Emite la CNDH recomendación sobre desaparición de detenido en NL en 2010

Emite la CNDH recomendación sobre desaparición de detenido en NL en 2010

Acreditó violaciones a las garantías fundamentales de ese hombre por policías estatales y municipales

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 10

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que elementos de la policía municipal de San Pedro Garza García y la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León incurrieron en violaciones a las garantías fundamentales de un hombre a quien detuvieron arbitrariamente y desaparecieron de manera forzada en 2010, sin que a la fecha se sepa del paradero de éste.

Ayer se informó que el organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva emitió por este caso la recomendación 55/2012 dirigida al gobierno de Nuevo León y al ayuntamiento de San Pedro Garza García.

En noviembre de 2010, el ciudadano fue detenido arbitrariamente y privado de su libertad ilegalmente por agentes de la Secretaría de Seguridad Municipal, primero, y posteriormente por miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Tras las indagatorias y el análisis de las evidencias, el organismo concluyó quelas conductas de los policías configuraron violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, por hechos consistentes en la detención arbitraria y desaparición forzada del agraviado; asimismo, se afectó el derecho a la integridad personal de por lo menos seis de sus familiares.

La recomendación detalla que los policías municipales arrestaron sin razón comprobada al agraviado, lo subieron a una patrulla y fue conducido a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal. Posteriormente lo trasladaron a la Agencia Estatal de Investigaciones de Monterrey –aparentemente por sospechas de probables vínculos con el crimen organizado–, donde se verificó que no tenía antecedentes delictivos, ni existía orden alguna de aprehensión por cumplir; sin embargo, para salir de dudas lo llevaron a la base temporal de operaciones de la Secretaría de Marina, donde tampoco se le encontraron antecedentes que justificaran su permanencia en el lugar y se le invitó a retirarse.

Según la autoridad ministerial se le ofreció llevarlo a su domicilio, a lo que el agraviado se negó y se fue por cuenta propia a bordo de un taxi; ese fue el último momento en el que (las autoridades) manifiestan haber tenido noticia de él.

Sin embargo, la CNDH recabó evidencias que acreditan que tanto el agente ministerial en cuestión como su superior tenían información sobre el estado de la víctima, días posteriores a su desaparición. Los familiares y su abogado manifiestan que al pedir a dichas autoridades información respecto de la víctima, tres días después de su desaparición, los mismos indicaron que debían permanecer calmados pues el muchacho estaba bien, pero su situación estaba pendiente de resolverse.

Por ello, en su recomendación solicita al gobierno de Nuevo León que se realice una búsqueda efectiva, con el objeto de lograr la localización inmediata y la presentación de la víctima.

Tomar las medidas necesarias para otorgar la indemnización correspondiente a fin de reparar los daños ocasionados a su esposa, y que se otorgue a ella y a los familiares del desaparecido la atención médica y sicológica necesaria para resolver su estado emocional, así como una beca completa a su hija, hasta que termine sus estudios superiores.

Al gobierno estatal y a los integrantes del ayuntamiento les pide colaborar ampliamente con la CNDH en el trámite de las quejas que promueva ante la procuraduría del estado y la Secretaría de Seguridad Municipal, en contra de los elementos que intervinieron en los hechos, entre otras peticiones

Espera el Senado que Peña promulgue la ley de víctimas

Espera el Senado que Peña promulgue la ley de víctimas

Confía el priísta Arturo Zamora que se publique antes de fin de año

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

 

Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 11

El presidente Enrique Peña Nieto está obligado a promulgar la Ley General de Víctimas, toda vez que no hay ya ningún impedimento legal o jurídico para que ese ordenamiento, que obliga al Estado Mexicano a proteger a quienes han sufrido el embate del crimen organizado, entre en vigor, advirtió Alejandro Encinas, senador del PRD.

El pasado 28 de mayo, cuando era candidato a la Presidencia, Peña Nieto dijo que si para finales de diciembre la ley no estaba publicada, él lo haría y el primer paso que dio fue retirar la controversia constitucional que en julio pasado presentó ante la Suprema Corte el entonces mandatario, Felipe Calderón, comentó por su parte el legislador priísta Arturo Zamora.

La Suprema Corte de Justicia sobreseyó la controversia, el pasado 10 de diciembre, y pasaron también ya los cinco días hábiles que establece la Ley Reglamentaria del artículo 102 constitucional para que se pueda impugnar esa decisión.

Aquí hay una omisión, porque no existe ya ningún impedimento legal o jurídico para que el Ejecutivo federal publique esa Ley General de Víctimas. Espero que lo haga en estos días, antes de que termine el año. Esperamos que no sea un cálculo político lo que la detenga.

La ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso el pasado 30 de abril y el 10 de mayo se depositó el decreto respectivo en la Secretaría de Gobernación, para que fuera promulgado. Sin embargo, una maniobra del entonces presidente de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce, regresó la documentación a ese órgano y estuvo ahí congelada 20 días.

Debido a ello, el Congreso y Calderón entendieron diferido en el vencimiento del plazo legal que éste tenía para vetar esa legislación. Lo hizo el primero de julio por la noche, después del cierre de las casillas en la jornada electoral para renovar los poderes federales. Argumentó estar dentro del tiempo establecido por la Constitución –30 días–, ya que tomó como base el primero de junio, en que la Secretaría de Gobernación recibió por segunda ocasión el proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas.

