Leonardo Bastida Aguilar
En caso de que la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso Estatal de San Luis Potosí (SLP) contra la reforma que penaliza el aborto en la entidad sea negativa en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó Teresa de Jesús Mendoza Rivera, directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí.
Entrevistada tras la presentación de la serie documental Expedientes, las mujeres en la mira, en la Cineteca Nacional, la funcionaria potosina comentó que espera un fallo positivo por parte de los ministros de la SCJN, ya que a pesar de las críticas que se le han hecho al proyecto del ministro Fernando Franco, la realidad es que en San Luis Potosí (SLP) “ si una mujer tiene colocado el dispositivo intrauterino o toma algún anticonceptivo puede ser procesada y apresada, pues las leyes facultan al Ministerio Público para poder hacerlo”.
Para la titular de Inmujeres SLP, las leyes contra el aborto en la entidad carecen de razón e indicó que la doble moral existente en los estados del centro del país ha causado muchos daños, por lo que trabaja en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en su entidad, la cual permite brindar a mujeres víctimas de violencia sexual la anticoncepción de emergencia o interrumpir su embarazo, pero en caso de que no se les pueda garantizar esto a las mujeres, iniciaría la búsqueda de justicia fuera del país.
El pasado 13 de septiembre , el ministro Fernando Franco presentó un proyecto en relación con las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 presentadas por los gobiernos de Baja California y San Luis Potosí, que establecen se debe declarar la inconstitucionalidad de las reformas que protegen la vida prenatal por vulnerar la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular su libertad y salud reproductiva.
Los documentos elaborados por el ministro señalan que aun cuando dichas reformas fueron elaboradas con la finalidad de proteger la vida prenatal, ningún estado podrá dejar de proveer el servicio de aborto en los casos previstos por la Norma Oficial Mexicana 046, ya que de lo contrario se violarían los artículos 1, 4 y 29 de la Constitución Política Mexicana, además del 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el gobierno de México.
En tanto, el pasado jueves, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Iberoamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Grupo de Información en Reproducción Elegida presentaron un documento de amicus curae ante la SCJN.
El documento establece que en otros países, ante casos similares, las Cortes han determinado que la vida en gestación debe protegerse de forma compatible con los derechos de las mujeres.
A partir de hoy se discute en el pleno de la SCJN el proyecto del ministro Franco tras una semana de estudio por parte de los otros ministros. Para obtener un fallo positivo se requieren ocho votos a favor.
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