Siete de los 11 ministros determinaron que ningún derecho es absoluto, y que si bien debe protegerse la vida prenatal, hacerlo no puede ir en contra de los derechos de las mujeres ni contravenir lo que señala la Constitución federal y los tratados internacionales, resaltaron una veintena de agrupaciones.
Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que la declaración de validez de las reformas antiabortistas no frenará la lucha de la sociedad para que todas las mujeres tengan acceso a la interrupción del embarazo en forma legal y segura.
El rector de la UNAM, José Narro, reiteró su convencimiento de que los derechos reproductivos de las mujeres y de la pareja tienen que ser absolutamente respetados.
A su vez, participantes en un acto organizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal advirtieron que una serie de criterios morales y religiosos impregnaron los argumentos de algunos ministros
, y criticaron la injerencia del gobierno federal, que sigue exponiendo sus visiones religiosas y desconoce la vigencia del Estado laico
.
Del lado de la Iglesia también hubo reacciones, como la del sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, para quien es necesario respetar todos los procesos de la vida, y a la vez garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Con la posición más conservadora se expresaron la arquidiócesis de México y la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), las cuales celebraron la resolución de la Corte.
El cardenal Norberto Rivera aplaudió la firmeza argumentativa de los cuatro ministros
que se pronunciaron en contra del proyecto de sentencia promovido por Fernando Franco.
consecuente con un estado de derecho, con el respeto a las instituciones, al marco legal que nos rige y a los derechos humanos
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