El entonces presidente del Senado, José González Morfín, en cambio, dejó claro que la fecha de entrega fue el 10 de mayo en que las cámaras depositaron el decreto en la Secretaría de Gobernación y mostró el acuse de recibo. El 10 de julio ordenó publicar la ley, decisión que Calderón impugnó mediante una controversia constitucional.

A casi seis meses de aquellos hechos y ya en un nuevo sexenio, la Ley General de Víctimas, que obliga a la reparación integral de daño, está a punto de promulgarse. Con esto se cumpliría el compromiso que el Congreso adquirió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en julio de 2011

Se adhiere México a recurso de ONG estadunidenses contra la Ley SB1070

Se adhiere México a recurso de ONG estadunidenses contra la Ley SB1070

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 10

El gobierno de México presentó un escrito de amigo de la corte (amicus curiae) ante el juzgado de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos, en apoyo a un nuevo recurso legal interpuesto por una coalición de organizaciones sociales del vecino país del norte, en contra de la Ley SB 1070 de Arizona.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó lo anterior y explicó que la finalidad de la iniciativa mexicana es mantener suspendida la sección cinco de la citada legislación, que criminaliza la transportación y dar albergue a personas indocumentadas.

Como anteriores escritos de amigo de la corte, destacó que el presentado ayer insiste en que la entrada en vigor de la sección cinco incidiría negativamente en las relaciones bilaterales e impediría la colaboración bilateral efectiva.

También crearía normas migratorias distintas a las previstas en la legislación federal, que criminalizarían la migración y fomentarían una aplicación selectiva, lo que afectaría los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos que residen en o visiten Arizona.

Recordó la dependencia que las organizaciones sociales estadunidenses demandantes solicitan en su recurso que la corte de apelaciones deseche la impugnación presentada por el gobierno del estado, luego de que una juez federal dejó sin efecto aspectos controversiales de la Ley SB1070.

Por lo demás, señaló que la embajada de México en Estados Unidos y su red consular en el mismo país continuarán destacando las contribuciones de los inmigrantes a las comunidades de destino, y defendiendo los derechos fundamentales de todos los mexicanos en el exterior, sin importar su condición migratoria

Debe la Sedena dar datos de militares sentenciados

Debe la Sedena dar datos de militares sentenciados

Elizabeth Velasco C.

 

Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 11

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscar y entregar los documentos que constaten las medidas establecidas para beneficiar al personal militar que por incurrir en algún delito se encuentra en proceso o sentenciado, así como a sus derechohabientes, de acuerdo con el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012.

Dicho programa establece en la línea de acción 1.1.5, objetivo uno, diversas medidas que benefician al personal militar que ha sido procesado por incurrir en delitos leves y que ha demostrado con su conducta una rehabilitación positiva.

Ante el Ifai, la Sedena argumentó que no entregó la información precisa que le requirió un ciudadano, porque los beneficios directos que reciben los derechohabientes del personal interno en las prisiones militares son intangibles, y el mero conocimiento por parte de los familiares de saber que sus esposos, hijos y otros disponen de programas de trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y actividades deportivas, entre otras, da tranquilidad y estabilidad emocional a los mismos.

Asimismo, en ampliación a su respuesta, la Sedena puso a disposición del ciudadano que requirió la información, 82 fojas que contienen la directiva de reinserción social para las prisiones militares, la directiva para regular la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en las prisiones militares. Asimismo, orientó al solicitante para que consultara elDecreto promulgatorio del protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y elReglamento de los grupos de militares procesados y sentenciados, señalando la página de Internet en la que se encuentra.

Peschard plantea en el recurso RDA 3727/12 que esa dependencia no proporcionó la expresión documentalsobre la medida que eliminó de la lista de control los días domingo para el personal militar procesado cuya libertad no ha sido limitada. Tampoco brindó certeza de medidas establecidas que han beneficiado al militar procesado o sentenciado

CARTONES DE LA JORNADA

Positivo, fallo de la Corte para que el gobierno responda por errores médicos

Positivo, fallo de la Corte para que el gobierno responda por errores médicos

Alfredo Méndez

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 29

La determinación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la cual se resolvió, a manera de tesis aislada, que los errores cometidos por médicos que laboran en instituciones de seguridad social son parte de la responsabilidad patrimonial del Estado, es un criterio fundamental para dar justicia a cientos de personas afectadas con actos de negligencia médica cometidos de manera frecuente por médicos sin ética profesional, sostuvo el abogado Jesús Alberto Guerrero Rojas, especialista en derecho sanitario.

El especialista, ex director jurídico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), añadió que la determinación de los ministros de la Corte también servirá para que quienes dirigen las instituciones públicas relacionadas con la salud pública capaciten mejor a sus profesionales de la medicina y los doten de las herramientas indispensables para realizar sus funciones.

El origen de este criterio se funda, principalmente, en la declaración de inconstitucionalidad del límite a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que en su artículo 14 fracción segunda limita la indemnización por daño moral aun monto que no excederá del equivalente a 20 mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante afectado, indicó el jurista.

