Sábado 5 de noviembre de 2011, p. 14
A casi dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la sentencia del caso conocido como Campo Algodonero, por la desaparición y muerte de tres mujeres adolescentes en Ciudad Juárez, el Estado mexicano no ha hecho ningún esfuerzo por cumplir con la resolución. Por el contrario, ahora pretende desconocer a las centenares de víctimas que han perdido la vida como parte de feminicidios, denunciaron organizaciones civiles.
Con motivo del décimo aniversario de que se encontraron los cadáveres de las jóvenes en un lote de la capital chihuahuense, luego que sus familiares habían reportado su desaparición, el gobierno federal convocó a una ceremonia el próximo 7 de noviembre en ese lugar, donde se develará un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, como lo ordenó la CIDH.
Es decir, explicaron las agrupaciones civiles, el monumento no está dedicado sólo a las víctimas del caso Campo Algodonero. Señalaron que existe un acuerdo entre el subsecretario de Gobernación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, las familias y sus representantes, para incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993 y cuando menos hasta 2006.
Dijeron que sin embargo el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, ha ignorado dicho acuerdo y se ha negado a que los nombres de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez sean incluidas en el memorial, el cual, además, todavía no está terminado.
Por eso, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, así como las familias de las víctimas del Campo Algodonero informaron que no asistirán a la ceremonia del próximo lunes.
Y es que, dijeron, el Estado pretende reconocer su responsabilidad
por las tres víctimas del caso ante la CIDH y desconocer a los centenares de víctimas más que han perecido como parte del feminicidio en Ciudad Juárez.
También mencionaron que de los 13 resolutivos emitidos por la CIDH el 10 de diciembre de 2009, sólo se ha cumplido uno. El resto de las acciones públicas han sido sólo simulaciones, apuntaron.
Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 19, fueron reportadas en fechas distintas por sus madres como desaparecidas. Sus cuerpos sin vida, junto con los de otras cinco jóvenes, se localizaron en el lote identificado ahora como Campo Algodonero, los días 6 y 7 de noviembre de 2001.
Por la falta de respuesta del sistema nacional de justicia, el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después de ocho años de litigio, el 10 de diciembre de 2009, la CIDH notificó la sentencia
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