudad Juárez el 1º de noviembre –consecuencia de las golpizas propinadas en el momento del arresto y dentro de la comisaría de la policía municipal–, tardan menos de 15 días en sanar, como consta en los informes médicos que emitió la Cruz Roja después de revisar el estado de salud de cada uno.

Lo que perdura y preocupa son las posibles consecuencias de las amenazas que recibieron por parte de las autoridades, en la comisaría Aldama y en la fiscalía del estado. No es la primera vez que recibo amenazas, dice en entrevista Gero Fong, activista del Frente Plural Ciudadano y promotor del colectivo Indignados. Pero sí la primera vez que los agentes me dicen a la cara: te vamos a fregar.

Arturo Vázquez, médico anestesista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su hijo Arturo Vázquez Flores, estudiante de música de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, coinciden en que más que las golpizas que sufrieron el pasado martes, lo que les pesa es haber sido amenazados por los agentes del jefe de seguridad pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola. Aquí pueden desaparecer a cualquiera. Antecedentes sobran.

Con el apoyo de varias organizaciones pastorales y de derechos humanos, los arrestados preparan una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El martes culminaba una movilización de cuatro días para honrar la memoria de los nueve mil muertos por la violencia en esa ciudad en los cuatro años recientes. Pretendían pegar nueve mil cruces de cartulina en espacios públicos. Sin que mediara diálogo, unos cien policías, apoyados por 25 patrullas, nos rodearon y violentamente intentaron llevarse a algunos, explica el estudiante de música. Yo traté de impedir que una muchacha fuera arrastrada del cuello por dos agentes, el doble de grandes que ella. Entonces me golpearon y me arrastraron a mi también.

A su padre lo detuvieron horas más tarde. Cuando supe que habían detenido a los jóvenes fui a la comisaría buscando a mi hijo. Vi que un policía golpeaba a una muchacha como de 14 años. Intenté intervenir. El agente me golpeó con su rifle en el abdomen, en la cabeza, me estampó contra las rejas y me aplicó un golpe que me hace pensar en cómo está entrenada esta gente en técnicas de tortura: en lugar de apretarme la laringe la jaló hacia afuera. Esto provoca mucho dolor. Después me arrastraron hacia el interior de la comisaría y quedé detenido.

A los hombres los llevaron al taller de patrullas de la comisaría: Nos rodearon unos 20 policías, los mismos que nos detuvieron. Y, así, esposados como estábamos, nos golpearon y patearon. Fueron 15, 20 minutos constantes.

Después, los 29 detenidos fueron remitidos a la fiscalía estatal. No nos quitaron las esposas. Nos obligaron a arrodillarnos con las piernas cruzadas, en una postura dolorosa. Nos prohibieron acomodarnos o intentar voltear y hablar entre nosotros. Esto duró como una hora. Leyzaola en persona se presentó para supervisar el castigo.

Al doctor Vázquez, como a varios otros, lo acusaban de haber agredido a la policía. Tengo 52 años e insuficiencia renal. Ni loco se me ocurriría meterme con un policía que además lleva arma larga. El médico opina: Con los datos a la vista, esta fue una agresión planeada contra un colectivo social para dar un mensaje: aquí nadie protesta.

Fong comenta que la policía comete todo tipo de excesos, no sólo contra el movimiento popular sino contra la población, porque el contexto de la ciudad, con su cuota de asesinatos y descuartizados diarios, en total impunidad, lo permite. Ya nada escandaliza: ni el que la policía municipal detuviera a un abogado, David Concha, cuyo cuerpo fue descuartizado y regado en 14 sitios distintos hace dos semanas; ni la pareja calcinada en la vía pública un día después de la dispersión de nuestra manifestación; o los seis muertos que apenas encontraron ayer, o el hombre acribillado frente a un jardín de niños hoy por la mañana.

El jefe de Seguridad Pública municipal, Julián Leyzaola, a su vez, explicó que la policía bajo su cargo intervino porque hacer pintas en lugares privados no es correcto, ya que a mi el presidente Calderón me puso en mi puesto para proteger los bienes de las personas. Para pegar cruces de cartón legalmente en las calles donde la masacre de adolescentes de Salvárcar sigue impune, los manifestantes debían haber conseguido nueve mil autorizaciones, dijo el jefe policiaco en entrevista con El Diario de Juárez

Sólo simulación, ante resolutivos de CIDH sobre feminicidios, acusan

Sólo simulación, ante resolutivos de CIDH sobre feminicidios, acusan

Fosa común del Panteón San Rafael, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde han sepultado los restos de mil 700 personas, incluyendo los de mujeres asesinadas en la zona fronterizaFoto Xinhua

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 5 de noviembre de 2011, p. 14

A casi dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la sentencia del caso conocido como Campo Algodonero, por la desaparición y muerte de tres mujeres adolescentes en Ciudad Juárez, el Estado mexicano no ha hecho ningún esfuerzo por cumplir con la resolución. Por el contrario, ahora pretende desconocer a las centenares de víctimas que han perdido la vida como parte de feminicidios, denunciaron organizaciones civiles.

Con motivo del décimo aniversario de que se encontraron los cadáveres de las jóvenes en un lote de la capital chihuahuense, luego que sus familiares habían reportado su desaparición, el gobierno federal convocó a una ceremonia el próximo 7 de noviembre en ese lugar, donde se develará un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, como lo ordenó la CIDH.

