Leonardo Bastida Aguilar México DF, enero 13 de 2011. “Las titulares estatales de los Institutos de las Mujeres responden a intereses políticos y se han dedicado a cuidar la imagen e intereses electorales de gobernantes como el del estado de México, por lo que han dejado a un lado el objetivo de su institución”, aseguraron defensoras de los derechos humanos de las mujeres. María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Ana Yeli Pérez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), apuntaron que el pasado 11 de enero 20 titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres rechazaron la propuesta de la sociedad civil de emitir una alerta de violencia de género en el estado de México durante la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En conferencia de prensa, la activista mencionó que la sociedad civil decidió proponer este mecanismo, contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante el incremento de más de 100 por ciento de feminicidios en el último año por lo que se solicitaba investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar la violencia feminicida detectada en esa entidad. “Por el momento ningún agresor de mujeres está en la cárcel debido a la impunidad que prevalece en el estado de México y a nivel nacional, hecho que permite una normalización de la violencia contra las mujeres que puede derivar en feminicidios”. En torno al aumento de feminicidios, Estrada mencionó que en 2005 se registraron 90 casos en la entidad mexiquense, cifra que en 2010 aumentó a 200, y que en los últimos años da un total de 992, cifra que aseguró, ni las autoridades mexiquenses conocen pero se han dedicado a desmentir en la prensa en días recientes. La coordinadora del OCNF aseveró que estas deficiencias en la impartición de justicia en el estado de México se reflejan en cifras como las más de 4 mil 773 violaciones contra mujeres registradas en 2010, de las cuales, no se tiene conocimiento alguno de sanción. En torno a la situación, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Teresa Incháustegui, comentó que es necesario revisar el funcionamiento de Inmujeres debido a que se le otorgan recursos públicos pero no dan respuesta a los problemas. La legisladora añadió que se volverá a citar en la Cámara de Diputados al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, para que explique por qué no ha cumplido con los compromisos que aceptó durante su visita en 2010 y cuál ha sido la causa que le ha motivado a disminuir las cifras ante la prensa a pesar de que los casos están documentados. Con motivo del rechazo por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a emitir la alerta de violencia de género en la entidad mexiquense, el OCNF y la CMDPDH, interpondrán un juicio de amparo ante juzgados de distrito con la finalidad de que las autoridades mexiquenses investiguen y esclarezcan 526 casos en los que se desconoce la identidad del asesino y 99 en los que no se ha identificado a la víctima. Al respecto, las activistas recalcaron que esta postura refleja la poca importancia que tiene para los organismos encargados de proteger a las mujeres la protección de este sector de la población por lo que se han convertido en culpables de estos crímenes al no plantear soluciones y evadir mecanismos, como la alerta de género, que puede dar una solución al problema. Recordaron, es la tercera vez que el sistema rechaza emitir una alerta de género. Por su parte, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto aseguró ante los medios de comunicación, después de entregar el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, que en la entidad no se registra la tasa más alta de feminicidios por lo que “no habría lugar a emitir una alerta de género”. El mandatario mexiquense añadió que estos números son producto de los altos índices de violencia existentes en el país e indicó que resulta sospechoso la aparición de estas cifras en pleno año electoral por lo que no descartó que detrás de esta iniciativa haya “intereses políticos”. ¿Qué es una alerta de género? Es un mecanismo que obliga al Gobierno enjuiciado a promover reformas inmediatas en sus leyes para proteger a las mujeres y aclarar los crímenes. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en 2010 se registraron mil 720 feminicidios en 18 estados. |
martes, 18 de enero de 2011
Inmujeres protege intereses electorales de Peña Nieto, acusan activistas
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