Agregó que se trata de un criterio interesante, pues, comúnmente, “después de que un médico del IMSS o del Issste logra tener una sentencia ad hoc en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el afectado con un acto de negligencia médica podrá, ahora, acudir al amparo si existieran elementos para que el monto de la indemnización fuera mayor”.

Al emitir una tesis aislada, la primera sala de la Corte resolvió que la actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad social del Estado que cause daño a los bienes o derechos de los pacientes, sea por acción o por omisión, constituye una actividad administrativa irregular que obliga al Estado a reparar el daño ocasionado

La CCC exige a Peña frenar cultivos de maíz transgénico

La CCC exige a Peña frenar cultivos de maíz transgénico

Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 30

La Central Campesina Cardenista (CCC) alertó que este gobierno pretende autorizar la siembra de maíz transgénico en México, por lo que demandó a la administración de Enrique Peña Nieto frenar los cultivos de ese grano, pues se ha demostrado que los agrotóxicos, de los cuales los transgénicos hacen un uso masivo, afectan la salud de productores y en pocos ciclos agrícolas se reduce, de manera importante, la fertilidad de la tierra.

Esta organización envió una carta a la Presidencia de la República, en la que plantea que se debe prohibir la introducción y producción de semillas transgénicas, siendo México país de origen del maíz; promover la producción biodiversa de maíz criollo, y evitar la contaminación entre semillas transgénicas y silvestres, penalizando a empresas que ponen en riesgo el maíz criollo.

De igual forma, planteó que se debe etiquetar todo producto que contenga ingredientes transgénicos; establecer un banco de germoplasma que resguarde la riqueza biótica de nuestro país; generar un programa de atención que prevenga y atienda a campesinos afectados por la toxicidad de agroquímicos; controlar monopolios u oligopolios de la producción de semillas y alimentos e impedir la privatización del patrimonio natural del país.

Max Correa Hernández, secretario general de la CCC, indicó que esta misiva también fue enviada al secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, para que se frene la siembra de transgénicos, ya que contaminan mantos acuíferos y suelos, además de que afectan a la flora y la fauna que conviven con el grano

ALDF quita agravante al delito de ataques a la paz pública

ALDF quita agravante al delito de ataques a la paz pública

Diputados consideran inviable la propuesta original de derogar el precepto

No hubo consenso

 El ilícito se convirtió en grupal: Dinorah Pizano

Ahora la pena es de dos a siete años de cárcel

Integrantes de la Coordinadora Primero de Diciembre realizaron un mitin afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para demandar la derogación del artículo 362 del Código Penal. Los diputados consideraron inviable dicha peticiónFoto Roberto García Ortiz

Rocío González

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 25

Sin mayor discusión en tribuna y por mayoría de votos, el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la modificación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, con lo que se redefine el delito de ataques a la paz pública y se reduce la sanción penal, al fijar de dos a siete años de prisión a quien incurra en este ilícito.

Después de un receso de media hora, en el que se afinó con diputados de la oposición (PAN, PRI y PVEM) la redacción final de la reforma, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna, presentó el dictamen, al resolverse considerar inviable la propuesta original de derogar el citado artículo.

A fin de que Acción Nacional, que pedía se añadiera una penalidad adicional, diera su aval, se adicionó un apartado más, en el que se establece que en caso de reincidencia se aplicará una penalidad mayor, con lo que no se podrá acceder al beneficio de libertad caucional, refirió la diputada del PRD Dinorah Pizano.

La legisladora explicó que con los cambios efectuados, los ataques a la paz pública no serán considerados como delito grave, como tampoco será unipersonal. Este ilícito se convirtió en grupal, de tal suerte que no implica que sea un agravante el que se haga en pandilla, apuntó.

Señaló que con esta reforma se buscó atender la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que solicitó derogar el artículo 362, pero no se alcanzó consenso entre los grupos parlamentarios.

Triunfo, no eliminarlo, señalan PAN y PRI

Respecto de la libertad de los detenidos por los disturbios del primero de diciembre, quienes están acusados de ataques a la paz pública, señaló que dependerá de otros factores que no necesariamente tienen incidencia ya en el ámbito legislativo, sino en el Poder Judicial.

Sobre el tema, diputados del PAN y del PRI calificaron de un triunfo que no se haya derogado el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, pues, según su juicio, se mantienen las herramientas jurídicas para evitar que se altere el orden y la paz públicos.

De acuerdo con el dictamen, la redacción del artículo señala que seimpondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por 10 años a los que, mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios que perturben la paz pública. La reincidencia se estará a lo que establezca este código.

Anteriormente, la pena que se imponía por este delito es de cinco a 30 años de prisión, se hablaba de violencia extrema y se unipersonalizaba este ilícito.

La reforma contó con los votos favorables de los diputados de PRD, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y Panal; la abstención de dos panistas, Édgar Borja y Gabriel Gómez del Campo, y los priístas Tonatiuh González, Marco Antonio García Ayala, Fernando Mercado Guaida y Jaime Ochoa, y el voto en contra de Fernando Espino.

