Exige investigador auditar al Censida para “transparentar” manejo de recursos públicos

Ante respuesta “insatisfactoria y poco concisa” de José Antonio Izazola, debe intervenir la Secretaría de la Función Pública, añade Vocales del Conasida acuerdan reunión con funcionario del Censida para “buscar acuerdos y soluciones conjuntas” Mario Alberto Reyes José Antonio Izazola, director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida México DF, abril 29 de 2011. El investigador de la Maestría en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo de la Paz Rodríguez, aseveró que tras la respuesta “insatisfactoria” dada por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) a la solicitud de información sobre el proceso de asignación de recursos federales a proyectos enfocados a combatir la epidemia, corresponde ahora a la sociedad civil solicitar, a través de la Secretaría de la Función Pública, una auditoría al Censida para así "transparentar" el tema. A su vez, el vocal titular del Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida), Gerardo Cabrera Reséndiz apuntó que en tanto el organismo encabezado por José Antonio Izazola no satisfaga las necesidades informativas de las organizaciones civiles, éstas hablarán de “irregularidades” en el proceso de asignación de recursos públicos. En la respuesta de oficio DG/DPPS/0538/11 enviada a los vocales del Conasida e integrantes de la sociedad civil organizada, José Antonio Izazola niega la existencia de “irregularidad alguna en el proceso de recepción, revisión, evaluación y asignación de financiamiento” de las propuestas correspondientes a la Convocatoria Pública para el Fortalecimiento de la Respuesta en Prevención de la Sociedad Civil ante el VIH/sida e ITS 2011. El servidor público inclusive señala que “las convocatorias y sus procesos son auditados por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y en su momento por la Auditoría Superior de la Federación”. En la carta enviada al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos el pasado 8 de abril, los vocales del Conasida y activistas pidieron “claridad” en los criterios de selección de proyectos, así como nombre y perfil de quienes conforman el Equipo Asesor de Revisión de Propuestas (EARP) para “garantizar” sus competencias y objetividad, además de evitar posibles conflictos de interés. También solicitaron conocer los mecanismos, etapas y procesos de evaluación, así como la existencia de manuales o guías para los dictaminadores. Al respecto, De la Paz Rodríguez señaló que el documento enviado por el Censida “no da una respuesta concisa, es más, a mi petición hecha al Instituto de Acceso a la Información Pública contestaron que el EARP es un grupo profesional de expertos en la materia pero jamás dan información sobre cómo y por qué fueron seleccionados”. El investigador dijo que la respuesta de Izazola Licea tampoco aclara si existe un Comité Ético que resuelva posibles conflictos de interés. “Por ejemplo, no sabemos qué ocurre cuando un revisor evalúa un proyecto a ejecutarse en su entidad federativa, como podría ser el caso de los Jefes de Programas de VIH/sida. No se especifica si, en esta posibilidad, esos revisores deben evaluar propuestas que buscan beneficiar directamente a sus entidades, o en caso de trabajar con poblaciones vulnerables, qué criterios garantizan en los proyectos la confidencialidad de datos de la población con la que se trabaja”. En cuanto a los proyectos con folios 0209 y 0260, supuestamente elaborados por organizaciones civiles en proceso de fincamiento de responsabilidades por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, y supuestamente aprobados para recibir dinero público, el Censida aseguró que estos no aparecen en el listado definitivo, al igual que las propuestas con folio 0342 y 0061 también impugnadas por los vocales del Conasida. De la Paz Rodríguez, agregó que la respuesta gubernamental tampoco disipa la interrogante respecto al monto de los recursos monetarios asignados para la ejecución de cada proyecto, además de que se ignora que estados y poblaciones serán beneficiados. “Cuando solicité al IFAI datos sobre el impacto y la evaluación de los proyectos financiados con recursos federales, adujeron inexistencia de información sobre este punto, lo cual como investigador me parece preocupante ya que al no existir criterios de evaluación e impacto, la gestión de los recursos financieros se puede prestar a corrupción dentro de las organizaciones civiles. Sólo se asegura la suministración de recursos y beneficios para la población especificada en cada proyecto por medio de reportes técnicos y finales que cada organización reporta sobre sí misma. Y claro, si la organización civil dice que todo se hizo bien, no hay una dependencia u órgano del Censida que compruebe tal información”. En tanto, Cabrera Reséndiz, indicó que ante la respuesta no satisfactoria de José Antonio Izazola, la próxima semana integrantes de la sociedad civil se reunirán con Carlos García de León, director de Prevención y Participación Social del Censida, con el objetivo de que les detallen la información sobre el proceso de asignación de recursos y “buscar acuerdos y soluciones conjuntas”. Aunque aún no especifican día y hora, el vocal titular del Conasida aseguró que en esa reunión intentarán dar propuestas concretas que mejoren las siguientes convocatorias. Remarcó que el desconocimiento sobre el proceso de asignación de recursos y el perfil profesional de quienes integran el EARP prevalece porque la carta enviada por José Antonio Izazola carece de elementos informativos suficientes. “No dudo de las capacidades de los miembros del EARP, pero muchas veces la capacidad está más centrada en proyectos de investigación y en proyectos comunitarios, y debemos recordar que las organizaciones civiles trabajamos con estos últimos”. Para Eduardo de la Paz, la “opacidad” en el manejo del dinero público otorgado al Censida debe eliminarse. “En verdad me preocupa lo que sucede dentro de esa institución porque son pocos quienes desde la sociedad civil quieren entrarle a la denuncia de estos hechos, temen a las represalias, tienen miedo a ser vetados de la asignación de recursos federales”.