ONG: fuerzas oficiales recurren con frecuencia a la tortura en México

ONG: fuerzas oficiales recurren con frecuencia a la tortura en México

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Viernes 7 de septiembre de 2012, p. 14

En los dos sexenios recientes, las fuerzas oficiales de seguridad han recurrido cada vez con más frecuencia a la tortura como método de fabricación de culpables en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y como herramienta para intimidar a los movimientos sociales.

Así lo advirtió el informe En nombre de la guerra contra la delincuencia,realizado por el colectivo francés Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), que se presenta un mes antes de que el gobierno del país sea evaluado por el Comité de Naciones Unidas contra dicha práctica.

En conferencia de prensa, Javier Enríquez, coordinador general del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, señaló que el documento de 70 páginas –elaborado junto con diversas organizaciones mexicanas de derechos humanos– alerta sobre el aumento de este fenómeno, con base en estadísticas de diversos organismos oficiales.

Muestra de ello son las recomendaciones presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre casos de tortura, que han aumentado de manera constante en lo que va del actual sexenio: 330 en 2006, 395 en 2007, 987 en 2008, mil 105 en 2009 y mil 161 en 2010, que sin embargo sólo representarían 10 por ciento de las cifras reales, pues la gran mayoría de las víctimas de dicho crimen nunca lo denuncian por temor a represalias.

Este fenómeno, abundó el estudio de ACAT, se produce sobre todo contra hombres jóvenes de estratos sociales bajos, a quienes de antemano se considera sospechosos de pertenecer a grupos criminales, y contra miembros de organizaciones sociales.

Por esto, el colectivo francés recomienda el gobierno del país eliminar de inmediato la figura legal del arraigo; armonizar su concepto de delincuencia organizada según los estándares internacionales; obligar a los agentes a presentar de inmediato a los sospechosos ante el Ministerio Público y darle valor documental a los exámenes del Protocolo de Estambul, mecanismo reconocido para identificar los rastros de tortura.

Leopoldo Maldonado, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que el gobierno mexicano ha adoptado una definición muy acotada de tortura, que sólo considera como tal los actos que buscan generar sufrimiento o heridasgraves, lo cual le permite reclasificar esta práctica con otros delitos de menor importancia, como lesiones o abuso de autoridad.

Nuevas violaciones con Peña Nieto

Además, pese a tratarse de un crimen de lesa humanidad, la legislación mexicana permite que prescriba después de seis años, lo cual ha facilitado la continuación histórica de la impunidad, desde la época de la llamada guerra sucia.

Ante el anuncio del equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de que las fuerzas armadas permanecerán en las calles haciendo tareas de seguridad pública, Maldonado consideró que esta decisión podría sentar las bases de nuevas violaciones a los derechos humanos