Sábado 19 de marzo de 2011, p. 28
León, Gto., 18 de marzo. Cuando los indígenas y comerciantes no quieren dejar de vender en la calle porque es ilegal y se ponen flamencos
, la autoridad debe actuar conforme a derecho, sostuvo el edil de León, el panista Ricardo Sheffield Padilla, para justificar los arrestos de indígenas vendedoras de flores, semillas o dulces.
Anunció que aceptará las dos exhortos que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) por la violación a las garantías de la otomí Magdalena de la Cruz Romero, quien fue lesionada por la policía por vender flores en un crucero.
Los inspectores de mercados han retirado a más de 300 indígenas y comerciantes que en forma ilegal venden en zonas donde no está permitido y de 300 éste es el único caso donde existe una recomendación
, refirió.
La mayoría de los vendedores ambulantes aceptan retirarse de los cruceros o de las estaciones del transporte urbano porque se les hace ver que su actividad es ilegal. Algunos se ponen flamencos
, que son los menos afortunadamente, aseguró Sheffield Padilla.
La administración local aplicó el programa Crucero Seguro para retirar a los indígenas y comerciantes de las grandes avenidas con el pretexto de que son halcones (informantes) del crimen organizado. Algunos han sido golpeados y arrestados por la policía.
Unos 80 indígenas se han manifestado ante la alcaldía porque la policía los arresta, los humilla y los golpea a veces por vender en las paradas de camiones del Sistema Integrado de Transporte.
La PDHG determinó que un inspector de mercados y una policía violaron los derechos de Magdalena de la Cruz, quien fue arrestada y lesionada por vender flores en un crucero. El argumento fue que violó los artículos 13 y 18 del Reglamento de Policía de León porque afectaba el bienestar colectivo, la seguridad y tranquilidad de las personas.
Tales infracciones atentan contra la legalidad consagrada en nuestra Constitución, pues la causa argumentada por la autoridad para basar el acto de molestia fue diferente a lo ejecutado en la realidad, sostuvo el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera
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