Jalisco: piden indagar la muerte de dos bebés

Jalisco: piden indagar la muerte de dos bebés

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 5 de diciembre de 2012, p. 35

Guadalajara, Jal., 4 de diciembre. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió este martes recomendaciones a la Secretaría de Salud estatal (SSJ) por negligencias médicas que provocaron la muerte de dos bebés y pusieron en riesgo la vida de sus madres durante el parto.

Ésta es la octava ocasión en cinco años en que la comisión hace recomendaciones en favor de los derechos humanos de recién nacidos que no fueron debidamente diagnosticados y atendidos. Es motivo de alarma que este órgano tenga que pronunciarse constantemente por muertes infantiles que pudieron y debieron evitarse, dijo Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la CEDHJ.

La comisión consideró inaceptable que aún haya mujeres en Jalisco que no encuentren personal médico calificado para darles atención de calidad y realizar diagnósticos adecuados.

Un caso se refiere al hospital materno-infantil de Ocotlán, donde en noviembre del año pasado una mujer embarazada que había sido derivada del centro de salud de Cuitzeo, pequeña comunidad del municipio vecino de Poncitlán, fue regresada en múltiples ocasiones a su domicilio hasta que cuatro días después la hospitalizaron y, tras practicarle una cesárea con 10 horas de retraso, su bebé falleció.

El otro caso también ocurrió a finales de 2011, en el Hospital de la Mujer de Guadalajara –a cargo de la SSJ–, donde una mujer no fue atendida a tiempo a pesar de que estaba sangrando por la vagina. Horas después, cuando por fin la revisaron, su hija ya había muerto.

Quedó plenamente acreditado que el ginecobstetra Jesús Ochoa Rodríguez vulneró el derecho a la protección de la salud de la quejosa, por incumplimiento en sus deberes y prestación indebida del servicio público, indicó Álvarez Cibrián.

El ombudsman exigió al secretario de Salud de Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano, indemnizar a los quejosos, iniciar procedimientos administrativos contra los implicados y disponer del personal y los servicios necesarios para ofrecer una atención de calidad que evite casos similares