Trascendió que este miércoles la Consejería Jurídica publicará el decreto de reforma en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con lo que entrará en vigor y surtirá efectos este mismo día, según lo dispuesto por los legisladores locales

Los cambios no dejarán impunidad, dice CDHDF

Los cambios no dejarán impunidad, dice CDHDF

Alejandro Cruz

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 26

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) negó que las reformas al artículo 362 del Código Penal local, aprobadas por los diputados, dejen en la impunidad actos como los desmanes ocurridos el pasado 1º de diciembre en avenida Juárez. Es un intento de los legisladores de ajustar la proporcionalidad de las penas a conductas que no se pueden equiparar con el terrorismo, dijo.

En entrevista, manifestó que no se trata de dejar descubierto un bien jurídico, sino de reconocer que el delito de ataques a la paz pública, contemplado en el lineamiento modificado, esdemasiado ambiguo y poco certero.

Precisó que no se dejará carta abierta a las agresiones, sino de afinar el instrumento penal que tenemos para que el delito se sancione de manera proporcional a las conductas que se deriven de estos actos.

De allí que, subrayó, es necesario que sea derogado para sustituirlo por otro tipo penal, pues a una persona que daña un inmueble público, no se le puede aplicar un delito que está equiparado con el terrorismo, pero, dijo, tampoco puede quedar impune.

Aunque consideró que es un avance la reducción de las penas para ese delito, subrayó que la CDHDF seguirá pugnando porque se elimine el delito de ataques a la paz pública, pues en realidad se refiere a situaciones que forman parte de la seguridad nacional, cuando casos como los desmanes ocurridos el 1º de diciembre son un tema de seguridad pública urbana.

Señaló que las modificaciones aprobadas ayer por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dan cuenta de que hay una voluntad de revisar las penalidades y esperamos que eso ayude a algunos de los jóvenes que continúan presos

Las modificaciones jurídicas de ALDF permitirían la libertad de 14 jóvenes

Las modificaciones jurídicas de ALDF permitirían la libertad de 14 jóvenes

Emir Olivares y Alejandro Cruz

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 26

Con las modificaciones realizadas por los diputados locales al artículo 362 del Código Penal local, las 14 personas que continúan detenidas tras los disturbios del pasado 1º de diciembre enfrentarán dos escenarios: que su defensa tramite la caución para sus defendidos y estos sigan el proceso judicial en libertad, y solicitar el sobreseimiento de los hechos, pues ya no se actualiza la conducta delictiva en la que se basó el auto de formal prisión, informaron integrantes de la Liga de Abogados Primero de Diciembre.

Los litigantes encargados de la defensa de los implicados señalaron que tan pronto se publiquen en la Gaceta Oficial de la ciudad de México los cambios aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) al artículo referido, se solicitará la fianza para que obtengan su libertad y el proceso siga hasta que demostremos su inocencia.

Pero al mismo tiempo, agregó Michel Salas, presentarán un escrito solicitando al juzgado 47 de lo penal, con sede en el Reclusorio Norte, se sobresean las imputaciones, pues con las modificaciones legislativas ya no se actualiza la conducta por las que tengan que estar sujetos a derecho.

Agregó que ALDF aprobó cambiar no sólo la penalidad, sino también la redacción del artículo 362 del Código Penal capitalino, y desapareció los términos referentes a violencia extrema y la afectación a las instituciones de la ciudad, elementos centrales en que se basó el auto de formal prisión.

Los litigantes Armando Barrera y David Peña confiaron en que la reforma será publicada este jueves y entrará en vigor el mismo día, por lo que se espera que hoy o a más tardar el viernes los jóvenes abandonen la prisión.

Asimismo, señalaron que se desvanece el agravante de en pandilla, toda vez que por la forma en que quedó redactado el artículo se establece que este ilícito sólo se puede cometer en conjunto y no de manera individual.

Peña manifestó que si bien es un paso importante, no resuelve de fondo el problema, pues los jóvenes van a continuar bajo un proceso injusto, y dejó en claro que aceptar sacarlos bajo caución no implica que aceptemos sujetarnos al proceso como tal, por lo que continuarán exigiendo el desistimiento de la acción penal y, por ende, el sobreseimiento de la causa hasta que sean declarados inocentes

Detenidos continuarán en ayuno

Detenidos continuarán en ayuno

Laura Poy

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 26

Luego de conocerse la reforma al Código Penal del Distrito Federal, que disminuye la penalidad del delito de ataques a la paz pública, al menos ocho de 13 de los detenidos el pasado 1º de diciembre continuarán con el ayuno de 72 horas que comenzaron el pasado lunes en el Reclusorio Norte, mientras cinco más decidieron no levantar su huelga de hambre.

Sin embargo, de los 12 familiares, amigos y simpatizantes que también realizaban un ayuno en el plantón que mantienen instalado frente a las oficinas del Gobierno del Distrito Federal, sólo dos decidieron continuar con esta protesta, pero en el campamento del Reclusorio Norte.

Enrique Rosales Guerrero, hijo del profesor Enrique Rosales Rojas, quien permanece detenido desde el 1º de diciembre, informó que 10 de quienes iniciaron ayuno el pasado 24 de diciembre decidieron concluirlo, luego de cumplirse 48 horas del inicio de su protesta.