Es decir, explicaron las agrupaciones civiles, el monumento no está dedicado sólo a las víctimas del caso Campo Algodonero. Señalaron que existe un acuerdo entre el subsecretario de Gobernación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, las familias y sus representantes, para incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993 y cuando menos hasta 2006.

Dijeron que sin embargo el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, ha ignorado dicho acuerdo y se ha negado a que los nombres de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez sean incluidas en el memorial, el cual, además, todavía no está terminado.

Por eso, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, así como las familias de las víctimas del Campo Algodonero informaron que no asistirán a la ceremonia del próximo lunes.

Y es que, dijeron, el Estado pretende reconocer su responsabilidad por las tres víctimas del caso ante la CIDH y desconocer a los centenares de víctimas más que han perecido como parte del feminicidio en Ciudad Juárez.

También mencionaron que de los 13 resolutivos emitidos por la CIDH el 10 de diciembre de 2009, sólo se ha cumplido uno. El resto de las acciones públicas han sido sólo simulaciones, apuntaron.

Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 19, fueron reportadas en fechas distintas por sus madres como desaparecidas. Sus cuerpos sin vida, junto con los de otras cinco jóvenes, se localizaron en el lote identificado ahora como Campo Algodonero, los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

Por la falta de respuesta del sistema nacional de justicia, el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después de ocho años de litigio, el 10 de diciembre de 2009, la CIDH notificó la sentencia

Apoya CNI a pueblos indígenas del Istmo en lucha por la defensa de sus tierras

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se solidarizó con los pueblos ikoot (huave), binnizá (zapoteco del Istmo) y afrodescendientes, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), víctimas de las peores formas de criminalización de su lucha en contra del megaproyecto Corredor Eólico del Istmo (CEI), por parte de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cué, quienes con su mutismo, complacencia, racismo, condescendencia y malinchismo se muestran cómplices de las empresas transnacionales españolas en la violación directa de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

En un comunicado, el CNI, que agrupa a autoridades tradicionales, comunales y agrarias de huicholes, yaquis, purépechas, nahuas y cocas de Michoacán y Jalisco, amuzgos y tlapanecos de Guerrero, tzotziles y tzeltales de Chiapas, zapotecos y mixtecos de Oaxaca, exigió el retiro de soldados, marinos, policías y paramilitares de sus territorios, porque, afirma, no son delincuentes ni narcotraficantes sino pueblos y comunidades indígenas en lucha y resistencia por la defensa de sus tierras y territorios.

En Oaxaca, añade, la criminalización y represión de los movimientos sociales ha venido siendo una constante en los gobiernos de José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué, permitiendo, propiciando y solapando la existencia y acción de grupos armados y pistoleros al servicio de las empresas trasnacionales y cacicazgos coludidos con el gobierno del estado, prácticamente en todas las regiones, como los casos de San Juan Copala, San Isidro Aloapan, Yosotatu, Tanetze, Xochiapan, Tuxtepec, Unión Hidalgo, Juchitán y la propia Lu’lá’, ciudad de Oaxaca, por lo que resulta aberrante e inexplicable que la Organización de las Naciones Unidas haya entregado recientemente reconocimientos por la observancia de derechos humanos al gobierno del estado.

Repudia la violenta agresión promovida y ejercida en contra de la APIITDTT, los días 18 y 28 de octubre, por parte de personeros de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, filial de la española Renovalia Energy), acompañados de policías federales y ministeriales, y exige la cancelación inmediata del CEI, particularmente en los casos de los parajes de Unión Hidalgo (Piedra Larga, Las Palmas, El Llano y Zapotal), así como el Parque Eólico San Dionisio, de la española Preneal en la Isla de Pueblo Viejo, ya que se ha incurrido en la permanente violación de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, que para nosotros es la máxima ley de nuestros derechos en México....

Subraya el CNI que las supuestas bondades de la generación de energía limpia también resultan una falacia, pues se han afectado extensiones de montaña baja y manglar en las distintas áreas de la planicie, redundando en pérdidas de acuíferos, soberanía alimentaria y especies en peligro de extinción, tanto de aves como de otras especies.

Por su parte, la ONG Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), informó que en el Istmo de Tehuantepec hay actualmente 19 proyectos eólicos desarrollados en su mayoría por las multinacionales españolas como Acciona, Iberdrola, Gamesa y Gas Natural Fenosa, así como EDF, el gigante energético estatal francés. Estos proyectos, indicó, han despertado oposición entre las comunidades indígenas porque de origen violan sus derechos colectivos, ya que no se respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada, en sus idiomas y con sus autoridades y organizaciones propias.

