La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado miércoles sus recomendaciones 49/2011 y 50/2011, en las cuales se confirman las violaciones a las garantías individuales de Israel Arzate Meléndez, quien fue acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, ocurrida el 30 de enero de 2010.
De acuerdo con las investigaciones del organismo, el inculpado sufrió tortura para que se incriminara del delito, por lo cual diversas organizaciones civiles llamaron a los jueces encargados del asunto a tomar en cuenta ese factor para resolver los amparos interpuestos por Arzate, y a investigar de manera integral la matanza de 15 jóvenes en dicho fraccionamiento de Ciudad Juárez.
En un comunicado conjunto del Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, la Red Mesa de Mujeres por Ciudad Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), se explicó que el día en que ocurrió la masacre, Israel Arzate estaba en un convivio en compañía de su esposa y su cuñado.
A pesar de ello, el 3 de febrero de 2010 el joven fue detenido de manera ilegal por elementos del Ejército mientras iba de su trabajo a su casa. Durante su traslado, denunciaron las organizaciones firmantes, sufrió tortura mediante golpes y choques eléctricos en el pecho y el abdomen, y se les provocó asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza.
Como no tenían ninguna forma de justificar su aprehensión los militares le fabricaron el delito de posesión de una camioneta que tenía reporte de robo. 28 horas después de su arresto, los soldados lo presentaron ante el Ministerio Público y lo detuvieron en un cuartel, donde se vio obligado a declararse culpable del homicidio de los jóvenes de Salvárcar.
En entrevista con La Jornada Marat Paredes, segundo visitador general de la CNDH, lamentó que persista la fabricación
de culpables, fenómeno que se ha incrementado en años recientes, debido en gran parte a la guerra
contra el crimen organizado.
La recomendación está dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional y próximamente se presentará denuncia ante la PGR.
La coordinadora del área de defensa integral del Prodh, Jacqueline Sáenz, subrayó que los estándares jurídicos internacionales dictan que el testimonio arrancado bajo tortura queda invalidado automáticamente, lo cual podría servir para que el acusado obtenga su libertad
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