Sabemos que no es un triunfo la modificación al artículo 362 del Código Penal local, que nuestros familiares saldrán bajo fianza, pero continuará un proceso en contra de ellos, así que este fue el inicio de una lucha que sabemos será más prolongada

Colonos de Oaxaca se enfrentan con la policía; 10 heridos

Colonos de Oaxaca se enfrentan con la policía; 10 heridos

El ayuntamiento recupera predio en comodato

Iba a usarse para hacer una escuela, señalan

Enfrentamiento entre policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán y habitantes de los fraccionamientos Riberas del Atoyac e Indeco XoxoFoto Jorge A. Pérez Alfonso

Elementos de la policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, fueron desalojados ayer por habitantes de los fraccionamientos Riberas del Atoyac e Indeco Xoxo, luego que ingresaron a un predio que estaba en posesión de la mesa directiva de ambas unidades habitacionalesFoto Jorge A. Pérez Alfonso

Jorge A. Pérez Alfonso y Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 22

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., 26 de diciembre. Habitantes de los fraccionamientos Indeco Xoxo y Riberas del Atoyac se enfrentaron este miércoles con policías municipales que habían ocupado un terreno para edificar un cuartel.

Por la mañana, los policías de este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca fueron desalojados por vecinos armados con bombas molotov, cohetones, piedras y palos. El alcalde, José Julio Antonio Aquino, informó que hubo 10 agentes lesionados y seis colonos detenidos.

El predio, de unos 600 metros cuadrados, estaba en posesión de la mesa directiva de ambos fraccionamientos, informó María de los Ángeles Martínez, presidenta vecinal de Riberas del Atoyac.

Precisó que los vecinos han tenido el terreno en comodato desde hace 40 años y lo usaron para instalar oficinas; además, dijo, hay un proyecto para construir una escuela secundaria en beneficio de más de 100 estudiantes.

Relató que a las 6 horas los policías de Xoxocotlán rompieron ventanas y cadenas y se apoderaron del inmueble.José Julio (Antonio Aquino, munícipe perredista) nos dijo que iban a recuperar el terreno, pero jamás mencionó cuándo ni nada más; sólo mandó a su policía. Es delito entrar así, acusó.

Poco después, jóvenes encapuchados rodearon el lugar y exigieron a los policías marcharse; unos 30 agentes permanecieron dentro, como les ordenaron.

Los encapuchados, presuntos colonos de los fraccionamientos, arrojaron piedras y bombas molotov a los policías, quienes aguantaron con sus escudos.

La secretaria municipal, Aída José Pérez; el subdirector de la secretaría municipal, Alberto García Soto, y el auxiliar jurídico Liborio Silva quedaron retenidos.

El director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Valdemar Pérez Canseco, intentó calmar los ánimos, mientras un joven cortaba las cadenas que los agentes habían colocado.

Pérez Canseco dialogó con los policías y con la representante vecinal María de los Ángeles Martínez, para acordar que los uniformados abandonarían el predio, pero no lo hicieron porque un grupo de jóvenes embozados los esperaban fuera con piedras y más bombas caseras.

Llegaron más policías y los jóvenes les hicieron frente. Cerca del mediodía los agentes que estaban encerrados salieron y se inició una persecución que concluyó con la captura de por lo menos seis manifestantes.

Entre los detenidos se encuentra el anciano Cenobio Cruz, quien pasaba por ahí y no tuvo que ver con la gresca. Los tres funcionarios retenidos fueron liberados y el predio se recuperó.

El edil José Julio Antonio Aquino dijo que el terreno fue recuperado por el ayuntamiento como parte del programa de rescate de bienes inmuebles.

Subrayó que intereses extrañosintentaron confundir y confrontar a los ciudadanos con el gobierno municipal.

Por la tarde, policías estatales realizaron rondines en apoyo a los agentes municipales

Deplora ONG tala de árboles en el parque Fundidora

Deplora ONG tala de árboles en el parque Fundidora

David Carrizales

Corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 23

Monterrey, NL, 26 de diciembre. Después de la devastación de 25 hectáreas del bosque La Pastora para construir un estadio de futbol, esta zona metropolitana no puede darse el lujo de perder el parque Fundidora, último pulmón urbano, donde ahora se construye el Salón de la Fama del Beisbol, dijo el dirigente de la agrupación civil Comité Ecológico Pro Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga.

La semana pasada se inició la edificación del recinto para los inmortales del beisbol, en el lado norte de la calzada Madero, con el desmonte de más 100 árboles de encino, palo blanco, canelo y nogal.

Martínez Berlanga indicó que la zona metropolitana de Monterrey tiene un déficit de mil 500 hectáreas de áreas verdes, aunque agrupaciones ecologistas sostienen que es de 7 mil hectáreas, según estándares internacionales.

El Grupo Femsa, que se benefició con la cesión de 24.5 hectáreas por 60 años para construir en el bosque La Pastora el estadio del club Rayados de Monterrey, propicia la devastación en el parque Fundidora.

Luego que la Cervecería Cuauhtémoc (de Femsa) pasó a manos de la holandesa Heineken, en agosto de 2011, retiró el apoyo y cerró el Salón de la Fama del Beisbol, que desde 1973 albergaba en sus instalaciones.