Poder cuestiona que el desempeño de estas empresas como entidades socialmente responsables dista mucho de ser ejemplar, si bien la mayoría son parte del Indice de Sustentabilidad de Dow Jones. Además, también utilizan los proyectos eólicos para limpiar su nombre como productores ecológicos. Entre los compradores de la electricidad que se producirá están: Grupo Bimbo, Cemex, Wal-Mart, Fomento Económico Mexicano (Coca-Cola, Oxxo) y Cuauhtémoc-Moctezuma, operadora de Heineken en México

Persiste demanda de libertad para los indios en ayuno en penal de Chiapas

Persiste demanda de libertad para los indios en ayuno en penal de Chiapas

En San Cristóbal de las Casas, 33 mujeres con sus pequeños hijos se mantienen en plantón desde hace 28 días frente a la catedral en apoyo a sus familiares, presos políticos en huelga de hambreFoto Moyses Zúñiga Santiago

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Sábado 5 de noviembre de 2011, p. 15

San Cristóbal de las Casas, Chis., 4 de noviembre. El gobierno ha ignorado nuestras libertades. Demandamos que dé la libertad de los que hacemos huelga de hambre hace 37 días, declaró hoy Pedro López Jiménez, vocero de la protesta desde el penal 5 de San Cristóbal. Nuestra condición de salud se ha complicado por completo, añadió. Cualquier pérdida de vida es responsabilidad del gobierno.

López Jiménez reiteró a La Jornada que también es lo más importante la liberación del hermano Alberto Patishtán, que lo llevaron a una cárcel federal en Guasave (Sinaloa), y mencionó que los huelguistas en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) 5 presentan “mareos, dolor de oído, ‘nublación’ de la vista, dolor de articulaciones, gastritis”. De hecho, se encuentran prácticamente inmóviles, en decúbito, en el plantón que mantienen en dicho penal.

Llegados a este punto, finalmente dieron señales de vida el gobierno de Chiapas y la iglesia Católica en relación con la huelga de hambre de 11 indígenas en los CERSS 5, 6 (Motozintla) y 14 (El Amate, Cintalapa).

Pueblo Creyente, organización de base en la diócesis de San Cristóbal, llamó a una oración por nuestro hermano Alberto Patishtán Gómez, para que la fe que lo ha sostenido todos estos años lo siga manteniendo firme ante esta dura prueba. Pueblo Creyente, que tuvo un papel protagónico en la anterior huelga de hambre de presos, en 2008, que duró 41 días y logró la liberación de decenas de indígenas presos políticos, señaló que el traslado de Patishtán fue una nueva represalia por su labor de concientización y evangelización que realiza al interior del penal.

Pueblo Creyente informó que el obispo local, Felipe Arizmendi Esquivel, solicitó apoyo a su par en Sinaloa para que estén pendientes de Alberto en esta nueva y difícil situación en el penal 8 de Guasave. La organización subrayó: Es muy importante pronunciarnos en este momento para lograr la libertad de nuestro hermano Alberto, a quien el obispo Samuel Ruiz García entregó en la cárcel hace dos años un reconocimiento por su labor como cuidador del pueblo y defensor de los derechos humanos.

Por su parte, la subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad informó que, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), atendió la demanda de ocho internos del CERSS 5, luego que ingresara un grupo de médicos particulares. El titular de la subsecretaría, José Antonio Martínez Clemente, señaló que todas las atenciones que ellos requieren se les está dando; es más, la CEDH ha solicitado el ingreso de médicos para que valoren el estado de salud en que se encuentran los internos.

Mencionó que, como medida de negociación a sus demandas, lograron la concertación con la CEDH para no incurrir en faltas que privaran sus derechos particulares. El funcionario no hizo mención a los presos en Motozintla y Cintalapa, Juan Collazo Jiménez y Enrique Gómez Hernández. Tampoco se refirió a la verdadera demanda de los indígenas: su liberación inmediata.

Y, mientras el mandatario chiapaneco Juan Sabines Guerrero se reunía en Washington DC este jueves con la titular de la Organización Panamericana de la Salud para abordar las políticas públicas que impulsa Chiapas en materia de salud, como el combate a las enfermedades del rezago, los huelguistas daban a conocer el fallecimiento de Natanael, hijo de Rosa López Díaz y Alfredo López Jiménez, presos tzotziles que participan en la protesta.

El niño falleció después de ser rechazado en la clínica de campo de San Cristóbal (y antes en el hospital de Teopisca) por no traer dinero, según dijo el abuelo del menor a las familias en plantón en la plaza de San Cristóbal (el cual respalda las demandas de los presos). No obstante, el personal de la clínica pretendió responsabilizar al padre de Alfredo cuando, confiesa, no tenía ni para el pasaje de regreso a su casa

Evalúan en Gobernación que el DF contrate a miembros del SME

En la mesa de negociación entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se discute la posibilidad de que sea el gobierno capitalino el que dé empleo a los trabajadores que se hallan en resistencia desde hace dos años, cuando un decreto presidencial dio por concluida la operación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

La propuesta inicial es que los integrantes del SME atiendan las 26 zonas críticas de la capital del país en materia de suministro de energía eléctrica, principalmente redes aéreas y subterráneas, así como deficiencias de mantenimiento en puntos específicos, como el Aeropuerto Internacional, el Centro Histórico, escuelas, hospitales, dependencias públicas y mercados, entre otros.

De prosperar este proyecto, en los próximos días se definiría si los electricistas pueden ser contratados directamente por el gobierno (federal o local), quienes estarían integrados a una nueva paraestatal para atender, además, la operación de la fibra óptica en el Distrito Federal.

