Leonardo Bastida Aguilar
México DF, octubre 29 de 2012.
“Aunque lleve cartillas de derechos humanos, los policías las rompen, me quitan las jeringas y los contenedores y si pueden agarran a algunos de los chavos”, cuentaMaría Luisa, integrante de Programa Compañeros de Ciudad Juárez, Chihuahua, organización civil enfocada al trabajo con usuarios de drogas inyectables (UDI) para prevenir la transmisión del VIH/sida por medio del intercambio de jeringas nuevas por usadas.
Ante esta realidad, incrementada por las políticas federales y estatales contra el tráfico de drogas, Programa Compañeros, de Ciudad Juárez, Chihuahua; Irapuato Vive, de Irapuato, Guanajuato; Diverciudad de Hermosillo, Sonora; el Consejo Estatal para la Prevención y el Control del VIH/sida de Jalisco y el Centro de Servicios Ser de Tijuana, Baja California, se conjuntaron para elaborar un diagnóstico de la situación y replantear las estrategias de prevención de VIH/sida, intercambio de agujas y asesoramientos en UDI en los picaderos o puntos de concentración de este grupo poblacional.
Producto de esta reunión celebrada en Tijuana, es la elaboración de la Cartilla Nacional de los Derechos Humanos Fundamentales de las Personas Usuarias de Drogas Inyectables, coordinada por Centro de Servicios Ser de Tijuana y apoyada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Al respecto, Miguel Corral, de la Coalición de Jóvenes por la Educación y Salud Sexual, explicó durante la presentación del documento en la Ciudad de México, que esta iniciativa surgió como una alternativa al proyecto “Fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y reducción de daños dirigidos a HSH, HSH-TS, y UDI hombres y mujeres”, Proyecto México VIH sida, Ronda 9 del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria, el cual tiene como objetivo “llevar a la calle muchas jeringas”, con el problema de que “los policías impedían que éstas llegaran a los usuarios”.
El activista explicó que consideraron que esta política no es muy efectiva porque las jeringas se tiran a la basura y toda la inversión se pierde con los decomisos. Por tanto, señaló, las organizaciones implicadas consideraron necesario sensibilizar a los cuerpos policiacos del país para que los materiales utilizados para implementar el método de reducción de daños lleguen a sus destinatarios y que los UDI conozcan sus derechos para evitar estos abusos.
Indicó que de esta manera se decidió elaborar esta Cartilla para que los UDI, mediante previo trabajo de sensibilización, sepan que son sujetos de derechos y eviten ser amedrentados por las fuerzas policíacas; y para que los cuerpos de seguridad locales sepan que los UDIS tienen derechos garantizados que impiden detenciones arbitrarias, les permite portar ciertas cantidades de estupefacientes para su consumo personal y ser beneficiarios del método de reducción de daños.
Por su parte Andrés Gaeta, del Centro de Servicios Ser, explicó que en el caso de Tijuana, se realizó el programa Policías en Acción Positiva, para capacitar a 250 integrantes de la Policía Municipal en las áreas de VIH/sida, UDIS, método de reducción de daños y derechos humanos.
Añadió que el programa tiene como objetivo modificar la percepción de los policías sobre el método de reducción de daños, la importancia de evitar la reutilización de jeringas para prevenir nuevas infecciones de VIH/sida y no asociar la portación de jeringas estériles al consumo de drogas y a la delincuencia.
No reconocidos
En representación del Conapred, Paula Rincón Gallardo, jefa del departamento de materiales educativos, comentó que es muy importante que las personas conozcan sus derechos para saber si han sido o no objetos de discriminación, o si se les ha negado un derecho.
La funcionaria federal reconoció que los UDIS no han sido considerados por el Conapred como un grupo vulnerable, situación que partir de ahora cambiará, aseguró, y exhortó a todos aquellos que sufran actos discriminatorios en servicios de salud o de la policía a presentar quejas.
Por su parte, María Elena Ramos de Programa Compañeros y la Red Mexicana de Reducción de Daños cuestionó la ausencia de representantes del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) y de la Comisión Nacional contra las Adicciones a pesar de haber sido invitados y de ser un tema que los involucra.
La Cartilla
Elaborada en formato bolsillo para su fácil portación, la Cartilla, contiene los siguientes puntos:
1.- Derecho a gozar de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
2.- Derecho de acceso a los servicios que otorga el Estado como la educación, la salud, la impartición de justicia, el desarrollo social y todos aquellos que garanticen el desarrollo integral de la persona sin que medie algún condicionamiento relativo al abandono del uso de drogas, sometimiento forzoso a tratamientos de rehabilitación, así como al acceso efectivo a la atención integral de la salud, incluyendo terapias de sustitución.
3.- Derecho a la no discriminación e igualdad de trato digno y respetuoso. El consumo de drogas no es motivo de violencia o privación de libertad sino un asunto de salud pública.
4.- Derecho a políticas públicas que aborden el consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública.
5.- Derecho al acceso, sin discriminación, a programas de reducción de daños: intercambio de jeringas, acceso voluntario a tratamiento por consumo de drogas, y/o prueba de VIH, entrega de condones, servicios de salud sexual y reproductiva, tratamiento y atención de VIH, hepatitis y otros programas que reduzcan las afectaciones a la salud y servicios integrales de salud.
6.- Derecho a portar instrumentos de inyección, sin que esto constituya una razón para maltrato físico, sexual, psicológico, privación de la libertad, extorsión y confiscación de instrumentos de inyección.
7.- Derecho incondicionado a mantener contacto con sus redes sociales de apoyo.
8.- Derecho a sistemas efectivos de vigilancia epidemiológica de forma confidencial con el fin de mejorar las políticas públicas y servicios.
9.- Derecho a recibir información, servicios educativos, de seguridad y de salud por parte de personal capacitado y sensible a sus necesidades y problemáticas.
10.- Derecho a servicios y programas de reducción de daños y de salud sexual y reproductiva que sean amigables para jóvenes usuarios de drogas inyectables.
11.- Derecho a contar con programas de reducción de daños en contextos de reclusión y privación de libertad.
12.- Derecho a la integridad personal.
13.- Derecho a la privacidad.
14.- Derecho de asociación.
15.- Derecho a la información y a la libre expresión.
16.- Derecho a portar dosis personal.
Con la postura de que la adicción a las drogas es un problema de salud y no de seguridad, el documento será repartido a UDIS e integrantes de los cuerpos policiacos de las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, Guadalajara y Hermosillo por medio de representantes de la sociedad civil.
Cifras del Censida indican que hasta el momento hay 446 casos acumulados de VIH en UDIS, sin embargo, 28 de los casos, casi 7 por ciento, se han registrado en los últimos 10 meses. Además, los activistas prevén un subregistro debido a que este grupo poblacional no accede a los servicios de salud por su condición marginal.
La transmisión del VIH es más efectiva por el torrente sanguíneo que por la vía sexual, por lo que existen mayores riesgos de casos de seropositividad, además de un alto grado de probabilidad de transmisión de hepatitis B y C, y tuberculosis.
El método de reducción de daños o de reducción de los riesgos o minimización de los daños, se centra en recomendar el uso del preservativo y el empleo exclusivamente personal (no compartido) de los equipos de inyección.
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