Para evitar que el museo fuera llevado a otra ciudad, el gobierno de Nuevo León decidió apoyar a la Liga Mexicana de Beisbol y en marzo de 2012 informó que el nuevo recinto se edificaría en el parque Fundidora.

“No es la primera vez que los júniorsque se quedaron con Femsa, ahora supeditados a Heineken, demuestran su falta de agradecimiento con la ciudad que los hizo crecer”, se quejó Martínez Berlanga, quien recordó que en 2007 cerraron el Museo Monterrey

Acredita CNDH abuso de agentes de Indaparapeo

Acredita CNDH abuso de agentes de Indaparapeo

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 24

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que la policía municipal de Indaparapeo, Michoacán, así como el actual presidente municipal y el antecesor de éste violaron las garantías de un ciudadano que fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y robo, y se han negado a aceptar una recomendación del ombudsman estatal.

Por ello, emitió la recomendación 87/2012 dirigida a los integrantes del ayuntamiento.

El organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva detalló que el 27 de febrero de 2011, alrededor de las 23 horas, el agredido viajaba en su vehículo a Indaparapeo, seguido por una patrulla de la policía municipal. Al llegar a su destino se estacionó y preguntó a los uniformados si ocurría algo. Dos policías descendieron, le apuntaron con un arma de fuego, lo despojaron de su cartera, empezaron a golpearlo en la cabeza, lo obligaron a salir del automóvil, lo tiraron y lo siguieron golpeando.

Luego lo trasladaron a la alcaldía de Indaparapeo, le pidieron que dejara sus pertenencias y lo llevaron a la cárcel municipal, donde permaneció unas horas. Lo dejaron en libertad después de obligarlo a pagar una multa de 200 pesos, sin que le notificaran el motivo de la detención ni de la sanción. Al entregarle sus pertenencias, no le devolvieron 800 pesos, tres tarjetas de crédito ni su credencial de elector.

La víctima presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, la cual corroboró que se cometieron abusos contra el afectado y emitió una recomendación dirigida al entonces alcalde.

Encubren a los acusados

El documento demandaba iniciar un procedimiento administrativo contra los policías municipales, denunciar penalmente a los uniformados ante la procuraduría estatal e instruir al director de seguridad pública municipal que ordenara a los elementos bajo su mando que no molesten a la víctima.

La recomendación no fue aceptada y la esposa del agredido interpuso una impugnación que fue remitida a la CNDH, la cual solicitó al presidente municipal el informe correspondiente.

La CNDH consideró que rechazar la recomendación contraviene las obligaciones de las autoridades de respetar y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar abusos. Por ello, recomendó cumplir en su totalidad la recomendación del organismo local y que se envíen a la CNDH las constancias correspondientes

Protestan choferes por inseguridad en Edomex

Protestan choferes por inseguridad en Edomex

René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 24

Chicoloapan, Méx. Transportistas bloquearon parcialmente ambos sentidos de la carretera federal México-Texcoco, en demanda de seguridad, pues en fechas recientes cinco personas han sido asesinadas por asaltantes. Los manifestantes se apostaron en los kilómetros 23 y 29 de la vía, en los municipios de La Paz y Chicoloapan. En ese tramo, dijeron, se han cometido los asaltos porque hay poca vigilancia. Recordaron que la semana pasada David Eduardo Hernández González, chofer de una camioneta, fue asesinado de un disparo y su unidad se impactó contra un árbol, lo que provocó que 13 pasajeros resultaran lesionados. La carretera fue liberada antes de las 11 horas, luego que llegaron 200 granaderos

Partido opositor exige que una junta médica determine condición de Chávez

Partido opositor exige que una junta médica determine condición de Chávez

Los antichavistas, miserables que sólo buscan el poder, responde el vicepresidente Maduro

Dpa, Afp, Pl, Notimex y Xinhua

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 15

Caracas, 26 de diciembre. El partido opositor venezolano Voluntad Popular propuso hoy que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designe una junta médica que determine la condición de salud del presidente Hugo Chávez, quien convalece en Cuba tras una reciente cirugía por cáncer, y afirmó que la fecha de asunción del 10 de enero esinamovible.

El portavoz del partido que quedó quinto lugar en los pasados comicios, Carlos Vecchio, dijo que la junta médica está prevista en la Constitución y puede determinar si Chávez está en condiciones físicas y mentales para ser investido presidente para el periodo 2013-2019 en la fecha establecida. Indicó que esa junta de médicos venezolanos debe viajar a Cuba para hacer la evaluación y que se hable claro al país.

Aseveró que el 10 de enero es fechainamovible para la toma de posesión, y que si Chávez no está en condiciones de hacerlo deberá asumir el presidente de la Asamblea Nacional. Creemos que debe hacerlo la persona con mayor legitimidad y ese es el presidente de la Asamblea y no el vicepresidente Nicolás Maduro, que no fue electo por el voto, afirmó.

El dirigente señaló que Voluntad Popular presentó el año pasado ante el TSJ una petición sobre la junta médica, que no tuvo respuesta, pero que ante la proximidad de la fecha de juramentación de Chávez puede reactivarse por orden de los magistrados. Añadió que también una comisión mixta de congresistas puede ir a La Habana para enterarse de forma directa sobre la salud del mandatario.