A menos de un mes de que concluya el plazo para encontrar solución al conflicto iniciado el 11 de octubre de 2009, con la extinción de LFC, el SME tiene la encomienda de desglosar las capacidades de los 16 mil 599 trabajadores que no han cobrado su liquidación.

El cálculo inicial es que de ese total, entre 10 mil y 11 mil pueden hacer actividades propias de la mano de obra calificada.

En ese análisis, realizado en las mesas de diálogo de Gobernación, también está la posibilidad de que el gobierno capitalino obtenga una concesión para operar una red pública de telecomunicaciones sustentada en la fibra óptica.

Hay varios escenarios, comentó en entrevista el dirigente del SME, Martín Esparza: El Distrito Federal genera entre 28 y 29 por ciento del producto interno bruto; tiene 3.5 millones de usuarios de energía eléctrica y por su densidad demográfica se convierte en un área muy compleja para la operación de las redes de transmisión y distribución, tanto aéreas como subterráneas. Entonces, para el tamaño de las obras que se requieren en la capital, caben los 16 mil 599 trabajadores en resistencia.

–¿Cuántos podrían obtener empleo?

–La verdad es que caben todos; vamos a ver el tema operativo y administrativo. Además, tenemos un plus que están planteando en la mesa (de Gobernación), que consiste en que den al Distrito Federal la concesión de una red pública de telecomunicaciones que permita explotar la red de fibra óptica que ya está instalada, para servicios de voz, datos, imagen e Internet. Hay una gama importante de actividades que pueden desarrollarse con la fuerza de trabajo que está en el sindicato.

–¿Bajo qué modalidad serían contratados?

–Esa parte se va a abordar en los próximos días; nosotros planteamos que debe ser mediante la creación de un organismo, de una paraestatal para el Distrito Federal o regionales

CARTONES DE LA JORNADA

Solicitan personal médico para Capasits de Puerto Vallarta

Guillermo Montalvo Fuentes
México DF, octubre 13 de 2011.
Más de 100 usuarios de los servicios médicos del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Puerto Vallarta, Jalisco, se han visto afectados luego de la renuncia, desde hace un mes, del doctor que se hacía cargo de ellos en el turno vespertino; por tal motivo hicieron un llamado para que se les asigne un especialista que ocupe la vacante.

Tras la salida del médico, aquellos que recibían atención por la tarde fueron cambiados al turno matutino, lo que ha generado saturación, pues los cerca de 400 pacientes que reciben tratamiento en el Capasits ahora son atendidos de las 7:00 a las 14:00 horas.

Martín Lira es uno de los usuarios que modificó sus horarios para poder acudir a las consultas, y quien desde la renuncia del “doctor Curiel” se ha ocupado en cabildear, en representación de los otros pacientes, para que se mande otro médico al centro.

En charla con esta agencia, Lira dijo que ha tenido acercamiento con distintas instancias, entre ellas el Consejo Estatal para la Prevención del VIH (Coesida) de Jalisco, sin embargo, afirma que por ahora, debido a “cuestiones administrativas”, no se les ha podido enviar todavía un reemplazo.

“El doctor que atiende en el Capasits por las mañanas está dispuesto a brindar consultas también en las tardes, pues ha manifestado que no le importaría trabajar los dos turnos, pero en el Coesida nos informaron que eso es complicado en términos legales, ya que los médicos no deben rebasar cierto número de horas”, señaló Martín.

A pesar de esto, calificó de “opción excelente y perfecta” la asignación del doctor Luis Ruíz Mora para hacerse cargo de los pacientes en el horario vespertino, pues lo anterior implicaría el reestablecimiento inmediato de la situación.

De acuerdo con Lira, la calidad de la atención no ha dejado de ser buena en ningún momento; sin embargo dijo que donde sí ha mermado un poco ha sido en el tiempo que se les dedica a los pacientes, pues si antes les destinaban una hora, ahora sólo son 30 minutos, o se les da prioridad a quienes tienen más urgencia, lo que origina que se recorran las consultas.

“Este llamado que hacemos no es una protesta, todo lo que queremos es una solución, que nos pongan un doctor en el turno vespertino, o que se le permita al médico de la mañana atender también en la tarde”, concluyó.

En caso de que algún médico internista e infectólogo esté interesado en hacerse cargo del puesto vacante, Lira sugirió se remitan al Coesida de Jalisco, en los teléfonos 01-333-853-36-65 y 01-33- 30-30-78-00, o a través de las redes sociales: https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001283586230, enlace de Coesida Jalisco en Facebook.

Invita la CDHDF a la X Feria de Derechos Humanos

Redacción NotieSe

México DF, octubre 13 de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) convocó a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y organismos internacionales que trabajen en la defensa y promoción de los derechos humanos, a participar en la X Feria de Derechos Humanos.

En un comunicado, la CDHDF anunció que este año las actividades de la X Feria de Derechos Humanos, que se realizará el 4 de diciembre, girarán en torno al tema “Una ciudad sin impunidad”, la cual señala la ausencia de castigo para el responsable de violación a los derechos humanos.

La CDHDF, explicó que desde 2002 se lleva a cabo la Feria de Derechos Humanos con la participación activa de diversos actores comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos, y cuyo propósito es contribuir a la creación de un espacio lúdico-pedagógico para la protección de los derechos de las personas en la ciudad de México, mediante la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas y académicas, así como organismos internacionales.

El organismo presidido por Luis González Placencia consideró que para luchar efectivamente contra la impunidad se necesitan medidas de protección y garantías de los derechos que impliquen procesos integrales de justicia, “comenzando por la determinación de la verdad sobre lo sucedido”.

Del mismo modo el establecimiento de la responsabilidad individual e institucional correspondiente, la reparación del daño a las víctimas y la implementación de medidas de no repetición, que eviten en el futuro las mismas violaciones.

La CDHDF mencionó que la fecha límite para inscribirse es mañana viernes 14 de octubre a las 18:00 horas.

Las instituciones públicas, privadas y académicas interesadas en participar deberán inscribirse a través del correo electrónico secretariavinculacion@cdhdf.org.mx. El correo debe contar con el nombre de la organización, y datos del responsable, una breve exposición de motivos por los cuales es de su interés participar, así como las actividades que desarrollaran en la feria, el titulo del correo deberá decir: Inscripción a la Feria DH 2011.

El nombre de las instituciones seleccionadas para participar en la X Feria de Derechos Humanos se dará a conocer el próximo viernes 21 de octubre.

Envía el IMSS a cancerosas a otras ciudades para recibir radioterapias

Todos los días a las 14 horas salen los autobuses para Toluca, Pachuca o Cuernavaca, según el lugar que hayan elegido las enfermas de cáncer de mama para recibir sus sesiones de radioterapia. Para la mayoría esta es la última etapa de un largo tratamiento con el que buscan erradicar el tumor y salvar sus vidas, pero no acaban de entender por qué si son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), deben realizar esos desgastantes recorridos, en lugar de ser atendidas en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

Parece que en el CMN hay seis máquinas pero sólo funcionan dos, lo cual resulta una tragedia para pacientes que durante los 25 días que reciben las radiaciones, además de las secuelas físicas y malestares que aún tienen por la quimioterapia y cirugía previas, deben batallar con los traslados a la ciudad de su elección y luego el regreso a sus casas.

La razón es que el IMSS contrató servicios de particulares para prestar el servicio a las derechohabientes. Aunque para varias de ellas significa salir de sus domicilios a las 11 o 12 del día para estar a las 14 horas en la puerta 11 del CMN, donde salen los autobuses.

Las que vamos a Toluca debemos llegar allá a las 15 horas, en que se supone empiezan las sesiones. Cada vehículo lleva a 20 pacientes, cada una acompañada de un familiar. Todas regresan en el mismo autobús al CMN Siglo XXI, alrededor de las 20 horas. Y así todos los días.

Era eso o esperar hasta el próximo año a ver si los equipos de Oncología ya funcionan. Esa fue la opción que les dio un médico, al que identifican sólo por su apellido, Calva, del área de radioterapia del CMN. Obviamente se trata de salvar mi vida, y si ya me ha costado tanto no me iba a arriesgar a que el tumor volviera a crecer, señaló Eva.

En la misma situación están las demás que aceptan ir a alguna de las ciudades donde están los servicios privados contratados por el IMSS. ¿Por qué tan lejos?, preguntó Eva al doctor Calva y la respuesta fue que el Seguro Social no negaba el servicio y en ningún lado dice que la atención se deba dar a un lado del hospital.

La Jornada solicitó información al IMSS sobre el tema desde ayer en la mañana, pero hasta el cierre de esta edición la respuesta seguía sin llegar.

¿Qué otra nos queda?, se pregunta la mujer y la secunda otra de las pacientes que cuestiona si por eso también deben aguantar el maltrato del personal en la clínica de Toluca, donde al llegar las hicieron firmar varias hojas en las que aceptan que sus derechos como derechohabientes del IMSS allá ya no se tienen.

Eso ha significado aguantar malos tratos del personal, en particular la asistente médica que no contesta preguntas, grita y regaña y a la menor provocación las amenaza con cancelarles el servicio.

A todas les queda claro que antes que suspender sus tratamientos, deben aguantar. Luego de la cirugía y las sesiones de quimioterapia, el organismo de las mujeres queda bajo de defensas y vulnerable a cualquier otra enfermedad. A causa de la cirugía en la cual se extirpa el tumor también sufren secuelas, empezando por la inmovilidad del brazo involucrado en la mastectomía y el cual debe someterse a rehabilitación. La recuperación es larga, requiere cuidados que se dificulta por los viajes que realizan durante casi un mes para seguir el tratamiento. Por eso no entienden el significado de una manta que por varias semanas estuvo expuesta en la explanada del CMN Siglo XXI que hablaba de una inversión de miles de millones de pesos en la compra de equipo que presuntamente ya está en los hospitales

Aprueban cambios a leyes de seguridad social para matrimonios homosexuales

Eliminan de la minuta la figura jurídica de unión civil por no existir en la normatividad

Sesión de este jueves en el SenadoFoto José Antonio López

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Viernes 4 de noviembre de 2011, p. 45

Con modificaciones, el Senado aprobó la minuta que reforma las leyes del IMSS y del ISSSTE para otorgar los beneficios de la seguridad social a parejas del mismo sexo.

Uno de los cambios que los senadores formularon a la minuta fue aumentar de dos a cinco los años de convivencia para el otorgamiento de una pensión al cónyuge sobreviviente.