Vecchio criticó las informacionesincompletas y contradictorias que el gobierno ha difundido desde que Chávez fue operado el 11 de diciembre por cuarta vez en año y medio. Sostuvo quelos informes son cada vez más escuetosy que el mal manejo del asunto generaincertidumbre y rumores.

Criticó la información oficial sobre Chávez, luego que el 24 de diciembre el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, dijo en un comunicado que Chávez guardaba reposo absoluto y horas después el vicepresidente Maduro afirmó que hacía ejercicios dentro del tratamiento diario.

“Esta información es contradictoria. Se juega con la credibilidad de los venezolanos y lo peor es (que viene) desde un país extranjero. Y sabemos que Cuba tiene intereses en Venezuela.

En respuesta, el vicepresidente Maduro calificó estas críticas demiserables. Repudió en todas sus partes las afirmaciones de que caemos en contradicciones, cuando se trata de una situación que evoluciona lentamente. Acusó a la oposición de no actuar con respeto, porque lo único que le interesa es alcanzar el poder.

Tras asistir a las tomas de posesión de los gobernadores socialistas Stella Lugo (Falcón), Adán Chávez (Barinas) y Lizeta Hernández (Delta Amacuro), el vicepresidente arremetió contra los sectores políticos que hablan de que el gobierno se contradice en los informes sobre la convalecencia del mandatario.

Tienen el alma podrida; el antichavismo en ellos es una enfermedad, asentó. Su escenario es que el pueblo caiga en una violencia generalizada, pero no debemos dejarnos envenenar, agregó Maduro.

A su vez, el líder de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llamó a launidad nacional ante la ausencia de Chávez, y frente a quienes desde dentro quieren torpedear el proceso revolucionario. Dijo que había queandarse con cuidado frente al enemigo externo, que es poderoso, pero también frente al interno, que manda a sus agentes extranjeros a tratar de dividir la unidad revolucionaria.

Insistió en que no lograrán que la dirigencia del chavismo se enfrente en una supuesta lucha por el poder, como señala la oposición. Reiteró que no hay rivalidades con Maduro, Rafael Ramírez (ministro de Energía y Minas), Cilia Flores (procuradora general del Estado), Elías Jaua (ex vicepresidente) o el gobernador Adán Chávez, hermano del presidente.

Este miércoles se conoció que el presidente Hugo Chávez delegó una serie de tareas económicas al vicepresidente, por lo que éste podrá decretar créditos adicionales al presupuesto con la previa autorización de la Asamblea Nacional.

La decisión fue adoptada por Chávez un día antes de dejar el país para viajar a Cuba, de acuerdo con un decreto firmado por el mandatario el 9 de diciembre y que fue publicado este día en la Gaceta Oficial.

El vicepresidente también está en condiciones de expropiar bienes, aprobar o negar pedidos presentados por otros miembros del gabinete para adquirir divisas o fijar los presupuestos de sus despachos, entre otras funciones.

En Montevideo, el presidente uruguayo, José Mujica, dijo tener los interrogantes que puede tener cualquiera respecto del futuro de Venezuela si no llega a contar con la conducción de Chávez.

En tanto, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que su par venezolano está en recuperación y es sometido a un tratamiento riguroso tras la operación, al responder a una pregunta del ex mandatario paraguayo Fernando Lugo, a quien recibió en Quito

Vetan a estadunidenses adoptar niños rusos

Vetan a estadunidenses adoptar niños rusos

Reuters

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 17

Moscú. La cámara alta del Parlamento ruso aprobó ayer por unanimidad una ley que prohíbe a los estadunidenses adoptar niños rusos, en respuesta a la ley Magnitski, diseñada por Washington que impide a rusos acusados de violaciones de derechos humanos la entrada a Estados Unidos y congela todos los bienes que tengan en ese país. La ley será promulgada en enero por el presidente Vladimir Putin

Sobornos de Bin Laden en Pakistán

Sobornos de Bin Laden en Pakistán

Dpa

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 17

Islamabad. El fallecido líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, sobornó con 515 dólares a un funcionario paquistaní para obtener el permiso de construcción en Abbotabad, complejo en el que se ocultó y fue abatido por el ejército estadunidense en mayo de 2011, informó el diario paquistaní The News

Gobernación destinará 76% de su gasto a tareas policiacas

Gobernación destinará 76% de su gasto a tareas policiacas

Estudio realizado en San Lázaro revela que protección civil está entre los sectores que enfrentarán recortes

El secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional recibirá 10 mil 246 millones de pesos, es decir, 49 por ciento del presupuestoFoto Alfredo Domínguez

Roberto Garduño y Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 3

La Secretaría de Gobernación aplicará una política esencialmente de seguridad nacional y de seguridad pública el próximo año, debido a que sus estrategias en el ejercicio del gasto se enfocarán en esos rubros.

Un análisis del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados explica que 76 por ciento de los recursos que ejercerá la dependencia en 2013 están asignados a asuntos de orden público y seguridad interior, seguridad nacional y justicia, vinculados a los temas de seguridad pública y combate a la delincuencia.