A iniciativa de los entonces diputados Enoé Uranga, del PRD, y del priísta Rubén Moreira, en San Lázaro se aprobó una minuta en la que se establece que ambos institutos podrán otorgar prestaciones en especie y en dinero a matrimonios y concubinatos del mismo sexo, y que en el caso de las pensiones tendrá derecho a recibirla la persona con la que el asegurado vivió como cualquier matrimonio, los dos años que precedieron a la muerte de aquél.

En el dictamen se señala que eso implica reconocer las disposiciones en la materia, previstas en los códigos civiles del Distrito Federal y de Coahuila, pero en el Código Federal se establece como requisito para el reconocimiento del concubinato una convivencia de más de cinco años.

Los senadores eliminaron de la minuta la figura jurídica de unión civil, por considerar que no existe en la normatividad y que podría constituirse en un foco de defraudación al IMSS y al ISSSTE.

Se argumenta que esa figura no es acorde con la intención del legislador de amparar a los matrimonios del mismo sexo, ya que sólo incluye dos conceptos jurídicos –pactos civiles de solidaridad y sociedades de convivencia– previstos en legislaciones de Coahuila y el Distrito Federal.

La minuta se aprobó sin discusión y se regresó a la Cámara de Diputados

Exhibirá Anonymous a visitantes de foros de pornografía infantil en la web

Washington, 3 de noviembre. El grupo de activistas en línea Anonymous afirmó haber publicado las direcciones IP (protocolo de Internet, por su siglas en inglés) de unos 200 visitantes a foros de pornografía infantil.

En un comunicado enviado a pastebin.com, Anonymous dijo que iba a exhibir las direcciones IP como parte de una campaña denominada Operación Darknet.

Una dirección IP es el número exclusivo utilizado por cada dispositivo al conectarse a Internet.

La mayoría de las direcciones IP de los visitantes a sitios de pornografía infantil reveladas por Anonymous son de Estados Unidos, pero algunas también estaban en Europa y América Latina, entre otros lugares.

Anonymous señaló que obtuvo las direcciones IP de los visitantes a los foros de pornografía infantil haciendo que los usuarios descargaran una actualización falsa del software Tor, que puede ser utilizado para ocultar la identidad de un usuario de Internet.

La supuesta actualización de Tor en realidad dirigía al usuario a un servidor controlado por Anonymous, que registraba las direcciones IP entrantes y su destino.

Durante 24 horas la semana pasada, el grupo de hackers dijo que capturó las direcciones IP de 190 visitantes a foros de pornografía infantil.

Integrantes del grupo Anonymous han sido involucrados en actos de ciberpiratería, como la reciente alteración de un sitio web del Ministerio de Defensa de Siria, para protestar por una sangrienta represión contra manifestantes antigubermentales.

El año pasado, el grupo lanzó ataques en represalia contra las empresas percibidas como enemigas del sitio web Wikileaks.

El hacktivismo (nombre que surge de hacker o pirata informático y activismo) alude al uso de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas para realizar acciones con fines políticos, como promover la libertad de expresión o el respeto a los derechos humanos

Seguridad pública

Recibe la CDHDF 181 quejas por tortura en reclusorios

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha recibido 181 quejas por casos de tortura cometidos por funcionarios del área de reclusorios y de la procuraduría de justicia, pero hasta ahora ha resultado difícil la investigación de esos casos, pues se carece de mecanismos eficientes para configurar ese ilícito, por lo que ante esa situación el titular de la comisión, Luis González Placencia, dijo que conjuntamente con diputados locales se reformará el Código Penal del DF para tipificar a detalle ese delito, con base en estándares internacionales

Consignan a asesino de compañero de parranda

Un sujeto que presuntamente privó de la vida a una persona en su vivienda y luego abandonó el cuerpo en calles de la colonia Independencia, delegación Benito Juárez, fue consignado por la PGJDF. Según la investigación policial, Javier Berzunza Villanueva ingirió bebidas alcohólicas en su casa con el hoy occiso el pasado 9 de octubre. Después sostuvieron una riña, durante la cual Berzunza Villanueva le provocó a su amigo más de 20 lesiones con un cuchillo y arrastró el cuerpo fuera de la vivienda hasta la vía pública. A la calle de Edzná, de la citada colonia, llegaron paramédicos, quienes certificaron la muerte de la víctima; mientras que elementos de la SSP-DF ingresaron al inmueble, donde encontraron al acusado, quien trató de escapar. El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo en contra de Berzunza Villanueva, pero una vez concluida el juez 20 penal giró la orden de aprehensión, por lo que será trasladado al Reclusorio Oriente.

Atrapan a taxista que atropelló y mató a niña

Tras atropellar a una niña de cinco años de edad, la cual falleció, el chofer de un taxi del aeropuerto capitalino fue detenido luego de que transeúntes anotaron las placas del vehículo. Los hechos ocurrieron en el Circuito Interior, en la esquina con la calle Peñoles, de la colonia Valle Gómez, donde una mamá cruzaba con su hija rumbo al kínder. De acuerdo con los testigos, el automovilista circulaba en reversa para incorporarse al Circuito cuando atropelló a la menor. Tras el percance, el conductor de la unidad con placas 364HS2 y número económico 1137 huyó. La madre de la niña, Alma Rubio Aguilar, tuvo que ser atendida por los paramédicos de la Cruz Roja que llegaron. El detenido fue trasladado a la agencia del Ministerio Público en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 8 para deslindar responsabilidades

Proponen en Puebla permutar cárcel por "tratamiento médico" en caso de aborto

Puebla, Pue., 3 de noviembre. El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas propuso al Congreso local una iniciativa de ley mediante la cual se permitiría permutar la pena corporal que recibe una mujer al abortar de forma voluntaria por una multa y tratamiento médico integral en caso de que sea la primera vez que incurre en esa práctica.

El proyecto legislativo, que se turnó a comisiones para su análisis, mantiene la sanción de seis meses a un año de prisión de existir reincidencia.

Asimismo, un juez determinará la institución de salud pública en la que se otorgará el tratamiento médico integral, que comprenderá la concientización de la mujer sobre la afectación al bien jurídico tutelado, el cual tendrá una duración de entre un mes y un año; así como el monto de la multa, que puede ir de 50 a 500 días de salario mínimo.

El Ejecutivo presentó la propuesta dos años después de que los diputados modificaron la Constitución de Puebla para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Feministas censuraron la propuesta, pues sostuvieron que la atención médica catalogaría a las mujeres que deciden abortar como desquiciadas, ya que el tratamiento propuesto se aborda en un capítulo del Código de Defensa Social del estado, que toca el tema de internación de enfermos mentales.

El gobierno del estado pretende tratarnos como unas dementes, como si fuéramos pequeñas mujeres irracionales, sin inteligencia y sin capacidad para tomar decisiones sobre lo que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, reprochó Catalina Pérez Osorio, del Colectivo de Mujeres por la Democracia, quien exigió al Congreso impedir la aprobación de esta ofensa.

La priísta Malinalli García Ruiz, quien en 2009, cuando era legisladora local, se opuso a la reforma constitucional contra el aborto, comentó: Puebla necesita de políticas públicas integrales para atender este problema de salud pública y prevenir embarazos no deseados, no de reformas discriminantes que sólo parchan nuestra legislación, y reprobó que la iniciativa criminalice al género femenino al centrar las sanciones en la mujer

Hay 3 mil aviadores en Jalisco, denuncian

Guadalajara, Jal. En la burocracia estatal existen unos 3 mil aviadores, lo cual representa un gasto público de alrededor de mil 200 millones de pesos, aseguró el diputado local del PAN Héctor Álvarez Contreras. Detalló que en el Congreso de Jalisco hay 400 personas que cobran sin trabajar; en la Secretaría de Educación, 330; en la Universidad de Guadalajara, 330, y en el ayuntamiento de Guadalajara, 300.

Piden resarcir daños a víctimas de operativos

Villahermosa, Tab. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a los secretarios de la Defensa Nacional, Enrique Galván Galván; Marina, Francisco Saynez Mendoza, y Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, lo mismo que al gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, colaborar ampliamente con ese organismo en la reparación del daño en favor de los familiares de los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Ramos, quienes murieron durante un operativo de patrullaje efectuado por fuerzas federales y estatales, el 14 de noviembre de 2010 en el municipio de Jalpa de Méndez

Empezó la cuenta regresiva para que el gobierno cumpla con la reinserción: SME

Empezó la cuenta regresiva para que el gobierno federal cumpla la promesa hecha al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de que antes del 30 de noviembre reinsertará laboralmente a los 16 mil 599 trabajadores que aún no han cobrado su liquidación, quienes en septiembre pasado levantaron el plantón del Zócalo capitalino a cambio de que les regresen su empleo, advirtió Martín Esparza, dirigente del gremio.

Tras confirmar que ya fue recibida la queja presentada por el SME contra el gobierno mexicano por violaciones a los derechos laborales, ante la Oficina Nacional Administrativa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la representación de Ottawa, Canadá, Esparza expuso que el gremio retomará la calle y las acciones de movilización, ya que no se ve voluntad política del gobierno federal de resolver el conflicto.

Ayer mismo los electricistas hicieron un mitin en la Cámara de Diputados y el próximo miércoles realizarán una asamblea para definir las acciones que van a retomar. Tienen previsto que el próximo 23 de noviembre marcharán y acompañarán movilizaciones de las organizaciones de usuarios inconformes con los cobros del servicio de energía eléctrica. También se realizará aquí una jornada de solidaridad internacional con el SME, en la que participarán gremios de otros países.

Esparza señaló que el gobierno federal no ha puesto en la mesa de negociaciones ninguna propuesta para resolver de fondo el conflicto, y que las presentadas por el SME ni siquiera han tocado el tema del patrón sustituto ni la creación de una nueva empresa de energía eléctrica para la zona centro del país, aunque sí han exigido que la reinserción laboral de los 16 mil 599 trabajadores sea en el sector eléctrico, pero ni esta situación ni el hecho de que ha crecido el número de zonas críticas por el mal servicio eléctrico hacen que Gobernación apure un acuerdo con estos trabajadores, expuso.