Destaca la partida de mil 500 millones para la creación de la gendarmería, uno de los programas planteados por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En contraste, hay recortes sustantivos en rubros como la preservación y difusión del acervo cultural de nación, el programa de operación del Registro Público Vehicular, la tarjeta de identidad, la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil y la relación con las asociaciones religiosas.

El estudio refiere que aun cuando para el próximo año la Secretaría de Gobernación ejercerá 21 mil millones de pesos, lo que representa una reducción de 14.1 por ciento real respecto al presupuesto de este año, la característica principal del destino de los recursos es el enfoque policiaco.

Por ejemplo, indica, de las 52 unidades sectorizadas a la dependencia, cuatro concentran 81.3 por ciento del presupuesto: el secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, con 10 mil 243.6 millones de pesos, tendrá el monto más alto, con 49 por ciento del presupuesto; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), 2 mil 847 millones de pesos, esto es 13 por ciento; la Oficialía Mayor, 2 mil 195.9 millones, 10 por ciento del total, y el Instituto Nacional de Migración, con mil 895.4, 9 por ciento.

Destaca el hecho de que las tres primeras, que concentrarán 72 por ciento de los recursos, se caracterizan por ejercer atribuciones relacionadas con la seguridad pública y el combate a la delincuencia, afirma.

Por clasificación programática, de los 38 programas a cargo de Gobernación sólo cuatro concentran 75 por ciento del presupuesto: subsidios para los municipios, con una asignación de 4 mil 559.8 millones; servicios de inteligencia para la seguridad, 2 mil 744.3 millones; subsidios para el mando único policial, 2 mil 570 millones, y prevención del delito, de nueva creación, con 2 mil 500 millones.

El objetivo de todos estos programas es fortalecer la seguridad y el combate a la delincuencia, señala.

Los sectores afectados

Por clasificación funcional, los asuntos de orden público y seguridad interior, que tienen por objetivo la prevención de desastres y atención ciudadana por daños, así como prevención del delito y acciones de seguridad, concentran 56.7 por ciento (11 mil 909.5 millones). La coordinación de política de gobierno recibirá 21.3 por ciento (4 mil 473.5 millones), y tiene por objetivo elaborar las estrategias de gobierno, las actividades de enlace con el Poder Legislativo, así como desempeñar los servicios migratorios y la política poblacional.

La función de seguridad nacional, que comprende las actividades del Cisen, tendría 13.6 por ciento (2 mil 847 millones), y a la función justicia se le asignó 5.8 por ciento (mil 215 millones).

Por el contrario, hay un total de recortes por 868.65 millones (75.3 por ciento) en el rubro registro e identificación de población; de 165.1 millones (46.8 por ciento) a la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil; de 51.7 millones (43 por ciento) a preservación y difusión del acervo documental de la nación; de 36.6 millones (31.4 por ciento) en actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social, y de 30 millones (31 por ciento) al programa de operación del Registro Público Vehicular

Legisladores promueven la austeridad pero se autorizan más salario y prestaciones

Legisladores promueven la austeridad pero se autorizan más salario y prestaciones

Roberto Garduño y Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 3

El Congreso ejercerá 961 millones de pesos más el próximo año respecto a su gasto de 2012, y prácticamente llegará a un presupuesto de 12 mil millones, de los cuales poco más de la mitad corresponden sólo a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el presupuesto que el Congreso aprobó para su operación –así como el de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que depende de la Cámara de Diputados– también habrá un incremento en la dieta de diputados y senadores, así como de sus prestaciones.

El incremento del gasto se da después de un periodo de austeridad que marcó el ejercicio de la 61 Legislatura, que prácticamente ajustó el aumento de sus partidas a la inflación.

Según el anexo 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, titulado Remuneración total anual del puesto de elección diputado federal, cada uno de los 500 integrantes de la 62 Legislatura tendrá un sueldo base o dieta de un millón 264 mil 536 pesos, esto es, un ingreso mensual de 105 mil 378 pesos.

A ese monto se agregan los conceptos de asistencia legislativa, por 45 mil pesos, y de atención ciudadana, por 28 mil, que aun cuando son pagados a los legisladores, no son susceptibles del impuesto sobre la renta, porque no se consideran salario.

Asimismo, se prevé un aguinaldo de 198 mil 187 pesos –los actuales diputados cobraron la parte proporcional de 42 mil pesos, por su trabajo de septiembre a diciembre–; 33 mil 360 pesos de ayuda para despensa, y se les paga un seguro de gastos médicos mayores equivalente a 110 mil 610.

Para el año que está por terminar, el Poder Legislativo dispuso de un presupuesto de 10 mil 987 millones de pesos, de los cuales 5 mil 795 correspondieron al gasto de los diputados, 3 mil 506 de los senadores y mil 486 millones para la ASF, que se encarga de la fiscalización en el ejercicio del gasto.

Ahora, las dos cámaras ejercerán 11 mil 948 millones de pesos. De ese monto, 6 mil 510 serán asignados a la Cámara de Diputados (715 millones más); 3 mil 706 a la Cámara de Senadores (200 millones más), y mil 661 a la ASF