En conferencia de prensa detalló que en la visita que realizó a Ottawa junto con el secretario del exterior, José Humberto Montes de Oca, sostuvo reuniones con el Consejo Nacional del Sindicato de Comunicaciones, Energía y el Papel de Canadá, organización que aprobó respaldar la queja del SME e incrementar las acciones de solidaridad con su lucha de resistencia; del mismo modo, el Sindicato de Empleados Públicos y Generales, encabezado por Len Bush, también manifestó que apoyará al gremio mexicano.

Además –dijo–, en un encuentro con la dirigencia del Fondo de Justicia Social, integrado por la Alianza de Trabajadores Públicos de Canadá, también les manifestaron que se sumarán a las acciones de respaldo a la queja presentada por el SME. De igual manera se entrevistaron con los diputados Yvon Godin y Roberth Chisholm, del partido Neodemócrata, para informarles de la queja entregada el 27 de octubre ante la instancia del TLCAN, por conducto del Consejo Laboral Canadiense, representado por Hassan Yussuf y apoyada por organizaciones como los Steelworkers.

Iindicó que esta misma queja se presentará ante la oficina administrativa del TLCAN en Washington, donde se prevé que otras centrales sindicales, como la AFL-CIO, impulsarán solidariamente al SME.

Por la noche, integrantes del comité central del SME, encabezados por Esparza, se reunieron con funcionarios del gobierno federal, en el contexto de la mesa de diálogo instalada en la Secretaría de Gobernación. Las dependencias vinculadas con lo que fue Luz y Fuerza del Centro elaboran propuestas que, de acuerdo con los líderes sindicales, van en torno a la reinstalación de los trabajadores en resitencia, aunque la negociación continúa. Para ello se acordó una nueva sesión de trabajo el lunes por la mañana, en Gobernación

Fallece hijo de presos tzotziles Alfredo y Rosa López; lo imputan a negligencia médica

San Cristóbal de las Casas, Chis. 3 de noviembre. Los presos tzotziles Alfredo López Jiménez, en huelga de hambre desde hace 36 días, y su esposa Rosa López Díaz, en ayuno por el mismo periodo, dieron a conocer el fallecimiento, por negligencia médica, de su hijo Natanael López López, de cuatro años, a quien le fue negada atención en Teopisca (donde se encontraba, a cargo de sus abuelos) y en esta ciudad.

Antes de nacer él fue víctima de tortura, expresaron Alfredo y Rosa, en una carta conjunta para contarles nuestro dolor, si bien se encuentran separados en el mismo Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) 5. Otro hijo suyo, de dos años, vive en prisión con Rosa.

En una segunda misiva, Alfredo recuerda: Fui detenido arbitrariamente en 2007 junto con mi esposa embarazada de cuatro meses, donde sufrimos torturas físicas y sicológicas, y de ahí nos trasladan al CERSS 5; al paso de unos meses, mi esposa dio a luz a un varón con parálisis cerebral, deforme de la cara, sin movimientos en su cuerpo. El pasado 25 de octubre se agravó. Mis familiares lo llevaron al hospital de Teopisca y no lo atendieron. Se trasladaron a la clínica de campo en San Cristóbal, pero por la desdicha de ser analfabetas recibieron nuevamente la negligencia médica.

Hoy, Natanael es difunto por no recibir atención especializada. Muchas veces solicité apoyo a las instituciones gubernamentales y jamás respondieron. Y exclama: Esto no quedará impune; siento un gran dolor en mi alma y clamo a Dios justicia por la injusticia que el mal gobierno y su gabinete ejercen en nuestras personas.

Expresa que el gobernador Juan Sabines Guerrero habla mucho de igualdad y respeto a la vida, garantizando la salud y la atención adecuada para las personas indígenas en los hospitales, pero hoy, una vez más, veo la desigualdad y la violación de los derechos humanos.

Miembro de Solidarios de la Voz del Amate, que junto con las organizaciones Voz del Amate y Voces Inocentes, de la otra campaña, declara: Seguiré luchando a pesar de este dolor, y refiere que, a consecuencia de su huelga de hambre, nuestra situación de salud se va deteriorando y nuestro cuerpo va agonizando: pasan las horas, los minutos y los segundos; cada vez más nuestra vida está en peligro.

Al reclamar juntos la verdadera justicia y nuestras libertades inmediatas e incondicionales, la pareja tzotzil condenada a 27 años de prisión, añadió: No permitamos que haya otra víctima más por la desigualdad, y pide solidaridad para obtener la libertad, pues ellos insisten en su inocencia. No estamos dispuestos a pagar un delito que jamás cometimos.

López Jiménez exhorta al mandatario chiapaneco a tomar acciones urgentes ante el estado en que nuestras personas se encuentran, y exige la libertad de todos los que estamos en la lucha por la justicia en los penales de San Cristóbal, Motozintla y Cintalapa. No es justo sufrir y pagar algo que no se debe, mucho menos cobrando la vida de un inocente, concluye.

Las autoridades no nos han escuchado reiteró vía telefónica el preso tzeltal Pedro López Jiménez, vocero de los presos en huelga de hambre, insistiendo en la libertad de los huelguistas y el retorno a San Cristóbal de Alberto Patishtán Gómez, trasladado a Sinaloa el 20 de octubre. Notificó además que, tras la muerte de su hijo, López Jiménez incrementó su protesta al dejar de beber agua e ingerir miel varias horas al día